Por Manuel Sandoval

Casi no hay día, en que La Nación no publique un artículo venenoso contra la Convención Colectiva de Trabajo en RECOPE, el mecanismo legal que regula la relación entre los trabajadores y la institución, ocultando que el poder negociar convenciones es un derecho laboral básico en los convenios internacionales de la OIT que el país suscribe.

Las convenciones están en la mira desde hace algún tiempo; incluso la Sala IV, rebasando sus potestades constitucionales, se arrogó el derecho de legislar laboralmente y eliminar progresivamente derechos negociados en las convenciones.

El ataque a las convenciones, junto al congelamiento salarial que impuso recientemente el gobierno y los proyectos para eliminar o restringir los pluses salariales para las y los trabajadores nuevos del Estado, es parte de un esfuerzo para degradar los salarios en el sector público, y contribuir de esta manera a disminuir el déficit fiscal. Se alega que el déficit fiscal crece, por el crecimiento desmedido de los salarios y las pensiones que obligan al endeudamiento del Estado para cubrirlos.

La ofensiva contra las convenciones ha ido in crescendo a medida que crece la evasión en el pago de impuestos. La verdadera razón de que exista déficit fiscal. Bajo la consigna de “No más impuestos para financiar los privilegios de las convenciones”, los empresarios han tratado de manipular un sector de la población para desviar la atención de la corrupción que campea en el medio empresarial. La Nación lo pone en evidencia, con el intento de evadir el pago de impuestos por 1500 millones de colones. Aunque la carga tributaria es muchísimo menor que en países como Chile, ejemplo neoliberal en América Latina, los empresarios están empeñados en estafar al fisco.

LA ARESEP QUIERE LA PRIVATIZACIÓN DE RECOPE

En este marco, los jerarcas de la ARESEP se han negado a aprobar un alza de las tarifas de los combustibles, para pagar los salarios de un sector de las y los trabajadores de RECOPE, que quedaron sin cubrir en el presupuesto del 2016. Se niegan a hacerlo, pretextando que la ley les impide aumentar las tarifas para sostener privilegios salariales excesivos de la Convención.

No se crea, sin embargo, que la negativa a aumentar las tarifas, es para no afectar a los sectores populares o evitar que disminuya el monto que recauda el gobierno con el impuesto a los combustibles. Nos parece que los jerarcas de la ARESEP están por la privatización de RECOPE, y en esta perspectiva no es una buena medida bajar los precios de los combustibles en el mercado nacional. Por la misma razón están atacando los salarios y la Convención, a fin de que la institución sea más rentable y por ende más atractiva para las transnacionales.

Los jerarcas de la ARESEP no tienen ninguna preocupación por los precios desmedidos de los combustibles y las tarifas del transporte público. Para favorecer a los autobuseros, hicieron un reajuste ridículo de las tarifas de los autobuses: 10 colones menos en las líneas del casco urbano y reajustes parecidos en las zonas periféricas y rurales.

RECOPE obtiene sus ingresos de la venta de combustibles. Si tiene problemas para financiar sus costos de operación, no es porque la caída de los precios internacionales del petróleo (en poco más de un año cayeron de casi 100 dólares a menos de 50) haya provocado una caída violenta de sus ingresos. En la edición no. 2109 del Semanario Universidad, se denuncia que en SORESCO (la sociedad anónima establecida entre RECOPE y la China National Petroleum Corporation Internacional, para construir una nueva refinería) se acumulan pérdidas de 100 000 dólares por mes y ya se habrían consumido 62,2 millones de dólares del capital inicial de 100 millones aportado a partes iguales.

Esto es lo que explica el desfinanciamiento de RECOPE, NO LOS DERECHOS LABORALES establecidos en la Convención. La responsabilidad es del gobierno de Laura Chinchilla, y ahora del PAC, que continuó con un mal proyecto, para congraciarse con el PLN.

¿PRIVILEGIOS EN LA CONVENCIÓN DE RECOPE?

Los jerarcas de la ARESEP, excediendo sus prerrogativas legales, pretendían que se despidiera a los casi trescientos trabajadores cuyos salarios no están cubiertos. Como son trabajadores necesarios para el mantenimiento de las instalaciones y el bombeo de combustibles, ahora exigen que se les redistribuya en otras dependencias que les suenan más apropiadas a sus funciones. Ya esto es el colmo, pretenden hasta reorganizar RECOPE.

A nivel internacional, en el sector petrolero los salarios son altos porque las condiciones de peligrosidad extrema en que se trabaja, exigen mucha calificación de los trabajadores. La Nación critica los pluses que se pagan por trabajar en condiciones de alto riesgo. Que los trabajadores se jueguen la vida en sus trabajos no le importa mucho.

Sabemos, sin embargo, que al igual que en el resto de las instituciones públicas, en RECOPE hay algunos salarios de privilegio para jefaturas y altos funcionarios alcahueteados por los gobiernos del PLN, el PUSC y ahora el PAC. Probablemente la destrucción de las convenciones y los pluses salariales no los afectaría mucho, tal y como se ha visto en el caso del Banco de Costa Rica, donde se bajó el salario a la masa de trabajadores para sostener sueldos de más de 10 millones de colones para los gerentes y el Presidente Ejecutivo.

La cruzada de La Nación es contra el conjunto de las y los trabajadores, no contra estos parásitos.

En el editorial de hoy de La Nación, se reconoce, sin embargo, que el gasto para la fiesta de fin de año en RECOPE es mínimo: 6,8 millones de colones. La Nación ha venido criticando, no obstante, que se subsidie el pago de consultas a médicos privados, becas para las y los hijos, alimentación y otras medidas como la transferencia de un monto del 10% de la planilla al Fondo de Ahorro.

Es claro que todos estos gastos a favor de las y los trabajadores, son parte de su salario. Con algunas de estas concesiones, se mediatizó a la burocracia del sindicato SITRAPEQUIA y se hizo clientelismo político. No todo lo que se negoció es correcto.

No estamos de acuerdo por ejemplo con que se subsidien las consultas a médicos privados, porque hay que luchar para defender la CCSS. Es vergonzoso que SITRAPEQUIA haya planteado una medida de este tipo, que favorece la privatización de los servicios médicos.

Las y los trabajadores de RECOPE no tienen por qué aceptar que los platos rotos por el fracaso del proyecto de la Refinería los paguen ellos y el país, por la vía de subir las tarifas de los combustibles. Para ganar el apoyo de los sectores populares, SITRAPEQUIA debería estar denunciando esta política.

Las convenciones tienen carácter legal, y se deben respetar. Si aceptamos que desmantelen las convenciones, se impondrá la ley del más fuerte que priva en el sector privado por la desorganización de las y los trabajadores.

Más bien, hay que exigirle a la ARESEP que baje los precios de los combustibles conforme a la caída de los precios del petróleo a nivel internacional. El impuesto a los combustibles también debe ser rebajado, para bajar el costo del transporte de carga y de pasajeros. Para financiar los gastos del Estado, hay que meter en cintura a los patronos evasores del pago de impuestos.