La violenta explosión del Volcán de Fuego el domingo 3 de junio por la tarde, en Guatemala, volvió a evidenciar que los desastres naturales que afectan a la población, produciendo muertes, heridos, refugiados y enormes daños materiales, podrían tener consecuencias menos catastróficas si viviéramos en un sistema social más justo, sin exclusión, pobreza extrema y miseria. Una vez más afirmamos que este es un desastre social, no un desastre natural.

Las personas afectadas por la tragedia eran habitantes de una de las muchas zonas de riesgo que proliferan en todo el país, donde se exponen a ser víctimas de situaciones lamentables como la que estamos viviendo; personas a quienes el injusto sistema capitalista no dejó otra opción que poblar esos peligrosos lugares.

La tragedia sepultó aldeas y comunidades enteras, dejando hasta el momento 110 personas fallecidas, 197 desaparecidos, 57 heridos y 4,175 refugiados. La reacción de la población ha sido la de brindar una enorme y generosa solidaridad: donaciones de ropa, medicinas, víveres y centenares de voluntarios. Pero en Guatemala también hay una enorme oleada de indignación provocada por la inoperancia del gobierno ante semejante catástrofe.

Desde las ridículas lamentaciones del Presidente Jimmy Morales el mismo día de la tragedia, diciendo que no tenía un centavo para atenderla, siendo que hay un procedimiento establecido para liberar fondos de emergencia. Y la irresponsabilidad de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), que habiendo sido advertida con tiempo por el Instituto de Sismología, Vulcanología y Meteorología (INSIVUME) sobre el peligro de la situación, no activó los protocolos de evacuación que hubieran podido salvar la vida de decenas de personas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala tampoco activó los protocolos de solicitud de ayuda humanitaria proveniente del extranjero, dándose la absurda situación de camiones con ayuda varados en las fronteras con El Salvador y México por falta de autorización; de donaciones que no eran recibidas en consulados guatemaltecos en Estados Unidos, y de tardanza en aceptar los ofrecimientos oficiales de gobiernos amigos y agencias de cooperación internacional. Además, CONRED no tenía un control ni censos de las poblaciones ubicadas a las faldas del volcán, de allí la falta de datos por muertos, soterrados y desaparecidos. Es más, la prevención estaría relacionada a que se declararan inhabitables las faldas, situación que debiera haber sido previa a la tragedia.

Contraviniendo lo establecido por la ley, el presidente Morales decidió que sería el Ejército, su institución favorita, la que manejaría la asistencia humanitaria. Desde los años 60s el Ejército había controlado el Comité Nacional de Emergencias, encargado de atender emergencias por desastres naturales. En 1996 fue creada la CONRED, que puso en manos de los civiles estas labores. El 6 de junio Morales anunció que el Ejército estaría a cargo, con la obediencia dócil de Sergio García Cabañas, secretario ejecutivo de la CONRED, un personaje con vínculos con el ejército.

En las redes sociales crecen las denuncias de que en ciudades del interior los alcaldes, en contubernio con la Policía y el Ejército intentan acaparar la ayuda en alimentos, ropa y enseres que la población ha donado generosamente, acumulándola en bodegas, separando la mejor ropa, etc. Todo para tomar el control de los albergues y aparentar que son los alcaldes, el gobierno central, los gobernadores departamentales o la Secretaría de Obras Sociales (SOSEP), a cargo de la esposa del Presidente Morales, quienes aportan los abastos entregados por el pueblo a los damnificados. Sin duda, se está gestando una gran estafa y robo al estilo de los años de los gobiernos dictatoriales militares.

Aprovechando la conmoción provocada por la erupción volcánica, los diputados conservadores de ultraderecha en el Congreso de Guatemala pretenden aprobar una serie de leyes regresivas, leyes que eximen responsabilidades por financiamiento ilícito electoral y legalizan el transfuguismo. Y otras que están en ciernes de limitación a las ongs y en contra de libertades políticas básicas. Esto se produce en un clima de asesinatos a líderes campesinos -del Comité Campesino del Altiplano (CCDA) y del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA)- e intento de asesinato a otros, en un macabro regreso a los años oscuros en que los escuadrones de la muerte diezmaban a los dirigentes más combativos del movimiento popular.

En estas circunstancias, el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) denuncia la incapacidad del gobierno y el empoderamiento dado al Ejército por el presidente Jimmy Morales. Ante el inminente mal uso, robo y malversación por parte de alcaldes, gobernadores y demás funcionarios, de la ayuda donada desinteresadamente por la población guatemalteca, proponemos que sean los organismos de la sociedad civil, sindicatos, organizaciones campesinas y las propias comunidades las que tengan el control de los recursos y administren los insumos entregándolos directamente a los damnificados.

Llamamos a las organizaciones de izquierda, estudiantiles, indígenas y populares, sindicatos, centrales obreras y campesinas, a iniciar una movilización unitaria para que, recibida la denuncia correspondiente, exigir que el Congreso de la Republica inicie un proceso de formación de causa contra el Presidente Jimmy Morales, principal responsable de la enorme cantidad de muertos y desaparecidos por una tragedia que, si bien no se podía evitar, si podían disminuirse los efectos nefastos sobre la población pobre que vivía en la zona aledaña al volcán de Fuego. Exhortamos a los diputados de izquierda, provenientes de los movimientos sociales e indígenas, que encabecen esta lucha por enjuiciar al Presidente Jimmy Morales, para que rinda cuentas por ser el responsable directo de la tragedia que enluta al pueblo de Guatemala y por su notoria incapacidad para ejercer el cargo.

Llamamos a la población en general a organizarse y manifestar su repudio al gobierno, a los diputados corruptos y los nuevos escuadrones de la muerte, en marchas, plantones, manifestaciones y cualquier otro medio de protesta popular.

Centroamérica, 9 de junio del 2018

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)