Por Eduardo Villalobos
El gobierno de Laurarias no hace más que demostrar su enorme voluntad de acrecentar los privilegios de los ya privilegiados de la sociedad y buscar desaparecer los pocos derechos que tienen los que vivimos de un salario. Ahora el turno le toca a la educación superior.
Acuerdo anterior
El anterior gobierno, mediante la complicidad de las autoridades universitarias, logró un acuerdo en el cual las universidades estatales bajaron su presupuesto en crecimiento real de un 13% a un 10%. Actualmente el gobierno propone que este monto se baje de un 10% a un raquítico 4%. Evidentemente este monto y el anterior negociado no responden a las necesidades y se trata de un estrangulamiento de las universidades públicas en aras de promover y mantener el jugoso negocio de las universidades privadas que han crecido como la espuma bajo la sombra de los gobiernos neoliberales.
El plan de fondo de este gobierno y de la burguesía es la destrucción de la universidad pública como una conquista social y la transformación de estas en centros que puedan ser autofinanciados, tal y como lo propone el ministro de Educación Leonardo Garnier, quien ve que la salida en la venta de servicios, que no es novedosa dentro de las universidades, como forma de lograr recursos.
Con el pretexto de la crisis económica, este mismo personaje, manifiesta que “todos debemos velar por que los recursos públicos se asignen al conjunto de prioridades sociales, ambientales y económicas de desarrollo nacional” (La Nación 18 de junio)
Sin embargo este mismo argumento es el que en el fondo debe justificar la asignación de los recursos para las universidades públicas.
Modelo de libre mercado en las universidades
Hace un mes y medio aproximadamente los costarricenses vimos dos hechos que son sintomáticos de los alcances de la complicidad de las autoridades en este plan de volver las universidades en cajas chicas autofinanciadas de la educación. El nombramiento en el gabinete del rector de la Universidad Nacional en el gabinete y la elección de su sucesora pro gubernamental en la rectoría de la misma.
Esto no quiere decir nada por sí mismo, es la corroboración de que a lo interno, las autoridades han echado la carga de la crisis sobre la espalda de los estudiantes y los funcionarios.
La reducción de beneficios como las becas, comedores, transporte y las políticas restrictivas para el acceso de estudiantes mediante mecanismos elitistas como las pruebas de admisión son parte de lo que se ha llevado a cabo.
Por un lado, los estudiantes que logran entrar a las universidades que realizan las pruebas de admisión son una minoría, con el pretexto de estas mismas pruebas. La realidad es que ellas justifican mecanismos de exclusión de sectores provenientes principalmente de los colegios públicos. Esto es un problema social importante, pero que retrata el sistema elitista de educación.
Por otro lado, el argumento de la exclusión al acceso, más la disminución de los beneficios también va en proporción del problema fiscal. Sin embargo, el problema fiscal se resume en que los asalariados y los pobres pagamos la mayor parte de los impuestos y los empresarios pagan una ínfima parte de los mismos. El sistema permite una evasión que aumenta para favorecer a aquellos sectores que apoyan la política de destrucción de las conquistas sociales. Además los sectores empresariales se ven favorecidos por la exención de impuestos bajo diferentes regímenes como los de zonas francas. Otros reciben incentivos para la producción, cosa que ya se ha comprobado cómo se presta para la realización de “chorizos”.
Venta de servicios no la mampara de la privatización de la universidad.
En primera instancia, las universidades en lugar de investigar para satisfacer necesidades de la población, problemas nacionales, serán supeditadas a las necesidades de las empresas. Este modelo no es novedoso y viene implementándose desde hace ya varias décadas en otros países. El resultado es que el desarrollo de la investigación, además del currículum y formación de los nuevos profesionales se hace en función de una determinada empresa. El acceso al conocimiento se ve sesgado por los mandatos de las empresas, fundamentalmente las transnacionales. En Costa Rica, tenemos el caso de la multinacional INTEL, que tiene insertado en el Instituto Tecnológico parte de su programa para formar cuadros profesionales en función de sus necesidades.
Las universidades públicas han sido fuente de investigaciones que han contradicho o denunciado políticas del gobierno. Precisamente en materia ambiental, los estudios realizados por académicos han permitido tener argumentos de primera calidad que desenmascaran los argumentos de las transnacionales como Industrias Infinito. Esta es la que por medio de una campaña de falacias busca la explotación de las minas a cielo abierto en la zona norte del país, produciendo contaminación por causa del cianuro. En otros casos, también las universidades han demostrado la contaminación de los mantos acuíferos por parte de las piñeras en las zonas de producción.
La lucha debe ser por el monto total del presupuesto
En esta lucha, no se debe perder de vista dos aspectos. El primero corresponde a la lucha por el 8% del PIB en general para le educación pública. Este es soporte para el financiamiento de todos los sectores de la educación. Por eso la lucha debe ser en conjunto con todos los sectores de la educación, primaria, secundaria que se ven también afectados por el recorte presupuestario. Día a día los educadores, padres de familia y estudiantes de la educación pública ven recortadas sus posibilidades de contar con una educación de calidad. El silencio de los sindicatos sobre esta lucha debe de terminar y pasar a los hechos.
En ese mismo sentido, las organizaciones sindicales y estudiantiles universitarias deben llamar a la incorporación a la lucha de todos los sectores. Esta es una lucha que las universidades no deben dar en forma aislada, porque el problema en conjunto es el del presupuesto educativo.
También es claro que no se debe aceptar ninguna disminución del Fondo Estatal para la Educación Superior (FEES). Este mecanismo de negociación de fondos fue diseñado para regatear montos. El gobierno buscó sacar a las universidades y golpear por separado.
Las declaraciones de la rectora de la Universidad de Costa Rica son claras en este sentido. Aceptaron la negociación del año pasado “bajo protesta”. Este eufemismo desnuda que no están dispuestos a dar la lucha por el monto necesario para el funcionamiento de las ya deterioradas universidades estatales. Por más que digan no debemos tener la más mínima confianza y mantener el monto porcentual para este año y el crecimiento proyectado también en forma porcentual.
La propuesta del gobierno es bajar de un 10% a un 4% en la proyección quinquenal. Además esto se cruza con el ofrecimiento de un crédito por 300 millones de dólares. Evidentemente, este monto asignado presupone condiciones que no están claras y que son ajenas a los intereses de una universidad científica y democrática. Los organismos financieros internacionales no funcionan con la lógica del bien común, además de que como todo préstamo tendrá que pagarse, igual en condiciones poco claras.
A defender la educación pública con calidad
El otro factor es que producto de la entrada en vigencia del TLC, los recursos por recaudación fiscal disminuyen en función de los intereses de las transnacionales. Es decir, que por donde quiera que lo veamos, la posibilidad de disminuir un punto porcentual en las pretensiones, es condenar a la universidad pública.
Así pues, aceptar un monto menor al 2,4% del PIB es retroceder y condenar a la tugurización a las universidades públicas.
Los montos que proponen las autoridades gubernamentales son en definitiva un presupuesto decreciente, muy similar a la década de los noventa cuando este porcentaje pasó a representar sólo un 0,79% del PIB.
Esto sólo se puede lograr por medio de la organización de las bases estudiantiles y de trabajadores. El plan de lucha por la huelga general de las universidades para derrotar el plan del gobierno no debe atrasarse más. Las negociaciones por sí solas pueden llevar a un desgaste al movimiento y crear falsas expectativas.
El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) apoya la lucha independiente de los trabajadores y estudiantes universitarios por la defensa de la educación superior pública, y llama a la más amplia unidad de acción de la izquierda, estudiantes, profesores y trabajadores en aras de lograr el objetivo común: mayor presupuesto para la educción superior.
