Por Indalecio Trejos
El gobierno de Laura Chinchilla pasa por un mal momento. En el plano político, el gobierno de Chinchilla se encuentra en conflicto con el Arismo, representada por los hermanos Oscar y Rodrigo Arias, que es el ala dominante del aparato del gobernante Partido Liberación Nacional (PLN).
Gobierno asfixiado financieramente
En el plano financiero, casi todos los sectores sociales se oponen a la reforma fiscal, en momentos en que el gobierno atraviesa por serios problemas financieros, que lo han obligado a reducir en los hechos el gasto presupuestario, mucho antes de que lo apruebe la Asamblea Legislativa, donde el gobierno no logra conformar una mayoría parlamentaria.
El plan del gobierno es reducir el gasto en 20 mil millones este año. Para el año 2011 el gobierno no tiene capacidad de financiar todos sus gastos, y tendrá que recurrir al endeudamiento público para financiar ¢800 mil millones del Presupuesto. Y la deuda pública costarricense se ha vuelto insostenible. La situación es realmente crítica, y afectara a los trabajadores y a los sectores más pobres.
Una de las medidas que perjudica directamente a los empleados trabajadores es la congelación de plazas nuevas o vacantes, salvo la policía o el sector docente. La reorganización o traslado del personal a otras áreas o instituciones, lo que ataca directamente los derechos laborales conquistados y los convenios colectivos.
De igual manera, Chinchilla ha ordenado “la reducción mediante modificación presupuestaria de un 20% de los presupuestos aprobados, especialmente los destinados a transporte y viáticos en el exterior y a lo interno del país, equipo de transporte, servicios de gestión y apoyo, alimentos y bebidas, gastos de publicidad y propaganda e información, gastos de representación institucional y vestuario”. (Extra 16/02/2011)
Entre los recortes a los gastos de los altos funcionarios, se esconde el ataque cruel y descarado a las conquistas laborales de los empleados públicos. Y el ataque contra la población queda manifestado en la orden de cobrar, donde lo puedan hacer legalmente, de manera directa los precios y tarifas de los servicios públicos que prestan. Aunque el ministro de Hacienda, Fernando Herrero, ha dicho que no afectaran los programas sociales, estamos ante uno de los ataques más grande, en los hechos, contra el “Estado benefactor”.
En cierta medida, el gobierno de Chinchilla he retomado en la práctica el planteamiento del diputado socialcristiano, Luis Fishman, en el sentido de recortar el gasto en las instituciones autónomas y descentralizadas, y trasladar dichos fondos al presupuesto nacional.
La descentralización municipal
Paralelamente a la política de reducción de gastos del presupuesto nacional, ell gobierno de Chinchilla está impulsando también un “Plan de Fortalecimiento Municipal y Descentralización”, que es el otro componente del plan de austeridad que descarga la crisis fiscal en los hombros de los trabajadores.
Albino Vargas, presidente de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) calcula que la aplicación de ese Plan provocará 10,000 despidos en el gobierno central, sin que exista garantía que esas plazas será creadas en las municipalidades.
Chinchilla acaba de firmar el Proyecto de Ley de Transferencias de Competencias y recursos a las municipalidades, por medio de la cual trasladaría muchas facultades del gobierno central a las municipalidades, reduciendo gastos y empleos, dejando el problema a los gobiernos municipales que comenzaran a tener más problemas que los habituales.
Sindicatos se unen y levantan la cabeza
Uno de los aspectos más retrógrados del proyecto de reforma fiscal del gobierno de Laura Chinchilla, es la congelación de los salarios. El último aumento salarial a los empleados públicos fue un miserable 2,33%, válido para el primer semestre del año 2011, el cual obviamente fue rechazado por los sindicatos.
En oposición a esa medida de austeridad, varias centrales obreras y sindicatos entre las que podemos mencionar a la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Central General de Trabajadores (CGT), la Central Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC) y Central Social Juanito Mora Porras, convocaron a una gran marcha hacia el Ministerio del Trabajo y la Asamblea Legislativa, y un paro nacional a realizarse el próximo 10 de Marzo, bajo dos consignas centrales: aumento de salarios y rechazo a la reforma fiscal.
Entre las acciones preparatorias, estuvo el mitin realizado frente al Ministerio del Trabajo el pasado 23 de Febrero, que por cierto no contó con una masiva participación. Sobre los reclamos salariales, la ministra de Trabajo, Sandra Piszk, ha declarado reiteradamente que “hemos sido claros al manifestar que la política salarial del sector público debe ajustarse a las condiciones financieras del país. En momentos en que el déficit del gobierno central alcanza más de un 5%, no podemos crear falsas expectativas en el corto plazo” (Extra, 24/02/2011)
Los sindicatos han exigido al menos un 1,25% adicional para el sector no profesional y APSE ha planteado de manera específica una revaloración del percentil 50. Las centrales obreras y sindicatos también han planteado su oposición al proyecto de Ley de Reforma Procesal Laboral porque le amplía a los Comités Permanentes las facultades de representar a los trabajadores, cuando estos en la práctica han sido instrumentos a favor de la patronal para dividir a los trabajadores e impedir la libre organización sindical, así como impedir la negociación de convenios colectivos.
Los empresarios no quieren pagar
El pan de reforma fiscal de Chinchilla no solo es atacado por los trabajadores, sino también por los empresarios, que se resisten a pagar más impuestos. Los empresarios se inclinan por reducir los gastos del Estado. Manuel H. Rodríguez, presidente de la Unión de Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) ha declarado categóricamente “no es el momento oportuno para hablar de nuevos impuestos, debido a la coyuntura económica en la que nos encontramos. Costa Rica ya ha probado que con crecimientos sostenidos en la producción del 8% más una fuerte colocación de crédito para la producción el país ha logrado acumular superávits primarios” (Extra, 22/02/2011)
Alonso Elizondo, director ejecutivo de la Cámara de Comercio insistió en que “no es un tema de gastar menos sino de evaluar la calidad de ese gasto, determinar en que está invirtiendo el país", (Informático, 23/02/2011)
La oposición de la burguesía costarricense ha sido tan fuerte, que obligó al gobierno de Chinchilla a reformular el plan de reforma, enviando un nuevo proyecto de ley a la Asamblea Legislativa, diferente al Ley de proyecto de Solidaridad Tributaria presentado anteriormente, desconociéndose hasta el momento su contenido.
La lucha de los porteadores
Más de 8.000 porteadores agrupados en la Federación Nacional de Porteadores (FENAPO) se estén enfrentando a la política antipopular del gobierno de Laura Chinchilla, que pretende, bajo el subterfugio legal de la reforma al artículo 232 del Código de Comercio, otorgar permiso solo a un tercio de los que operan actualmente.
Hace dos años, en Febrero del 2009, después de una dura lucha, estos lograron un acuerdo temporal con el gobierno para crear una nueva modalidad de taxis, pero en Octubre del 2010 la Sala IV desbarató el acuerdo. Actualmente la Asamblea Legislativa discute la reforma al Código de Comercio, tras un acuerdo entre el gobierno, Cámara Nacional de Transportistas y de la Unión Nacional de Taxistas, en contra de los porteadores agrupados en FENAPO.
La lucha de los porteadores se ha transformado en una lucha por la defensa del derecho al trabajo, cuando el capitalismo no garantiza un empleo y salario digno para los trabajadores, a los que lanza al trabajo informal. Sin embargo, los taxistas y porteadores están divididos y hasta enfrentados en la defensa del derecho al trabajo, en vez de unirse para luchar contra el gobierno.
Unificar y centralizar las luchas contra el gobierno
Las centrales obreras y los sindicatos costarricenses han dado una gran paso hacia adelante al anunciar y ejecutar acciones comunes en la lucha por el justo aumentos de salarios y contra la reforma fiscal, que también persigue que los trabajadores y los pobres paguemos más.
La lucha de los porteadores es justa pero trágica porque se enfrenta contra otro sector de trabajadores que pasaron a la informalidad y que ahora son taxistas. Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llamamos a los trabajadores del sector informal, sean taxistas o porteadores, a no luchar entre sí, a unificarse en la lucha y coordinarse con las centrales obreras y sindicatos en la decisiva lucha contra el proyecto de reforma fiscal, que es el ataque más duro de los últimos años en contra el pueblo costarricense.
