Por Armando Tezucún

Durante los primeros días de abril visitó el Triángulo Norte centroamericano la primera delegación oficial del gobierno estadounidense de Joseph Biden. Inicialmente la representación iba a ser presidida por Juan González, encargado de Latinoamérica y el Caribe del Consejo de Seguridad Nacional, y su arribo a Guatemala estaba programada para el 24 de marzo, después de pasar por México donde se reuniría con funcionarios gubernamentales; sin embargo, la expulsión de ceniza del volcán Pacaya inhabilitó el aeropuerto guatemalteco y la visita se tuvo que posponer para el 5 de abril.

Ese día arribó a la capital guatemalteca la comitiva presidida por el enviado especial para el Triángulo Norte Ricardo Zúñiga, quien es asesor del secretario de estado y la subsecretaria interina de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental. La visita se extendió hasta el jueves 8, después de permanecer dos días en El Salvador. La administración Biden evitó que sus representantes pasaran por Honduras, en un gesto de desaprobación al presidente Juan Orlando Hernández, por las acusaciones de narcotráfico en su contra, limitándose a un encuentro en Washington con el canciller hondureño Lizandro Rosales.

La llegada de los funcionarios se produjo en el marco de la preocupación de la administración Biden por el dramático incremento de migrantes centroamericanos que intentan llegar a sus fronteras, luego de la flexibilización de las políticas hacia los migrantes procedentes del área respecto a las medidas criminales anti migratorias del expresidente Trump.

La nueva política de Estados Unidos para frenar la migración

Cuando Joe Biden fue vicepresidente de Barak Obama, estuvo a cargo de la política migratoria del gobierno, implementando el fracasado plan Alianza Para la Prosperidad. Los nuevos lineamientos de su administración heredan aspectos de las acciones de Obama, pero con un distanciamiento respecto de los actuales gobiernos del área. Ahora el gobierno Biden reconoce que las causas del flujo migratorio de centroamericanos obedecen a la pobreza y extrema pobreza que prevalecen en el Triángulo Norte, y la enorme inseguridad, violencia y el peligro que representan las maras y pandillas. Sin embargo, no reconocen que en la base del problema está la existencia de grupos oligárquicos que concentran las riquezas y recursos de la región, que por décadas han evitado pagar impuestos y han fomentado estados débiles y faltos de recursos para atender las necesidades básicas de la población, creando estructuras sumamente injustas de distribución de las riqueza; oligarquías que han sido acuerpadas por los mismos gobiernos estadounidenses, creando un capitalismo que depende de las multinacionales y las empresas imperialistas.

El nuevo paradigma de la administración Biden es que la pobreza, y por ende la enorme migración hacia el norte, es causada por la corrupción imperante en los gobiernos del área, y el crimen organizado, y, por lo tanto, el desarrollo económico dependerá de que funcione el “estado de derecho” y los sistemas de justicia. En consecuencia, dado que los gobiernos del Triángulo Norte están bajo graves acusaciones de ser presa de estructuras de funcionarios corruptos, Estados Unidos recurrirá a las organizaciones de la sociedad civil para implementar su política. De hecho, la ayuda de US$ 4 mil millones anunciada para frenar la migración, será entregada no a los gobiernos, sino a ongs nacionales e internacionales que trabajan directamente con la población.

Los funcionarios a cargo brindaron múltiples declaraciones en ese sentido. Juan González dijo: “Aquí no importa si es de izquierda, de derecha o del centro. La sociedad civil demanda de los gobiernos transparencia, objetividad, respeto a los derechos humanos y un sistema judicial que responda a todos, eso es algo fundamental” (Prensa Libre 24/03/2021). Por su parte, Zúñiga declaró que “El combate a la corrupción será el eje central de la política de Biden hacia Centroamérica”.

La delegación gringa en Guatemala

La delegación encabezada por Zúñiga arribó a la capital guatemalteca a mediodía, y de inmediato se reunió con el ministro de relaciones exteriores Pedro Brolo. Luego, a las 16:30 horas tuvo un encuentro con el presidente Alejandro Giammattei y sus ministros; y por la noche se reunió con representantes de la sociedad civil. El día siguiente los funcionarios sostuvieron tres reuniones bilaterales de “carácter privado” en las que se analizó el desarrollo económico, la seguridad y la migración. El gobierno de Giammattei de entrada anunció que todas las reuniones tenían un carácter privado, y que estaba prohibido el ingreso de periodistas.

Zúñiga y su comitiva asumieron una actitud prudente en su reunión con Giammattei, pese a las duras declaraciones emitidas por congresistas y otros funcionarios estadounidenses. De acuerdo a Zúñiga, las conversaciones fueron claras y constructivas, exponiendo la preocupación de Estados Unidos por temas como la elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad, el fortalecimiento del estado derecho y el combate a la corrupción, reconociendo que ambos países son socios y amigos “los amigos hablan claro sobre las percepciones de lo que entienden” “Estamos teniendo conversaciones abiertas y hablando francamente” “Respetamos la soberanía guatemalteca -pero- pensamos que una Guatemala estable, pacífica, próspera y con instituciones fuertes favorece nuestros intereses que están siendo tocados todos los años por esa falta de esperanza” (Prensa Libre 7/04/2021).

En acuerdo con la nueva política de canalización de los fondos de ayuda, en las reuniones también participaron personeros de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Y para resaltar su apoyo al combate a la corrupción, Zúñiga recibió a jueces y responsables de justicia que se han destacado en la persecución de personajes corruptos, como el fiscal Francisco Sandoval, la magistrada de la CC Gloria Porras, y las juezas Erika Aifán y Yassmín Barrios. Entre las organizaciones de la sociedad civil que se reunieron con la delegación estuvieron la Plataforma de Mujeres Indígenas, la premio Nóbel de la paz Rigoberta Menchú, el alcalde Indígena de Sololá Lorenzo Castro y el presidente de los 48 Cantones de Totonicapán Martín Pedro Toc.

La propuesta de los empresarios

En última instancia el imperialismo gringo busca solucionar el problema migratorio sin tocar la estructura capitalista de la región y de la mano con las burguesías locales. Por eso el enviado Zúñiga refirió que hay empresarios que también quieren un Estado de Derecho. “No es una situación donde si uno gana el otro tiene que perder, no es así, nuestro mensaje es cuando hay un fuerte Estado de Derecho todos ganan y no es una cuestión de quitarles a unos para darles a otros, no, es de construir oportunidades para la sociedad en general” (La Hora 6/04/2021).

Las organizaciones empresariales presentaron a la misión estadounidense un plan de estímulo a la economía llamado “Guatemala no se detiene”, haciéndolo pasar como un plan de generación de empleo. Este plan se basa en el incremento de las exportaciones en US$ 5 mil millones para 2030, y la atracción de US$ 300 en inversiones extranjeras directas. En otras palabras, quieren hacer pasar el aumento de sus negocios y ganancias por un plan de mejora del empleo para la población, siguiendo la desgastada y desprestigiada teoría del derrame; y además ocultando en su presentación a los gringos que todos sus planes de negocios incluyen anheladas políticas de flexibilización laboral y salarios diferenciados, generadores de pobreza.

Bukele evade la reunión con Zúñiga

Desde el miércoles 7 que la delegación estadounidense arribó a El Salvador, se trató de acordar una reunión con el presidente Nayib Bukele, sin éxito. De los altos funcionarios del gobierno salvadoreño, solamente la ministra de relaciones exteriores Alexandra Hill tuvo un encuentro con los enviados de Biden. “En este viaje pedimos cita con el presidente, pero nunca confirmamos esa reunión, sin embargo, tuvimos excelentes reuniones con la canciller para llevar adelante la relación. Mi objetivo era conversar con todo el espectro de la sociedad y conseguimos hacer nuestra labor”, aseguró Ricardo Zúñiga (La Prensa Gráfica 8/04/2021). En efecto, el enviado declaró en rueda de prensa que se logró reunir con empresarios, sociedad civil, el fiscal general, miembros de la Corte Suprema de Justicia y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en el Salvador (CICIES).

Según algunas fuentes, la negativa de Bukele a reunirse con Zúñiga se debe a las críticas hechas en su contra por funcionarios estadounidenses que ponen en duda su compromiso con la democracia y el Estado de Derecho; en especial los comentarios hechos por el portavoz del Departamento de Estado Ned Price, en el sentido de que Estados Unidos espera que Bukele restaure una “fuerte separación de poderes donde se han erosionado y demuestre el compromiso de su gobierno con la transparencia y la rendición de cuentas” (La Prensa Gráfica 8/04/2021). También influyó la reciente disputa en redes que tuvo Bukele con la congresista demócrata Norma Torres.

Solo los trabajadores tienen la solución

El plan de la administración Biden para frenar la migración está destinado al fracaso, al igual que fracasó el Plan Alianza Para la Prosperidad. La razón es que deja incólumes las estructuras de opresión y explotación que por décadas han reducido a la población del Triángulo Norte a la pobreza, la miseria y la inseguridad. Es este sistema capitalista retorcido, que funciona para el beneficio de las oligarquías, el que no puede funcionar si no es mediante la corrupción y el saqueo de los recursos públicos. Son las y los trabajadores, campesinos, mujeres, jóvenes, indígenas lo que tienen en sus manos las radicales transformaciones democráticas y anticapitalistas que nuestra región necesita.