Algunos Estados están el borde de la bancarrota, como es el caso de El Salvador, gobernado por la ex guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). El Gobierno de Salvador Sánchez Cerén acaba dar a conocer que, por la gravedad de la crisis fiscal, se prepara para implementar con carácter de urgencia una reforma fiscal integral, que retomaría la mayoría de las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Mientras esto ocurre, el gobierno del FMLN, que no cuenta con los votos necesarios dentro de la Asamblea Legislativa, está negociando alianzas con la derecha agrupada en ARENA y sus satélites con el objetivo de alcanzar los consensos que permitan aprobar la emisión de $1,200 millones en bonos y aprobar una Ley de Responsabilidad Fiscal. “El tema de los $1,200 millones está en la mesa, pero además el compromiso del Gobierno de aprobar una Ley de Responsabilidad Fiscal que garantice, primero, ajustar el presupuesto de 2017 a las dinámicas de crecimiento que tiene el país”, explicó el presidente Salvador Sánchez Cerén a su Consejo de Ministros.

Para ser justos, debemos reconocer que la crisis fiscal no es una consecuencia de los dos gobiernos del FMLN, sino que viene de más atrás. Se gestó y de desarrolló bajos los gobiernos de ARENA, pero bajo el gobierno del FMLN adquirió ribetes incontrolables. Con el afán de sostenerse en el poder, el FMLN ha incurrido en un derroche populista, agudizando la crisis fiscal. El problema es que no soluciona las necesidades de las masas, ya que los recursos son insuficientes, pero con un rebote sobre las finanzas del Estado.

Para sostener los cada vez más escuálidos programas de asistencia social, el FMLN ha recurrido frecuentemente a préstamos, bonos, colocación de LETES, creación de nuevos impuestos, etc, medidas que resultan insuficientes para contener el cáncer de la crisis fiscal. El Salvador está a punto de entrar en bancarrota. Muchas instituciones públicas y alcaldías no tienen dinero para terminar el año fiscal. Esta situación tiene desesperada a la burguesía, y al propio gobierno del FMLN, quienes buscan acercamientos con el objetivo de contener el desplome financiero del Estado.

El FMI ya dictó sus condiciones: el FMLN y ARENA deben negociar un pacto fiscal, debe recortarse aún más el gasto público, más recortes de plazas en el sector público, deben subirse los impuestos, congelar los salarios, etc. Las consecuencias deben pagarla los trabajadores y la cada más debilitada clase media.

La crisis fiscal ha puesto de manifiesto la impotente política del FMLN de conciliar con los empresarios. Un reciente informe de la CEPAL nos indica que los empresarios de El Salvador no pagan los impuestos que deben pagar. El FMLN prefiere hacerse el sordo y el ciego, antes de impulsar una reforma fiscal que obligue a los empresarios a pagar impuestos conforme sus ganancias.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) nos oponemos a que los trabajadores y la clase media paguen la factura de la crisis fiscal, que ellos no han provocado, sino que es una consecuencia directa de la ofensiva neoliberal.

Los sindicatos, las organizaciones populares y la izquierda, debemos levantar una propuesta fiscal alternativa, que tenga un eje central: que sean los empresarios quienes paguen más impuestos, conforme sus ganancias. Quien más gana debe pagar más. La revisión de las finanzas públicas pasa por dejar de pagar la deuda externa, y evitar que los impuestos indirectos como el IVA sean elevados, perjudicando a los trabajadores.