Por Ernesto Fuertes
La Unión de Taxistas Costarricenses (UTC) realizó el pasado lunes 1 de febrero una serie de protestas, movilizaciones y bloqueos de calles en contra de las operaciones de la empresa multinacional Uber. Ésta se encarga de brindar un servicio de transporte más barato gracias a sus características monopólicas (con inversiones de las multinacionales de internet Google y Baidu), sin pagar impuestos ni seguros para sus usuarios, ni cumplir con una serie de requisitos públicos para la ejecución del servicio, etc. De hecho, la empresa opera actualmente en la ilegalidad, ya que no realizó los trámites para el inicio de operaciones en Costa Rica. Todo esto les permite vender el servicio a un precio mucho menor o pagar salarios mucho mayores a sus empleados, fulminando a la competencia.
De manera paralela, el aumento del desempleo y el empeoramiento de las condiciones de vida, ha provocado un aumento de trabajadores del transporte formal e informal (taxis públicos o porteadores, etc), lo cual se suma a la crisis por la cual pasan los taxistas: mientras aumentan las personas que recurren a Uber para tener un trabajo, asimismo aumenta la competencia entre Uber, el taxi público o porteadores informales, y frente a una condición de crisis de la economía, estalla el descontento. Todo esto en el marco de una deflación mundial, con una fuerte caída de la demanda agregada (no solo la demanda del consumidor, sino de la inversión), la expansión acelerada de Uber representa una forma desesperada de los capitales extranjeros de mejorar sus beneficios de cualquier manera.
Nuevamente, las protestas culminaron en una mesa de negociación que no culminó en nada. Los taxistas anuncian nuevas medidas de presión para el próximo lunes 8, y el gobierno critica a Uber por la falta de trámites formales para su operación, al mismo tiempo que le permite seguir operando en el país. Lo que nadie le dice a los taxistas es que ninguna de sus demandas gremiales puede ser cumplida, si no cambian las condiciones económicas y políticas de la sociedad costarricense en general: los empleadores de taxistas continuarán reduciendo costos (bajar salarios o despedir) como forma de lidiar con su poca rentabilidad frente a Uber, así como Uber pasará a subir sus tarifas y reducir también sus propios costos (lo que implica bajar los salarios de sus propios asalariados). La única forma en que el taxista puede mejorar sus condiciones de vida es si elimina el desempleo, si hay una escala móvil de salarios, si se bajan los intereses al nivel de la inflación, si hay repreciación del colón, acceso a crédito, reforma agraria, etc (en resumen: la creación de un mercado interno anti-colonial), todo lo cual permitiría la reducción del desempleo que obliga a buscar trabajo en el transporte, permitiría aumentar el poder adquisitivo para la demanda de transporte público, permitiría una reducción de la inflación y de la importación de crudo, etc.
Además: vemos que se dan casos como el de Hacienda La Luisa al mismo tiempo que el de Chánguina, vemos que despiden trabajadores del ICE al mismo tiempo que amenazan los empleos y salarios del sector público en general, etc. Como con los taxistas, el Estado burgués se encarga de exprimirles derechos y condiciones de vida a los trabajadores, para aumentar las riquezas de empresas nacionales y extranjeras. Y vemos que la salida del movimiento popular costarricense es llevar a cada grupo de trabajadores y campesinos separados a protestar frente a Casa Presidencial, el Ministerio de Trabajo o las instalaciones del ICE, del mismo modo en que los gremios de taxistas sacan a protestar a sus trabajadores de manera aislada. Fragmentados, luchando por las simples demandas sindicales o gremiales de cada sector, sin ningún plan de agitación y propaganda general, los trabajadores y campesinos desfilan por las calles y son derrotados fácilmente por burgueses y Estado. ¡Por este camino el movimiento popular costarricense no tiene ningún futuro! ¡Representa el más grave seguidismo y economicismo, y tiene todas y cada una de sus características!
La demanda de los taxistas se vuelve entonces irrealizable sin políticas que se salen de lo sindical. Decirle a los trabajadores que sus acciones de lucha van a tener resultados, cuando se sabe que no existen las condiciones para cumplir sus propias demandas, se vuelve una tarea de antemano fallida. Eso significa que todos los puntos antes mencionados tienen que plantearse por el movimiento popular como las únicas medidas que pueden resolver los problemas y demandas sindicales de los trabajadores del transporte tanto como los del campo o la ciudad, la agricultura, la industria o los servicios, etc. En términos de organización, esta tarea no puede ser cumplida por ningún sindicato aislado: solo los partidos y organizaciones populares de todos los tipos pueden plantear estas medidas no-sindicales, alrededor de las cuales puedan organizarse los trabajadores de distintos gremios y sectores. Por lo tanto, los partidos tienen que fundar una coordinadora general permanente, y convocar a todos los sectores trabajadores y campesinos, organizaciones, sindicatos, asociaciones, colectivos, activistas, ciudadanos, etc, que deseen participar en esta organización, e iniciar una gran campaña planificada de agitación y propaganda en defensa de ese programa de reformas como única forma de resolver los problemas de taxistas y demás trabajadores. La sindicalización y cualquier objetivo sindical mismo son imposible sin esta instancia.
