CENTROAMÉRICA.- El plan de Biden para Centroamérica

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Por Leonardo Ixim

El presidente estadounidense electo Joseph (Joe) Biden presentó un nuevo plan de desarrollo para el denominado Triángulo Norte de Centroamérica, que incluye a los países de El Salvador, Guatemala y Honduras. Esta nueva iniciativa es la enésima presentada por distintas administraciones gubernamentales de Estados Unidos, con énfasis en generar condiciones para superar la pobreza.

Una historia de intervenciones

Estos países han sido el patio trasero para el imperialismo estadunidense desde que se fueron consolidando los grandes monopolios de ese país a finales del siglo XIX, concibiendo el Mar Caribe y Centroamérica en general, como una vía importante para sus mercancías y coto para sus inversiones.

La política exterior de esa potencia, siempre ha girado entre el poder duro y el poder blando. Después de la Segunda Guerra Mundial, durante el enfrentamiento contra la Unión Soviética en el marco de la guerra fría, estas políticas estuvieron signadas por el anticomunismo, aunque la URSS desde el ascenso de Stalin al poder se cuidó no exportar revoluciones.

Se aplicaron programas como la Alianza para el Progreso, que buscó generar algún tipo de desarrollo rural y de mejoras de las condiciones sociales durante el gobierno de Kennedy, a la par que se fortalecía los aparatos militares en el marco de la guerra fría; al final este presidente fue asesinado, quedando Estados militarizados, que montaron esquemas contra-insurgentes, apoyados y financiados por esta potencia.

Tras el desmoronamiento de los países socialistas burocratizados, el rol de Estados Unidos ha girado en el área con énfasis en temas como el combate al crimen organizado, más recientemente caracterizado como trasnacional; además de la promoción de los derechos humanos bajo su supervisión y el establecimiento de acuerdos comerciales para promover sus inversiones.

De ahí que surgiera la Iniciativa Mérida, mas centrada en el combate al narcotráfico, que incluyera a México. El Plan Puebla Panamá, después llamado Plan Mesoamérica usando como extensión de sus intereses a la burguesía mexicana, a partir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, re-negociado con Trump. Así como un acuerdo similar con Centroamérica (el DR-CAFTA) firmado a inicios en 2006 en el gobierno de Bush hijo, que sustituyó a la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, programa existente desde la década de los ochenta, en el marco de la estrategia de reacción democrática, para derrotar a la revolución centroamericana

Pero en los últimos años la preocupación de los gobiernos estadounidenses ha tenido dos tópicos, la lucha contra la corrupción y control de la migración. Con el gobierno de Obama el tema de la lucha contra la corrupción fue primordial, apoyando a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) adscrita a Naciones Unidas y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) adscrita a la Organización de los Estados Americanos (OEA), ninguna de las dos existentes ya, y un intento de instalar un organismo similar en El Salvador.

El debate sobre si estos eran aparatos intervencionistas se dio en la izquierda; nosotros los consideramos que fueron intentos bajo los intereses imperialistas de hacer un control de daños, bajo el denominado soft power. Es decir, Estados Unidos han sido culpables de crear verdaderas criaturas monstruosas a partir del apoyo a los Estados contra-insurgentes en la guerra fría, los cuales actuaron contra los pueblos. Creando entonces, verdaderos Frankenstein los cuales han sido tolerados, pero en ciertos momentos, deben controlar y ahí, es donde se dio esos apoyos a esas instancias.

La problemática migratoria

Derrotada la revolución centroamericana, se instalaron democracias formales que se supone disminuirían las situaciones de pobreza de las amplias mayorías; en los hechos, pese a que las oligarquías aceptaron este nuevo régimen político, nunca cedieron para aportar en ese sentido, en materia de recursos. De tal forma, la migración se volvió la única válvula de escape para salir de la pobreza y la falta de empleo formal. 

En un primer momento esta migración no fue rechazada ya que junto a la mexicana y caribeña, era ocupada para trabajos mal pagados que establecían a la baja los salarios, en Norteamérica. Para las economías centroamericanas, las remesas enviadas por los trabajadores migrantes fueron convirtiéndose en una fuente de ingresos mayores que las exportaciones o que la productividad de las empresas locales -siendo el 20 por ciento del PIB en Honduras y El Salvador, mientras que en Guatemala es el 10 %- además de un nivelador de la pobreza, ante la poca inversión social de los Estados.

Sin embargo, la migración cada vez fue generando preocupación por los centros de poder de esa potencia, tanto con respecto a la capacidad de esa economía para absorberla, como con el auge de sectores ultra conservadores, en su mayoría de la pequeña burguesía anglo sajona racista, producto de una crisis social en ese país cada vez más grande.

Durante el gobierno de Obama, que se caracterizó por ser hasta antes del de Trump, quien más migrantes expulsó y quien más militarizó la frontera sur de ese país, se aprobó una serie de medidas las cuales Biden promovió, como legalizar a los hijos de migrantes por medio de la Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA en sus siglas en ingles); además se prometió iniciar el proceso de legalización de 11 millones de ilegales, detenido por la negativa del senado controlado por el Partido Republicano y por gobiernos estaduales de ese partido.

En 2015 es lanzado el Plan Alianza Para la Prosperidad, ante el auge de la migración de menores de edad muchos viajando solos. Este implicaba, una inversión de US$ 750 millones, de los cuales los gobiernos centroamericanos debían poner más de la mitad y otra buena parte era por medio de préstamos. Contemplaba mejorar las condiciones sociales de sitios donde provenía la migración y asegurar la inversión de empresas de capital gringo. En los hechos nunca se aplicó y con la llegada de Trump esto fue olvidándose.

El gobierno de este último, con su tónica anti-migrante, dio un giro aún más represivo, persiguiendo a migrantes ilegales en Estados Unidos, encerrándolos en centros de detención (situación que también realizó Obama), pero con Trump los vejámenes eran mayores y los procesos judiciales eran interminables. O la separación de niños de sus padres, niños que además fueron encerrados en situaciones violatorias a su dignidad, mostrando el matiz criminal de ese gobierno.

A la par de eso se organizaron las caravanas, sobre todos procedentes de Honduras y en menor medida de El Salvador, pero a las que se sumaron guatemaltecos y nicaragüenses. Trump fue presionando a los gobiernos centroamericanos para que se firmaran acuerdos de países seguros, mientras con México, se volvió en el guardián de su frontera, deteniendo las caravanas de centroamericanos.

El plan de Biden

El plan de Biden no dice nada en torno a qué va pasar con los acuerdos sobre los terceros países seguros. Nuevamente se planea invertir una cantidad exorbitante, 4 mil millones de dólares, en programas sociales, generación de empleo, reducción de la violencia, centrado en la juventud por el impacto de las maras, etc. Este plan consiste en lo siguiente:

En materia de inversiones, garantizar las procedentes de ese país, respetando las normas laborales y ambientales del DR-CAFTA, así como planes de financiamiento internacional para infraestructura. Para combatir la pobreza, la aplicación de programas de reducción de la pobreza, generación de empleo, fortalecimiento de las capacidades de los migrantes retornados, micro crédito para mujeres y de seguridad alimentaria. En lo que respecta al cambio climático, una estrategia de conversión hacia energía limpia.

Además de exigir la aplicación de reformas fiscales, uno de los males endémicos de estos Estados.  La creación de mecanismos de combate a la corrupción, bajo una dependencia especial, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) adscrita a los departamentos de Tesoro y Justicia; así como capacitación a fiscales en el combate a delitos relacionados a la corrupción.

Por otro lado, está la renovación del Temporary Protected Status (TPS), un acuerdo que otorga residencia temporal y permisos de trabajo para migrantes de países afectados por conflictos armados y desastres naturales. En Centroamérica ciudadanos de Honduras, El Salvador y Nicaragua son beneficiarios, pero la demanda de solicitantes siempre es mayor y Trump amenaza con no renovarlo. En ese sentido, Biden ha sido poco claro de que va a pasar.

Como se observa, mucho de estos tópicos son temas pendientes de resolver por los Estados y temas como el aumento de los ingresos fiscales chocan con la negativa de las oligarquías de estos países a pagar. Así como los intentos de reforma agraria, que Estados Unidos quiso aplicar en El Salvador o Honduras en el pasado, las burguesías se opusieron frontalmente, situación similar puede pasar.