Crisis capitalista y creciente restricción a las libertades democráticas en Centroamérica.
Desde hace varios años los gobiernos burgueses del área centroamericana, en especial de los países del Triángulo Norte (también el gobierno de Nicaragua), han aprobado, o están por aprobar, leyes que muestran una clara tendencia a limitar las libertades democráticas. La agudización de la crisis económica en el área amenaza con generar luchas de parte de los sectores de trabajadores más afectados, quienes tienen una relativa tradición de organización (especialmente en los sectores de salud y educación, etc.), movilizaciones que pueden generar una dinámica frontal contra los gobiernos existentes, cuestionando los sistemas políticos imperantes. Ante esta perspectiva, la respuesta de los grupos de poder ha sido un mayor endurecimiento de los regímenes, sin llegar a generar todavía golpes militares como en el pasado. La agudización de la crisis marca una clara tendencia a concentrar el poder en el presidente de turno, limitando el accionar político de los grupos opositores mediante leyes represivas que, en su mayoría, persiguen el objetivo de frenar la dinámica de lucha de las masas trabajadoras.
En El Salvador, por ejemplo, en octubre de 2003 fue aprobada la Ley Antimaras, que fuera reformada en abril de 2004 por la inconstitucionalidad de algunos de sus preceptos; en septiembre de 2010 fue aprobada una nueva Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal. Paralelamente, en octubre de 2006 fue aprobada la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo de El Salvador, también con dedicatoria a las pandillas y maras. La definición legal de terrorismo utilizada en El Salvador es tan ambigua y general que puede ser aplicable a diversos contextos. No solo se puede perseguir a pandilleros y al crimen organizado, sino que también puede ser aplicada para sofocar las luchas sociales con un cierto nivel de radicalización en sus métodos de lucha.
De igual manera, en Guatemala la legislación contra el terrorismo es objeto de dos propuestas introducidas en el Congreso el año pasado, que plantean o definen los actos constitutivos de terrorismo de una forma tan amplia que pueden ser perfectamente utilizados para perseguir personas que participen en determinadas marchas, protestas o movilizaciones, incluyendo la difusión de información, pues una de estas iniciativas contiene una definición de “ciberterrorismo”. Estas leyes son la Ley Contra Actos Terroristas, presentada al Congreso en febrero de 2017 y la reforma al artículo 391 del Código Penal, presentada en mayo del mismo año, que pretende redefinir el delito constitutivo de terrorismo. Otra iniciativa, presentada en marzo de 2017, va dirigida contra las ONGs que defienden derechos humanos, realizan análisis políticos o tienen incidencia política; plantean una reforma a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, para someterlas a una serie de controles legales y administrativos que limiten su funcionamiento y además pretende restringir su acción al ámbito de actividades altruistas o de beneficencia. Estas iniciativas de ley se encuentran en diferentes momentos del proceso de aprobación.
En Nicaragua, con el pretexto de que se deben acabar las noticias falsas y el “acoso” en las redes sociales, el gobierno de Daniel Ortega ha preparado un paquete de reformas a varias leyes, incluyendo al Código Penal, para controlar la información que circula en internet en Facebook, Twitter, Youtube y otros medios, con el propósito evidente de bloquear las críticas en su contra. El proyecto incluye la prohibición a los periódicos, televisión y radio, de publicar denuncias o información de las redes sociales que el gobierno no considere conveniente. Como en otros casos, la definición de qué son noticias falsas y acoso quedará en manos de los organismos del Estado encargados de controlar y regular los contenidos de internet. Esta medida igualaría el régimen de Ortega a países represivos como China, Pakistán, Turquía o Corea del Norte, que los gobiernos de Bolivia, Venezuela y Ecuador también han tratado de emular. Aunque todavía no ha sido aprobada representa un grave peligro para la libertad de prensa y pensamiento,
En Honduras, el gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH), en un evidente intento de violar la libertad de expresión, a través de un diputado del Partido Nacional ha presentado al Congreso en febrero de este año un proyecto de ley que pretende sancionar a los administradores de sitios web que permitan “campañas de odio y discriminación” en internet. Esto debido a la difusión por las redes sociales del descontento contra el fraude electoral del año 2017, por el cual Hernández accedió de nuevo al ejecutivo. Existen varias decenas de prisioneros políticos encarcelados a raíz de las luchas contra el fraude electoral, a quienes ya se les están aplicando las leyes antimaras y antiterroristas.
El avance de legislaciones anti-democráticas y la tendencia hacia regímenes represivos de naturaleza bonapartista, como en Honduras y Nicaragua, plantean a los trabajadores y al movimiento popular centroamericano una agenda de reivindicaciones y luchas democráticas que desde ya debemos impulsar. Esta lucha contra el endurecimiento de los regímenes políticos debe estar indisolublemente ligada a las necesidades más sentidas de los trabajadores y los oprimidos: salud, educación, vivienda, trabajo, salarios y condiciones de trabajo dignos, tierra, defensa de las comunidades contra empresas que afectan los territorios y el medio ambiente, derechos de los jóvenes y las mujeres, etc. Este movimiento democrático y popular debe desconfiar absolutamente de los partidos y líderes burgueses o pequeño-burgueses que pretendan ponerse a la cabeza de las luchas democráticas y capitalizar el descontento, pues al final terminan pactando con los gobiernos represivos para beneficiarse políticamente.