A todo el magisterio nacional, a los afiliados al Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (COPEMH), al gobierno de la Presidente Xiomara Castro, al pueblo hondureño en general, hacemos la denuncia pública siguiente:

El día 31 de octubre del 2023 se realizaron elecciones en el COPEMH para elegir la Junta Directiva Central (2024-2026). Todo el proceso realizado ha sido una serie de acciones que los desacreditan por completo; los comportamientos para apoderarse del COPEMH son una violación a la vida orgánica de la organización, una cadena de imposiciones totalmente ilegales fue conspirada por traidores del magisterio COPEMH como Geovanny Coello y Pablo Oyuela, juntos se aliaron con el FREDECOPEMH.

En el afán de asaltar el COPEMH, con el objetivo de enterrar los resultados de la AUDITORÍA FORENSE realizada en el 2021, los corruptos cometieron innumerables arbitrariedades e imposiciones en el proceso electoral. Le recordamos al magisterio COPEMH que entre los mayores responsables del saqueo de los L. 63,000,000 están; Eulogio Chávez, Oscar Recarte, Leonel Escoto y el Sub Secretario de Educación Jaime Rodríguez. Los personajes anteriores se han hecho un nudo, y, muy rápido encontraron sus caballos de Troya dentro del FRC, de tal forma que, desde la SEDUC endulzaron a dos miembros de la Junta Directiva Central para que asaltaran el FRC (Geovanny Coello y Pablo Oyuela), un propósito que no fue difícil ya que, los dos traidores corrieron a entregarse al mejor postor aliándose con los tres representantes del FREDECOPEMH en la Junta Central, logrando una mayoría simple (5 a 4) que se encargó de boicotear todo el trabajo de Joel Navarrete en el 2023.

Ante el peligro inminente impulsado desde la misma SEDUC que dirige Daniel Esponda Velásquez, la gran mayoría de la base COPEMH muy rápido se organizó en un nuevo Frente llamado FRENTE DIGNIDAD DEL COPEMH (FDC), motivo por el cual; los nuevos asaltantes de un Colegio Magisterial iniciaron un gigantesco fraude similar al realizado por el narcodictador en el 2017.

Al ser mayoría el grupo de asaltantes en la Junta Directiva Central (el FREDECOPEMH tres miembros y dos del FRC), se impusieron en la elección de la representante de la JDC para la conformación del Consejo Electoral Nacional (CEN), pero, además; resucitaron un frente desaparecido llamado FRETC. De esa forma, los representantes del FREDECOPEMH, FRC, FRETC más la representante de la JDC, impusieron como presidenta del CEN a la profesora Fátima Mejía, exesposa de Eulogio Chávez, uno de los principales saqueadores. Estas primeras acciones fraudulentas todavía no les garantizaban imponer a su candidato: el profesor Alexis Vallecillo, motivo por el cual, establecieron una alianza electoral. Sin embargo, aquí cometieron otra ilegalidad más; mantuvieron los representantes en el CEN de forma individual como frentes, de esta forma en toda decisión que tomaron aplastaron a los representantes del FDC y del FAC.

Entre las otras acciones fraudulentas que cometieron en el proceso están; Frentes que no se inscribieron en el proceso electoral como es el caso del FRETC, cambiaron el reglamento del 2013 (una atribución que solo le compete a una ASAMBLEA NACIONAL), el asistente del Sub Secretario de Educación, Miguel Rostrán estuvo inmiscuido en la impresión de papeletas, eliminaron el Cociente Electoral para la conformación de la JDC, permitieron votar a docentes afiliados posteriormente a la fecha establecida para determinar el padrón electoral (9 de octubre).

Todas las acciones ilegales cometidas en el proceso electoral han sido documentadas por el FDC y el FAC, material que ha sido presentado como evidencia para impugnar todo el proceso electoral ante la DIRRSAC, la denuncia del fraude también se interpuso ante el Ministerio Público. En un mensaje enviado a Joel Navarrete el 18 de enero, la Dirección de Regulación, Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles, manifiestan que la JDC que los usurpadores han publicado en diferentes periódicos “no se inscribirá mientras no se dirima el conflicto”

Hacemos un llamado al magisterio COPEMH, principalmente a militantes y simpatizantes del FDC, para mantenerse alerta, actualmente “NO HAY JDC”, seguiremos los procedimientos legales para no permitir que nuestras cotizaciones sigan siendo robadas, además que los 63 millones sean devueltos.

Tegucigalpa M. D. C. 28 Enero 2024

¡Los culpables deben ser castigados!

Durante las últimas dos semanas se ha producido una consulta pública democrática, un verdadero referéndum en las calles de toda la república: el pueblo panameño ha salido masivamente a decirle NO al contrato con First Quantum Minerals, y a exigirle al gobierno del Laurentino Cortizo que proceda a la DEROGACIÓN DEL CONTRATO LEY 406, de lo contrario debe renunciar.

No nos equivocamos si afirmamos que millones de panameños y panameñas han salido a las calles de todas las regiones del país, desde la ciudad de Panamá hasta cada una de las capitales provinciales, comunidades, barrios populares y comarcas indígenas, ha repudiar el espurio contrato que mantiene un enclave minero, que está destruyendo la naturaleza y saqueando nuestras riquezas a cambio de una bicoca.

El pueblo ha llenado todas las vías y caminos de manifestantes, desde muy temprano en la mañana hasta altas horas de la noche,  cuando decenas de miles de jóvenes marchan en los distintos espacios públicos del país. Además, los y las panameñas que viven o estudian en el exterior han ido a piquetear los consulados para repudiar el contrato vende patria, desde Barcelona, Londres, Dublín, Nueva York, hasta Toronto en Canadá, donde han piqueteado las oficinas de la empresa First Quantum Minerals, también  se manifestaron en Montreal y en otras ciudades del mundo. Paralelamente, siguen llegando pronunciamientos de solidaridad con Panamá.

Hoy, más que antes, la voz del pueblo se ha expresado rotundamente y ha dicho NO al  Contrato  Ley 406. Sin embargo, el gobierno de Laurentino Cortizo se hizo de oídos sordos al clamor popular y se ha burlado de la ciudadanía al firmar un Decreto Ejecutivo  que suspende concesiones mineras a futuro y mantiene intactos 15 concesiones vigentes, que amenazan zonas estratégicas del país: desde Cerro Quema a Cañazas y Darién.

Basta de burlas a la voluntad popular. Cortizo tiene una sola opción: emitir una ley que derogue el Contrato ley 406 o RENUNCIAR.  En su renuncia, Cortizo NO puede ser suplido por su vicepresidente, José Gabriel Carrizo, ya que es un protector  de los intereses mineros. Tendría que conformarse un gobierno provisional con dos tareas concretas: 1) La Derogación Inmediata del Contrato Ley 406 y 2) Asegurar Unas Elecciones Democráticas.

Panamá, 30 de octubre de  2023.

 

Polo Ciudadano

El Polo Ciudadano de Panamá celebra la concreción de la nómina presidencial conformada por la profesora Maribel Gordón y el politólogo Richard Morales, para las elecciones de 2024. Dos personas de gran trayectoria y respaldo popular, conocedoras de la realidad social, económica, ambiental y política, entre otras esferas que afectan el bienestar y los derechos humanos de la población panameña. 

Sin duda es una gran victoria para el pueblo panameño las más de 170 mil firmas obtenidas por la profesora Maribel Gordón, a pesar de que el Tribunal Electoral solo reconociera 163 mil rúbricas. 

La nómina presidencial Maribel Gordón y Richard Morales, es la única de libre postulación, verdaderamente independiente, pues la otra candidata y el otro candidato, siguen dentro de sus respectivos partidos (PRD y Panameñismo).

La nómina presidencial de la profesora Maribel Gordón y su vicepresidente Richard Morales constituye una victoria popular, por ser el resultado de la gran rebelión popular de julio de 2022, contra el alto costo de la vida, del que la candidata a presidenta fue una de sus grandes voceras. Por ello, el Plan Para la Vida Digna que ha presentado esta candidatura, recoge las demandas que el pueblo panameño expresara en las calles exigiendo control de precios de la comida, las medicinas y el combustible, mejor educación y salud pública, repudio a la corrupción, a la injerencia imperialista, a la evasión fiscal de los/as ricos/as y por una sociedad democrática, justa e inclusiva, con el eje centrado en el bienestar de los seres humanos y el respeto a todos sus derechos.

La militancia del Polo Ciudadano está consciente del respaldo que la nómina Gordón-Morales ha recibido y seguirá recibiendo en este proceso electoral, hasta llegar a las urnas en las elecciones de mayo de 2024, pese a las coartadas antidemocráticas del sistema electoral panameño.

El reto que continúa es el de seguir fortaleciendo al movimiento popular y las distintas expresiones de los movimientos sociales y reivindicativos, entorno a un gran movimiento nacional, articulado y coordinado, que permita continuar en unidad para llevar a cabo los desafíos de la campaña electoral y lograr una gran victoria en las elecciones de mayo de 2024, con la nómina presidencial: 

        Maribel Gordón, presidenta - Richard Morales, vicepresidente.

Panamá, 31 de julio de 2023

Polo Ciudadano (PC)

Las personas y organizaciones abajo firmantes, motivadas por los graves hechos que se están produciendo respecto a la negociación de un nuevo contrato con la empresa transnacional First Quantum Minerals (FQM), registrada en nuestro país como Minera Panamá, señalamos:

Panamá es un país cuyas características biofísicas (como el ser parte del Corredor Biológico Mesoamericano) lo hacen incompatible con la minería, una actividad económica cuya sostenibilidad es imposible, contrario a la propaganda de FQM. A su vez, el Istmo, según Cepal (2020), tiene un nivel “severo” de vulnerabilidad al cambio climático al año 2030. Durante todos los años de operar en el país, la empresa ha utilizado drásticos métodos extractivistas a cielo abierto, que han destruido centenares de hectáreas de bosque tropical en el distrito de Donoso, además de incurrir en más de 200 infracciones ambientales registradas, pese a lo cual continúa exigiendo aún más hectáreas cada año. A pesar de todo lo anterior, más del 50% del territorio istmeño permanece abierto a concesiones de exploración y explotación minera.

Si bien el aspecto económico es importante, es un error seguir centrándolo en el PIB, un indicador obsoleto e insuficiente, tanto para medir el bienestar de la población y tomar decisiones que den respuesta a sus necesidades, como para encarar una crisis climática que sigue sin discutirse en Panamá con la amplitud y seriedad que amerita.

Desde que inició operaciones, FQM ha violado la Constitución y las leyes del país de todas las formas posibles: su concesión no pasó por licitación y además viola el artículo 290 de la Constitución Política que prohíbe operar a empresas cuyos propietarios sean estados extranjeros, como es el caso de FQM, cuyas acciones están en un 60% en manos de China, Singapur y Corea del Sur.

Luego de aprobarse bajo dudosas circunstancias en la Asamblea Nacional, el contrato ley de FQM fue demandado inmediatamente, pero la Corte Suprema de Justicia tardó casi 20 años en emitir un fallo de inconstitucionalidad. El fallo fue emitido recién en 2017 (y ocultado por el gobierno de J.C. Varela), con lo cual la empresa se ha mantenido operando inconstitucionalmente. Lo anterior convierte a sus ganancias en un vil robo al país.

FQM no solo ha saqueado el cobre de Panamá, sino además oro, pagando migajas de 2% sobre enormes regalías de miles de millones de dólares, (en comparación con lo que pagan empresas similares y la misma empresa en otros países), mientras goza de otras grandes exoneraciones. Al mismo tiempo, se trata de una extracción que no genera verdadero bienestar (a largo plazo y con autonomía) para las poblaciones que dependen de los servicios ambientales proveídos por la rica biodiversidad de las zonas devastadas por FQM.

La multinacional FQM ha violado sistemáticamente el Código de Trabajo panameño, con métodos gansteriles y despidiendo incluso a una parte de la dirigencia sindical durante la pandemia de COVID-19. Al día de hoy, FQM se niega a acatar los fallos de los tribunales de trabajo que exigen sus reintegros.

FQM se ha convertido en un enclave minero al que las autoridades panameñas no pueden acceder sin autorización de los gerentes de la empresa, como si se tratara de un país extranjero o de la desaparecida Zona del Canal.

Desde la publicación del fallo de inconstitucionalidad, FQM simuló negociar un nuevo contrato, haciendo quedar en ridículo al presidente de la república, Laurentino Cortizo, ya que ahora la empresa se niega a firmar y descaradamente pide más concesiones onerosas en el territorio panameño.

Ante la burla de la negociación fingida, agravada por más de un año sin pagar regalías al país, a la vez que la empresa continúa extrayendo mineral, el gobierno de Cortizo tomó medidas laxas e inconsecuentes al decretar la suspensión de las operaciones comerciales, con la posterior apelación de la empresa para seguir como si no pasara nada.

Entendemos que la actuación tibia e inconsecuente del actual gobierno frente a FQM se debe a que está filtrado por personas relacionadas con el negocio minero, empezando por el vicepresidente José Gabriel Carrizo, exabogado de Petaquilla Minerals, empresa que “traspasó los derechos” a FQM.

Por todas las consideraciones expuestas, las organizaciones ecologistas, gremiales, sindicales, populares, entre otras firmantes, EXIGIMOS del gobierno panameño:

Declarar la moratoria para nuevas concesiones en todo el territorio nacional, permitiendo al país salvaguardar el agua, los bosques y la vida silvestre, cuya protección es imperante ante la emergencia climática que vive el planeta y a la que el Istmo no es ajena.

Proceder a la nacionalización de la mina para hacer valer la Constitución Política, las leyes ambientales y laborales de Panamá frente a los abusos de esta multinacional. Lo anterior implicaría explorar la posibilidad de declarar improcedente una indemnización a la multinacional, tomando en cuenta el incalculable valor de los entornos naturales devastados en su beneficio y las exorbitantes ganancias obtenidas (y no gravadas) con un contrato inconstitucional por más de 5 años.

Un debate amplio y democrático que permita al pueblo panameño decidir cómo utilizar la renta post-nacionalización y cómo gestionar y mitigar los efectos del eventual cierre de la Mina. Planteamos estimular otras actividades económicas en armonía con la naturaleza y emplear políticas focalizadas en la situación de los trabajadores y de las comunidades, cuyo abandono sistemático ha servido a FQM para hacerlas dependientes del extractivismo. El eventual cierre total es ineludible si el país asume un verdadero compromiso de cara a la crisis ambiental global y sus efectos sobre el Istmo.

Panamá, 2 de febrero de 2023

Firman: Antónima, Polo Ciudadano, ASOPROF capítulo de la Universidad de Panamá, Sindicato de Trabajadores de la Educación Nacional (SITEN), Colegio de Sociología y Ciencias Sociales de Panamá (CoSCiesPa), Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-Panamá), Movimiento Alternativa Socialista, Juventudes Revolucionarias de Panamá y Reforma Estudiantil.

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