Ya salió El Socialista Centroamericano No 226.-

La peligrosa moda de la reelección en Centroamérica.

En América Latina se ha producido, en las últimas décadas, una resurrección de la reelección presidencial. Después de sufrir el tenebroso periodo de las dictaduras militares, instauradas después de la Segunda Guerra Mundial en el marco de la “guerra fría”, la finalización de ésta en 1990, con el desplome la URSS, abrió un periodo de retorno al modelo de reelección presidencial.

Después del derrocamiento de las dictaduras militares en la década de los años 80, en algunos países, especialmente en Sudamérica, el retorno a la democracia burguesa estuvo acompañado de la figura de la reelección presidencial no inmediata.

Fueron los gobiernos populistas de izquierda, encabezados por Hugo Chávez, quienes bajo el argumento de darle continuidad a la lucha contra el modelo neoliberal, reinstalaron la reelección presidencial primero de manera no inmediata y después de manera ininterrumpida, a través de Asambleas Constituyentes o de reformas constitucionales.

Desde el punto de vista formal, estos gobiernos utilizaron al máximo los mecanismos de la democracia burguesa para imponer regímenes presidencialistas, que no necesariamente contradijeron al sistema democrático burgués.

Detrás de este resurgimiento de regímenes presidencialistas está la necesidad del capitalismo de instaurar gobiernos fuertes que puedan, en momentos de creciente crisis económica, enfrentar los peligros de la movilización revolucionaria de las masas. Por ello es que, conservando las formalidades de la democracia burguesa, se instauran regímenes y gobiernos bonapartistas, en muchos casos con características totalitarias.

En Centroamérica, región que fue gobernada por férreas dictaduras militares en una época, el retorno a la democracia burguesa estuvo acompañado de cierto juego democrático, especialmente a raíz de los Acuerdos de Esquipulas II. En Guatemala está prohibida la reelección presidencial.

En Honduras, hasta hace poco era prohibido discutir el tema de la reelección, pero el gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH) trabaja incansablemente para imponerla a cualquier costo, contando con la colaboración por omisión de partidos como LIBRE y de grupos económicos interesados en mantener la estabilidad de un país como Honduras, que se hunde en la miseria y la barbarie.

Los partidarios de la reelección en Honduras vuelven la mirada hacia Estados Unidos, y se declaran partidarios de copiar el modelo norteamericano de reelección presidencial limitada al periodo inmediato, lo que le cae como anillo al dedo a las intenciones bonapartistas de JOH.

En El Salvador, Costa Rica y Panamá está contemplada la reelección presidencial no inmediata, es decir, el presidente no se puede postular a la reelección para el periodo inmediato. Por cultura política, en El Salvador ninguno de los ex presidentes, pertenecientes al partido ARENA, se postuló para la reelección, aunque ARENA se sostuvo cerca de 20 años en el poder. El FMLN no ha tenido oportunidad de presentar a un expresidente para la reelección, pero sus enemigos no descansan en evitar esa posibilidad, por eso atacan furiosamente al expresidente Mauricio Funes, para cortar de tajo esa posibilidad.

En Costa Rica, Oscar Arias ya ha sido dos veces presidente, y trabaja intensamente para obtener una tercera reelección, convirtiéndose en uno de los principales impulsores de la reelección presidencial en la región.

En Nicaragua, Daniel Ortega y el FSLN cruzaron el Rubicón y en la reforma constitucional del 2014 establecieron la reelección indefinida. Entonces, el establecimiento de regímenes bonapartistas bajo la máscara de la reelección presidencial está a la orden del día en Centroamérica.

El problema reside en que en ninguno de los países de Centroamérica existen condiciones democráticas para el pueblo se exprese libremente. Tampoco existe mecanismo de revocación del mandato popular, lo que debe ser extensivo no solo al presidente de la república sino a todos los cargos de elección popular (diputados, magistrados, alcaldes, etc). El pueblo debe decidir cuándo nombra y destituye a un funcionario, sea de elección popular o de nombramiento, y este principio democrático contradice la figura de la reelección presidencial que pretende perpetuar en el tiempo el poder a determinados grupos económicos, por encima de las aspiraciones populares.

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