¿Verán tal cambio esos millones de personas durante la presidencia de Obama?

Los nombramientos para su gabinete ministerial a los que ha procedido Obama y las directrices políticas que, en calidad de presidente electo, ha detallado durante las últimas seis semanas han producido escalofríos a sus partidarios. ¿No es ésta la «política de siempre»?, se preguntan. En la prensa obrera y progresista, sindicalistas y activistas han manifestado su creciente inquietud y han empezado a plantear algunas preguntas fundamentales: ¿Qué habrá que hacer para garantizar el cambio que el pueblo quiere y al que aspira? ¿Cómo pueden los trabajadores aprovechar la apertura política que supone la elección presidencial del 4 de noviembre, para levantar un fuerte y poderoso movimiento capaz de imponer el cambio real que tan desesperadamente necesita la mayoría de clase obrera que ha votado por Obama?

Para empezar a afrontar estas cuestiones, es necesario empezar analizando la presente crisis económica y financiera del capitalismo, que es la que determina el escenario en el que Obama y su nuevo gobierno tomarán posesión el 20 de enero.

LA CRISIS ECONÓMICA Y FINANCIERA QUE SE AGRAVA

En su declaración del 28 de octubre de 2008, el Comité Nacional de Socialist Organizer decía lo siguiente acerca de la presente crisis:

«La actual crisis que barre Wall Street y que ha impelido a la Casa Blanca a precipitarse a socorrer a los especuladores con 1,3 billones de dólares (incluidos los préstamos y planes de rescate anteriores, relacionados con las quiebras de sector hipotecario)… es la expresión de la ruina y de la agonía de un sistema económico de “libre mercado” basado en la propiedad privada de los medios de producción.

La última fase de la crisis cada vez mas honda del capitalismo empezó hace dos años bajo la forma de la crisis de las hipotecas subprime. Ahora estalla provocando la crisis más grave desde la Gran Depresión … existe un verdadero riesgo de que esta crisis financiera se convierta en una recesión económica más devastadora que todo lo que se vio en los años 30.»

Lo que hace apenas unos meses parecía solamente un posibilidad se ha convertido ya en una realidad. La crisis, que empezó como una crisis financiera, se ha extendido a todos los dominios de la economía a una velocidad que ha alarmado incluso a los expertos más precavidos; a tal extremo llega la descomposición del sistema basado en la propiedad privada de los medios de producción.

Los economistas declaran ahora abiertamente que la recesión económica será más grave y más larga que las nueve recesiones que la han precedido desde 1945. Jack Rasmus nos advierte en le número de Z Magazine de enero de 2009:

«A principios de 2010, la economía de los Estados Unidos puede caer en una depresión total»

A lo largo de 2008, la Reserva Federal y el Tesoro de los EE. UU. han intervenido inyectando masivamente fondos a fin de conjurar un inminente colapso financiero y económico. La Reserva Federal ha facilitado 2,5 billones de dólares en préstamos a las entidades financieras en dificultades, mientras que el Tesoro ha proporcionado fondos por valor de 1,3 billones para socorrer a los bancos, siendo el último de ellos el de 700 000 millones de dólares del “plan de rescate de activos” (“Troubled Asset Relief Program”, TARP, también llamado “Plan Paulson”) aprobado por el Congreso el 31 de octubre de 2008.

Esto ha provocado un brusco incremento de la deuda total de los Estados Unidos. Mientras que en 1980, el total de la deuda de los EE. UU. (la suma de la deuda comercial, la federal, la de los Estados y las administraciones locales y la de los consumidores) ascendía a 5 billones, en 2008 se había disparado a 53 billones de dólares. De esta suma, 22 billones corresponden a deuda contraída desde el estallido de la burbuja especulativa de las “punto com” [empresas de los sectores de la informática, la Internet y las telecomunicaciones] en 2001. En contraste, la deuda de los consumidores asciende a sólo un billón de dólares, lo que desmiente a todos los “expertos” de la clase dominante que día tras día continúan repitiendo en los medios de comunicación que la razón de la grave crisis financiera a que hoy nos vemos abocados es que «el pueblo americano ha estado viviendo por encima de sus posibilidades».

Las enormes partidas presupuestarias para la Guerra de Irak y la de Afganistán, así como las masivas reducciones de impuestos a los ricos, han contribuido onerosamente a esta enorme deuda.

Pero a pesar de las ingentes sumas inyectadas por la Reserva Federal y el Tesoro de los EE. UU., la crisis, lejos de ser yugulada, empeora cada día que pasa. El economista Jack Rasmus señala:

«El efecto acumulativo del pánico bancario de 2008 ha sido el de acelerar la crisis que venía creciendo desde el verano 2007… La crisis se ha propagado rápidamente desde el sector de la vivienda particular al sector de la propiedad comercial, al de los títulos de la deuda de las administraciones locales (provocando crisis de solvencia en varios estados, entre ellos California), a los fondos de inversión y a los efectos mercantiles, poniendo ahora en serio peligro los fondos de pensiones, los fondos especulativos (hedge funds) y los fondos de inversión del mercado monetario al entrar el economía en el año 2009.

La brusca contracción del crédito y su falta han producido el hundimiento del crédito al consumo y del gasto de los consumidores, suscitando crecientes temores de que los mercados y empresas que conceden créditos para la compra de automóviles, para los estudios y a los titulares de tarjetas de crédito se vean también al borde de la suspensión de pagos. El consumo cayó en picado en octubre de 2008 y todo indica que continúa cayendo a medida que aumentan los despidos.» (“Confronting the Deepening Economic Crisis: a Program Recovery”, artículo aparecido en el número de febrero de 2009 de Z Magazine)

El paro en aumento

En efecto, los despidos aumentan cada día y a un ritmo asombroso. Según estadísticas oficiales del Gobierno, sólo en noviembre han perdido su empleo 530.000 trabajadores, la mayor pérdida de empleos en un solo mes desde 1931. Pero esta cifra oficial ? como señala Jack Rasmus ? no nos muestra toda la amplitud de lo que está pasando, ya que la tasa oficial de paro no incluye a aquellos trabajadores «desmoralizados» que no tienen trabajo y que, después de haber estado llamando sin éxito a todas la puertas durante más de seis meses, no lo han buscado activamente en las cuatro semanas anteriores. Tampoco incluye a los trabajadores despedidos de sus empleos y después contratados a tiempo parcial, a los que se envía a trabajar a cualquier parte entre 5 y 20 horas a la semana. (Hace dos décadas, estos dos factores estaban incluidos en el cálculo de la tasa de desempleo de los Estados Unidos).

Si se incluye a los trabajadores «desmoralizados», las perdidas de empleo en el mes de noviembre ascienden a 750.000, y si se les añade los que tienen un «mínimo empleo», el numero de empleos destruidos supera el 1.300.000. Si tomamos en consideración todo el año pasado, el número de parados ascendió oficialmente a 3 200 000 (una tasa del 6,7 %), pero si se suman, una vez más, los «desmoralizados» y los «subempleados», el total se aproxima a los 5 millones de empleos suprimidos y a una tasa de paro del 9 %.

Asimismo, los economistas predicen que si la actual recesión continua al mismo ritmo en 2009, habrá una pérdida de empleos de entre 3 y 4 millones, según las estimaciones oficiales, pero serían alrededor de 7 millones si se cuentan «desmoralizados» y los que tienen un «mínimo empleo». Esto significaría la pérdida de entre 8 y 12 millones de puestos de trabajo en el periodo 2008-2009. Jack Rasmus advierte de que en 2010 se podrían haber perdido hasta 20 millones de empleos si no se hace nada para «estimular la economía». (Z Magazine, enero 2009)

En esta situación, Barack Obama ha anunciado su intención de lanzar un plan de empleo de 700.000 millones de dólares destinado a la creación de entre 2 y 3,5 millones de puestos de trabajo en 18 meses. El plan, declaró Obama, estará enfocado hacia las obras públicas tales como autopistas, puentes y construcción y reparación de infraestructuras. No hay nada previsto para crear empleos en los sectores de la educación y la sanidad.

Detractores del plan de Obama señalan la insuficiencia del número de empleos que se propone crear respecto al paro creciente. Otros se preguntan de donde sacará Obama 700.000 millones para su programa de empleo cuando se ha comprometido a mantener el enorme presupuesto de guerra y a rescatar a los especuladores de Wall Street.

La gravedad de la crisis exige un programa de preservación y creación de empleos más ambicioso que cualquier otro conocido en la historia de los Estados Unidos, incluso en los días del New Deal. Exige una completa reorganización de lo economía mediante un plan urgente de rescate de los trabajadores.

La situación es intolerable para los trabajadores. El país se encuentra en una situación catastrófica en todos los frente; además de las enormes pérdidas de empleos, más de 2 millones de personas han perdido sus casas por ejecución de hipoteca y se calcula que entre 5 y 7 millones de personas se encuentran amenazadas de desahucio por ejecución de hipoteca en los próximos 18 meses. La mayoría de los que perdido sus hogares son negros y latinoamericanos.

Mientras tanto, los servicios sociales están siendo desmantelados a troche y moche debido a los déficits sin precedentes de las administraciones locales y de los estados. En California, un déficit presupuestario de 13 400 millones de dólares está siendo esgrimido para recortar decenas de miles de empleos en la educación publica y en la sanidad.

También están siendo atacadas las pensiones

En los Estados Unidos hay básicamente dos tipos de fondos de pensiones para los trabajadores. Uno es el régimen de prestaciones definidas, principalmente los planes de pensiones Taft Hartley, a los que están acogidos la mayor parte de los trabajadores sindicados a través de los convenios firmados por sus sindicatos. Ascienden a cerca de 450 000 millones de dólares, aproximadamente el 6 % del total de fondos de pensiones de país. Conciernen al 11 % de la mano de obra amparada por un convenio colectivo.

Estas pensiones Taft Hartley están garantizadas por el Gobierno por medio del fondo de la Corporación de Garantía de la Pensiones de Jubilación [Pension Benefit Guaranty Corporation (PBGC)]; hay estrictas regulaciones para garantizar que los trabajadores no resulten penalizados ni pierdan sus prestaciones si caen los mercados financieros en los que los fondos están invertidos. Estos fondos de pensiones fiduciarios son administrados conjuntamente por representantes de los sindicatos y de los patronos, mientras el Gobierno establece las pautas y garantiza los pagos.

Debido presente debacle de los mercados financieros, los fondos Taft Hartley han perdido cerca de un tercio de su valor. Al día de hoy no queda en los fondos dinero suficiente para pagar a los obreros que ya están percibiendo sus pensiones de jubilación y a los que están a punto de jubilarse.

Dada esta nueva situación, el Congreso aprobó en 2008 una Ley de Protección de las Pensiones que faculta a los administradores de los fondos de pensiones para reducir de modo sustancial en importe pagado a todo pensionista con derechos adquiridos, mientras les obliga también a transferir una gran parte de sus fondos a los planes no regulados del tipo 401(k). Esto constituye un puro y simple pillaje. Los sindicatos exigen la suspensión de esta llamada Ley de Protección de las Pensiones.

La inmensa mayoría de los trabajadores con planes de pensiones están suscritos a planes 401(k) [basado en el pago diferido de impuestos. N. del T.], a través de la empresa o a título individual; ellos son los que han resultado más gravemente perjudicados. Estos fondos han perdido, de media, el 55 % de su valor y no gozan de ningún aval del Gobierno, por pequeño que pudiera ser, para pagar a la gente que, mes a mes, ha ido apartando miles de dólares para asegurase una jubilación.

Más de 6 billones de dólares invertidos en fondos de esta tipo están sometidos al capricho de las fluctuaciones de la bolsa. Millones de personas ven horrorizadas como el valor de sus pensiones sigue cayendo cada día que pasa. La situación es dramática. Los trabajadores se ven frente a una apisonadora capitalista que nunca habían imaginado.

El castillo de naipes se ha derrumbado

En su declaración del 28 de octubre, el Comité Nacional de Socialist Organizer decía:

«El sistema capitalista, incapaz de impeler el desarrollo de las fuerzas productivas de la humanidad, solo puede sobrevivir a base de una economía de guerra permanente y de la proliferación de una “economía ficticia” en la que, mediante la especulación, se realizan enormes beneficios fuera de la esfera de la producción. La guerra y la especulación se han convertido en los principales mecanismos de arrastre de una economía cuya deuda asciende a la pasmosa cifra de 53 billones de dólares…

Pero ahí reside el dilema en el que se debaten los magnates de la industria y de las finanzas, así como los políticos a su servicio. Durante decenios el sistema capitalista ha podido diferir una crisis económica y financiera mayúscula deslocalizando fábricas, destruyendo sindicatos y presionando a la baja los salarios de los trabajadores; también inyectando artificialmente en la economía cada vez más deuda y más capital ficticio (o deuda tóxica, como se la llama ahora). Pero al aplazar de esta manera el día de rendir cuentas de un sistema económico en quiebra, el inevitable derrumbamiento del castillo de naipes tiene un alcance aun más devastador.»

El castillo naipes de derrumbado. La crisis que azota los Estados Unidos y el mundo entero arrastra a la humanidad toda al abismo de la barbarie. Todos los logros de la civilización están bajo la amenaza de ser destrozados.

Lo que hay detrás del salvamento de la industria del automóvil

El 31 de octubre, a pesar de la oposición masiva de los americanos enfurecidos que habían obligado al Congreso de los EE. UU. a rechazar el plan de rescate de Wall Street en la votación celebrada cuatro días antes, fue aprobado el plan de 700 000 millones de dólares para reflotar los bancos. Fue necesaria la diligente intervención de George W. Bush, John Mac Cain, Barack Obama y la presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosy, para obligar a los congresistas a defraudar a sus electores y aprobar el proyecto de ley de rescate.

Al día de hoy, ya se ha gastado casi la mitad de esa suma ? es decir, cerca de 350 000 millones de dólares ? para salvar a los especuladores de la quiebra. A pesar de las reiteradas peticiones de los periódicos financieros y los grupos de consumidores de que desvelara completamente, el Tesoro de los EE. UU. y los bancos se niegan a decir como se ha gastado ese dinero del recate. La ley de reflotamiento no dice nada acerca de quién lo controla y responde de él.

Según algunas fuentes citadas por la prensa de mundo de los negocios, la mayor parte de esta financiación parece haber ido a engrosar los «paquetes de incentivos” con que son remunerados los directores ejecutivos de las compañías y a financiar las fusiones y adquisiciones de empresas. El beneficio real para la economía de este plan de reflotamiento de los bancos ha sido nulo.

La cólera de la clase obrera por este robo de los dólares de los contribuyentes por parte de las empresas es grande y está muy extendida. En los locales sindicales a lo largo del país los obreros denuncian «el atraco del siglo».

Apenas un mes más tarde, a principios de diciembre, los directores ejecutivos de las Tres Grandes (las tres grandes empresas de la industria del automóvil de los EE. UU., General Motors, Ford y Chrysler) ?y también los dirigentes del sindicato de trabajadores del automóvil, el UAW (United Auto Workers)? fueron al Congreso a testificar ante la Comisión de Finanzas del Senado. Fueron a pedir un «plan de rescate» (bailout), ?es decir, préstamos garantizados a unas tasas de interés favorables? por valor de 34 000 millones de dólares para la industria del automóvil.

Los congresistas republicanos, que estaban más que contentos de conceder 55 000 millones de dólares para reflotar el Citigroup sin formular ninguna pregunta ni imponer la más mínima condición, se opusieron al plan de rescate. Insistieron en que había que dejar que esas compañías se declaran en quiebra, de suerte que, en virtud del artículo 11 del Código Tributario, pudieran reestructurar sus empresas sin tener que negociar convenios colectivos con los sindicatos y sin ninguna otra cosa semejante que modere la obtención de ganancias.

Los demócratas, igual de satisfechos de dar miles de millones a los bancos sin la menor exigencia de rendir cuentas, adoptaron una posición diferente. Insistieron en que era necesario un plan de rescate para mantener a flote la industria del automóvil de los EE. UU. Dijeron que el sindicato UAW debía ser invitado a la mesa de negociaciones a fin de «convencerle» de la necesidad de que accediera a todas las concesiones en materia de salarios y prestaciones que exigían las empresas sin necesidad de que estas se declarasen en bancarrota. ¿Qué trabajador americano compraría un coche a una empresa en bancarrota?, dijeron.

Desde el primer día quedó claro que tanto demócratas como republicanos compartían un objetivo común en esas sesiones de la Comisión: aplastar al sindicato UAW y asestar un golpe mayúsculo a los trabajadores de la industria del automóvil.

Se promulga el plan de ayuda al pago de la deuda (Debt-Relief Plan) ⁽¹⁾

Tras dos semanas de acaloradas deliberaciones en el Congreso y viéndose en un callejón sin salida en la cuestión de la ayuda para el pago de la deuda, el presidente Bush intervino anunciando el 19 de diciembre que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos concedería préstamos con cargo a los 700 000 millones de dólares del “plan de rescate de activos amenazados” [“Troubled Asset Relief Program” (TARP), también conocido como “Plan Poulson”].

En virtud de un plan dirigido a «ayudar a que la industria nacional del automóvil sea financieramente viable», se iba a proveer a los fabricantes de automóviles de 13 400 millones de dólares de financiación a corto plazo. Otros 4 000 adicionales millones serían puestos a su disposición en febrero de 2009, con la condición de que las compañías pusieran en marcha sus planes de reestructuración.

Entre las condiciones estipuladas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos figuraban las siguientes:

– Hacer efectivos en forma de acciones la mitad de los pagos del régimen de seguros para empleados VEBA [“Voluntary Employee Benefiary Association”]. ⁽²⁾

– Eliminar los “Job Banks” [prestaciones de desempleo]. ⁽³⁾

– Implantar normas de trabajo que puedan competir con las de los fabricantes de automóviles extranjeros instalados en los Estados Unidos, con fecha límite del 31 de diciembre de 2009.

– Aplicar, antes de 31 de diciembre de 2009, medidas que permitan que los salarios puedan competir con los de los fabricantes de automóviles extranjeros instalados en los Estados Unidos.

Los analistas prevén que el «plan de viabilidad financiera» va a llevar a la General Motors a reducir su mano de obra entre 20 000 y 30 000 obreros, aproximadamente una tercera parte de los efectivos de la empresa en los Estados Unidos.

Se espera que la Chrysler reduzca drásticamente su mano de obra y suspenda su participación en el plan de pensiones 401(k), al tiempo que aumenta las cotizaciones de los trabajadores al seguro de enfermedad.

De la Ford, que no recibido ninguna financiación en el marco de este acuerdo, se espera no obstante que reduzca en un 10 % sus efectivos laborales en los Estados Unidos y que elimine los aumentos salariales por méritos, las primas y su contribución a los fondos de pensiones 401(k) y a la formación, y también que establezca un tope de 25 000 dólares para las prestaciones del seguro de enfermedad a los jubilados.

Se trata de un ataque a gran escala para destruir el sindicato. Los medios de comunicación y los congresistas pretenden presentar a los trabajadores como gente que goza de salarios y de beneficios «excesivos». Hablan de trabajadores pagados a 75 dólares la hora, lo que es una mentira descarada; el salario horario medio de trabajadores muy cualificados que se parten el espinazo trabajando es hoy de 25 dólares. Lo que pretenden es echar la culpa de la crisis de la industria a los trabajadores.

Al principio, el 15 de noviembre, el presidente del sindicato UAW, Ron Gettlefinger, hizo pública una declaración muy firme explicando que los trabajadores de la industria del automóvil ya habían echo todas las concesiones imaginables. No era culpa de los trabajadores que la empresas perdieran dinero. Insistió en que el UAW no se apearía de una posición consistente en decir «NO más concesiones». Esta vez eran los directores generales de las empresas los que tenían que hacer concesiones y era el Gobierno federal el que tenía que preservar los más de 3 millones de empleos ligados directa o indirectamente a la industria del automóvil.

Gettlefinger tenía toda la razón: las Tres Grandes del automóvil ya habían «reestructurado» ? es decir, habían suprimido puestos de trabajo y deslocalizado fábricas ? y habían estado haciéndolo durante los últimos veinticinco años. Otrora, la fuerza de trabajo de los tres gigantes alcanzaba la cifra de 1 500 000 asalariados; ahora, el total es inferior a los 400 000.

Pero en su discurso ante al Comisión de Finanzas del Senado el 8 de diciembre, Gettlefinger anunció que la dirección del UAW estaba dispuesta a aceptar todas las concesiones exigidas por los patronos y el Gobierno para que la industria no se hundiera. La farsa del «policía bueno» y el «policía malo» escenificada por los demócratas y los republicanos había conseguido su objetivo.

Los patronos se están aprovechando de la crisis financiera de Wall Street para destruir empleo, rebajar drásticamente los salarios y romper el convenio con el sindicato. Este plan es totalmente inaceptable y exige una respuesta amplia e inmediata de todo el movimiento sindical.

¡Ni un solo despido!

Los trabajadores del automóvil a todos los niveles ?desde la base a los presidentes de las secciones locales del sindicato y los ex miembros de la ejecutiva nacional del UAW? insisten en que se establezca un límite que asegure que ni un solo trabajador del sector pierda su empleo. A esta exigencia se han sumado responsables y activistas sindicales de todo el país.

Muchos señalan que la industria del automóvil podría ser renovada rápidamente para producir coches más eficientes, coches eléctricos, trenes de gran velocidad, turbinas eólicas y otras cosas. Insisten en que podrían ser preservados todos los actuales empleos y se podrían decenas de miles de nuevos puestos de trabajo, mediante un plan de «renovación» de todo el sistema de transportes del país del tipo del Proyecto Manhattan⁽⁴⁾. Estos militantes sindicales piden a Obama que haga honor a su promesa de preservar y crear puestos de trabajo tomando medidas inmediatas en apoyo de los trabajadores del automóvil dispuestos a la lucha.

Un grupo de estos militantes llevo ese mensaje a Washington por medio de una caravana de militantes de base con ocasión de las sesiones de la Comisión del Senado, pero, como era de esperar, su mensaje en favor de los trabajadores recibió muy poca atención por parte de los medios de comunicación.

Un número creciente de trabajadores de la industria del automóvil dice ahora que el único medio de preservar los puestos de trabajo y crear otros nuevos es que el Gobierno Federal nacionalice las Tres Grandes y las ponga bajo la administración de un consejo compuesto por representantes de los sindicatos obreros, el Gobierno y la población.

El militante sindical y periodista Dan La Botz lo planteó de esta manera en un artículo ampliamente difundido por el Centro para la Renovación Sindical (“Center for Labor Renewal”):

«Es necesario que el UAW y los trabajadores del automóvil ? sindicatos y trabajadores que han trabajado a favor de Obama ? presenten su propio plan. ¿Cuál sería el eje del plan de los trabajadores del automóvil?... Salvar los empleos de los trabajadores del automóvil y las comunidades. Reconstruir la industria americana del automóvil, del transporte y de la energía… hacer de un buen trabajo la base de una buena vida.

El dinero de nuestros impuestos debe ser utilizado para salvar empleos, no para destruirlos. Por eso las empresas del sector del automóvil deben pasar a ser de propiedad pública. Este el mensaje que hay que hacer que acepte Obama, que es el que puede y debe tomar esa medida decisiva.»

Está claro que todavía no se ha dicho la última palabra en el problema de los trabajadores de la industria del automóvil. Los 17 400 millones de dólares del paquete de alivio de la deuda son sólo una medida provisional hasta la próxima primavera. Para seguir siendo solventes, las empresas del automóvil necesitan que el nuevo Gobierno les otorgue financiación por valor de más de 150 000 millones de dólares.

EL GOBIERNO DE OBAMA Y LA BUSCA DE UN «CONSENSO NACIONAL»

En su discurso tras conocerse el resultado de las elecciones presidenciales del 4 de noviembre, Barack Obama habló de la necesidad de unidad nacional entre ricos y pobres, entre una «Wall Street próspera» y una «Main Street revitalizada». ⁽⁵⁾

A la élite capitalista que posee y controla la mayor parte de la riqueza de la nación le preocupa profundamente que la oleada de negros, latinoamericanos y familias de clase trabajadora de todos los colores que ha llevado a Obama al poder sea demasiado difícil de contener y de encauzar hacia vías más seguras para la clase dirigente. Esa élite ha aplaudido ruidosamente el llamamiento de Obama a un «consenso nacional» entre obreros y patronos, entre ricos y pobres, pero, a su manera, comprende que los trabajadores y todas las nacionalidades oprimidas no serán tan fácilmente asociados a la aceptación de «soluciones comunes» con los capitalistas.

Para la élite capitalista, «consenso nacional» significa que la organizaciones de la clase obrera deben renunciar a sus reivindicaciones y demandas específicas en aras de la «unidad nacional» y del «bien común». Lo que significa reflotar la élite capitalista y no responder a las acuciantes necesidades de los trabajadores y todos los oprimidos.

De ahí su empeño en exhortar al pueblo norteamericano a «rebajar sus expectativas», que empezó en el mismo momento en que se conocieron los resultados de las elecciones del 4 de noviembre. El propio Obama advirtió:

«El camino que tenemos delante es muy largo y la pendiente empinada. Puede que no lleguemos en un año o incluso en un solo mandato presidencial».

Leon Panetta, ex jefe de de gabinete de la Casa Blanca durante la presidencia de Bill Clinton, tradujo esto de la siguiente manera:

«Todavía tenemos dos guerras que financiar y centenares de miles de millones de dólares comprometidos en descongelar el crédito. El nuevo presidente tendrá que encaminar el país hacia la disciplina fiscal. Eso significa desactivar la mayor parte de las iniciativas por las que hizo campaña el candidato victorioso.» (“San Francisco Chronicle”, 5 de noviembre de 2008).

Evidentemente eso significaría que no habría «plan de salvamento» (bailout) para la América obrera, es decir, que no habría un verdadero plan de empleo, ni una auténtica reforma sanitaria, ni apoyo a las principales reivindicaciones del movimiento obrero organizado, por no hablar de otros asuntos urgentes.

Henry Kissinger satisfecho de los nombramientos ministeriales

Tras las elecciones, a los trabajadores se les plantea la cuestión inmediata y urgente de qué camino tomar.

Para la clase capitalista la respuesta es clara: deben socorrer a los banqueros y los especuladores para sostener sus propios intereses de clase. Recibieron con gran satisfacción la presentación del equipo de asesores económicos de Obama, que incluye entre otros a Paul Volcker, ex presidente de la Reserva Federal, a Warren Buffet, un hombre que ha ganado miles de millones especulando en Wall Street y a Lawrence Sommers, ex secretario del Tesoro. La lista de consejeros de Obama parece el «Quién es quién» de la vieja guardia de financieros de Wall Street.

El júbilo de los capitalistas fue aun mayor cuando Obama nombró a Robert Gates, ex secretario de Defensa de la administración de George W. Bush, para seguir desempeñando su cargo en la nueva administración demócrata y a Tim Geithner, ex director del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, para dirigir el Departamento del Tesoro. Estos dos nombramientos movieron a Henry Kissinger (que fuera secretario de Estado con el presidente Richard Nixon y que, como es público y notorio, está acusado de genocidio contra el pueblo de Sudeste de Asia) a escribir en el Wall Street Journal de 4 de diciembre que estaba «sumamente satisfecho de los nombramientos de Obama».

La revista liberal progresista The Nation, que hizo campaña abiertamente a favor de Obama, observó en su número del 12 de diciembre la gran consternación expresada por los partidarios de Obama ante estos y otros nombramientos. El autor del artículo, Jacob Laksin, escribió:

«Para ser un candidato que se ha hecho famoso por defender el “cambio”, el presidente electo Barack Obama parece tener debilidad por la continuidad. Tal es, al menos, la conclusión que cabe deducir de su recientemente anunciado gabinete de guerra, que incluye a conocedores de los arcanos de Washington tan consumados como la “halcón” Hillary Clinton, su ex adversaria política; Robert Gates, el ex secretario de Defensa de la administración de George W. Bush, que mantiene su cargo; el general retirado de cuatro estrellas y consejero nacional de Seguridad James Jones; y la gobernadora de Arizona Janet Napolitano, nombrada por Obama secretaria del Departamento de Seguridad Interior…

Se nota en el aire un deje de desesperación… Como Nelly Dougherty, secretario de la sección 54 de la asociación “Excombatientes contra la Guerra”, lamentaba recientemente: “Obama llevó a cabo su campaña en torno a la idea de que la guerra no era legítima, pero cuando uno recurre a gente que apoyó la guerra desde el principio eso supone un mensaje muy diferente”.

Si a algunos progresistas opuestos a la guerra les ha sido difícil de tragar la presencia de Clinton y Gates en el gabinete de Obama, su decisión de escoger como consejero nacional de seguridad a un comandante retirado del cuerpo de marines, amigo y asesor de John Mac Cain e impenitente defensor del dominio global norteamericano, ha hurgado más en la herida.

No es de extrañar que los activistas partidarios de Obama estén enfurecidos. Los nombramientos nunca son una guía infalible en política, pero el gabinete de guerra de Obama sugiere que su administración será inclusiva salvo que no incluirá a los militantes contra la guerra que hace poco saludaban al senador Obama como su salvador.»

The Nation sigue lamentando que Obama esté empeñado en no cambiar la política exterior de los Estados Unidos de ninguna manera significativa.

En el momento de escribir estas líneas muchos de los más acérrimos partidarios de Obama siguen convencidos de que él cumplirá su promesa de «cambio». En la “cartas al director” de la prensa mayoritaria, en la entrevistas en televisión y en muchos blogs pro-Obama, insisten en que el hecho de nombrar a gente de derechas para cargos ministeriales no significa nada, porque «Obama es el que está al mando y hará que los demás hagan lo que él quiera». Desde luego, parten del supuesto de que lo que quiere Obama es lo quieren que ellos, los partidario de base de Obama.

Sin embargo, esta presunción se está desvaneciendo cada día que pasa, antes incluso de que Obama tome posesión del cargo.

En lo que atañe la guerra, Obama ha apoyado el acuerdo sobre las fuerzas armadas estacionadas en el extranjero [Status of Forces Agreement, (SOFA)] por el se mantendrán las tropas y bases norteamericanas en Irak hasta 2011 e incluso más allá de ese año. Se ha empeñado en que es necesario enviar 20.000 soldados más a Afganistán a combatir en la «guerra justa» contra Al Qaeda y el terrorismo; (los consejeros de Seguridad Nacional de Obama nos dicen ahora que hay que aumentar las tropas hasta el número de 30.000 en los próximos meses). También ha insistido en la necesidad de socorrer a los banqueros de Wall Street como condición previa para que la economía vuelva a la normalidad. Así mismo, ha llamado a «defender nuestras fronteras» frente a los inmigrantes sin papeles. Y la lista continúa.

En un sector cada vez mayor de los partidarios de Obama crece una profunda desazón debida a la dirección política que ha tomado su candidato.

Dos nombramientos en aras del «Consenso Nacional»

Dos de los más recientes nombramientos que menos críticas han recibido y que, de hecho, han sido ampliamente saludadas por el movimiento obrero de los Estados Unidos, son los de Arne Duncan, ex superintendente de las escuelas públicas de distrito de Chicago, para el cargo de secretario [equivalente a ministro] de Educación y de Hilda Solís, una congresista liberal de Los Ángeles, para el de secretaria de Trabajo.

El fuerte apoyo a Arne Duncan por parte de los máximos dirigentes de los dos sindicatos de la enseñanza del país ?la Asociación Nacional de la Educación [Nacional Education Association, (NEA)] y la Federación Americana de Docentes [American Fedration of Teachers, (AFT)? es a la vez execrable y revelador. Es execrable porque Duncan ha sido un ferviente defensor de las tres directivas sobre la enseñanza caras a la administración Bush y a la derecha: la ley federal para «no dejar atrás a ningún niño» [No Child Left Behind (NCLB)], las Charter Schools financiadas con dinero público pero no sometidas a control público [escuelas «públicas» autónomas que se rigen por su propia «carta escolar» y funcionan en la práctica como un negocio privado], y la «paga por méritos» [merit pay] a los docentes con «alto rendimiento».

La NCLB («no dejar atrás a ningún niño») se basa totalmente en tests. Las escuelas que no tengan éxito en los nuevos tests obligatorios pueden despedir a sus docentes y ser privatizadas, quedando anulados sus convenios sindicales. Todo está dirigido a la enseñanza de esos tests, con menoscabo de la educación básica y del pensamiento crítico. La «paga por méritos» es esgrimida para inducir a los decentes a que sus alumnos obtengan puntuaciones altas en los tests.

Greg Palast describe cómo aplicó Arne Duncan la NCLB en la escuela de enseñanza media Collins del distrito Lawndale de Chicago:

«Aquí los profesores trabajan con niños que vienen de albergues para gente sin hogar de un barrio económicamente devastado. Aunque no se lo crean, como los niños no obtuvieron buenos resultados en los test, la ciudad de Chicago despidió a todos y cada uno de los profesores. Contrataron entonces a nuevos profesores, a los también despidieron cuando, ¡qué sorpresa!, los resultados de los tests siguieron sin mejorar.»

Muchas de estas escuelas con malos resultados fueron entonces entregadas por Arne Duncan al Ejército, a la Marina y al cuerpo de Marines para que las hicieran se hicieran cargo de ellas en calidad de Charter Schools. Son escuelas que continúan recibiendo fondos públicos, pero funcionan como escuelas privadas en la medida en que no están vinculadas a la política de los distritos escolares ni en materia de currículum, ni de negociación colectiva de convenios y normas de funcionamiento. En el caso de las escuelas de enseñanza media dirigidas por militares,¡ funcionan esencialmente como centros de reclutamiento al servicio de los que hacen la guerra!

Siendo así, ¿cómo es posible que los sindicatos de la enseñanza aplaudan el nombramiento de Arne Duncan? Eso es precisamente lo que resulta tan revelador: se debe en gran parte al hecho de que las secciones sindicales locales de Chicago han sido inducidas por Duncan a participar en la «mesa de negociación» de acuerdos con la administración, los militares y el «mundo de los negocios». «Gracias a Duncan ha sido posible que los docentes estén presentes en la mes de negociación», arguyen los dirigentes locales de los sindicatos.

Hilda Solís y la Ley de Libre Elección de los Empleados (EFCA)

El nombramiento de Hilda Solís también apunta en la dirección de crear un «consenso nacional» entre el trabajo y el capital.

Solís es conocida por su apoyo incondicional al movimiento sindical y por ser una enérgica partidaria de la Ley de Libre Elección de los Empleados [Employee Free Choice Act, (EFCA)], un proyecto de ley que otorgaría a la mayoría de los trabajadores de fábricas y oficinas el derecho de afiliarse a un sindicato de su elección por medio de un acuerdo card-check (es decir, un acuerdo por el que los patronos reconocen el derecho de sindicación de sus asalariados si la mayoría de éstos firma una petición formal del sindicato). Los sindicatos han estado presionando durante muchos años por un acuerdo como ese, pero sin éxito.

Aunque la EFCA presenta varios defectos serios (por ejemplo, la prohibición del derecho de huelga durante los dos primeros años de vigencia del contrato, remitiendo todos los conflictos a un arbitraje vinculante), los patronos han comprendido claramente que su aprobación podría abrir las compuertas a una oleada masiva des sindicalización a lo largo y ancho de todo el país. Es por eso por lo que la Cámara de Comercio de los Estados Unidos ya ha anunciado que gastará 200 millones de dólares en su campaña para frustrar cualquier intento de que la EFCA sea aprobada.

Por su parte, tanto los líderes de la confederación sindical AFL-CIO como los de la coalición sindical Change to Win [“Cambio para ganar”] están presionando intensamente a favor de la aprobación de la EFTA. Le han dicho a Obama que ya es hora de que cumpla el compromiso que contrajo con los sindicatos cuando competía por la presidencia. Están preparando una acción masiva de presión y movilización para conseguir que Obama ponga en vigor la EFCA en los primeros cien días de su mandato.

Pero Obama no ha mencionado la EFCA en ninguno de sus discursos recientes. En realidad, la única declaración al respecto es la que hizo su jefe de gabinete, Rahm Emmanuel, que dijo al Las Vegas Sun el 1 de diciembre que la EFCA «no es una prioridad» de la nueva administración y que, dada la actual crisis económica, «probablemente no sea posible» avanzar en su aprobación en un futuro próximo.

Es ahí donde aparece Hilda Solís. Según Barbara O’Connors, directora del Instituto de Estudios de los Medios de Comunicación y de la Política de la Universidad Estatal de Sacramento, Solís «se dedicará a acosar y a doblegar a los sindicatos para que hagan cosas que no harían en otras circunstancias» (cita del San Francisco Chronicle del 20 de diciembre). Aunque no menciona a la EFTA por su nombre, es una clara alusión. Para Obama, la EFCA es un asunto «que divide» en un momento en el que es necesario un «consenso nacional» con el mundo de los grandes negocios para llevar a cabo un «plan de estímulo» de la economía. La única manera de conseguir que los sindicatos acepten algo que no quieren ?es decir, postergar la puesta en marcha de la EFTA? es tener a alguien en el campo del movimiento obrero que haga el juego a Obama.

Pero otra cosa es que Obama y Solís puedan conseguir realmente que los sindicatos cejen en su empeño y acepten postergar la aplicación de la EFCA. Está claro que se prepara un enfrentamiento entre el movimiento obrero e importantes sectores de la clase capitalista si los sindicatos mantienen las espadas en alto en la cuestión de la EFCA, que es lo que deben hacer.

Una creciente resistencia a los ataques del capital

El 24 de noviembre, el Consejo Sindical de San Francisco de la AFL-CIO votó a favor de la constitución de un comité de crisis económica con la finalidad de evaluar el alcance de la presente crisis y de presentar soluciones políticas y recomendaciones para ser sometidas al Consejo Sindical, a la Federación Californiana del Trabajo y a todo el movimiento obrero de los EE. UU.

La discusión de esta resolución en la asamblea de delegados sindicales del 24 de noviembre puso de manifiesto la intensidad de la cólera de los miembros del sindicato ante la agresión patronal a los derechos de los trabajadores, mientras Wall Street está siendo rescatada y los directores generales de las empresas están siendo recompensados con largueza. Howard Wallace, vicepresidente del Consejo Sindical, dijo a los delegados:

«Una apisonadora viene hacia nosotros; una apisonadora que quiere aplastar millones de empleos y todos y cada uno de los derechos y conquistas que la clase obrera ha conseguido gracias a sus sindicatos».

«No podemos esperar a que actúen los responsables oficiales del sindicato. Tenemos que empujarles a la acción» ?continuó diciendo Wallace?. «La victoria de Obama nos ha abierto una puerta, a pesar de todos los halcones y gente de Wall Street que Obama ha nombrado para integrar su gabinete; está abierta porque el pueblo ha dejado claro que quiere un cambio real. Ahora somos nosotros los que, a patadas, tenemos que abrir la puerta del todo para conseguir algunas de nuestras exigencias más urgentes, como la de preservar nuestras pensiones de jubilación, salvar nuestros empleos, conseguir un sistema de protección sanitaria fundado en el salario diferido [single-payer healthcare] y poner fin a la guerra de Irak.»

Wallace concluyó diciendo:

«Tenemos que pasar rápidamente a la acción y movilizar en inmensas multitudes a la gente de la calle. La puerta que se entreabrió el 4 de noviembre no estará abierta mucho tiempo. Tenemos que movernos rápidamente para hacer saber a Obama que vamos en serio y que no vamos a consentir que los patronos amorticen la crisis con el pellejo de los trabajadores.»

Lo que Wallace expresó con palabras es lo que ahora están poniendo en práctica sindicalistas y militantes a lo largo y a lo ancho de todo el país. Hay un sentimiento creciente de que debemos actuar ahora en pro de nuestras de nuestras reivindicaciones específicas como trabajadores, y no prestar oídos a los que nos dicen que esperemos a que Obama haga las cosas a su manera, o concederle 100 días o 1000 días de gracia antes de pasar a la acción. ¡No! Con todas las presiones que los capitalistas están ejerciendo sobre Obama para que ejecute los proyectos de la patronal, ya es hora, dice la gente, de que también presionemos nosotros a Obama para que haga lo que debe.

La iniciativa obrera por un seguro de enfermedad basado en el salario diferido (Labor for single-payer healthcare)

Eso es lo que está sucediendo, por ejemplo, en lo que se refiere al seguro de enfermedad basado en el salario diferido [single-payer healthcare]. Se ha constituido una nueva coalición ?Labor for Single-Payer Healthcare? para exigir una verdadera reforma de la asistencia sanitaria que excluya a las compañías de seguros privadas del sistema. Está coalición ha sido lanzada por el organizador nacional del Labor Party [Partido del Trabajo] Mark Dudzic, por la integrante del Consejo Ejecutivo de la AFL-CIO Nancy Wohlforth, por el ex miembro del Consejo Ejecutivo Nacional del UAW Jerry Tucker y por la presidente de la AFL-CIO de Carolina del Sur Donna Dewitt.

En el momento de escribir estas líneas Obama y cierto número de senadores demócratas están trabajando en la modificación de una ley [mandate law] del estado de Massachussets que preservaría el papel las compañías de seguros privadas y obligaría a contratar con ellas un seguro de enfermedad a todo el que no lo tenga concertado a través de sus patronos.

Los días 10 y 11 de enero se celebrará en Saint Louis una reunión de lideres sindicales a nivel local y de los estados de la coalición Labor for Single-Payer Healthcare. Dirigentes sindicales del más alto nivel del Consejo Ejecutivo de la AFL-CIO nacional y de algunas de las 39 federaciones de los distintos estados han apoyado la iniciativa Single-Payer y han anunciado que acudirán a la reunión.

Pero quien se opone con ardor a esta iniciativa es Andy Stern, presidente del sindicato de empleados del sector de servicios SEIU [Service Employees International Union] y organizador de la coalición Change to Win, que se escindió de la AFL-CIO en 2005. Stern está apoyando el «compromiso» de Obama desde antes incluso de que discutieran las diferentes opciones.

Stern tiene un sórdido historial en lo que a la reforma de la asistencia sanitaria se refiere. En California, rompió la unidad con la Federación Californiana del Trabajo (AFL-CIO) para brindar su apoyo a un plan individual mandate de reforma sanitaria en alianza con el gobernador republicano Arnold Schwarzenegger y la compañías de seguros; (de hecho, Art Pulasky, secretario de la Federación Californiana del Trabajo y la AFL-CIO de Los Ángeles formaron un piquete frente a la convención en la que Stern y Schwarzenegger promocionaron juntos esta fraudulentamente llamada «reforma» de la asistencia sanitaria.

Stern concedió una larga entrevista al la revista The Nation, de la que algunos extractos fueron republicados en el número del 10 de diciembre. El editor resumió los puntos de vista de Stern como sigue:

«Stern no cree que Obama está obligado con Wall Street de la misma manera que lo estaban los anteriores presidentes o incluso como lo están los actuales senadores. Dijo que Obama “tiene su propio sistema de rendir cuentas” y cree que en “este momento de transformaciones” los progresistas (cuando se trata de prioridades de política nacional) deben preguntar: “¿Cómo conseguiremos que lo que el presidente quiere hacer se haga?”

En particular,

«Stern cree que “vamos ha hacer que se apruebe un sistema universal de asistencia sanitaria ?el Plan de Max Baucus es muy parecido al que ha propuesto Kennedy?”. Que Tom Daschle [el nuevo secretario de Sanidad y Servicios Sociales. Nota del Editor] sea el que esté al frente es “un gesto increíblemente positivo”.

Ese Plan Baucus-Daschle es, naturalmente, una plan individual [individual mandate] que deja el seguro de enfermedad en manos de compañías de seguros privadas y que, por consiguiente, no será un verdadero plan de reforma del sistema de asistencia sanitaria.

En su entrevista con los editores de The Nation, Stern deja claro que sigue firmemente aferrado a soluciones a la crisis de tipo «corporativistas» o de «asociación de los trabajadores y la dirección de la empresa». El artículo de The Nation señala:

«En esa línea, Stern discutió el tipo de pensamiento estratégico que significaría ver una “diferencia entre independencia e interdependencia”. No podemos abordar el momento actual solamente sobre la base de nuestras propias cuestiones; tenemos que contemplar toda una serie de cuestiones y trabajar juntos.»

Ahí está el meollo del problema: no es posible que el movimiento obrero alcance sus reivindicaciones ayudando a Obama a conseguir lo que él ?Obama? quiere conseguir, en vez de lo que el movimiento obrero quiere conseguir. No es posible dar una solución positiva a las demandas de los trabajadores cuando se está asociado con Wall Sreet y la patronal; los trabajadores tienen que rechazar el concepto de «interdependencia» con los patronos y los especuladores de Wall Street. Para lograr sus reivindicaciones, la clase obrera necesita preservar su independencia y luchar por sus propios intereses.

En este sentido, la conferencia de Labor for Single-Payer Healthcare de Saint Louis a mediados de enero, diez días antes de la toma de posesión de Obama, muestra el camino a todo el movimiento obrero.

Otros importantes signos de resistencia

Tras las elecciones del 4 de noviembre, el estado de animo de la clase obrera está cambiando en el sentido de hacerse cargo por sí misma de propios asuntos.

? En Chicago, el 4 de diciembre 240 obreros sindicalizados de la empresa Republic Windows and Doors Co. abandonaron el trabajo y además ocuparon la planta, acción esta última que no se veía en los Estados Unidos desde las huelgas de brazos caídos de 1936-1937 que llevaron a la constitución del sindicato United Auto Workers.

Los obreros, organizados en el sindicato Union Electrical Workers (UE), exigieron su indemnización por despido, atrasos y seguro de enfermedad tras el anuncio de que la empresa iba a cerrar la fábrica porque el Bank of America, uno de los bancos que ha recibido dinero del plan de rescate del gobierno federal, no iba a seguir concediendo préstamos a la empresa.

La huelga de brazos caídos atrajo la atención publica e todo el país. Inmediatamente los políticos de toda la región pidieron que el Bank of America proporcionara fondos para satisfacer las demandas de los obreros.

El propio Barack Obama intervino a favor de los trabajadores, lo que supone una señal para todo el movimiento obrero de los EE. UU. en el sentido de que, si el movimiento obrero actúa con determinación, puede obligar a Obama a responder favorablemente en apoyo de sus reivindicaciones.

Después de diez días de intensa lucha, el Bank of America depuso su actitud y abrió una línea de crédito que permitió a la Republic pagar 1.750.000 dólares a los obreros. Se había conseguido una gran victoria, aunque los obreros no consiguieran conservar sus empleos (una lucha que todavía mantienen). Al emprender es acción decisiva, los 240 obreros de la Republic ?en su mayoría trabajadores negros y latinoamericanos? vigorizaron el movimiento obrero y demostraron que los trabajadores pueden en efecto conseguir sus reivindicaciones.