Por Oliverio Mejía

El golpe de Estado del 30 y 31 de marzo de 1963 se caracterizó por el control que el ejército de Guatemala asumió en el Estado, en el marco la crisis política burguesa que se vivía, la acelerada descomposición de gobierno del general José Miguel Ramón Ydígoras Fuentes y el avance de las luchas de clases en ese periodo.

Para este artículo se tomó como fuente un análisis elaborado en 1982 para la revista Polémica publicada en San José, Costa Rica, por el Instituto Centroamericano de Investigaciones Sociales (ICADIS).

Antecedentes

Según este análisis publicado por el ICADIS se tenía como antecedentes el fracaso del levantamiento militar del 13 de noviembre de 1960, de la sublevación popular de marzo-abril de 1963 y las elecciones municipales de noviembre de 1962. Estos hechos catapultaron a que el ministro de defensa nacional del gobierno de Ydígoras, al mando de los llamados Trece Coroneles, con la venia del Departamento de Estado y de la administración de John F. Kennedy, protagonizara el golpe contra el gobierno electo del propio general Ydígoras.

El ejército, que venía de una serie de divisiones, como el levantamiento nacionalista de izquierda de noviembre de 1960 dirigido por los tenientes Luis Turcios Lima y Marco Antonio Yon Sosa (base de las consiguientes guerrillas de izquierda), así como los conflictos interburgueses entre facciones que habían apoyado a Ydígoras Fuentes y otras abiertamente anticomunistas, cerraba filas alrededor de estas últimas; autopurgándose, asumiendo con el golpe de Estado un papel claramente pretoriano y bonapartista.

Ydígoras Fuentes, un militar de tradición ubiquista –dictadura derrocada tras la revolución democrática de 1944–, quien había competido en las elecciones de 1950 contra el coronel Juan Jacobo Árbenz sin tener mucho apoyo social, y se había opuesto a las medidas reformistas nacionalistas de éste; Ydígoras era cercano al gobierno contrarrevolucionario de Carlos Castillo Armas, asesinado por un agente del dictador dominicano Trujillo, y había sido víctima de un fraude electoral impulsado por sectores oligárquicos, quienes asumieron el control del Movimiento de Liberación Nacional (MLN), quien con el apoyo de la CIA,  llevaron a cabo la invasión procedente de Honduras en 1954.

Tal fraude, realizado en 1957, generó una serie de protestas populares que obligó a la camarilla anticomunista que derrocó a la revolución, a abrir el régimen político producto de la contrarrevolución, realizándose nuevamente elecciones en las que ganó Ydígoras bajo su partido denominando Redención, asumiendo el gobierno el 2 de marzo de 1958. En sus primeros años este gobierno se caracterizó por abrir los espacios políticos a personas de izquierda, posibilitar la organización sindical y estudiantil y el retorno de los presos políticos; sin embargo, en el ínterin se fue haciendo cada vez más reaccionario y corrupto, aunque manteniendo diferencias con el ala más anticomunista de la derecha y concentrada de la oligarquía dirigida por el MLN. Así se llega a las elecciones municipales de noviembre de 1962.

Estas elecciones, donde participa una serie de partidos políticos de derecha y de izquierda, algunos ligados al clandestino Partido Guatemalteco del Trabajo en alianza con sectores revolucionarios de la socialdemocracia, son calificadas como fraudulentas a favor del partido oficial.

Una serie de factores se fueron acumulando hasta llegar el levantamiento popular de marzo y abril de 1963, donde el movimiento estudiantil universitario y de secundaria, sectores organizados de los barrios capitalinos de clase trabajadora y sindicatos clasistas, influidos por el PGT y el Partido de Unidad Revolucionario (socialdemócrata de izquierda), el Partido Revolucionario (PR, socialdemócrata de derecha), la Democracia Cristiana de Guatemala (DCG) y otros; estos partidos desactivaron la movilización cuando en algunos lugares de la ciudad se había hasta creado órganos de poder popular. Esto con la visión de las próximas elecciones presidenciales, donde el ex presidente Juan José Arévalo canalizaba al voto progresista, de izquierda y popular, considerándose una posible victoria electoral.

En ese marco ya se había realizado el levantamiento militar de Yon Sosa y Turcios Lima, habiendo fracasado tras el apoyo que la misión militar gringa había dado al gobierno de Ydígoras, quedando un reducido número de militares que había sobrevivido realizando acciones guerrilleras. El PGT, por su parte, había intentado crear un foco guerrillero que fue un fracaso, al ser rastreado y destruido por el ejército. Los reductos guerrilleros y el levantamiento popular no tuvieron ningún tipo de coordinación; es después, tras la derrota de la insurrección popular y el entroncamiento militar, que algunos militantes se vuelven parte de las guerrillas.

La crisis del gobierno de Ydígoras

Este gobierno era producto de la crisis de gobernabilidad, producto a su vez de la contrarrevolución, de los conflictos interburgueses y la movilización popular. El golpe de Estado de 1963, ante el escenario de un posible triunfo de Arévalo, salda esta situación a favor de las facciones oligárquicas de la burguesía, liquidando a un gobierno constitucional de derecha. Cerró la posibilidad de que fuerzas progresistas llegaran por la vía electoral al gobierno.

Arévalo tenía el apoyo de una serie de partidos pequeños que se identificaban con él, como el Nacional Revolucionario, Revolucionario Ortodoxo, Unión Democrática y el Movimiento de Acción Revolucionaria. El ICADIS mencionaba que el golpe de Estado tuvo el apoyo de la prensa escrita y de la embajada estadunidense, donde el embajador, John O. Bell, calificaba a Arévalo de comunista y mal candidato. Según la fuente consultada, la política de ese país fue ciega ante la oportunidad que la fuerzas democrático electorales asumieran el gobierno y forzaron a la polarización política.

Esto pese a que Arévalo había abjurado de su pasado revolucionario y asumido un discurso anticomunista, calificando de peligroso el posible injerencismo de Moscú, usando para eso a la Revolución Cubana recientemente triunfante. Es más, confiaba, según el ICADIS, en que el presidente Kennedy y sus consejeros, considerados por Arévalo, por un ala de izquierda del Partido Demócrata y de la Universidad de Harvard simpatizante de las clases trabajadoras, al grado de considerar que EU estaba más cerca de corrientes democráticas como el arevalismo.

Volviendo al tema central, el ICADIS consideró que el coup d´Etat  no fue antiydigorista sino antiarevalista, y en proporción profundamente antipopular, donde recurrir al golpe y romper la legalidad que las camarillas gobernantes anticomunistas habían construido desde 1954, fue un ejemplo de la crisis política. Anota que las diversas fracciones de la burguesía, sobre todo la más concentrada, mandan al traste la salida electoral, bloqueando el camino a la democratización, iniciando dos características que se desmontaron hasta la década de los ochenta.

Esas dos características fueron, la contrainsurgencia y el papel del ejército como ente bonapartista que dirime las diferencias entre fracciones burguesas y garantizaba la dominación de clase, manteniendo los conflictos entre éstas dentro de los límites bajo su control.

El golpe de Estado suspende la Constitución Política de 1956, ya claramente anticomunista, poniendo en el gobierno, como se dijo, al ministro de defensa Enrique Peralta Azurdia, que gobernará hasta 1966; la asonada tuvo el apoyo de los jefes y oficiales de las guarniciones militares del país. Con eso, el ejército tomó el control directo del poder político, remodelando un régimen que se denominó como el generalato, realizando elecciones fraudulentas y donde participaban partidos claramente anticomunistas, que duraría hasta otro golpe de Estado, el del 23 de marzo de 1982.

Ahora bien, este golpe de Estado, como bien lo califica el ICADIS, fue claramente preventivo, un primer paso para lo que fue un gigantesco movimiento contrainsurgente, lo cual mostraba el miedo de la burguesía al sufragio universal y el hecho de ceder de parte de ésta el control del gobierno al ejército, mostrando una clara debilidad de la primera.

La naturaleza del régimen que se implantó

Por otro lado, el carácter contrainsurgente se mostraba en que al imponer un gobierno claramente dictatorial, que gobernó bajo estado de excepción, de facto por mil días y bajo 20 meses con estado de sitio, se desactivaba cualquier movilización popular y con el pretexto de la existencia de grupos guerrilleros, con lo cual el Estado asumió la creación de un enemigo interno, se destruye a éstos, que operaban en el oriente del país y en la capital; y se inició la persecución  a todo critico al régimen, metiendo en mismo saco a cualquier opositor, calificándolo de comunista.

Como bien califica el artículo que se cita, no fue la guerrilla quien quiebra la superestructura institucional del Estado, sino las contradicciones provocadas por la organización y las luchas populares en ascenso, ratificando al ejército como el más importante factor de poder.

Uno de los resultados del gobierno militar fue una nueva ley electoral que fue una vuelta más en la cerradura de la participación, al limitar la participación a solo los partidos denominados por el régimen como democráticos, es decir que asumiera la ideología anticomunista.

Entre los elementos que tenía esta ley estaban, que para la conformación de partidos políticos tenían que lograr 50 mil adherentes, donde el 50 por ciento tenía que ser alfabeta – situación que fue cambiada hasta la ley electoral actual promulgada por la Constituyente de 1984 –, además de entre los figurantes de los partidos políticos de ese momento no podían haber salido en las listas del Comité de Defensa contra el Comunismo, creado tras el derrocamiento de Arbénz. Otro elemento claramente anti democrático, fue que la entidad encargada para autorizar la legalidad partidaria, era una oficina denominada Registro Electoral, dependiente del Poder Ejecutivo.

El objetivo de todas estas medidas era que se buscó una legalidad que reglamentara las diferencias interburguesas dentro de los marcos de una partidocracia totalmente reaccionaria, y de paso vedar la posibilidad de que fuerzas revolucionarias (como algunas que lo intentaron en la década de los setenta, tales como el Frente Unido de la Revolución) participaran, o hacer cuesta arriba esa participación.

Un régimen político contrainsurgente

La dictadura militar de Peralta Azurdia decretó una nueva Ley de Defensa de las Instituciones Democráticas, inspirada en una renovada ola de odio político, con pretensiones de cruzada religiosa. De tal forma que junto a esa ley y la electoral ya mencionada, el gobierno convocó a la elección de una Asamblea Constituyente donde solo participaron los ultra conservadores MLN y el PR, la DCG, un socialcristianismo conservador, fue vedada. Estos promulgaron con prisa en julio de 1965 una nueva constitución, la más reaccionaria según ICADIS de la vida republicana del país.

Sin embargo, en las elecciones presidenciales de 1966, el PR, con Julio César Méndez Montenegro, después de que su hermano fuera asesinado y que tenía un perfil más democrático, Julio ganará las elecciones, asustando al ejército. Ya para ese momento las Fuerzas Armadas Rebeldes y el Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre estaban debilitadas por el accionar militar y nuevamente despertó la ilusiones electorales de sectores populares y de actores de izquierda, aun de algunos armados, con el gobierno de Méndez Montenegro.

Pero el ejército hizo valer su calidad de depositario del poder, obligó al nuevo gobierno a cederle el control y continuó con el operativo contrainsurgente apoyado por EU, y la persecución contra las organizaciones populares. Esto le dio paso a lo que se denominó el generalato, con gobiernos supuestamente electos, conformados por militares de los partidos MLN, PR y el partido cuasi oficial, el Institucional Democrático.

Tras escandalosos fraudes electorales, nuevamente despertó la organización popular y el accionar guerrillero, lo que otra vez puso en jaque el régimen político, hasta que de nuevo otro golpe de Estado preventivo, el de 1982, canalizará la lucha de clases, previo represión y genocidio, con una nueva constitución, la actual, en una nueva institucionalidad burguesa estrenada en 1985, bajo un régimen político de reacción democrática.

Bandera del Estado de Los Altos

Un episodio poco conocido de nuestra historia, fue la creación del Estado de Los Altos, en el año 1838, el mismo año que se produjo la disolución de la República Federal de Centroamérica. Por motivos de espacio, publicamos extractos del Libro que, sobre el tema, ha escrito el historiador Arturo Taracena Arreola.

(...) La caída del gobierno de Gálvez

La justificación histórica de los altenses para validar su decisión de separarse de Guatemala, ya lo sabemos, tenía como argumento el verse a sí misma como una región autosuficiente, con capacidad de convertirse en Estado. Así lo expresaba el considerando número 1 del Acta del pronunciamiento de Quetzaltenango de segregación de Guatemala para formar el Sexto Estado (de la República Federal), firmada el de 2 febrero de 1838:

“Que la naturaleza llama a los pueblos de los Altos a formar un sesto Estado de la Unión federativa por su posición topográfica, por la vasta estensión de su territorio, por su riqueza e industria, por sus artículos comerciales y por el suficiente número de sus habitantes.”

Al argumento anterior, la élite quetzalteca adicionaba el reclamo de la existencia de un sentimiento colectivo de subyugación en Totonicapán, Sololá y Quetzaltenango por haber sido "constantemente oprimidos y vejados con providencias violentas y con cargas y contribuciones exhorbitantes” por la ciudad de Guatemala, con el propósito de “mantener fuerzas numerosas que sostengan las miras hostiles del que manda” (considerando no. 7). De igual modo, en los considerandos 2 al 6, los quetzaltecos hacían mención, como parte de esa frustración, de los reiterados intentos altenses desde 1824 hasta 1837 por constituir un Estado. Impedidos uno a uno por las maniobras Legislativas de los políticos guatemaltecos, ya sea liberales o conservadores, en el Congreso Federal y en las instancias del Estado.

En un tercer nivel, aparecen los acontecimientos políticos inmediatos que a juicio de ellos habían desbordado el vaso durante la administración del jefe Mariano Gálvez, resumidos en los considerandos 9 y 10. En las elecciones federales del año 1837, Quetzaltenango se había quedado sin representación en el Congreso a causa de "los manejos e intrigas escandalosas con que los ajentes del Gobierno maniobraron para que no tuviese parte en las deliberaciones del Estado, cuya circunstancia sola es un derecho para su segregación”.

(…) Pero no bastaba con eso, sino que además se daba el incumplimiento por parte del gobierno de las demandas económicas hechas por las juntas y corporaciones y los representantes altenses a la Asamblea “sobre que se quitasen impuestos”, composturas de caminos”, "la construcción de un puente sobre el río Salamá”, la habilitación del puerto de Ocós”, para lo que había "empresarios que los hacían a su costa”.

Sin embargo, la razón coyuntural para hacer su declaración de independencia a inicios del mes de febrero de 1838 radicaba en el hecho que el Estado de Guatemala había entrado: “en la más desastrosa anarquía: que los pueblos se están pronunciando justamente contra el Gobierno, lo desconocen y desobedecen: que por todas partes se presentan facciones armadas en el Estado sin objeto ni plan, que roban y asesinan a los ciudadanos: que el Gobierno no tiene ni fuerza ni respetabilidad alguna con que destruirlas, ni para asegurar las vidas propie-dades y demás garantías constitucionales...’”

(…) Ese mismo día 2 de febrero, el Dr. Mariano Gálvez era sustituido en la jefatura del Estado por el Dr. Pedro Valenzuela, luego de varios meses de insurrección campesina de los montañeses en el Oriente del país, de descontento generalizado entre la población indígena del altiplano y de complot armado del denominado partido de los Opositores, en cuyas filas se topaban disidentes liberales, resurgidos conservadores y enfurecidos empresarios de la ciudad de Antigua. (…)

La declaración del 2 de febrero de 1838

Aunque la ciudad de Quetzaltenango dio el grito de segregación de Guatemala el 2 de febrero y el día 5, formalmente, se agregaban a él las municipalidades de San Miguel Totonicapán y de Sololá, no fue sino hasta el día 7 que se pudo formalizar legalmente el acta que ponía en marcha el proceso de creación del Estado de Los Altos. Nombrado miembro del gobierno interino local, Marcelo Molina Mata señala en sus Ligeros apuntamientos que:

“en las azarosas circunstancias en que se encontraba esta Capital (Guatemala) y comprometida ya la población de Quezaltenango con su solemne pronunciamiento, no era posible negarme a las instancias de las personas más notables de aquel vecindario... Así que marché precipitadamente de San Marcos (donde fungía como juez) a Quezaltenango, cuyos habitantes, reunidos en un paseo público, celebraban con alborozo y alegría el grito de independencia”.

(…) El contenido de las nueve resoluciones del Acta del pronunciamiento de Quetzaltenango exige un análisis detallado para tener una idea del alcance político de la maniobra quetzalteca e ir viendo más adelante, tanto sus realizaciones y sus fracasos, como sus variantes. El primer punto a constatar es el de la dimensión geográfico-administrativa pretendida por el movimiento de segregación. Queda claro que la ciudad de Quetzaltenango fue la que se pronunció en favor de convertirse en un Estado aparte del de Guatemala y que su propósito inicial consistió en convencer a los otros departamentos altenses (Totonicapán y Sololá, incluido en éste el partido de Suchitepéquez) de seguir su ejemplo. Para ello el Acta acordaba que:

"4o. Nombrará comisionados que pasen a todos los pueblos de este departamento y de los de Totonicapám y Sololá, para promover su pronunciamiento, llevando copia de la presente acta y todas las instrucciones necesarias."

El propósito era que cada pueblo, en el momento de pronunciarse, lo hiciese también por escrito al Congreso federal, para que quedase de una manera clara y terminante su voluntad de formar un nuevo Estado en esos departamentos.

Así, se afirmaba:

“6o. Luego que la mayoría de los pueblos se haya pronunciado, se organizara una junta gubernativa provisoria, compuesta de tres individuos, uno por cada uno de los departamentos de Sololá, Totonicapán y Quezaltenango, en la cual resida todo el poder necesario para regir los dichos pueblos.”

Mientras se verificaba esa elección general, los ediles quetzaltecos convocaron urgentemente por un “medio más sencillo" a sus pares en las capitales de los otros departamentos (Totonicapán y Sololá) y en las tres villas que componían el partido de Suchitepéquez (Mazatenango, Cuyotenango y Retalhuleu), para elegir un gobierno más “provicional” que enfrentase los retos iniciales de estructuración del nuevo Estado. La alianza de estas municipalidades habría de elegir el 5 de febrero un ejecutivo compuesto por cuatro miembros en las personas del licenciado Marcelo Molina Mata, por Quetzaltenango; el hacendado Joaquín Mont Prats, por Totonicapán; el agricultor Félix Juárez, por Sololá y el licenciado de origen nicaragüense José Tomás Sacasa Méndez, por Suchitepéquez. Este último, por encontrarse en Soconusco, fue suplido interinamente por José María Gálvez Valiente."

Con tal medida se avanzaba en la idea de hacer de Suchitepéquez un departamento, colmando las aspiraciones de las élites locales de esas tres villas, relacionadas económica y paternalmente con los quetzaltecos. Asimismo, se dejaba claro en la resolución que la regionalidad de Los Altos incluía a Soconusco como parte de su litoral del Pacífico, el que pasaría a integrar el nuevo Estado “si libremente se pronunciare", tomando en cuenta el convenio de zona neutral firmado por México y Centroamérica en 1825.

La municipalidad de Totonicapán había aprobado la segregación de Guatemala y su incorporación al nuevo Estado y nombrado al párroco Vicente Hernández, al ex diputado federal Nicanor Dubón y al ciudadano Anastasio González para que en comisión pasasen de inmediato a la villa de Sololá a exponer el “tratado de alianza y unión para la formación de un Sexto Estado". Las razones que habrían de aducirse frente a los notables sololatecos eran las de la anarquía imperante en aquel Estado y las “desgracias a que quedarían sujetos los pueblos de Los Altos y los grandes bienes que se privarían si no se lograse la oportunidad de segregarse en la ocasión". No se dudaba que los pueblos del departamento de Sololá secundarían el proyecto separatista.

Simultáneamente, Quetzaltenango y Totonicapán movilizaron tropas de apoyo a las villas de Sololá y Mazatenango con el propósito de garantizarse la adhesión integral de los pueblos de aquel departamento, que lindaba con el Estado de Guatemala y significaba un amplio litoral Pacífico para el nuevo Estado. Tal medida no solamente conllevó una airada respuesta por parte de los funcionarios guatemaltecos, quienes advertían que estaban prontos a “auxiliar eficazmente a cualquiera municipalidad que sea oprimida por las armas Quezaltecas, por no querer agregarse al nuevo Estado”, sino además la disputa abierta entre los dos Estados por el control del distrito de Suchitepéquez.’

Indudablemente estos territorios no estaban ganados para la causa separatista y por ello los dirigentes altenses decidieron actuar con medidas de filena. Era una forma de demostrar la validez de la resolución 8a., por medio de la cual Quetzaltenango ofrecía "su auxilio y protección a todos los pueblos e individuos que abracen su causa, echando un velo a todas las desavenencias pasadas". Semejante alarde de fuerza, claro está, se hacía frente a un Estado de Guatemala devastado en su región oriental y central por la guerra civil encabezada por los montañeses y los opositores. Y tenía como base el poderío de la División de Los Altos comandada por el general Agustín Guzmán López.

Estacionado en San Andrés Semetabaj, la frontera natural entre Los Altos y Guatemala, el general recibió una carta del Secretario General de Despacho de Guatemala, Felipe Molina Bedoya, requiriéndole fidelidad por orden del vicejefe Valenzuela, a la que respondió con términos de neutralidad. Empero, de inmediato se dirigió hacia Totonicapán, en donde, en un comunicado emitido el 16 de febrero, el héroe manifestó su adhesión a la causa de Los Altos haciendo ver que había contribuido a su causa militar en un período en el que como jefe castrense se había visto privado de recursos pecuniarios por la lógica bélica estatal, al haber guardado una actitud pacífica en la coyuntura del derrocamiento del jefe Gálvez.

Con esta actitud, él preservó su prestigio militar evitando caer en la aventura de ir a prestar auxilio a una causa perdida de antemano. Así, al no existir el gobierno legal, se sentía obligado hacia los pueblos de Los Altos, "porque en medio del mayor entusiasmo, han conservado el orden, asidos a la única tabla capaz de salvarlos del naufragio, se regeneraron por sí mismos, previa la sanción soberana de la nación".

La mención hecha por Guzmán López del reconocimiento de la “nación” al planteamiento separatista de Los Altos es el segundo punto a considerar en la estrategia del acta quetzalteca y que yo denominaré como la búsqueda de la dimensión estatal en el seno de la República federal. La misma estaba formulada en los dos primeros acuerdos del Acta y completada en el 9o., y tenía como pretensión una forma jurídica de legitimar la segregación de facto, obligando a Guatemala a encajar el golpe político:

“10.    Los habitantes de esta ciudad, se segregan del Estado de Guatemala, hasta que el congreso federal decrete la formación de un sexto Estado...

20.     Entretanto que ésto se verifica, el pueblo se somete a la protección de las autoridades supremas federales de la República y será tejido por un Gobierno Provisorio...

90.     Se dará cuenta al Gobierno supremo nacional y al del Estado de Guatemala de la presente determinación y de todas las posteriores que se dicten...”

Ponerse bajo la protección del ejército federal era estarlo bajo la de Morazán, quien en febrero de 1838 aún era el presidente victorioso de Centroamérica. Asimismo, Quetzaltenango pretendía respetar el espíritu de la Constitución federal en cuanto a formación de nuevos Estados en su seno. Sería sobre este punto que el nuevo gobierno del disminuido Estado de Guatemala atacaría la legitimidad de la segregación áltense. (…)

El Gobierno Provisorio

El Gobierno Provisorio de Los Altos formado por Marcelo Molina, Joaquín Mont, Félix Juárez y Jose Maria Gálvez, debía poner en práctica las facultades que le otorgaba el artículo 3o. del Acta del 2 de febrero respecto a:

"... proveer a su seguridad, organizando milicias, decretando arbitrios y nombrando los empleados que sean absolutamente indispensables.”'

En cuanto a la estructura militar del nuevo Estado, el ejecutivo interino decretó la organización de un escuadrón patriota al estilo del realizado por los guatemaltecos en 1826, es decir, compuesto por propietarios de las ciudades. Su objeto era el orden público y no podía salir a campaña sino por especial acuerdo del Gobierno en situaciones críticas.

Paralelamente, el general Guzmán López, luego de aceptar el cargo de comandante en jefe de las fuerzas (las Aguilas) quetzaltecas, inició a la cabeza de 400 hombres la fortificación de la línea fronteriza de Godinez. Pero la prioridad fue dirigida a conseguir mejor armamento, especialmente fusiles, con el propósito que el nuevo Estado se hiciese “respetable, fuerte y vigoroso, y quizás el asilo de la desgracia y el alcázar de la libertad”, según estas premonitorias palabras.

Para ello, el gobierno celebró con comerciantes ingleses de Belice un contrato de compra de armas y pólvora extranjeras. (…) Por otra parte, las medidas jurídicas estuvieron encaminadas a abolir el sistema judicial que heredaba del Estado de Guatemala, basado aún en los Códigos de Livingston y la ley orgánica para los juicios por jurados. La razón argumentada ahora por los gobernantes altenses insistía en que éste era un sistema “fuera del nivel y civilización de estos pueblos, compuestos en su mayoría de la clase indígena", por lo que sostenerlo era un acto imprudente. De hecho, sacaban las lecciones del papel jugado por la agitación de las comunidades indígenas en contra del gobierno de Gálvez y que provocó en gran parte su caída.

Esta medida hizo cesar de inmediato la administración de justicia por jurados y cortes. Sin embargo, había otra razón: la del proceso descentralizador inherente al espíritu de los Códigos. En esa coyuntura, la descentralización no le convenía al Ejecutivo instalado en Quetzaltenango, convencido de que, si bien debía de implementar un nuevo mapa administrativo de Los Altos, acorde esta vez a los intereses de la élite que conformaba al nuevo Estado, la hegemonía de los quetzaltecos era un elemento crucial para el éxito.

(…) En un primer momento, la labor del gobierno provisorio estuvo orientada a lograr el control de la administración de rentas, aprovechando la confusión. (…) Para ello, el gobierno se apresuró a crear una Administración General de Rentas y a establecer las sedes departamentales. La forma de esta era la de antes de las reformas de los Códigos. Sin embargo, aunque en un primer momento se dio un aumento en el erario, luego se tuvo que recurrir a empréstitos debido a los crecidos gastos militares por la compra de armamento, la defensa de la línea fronteriza y el auxilio militar prestado al Estado de Guatemala

Los pueblos de Suchitepéquez, Totonicapán y Sololá se resistieron a la actividad hacendaría del nuevo Estado, obligando al Ejecutivo a realizar un llamado “patriótico" en las páginas del nuevo periódico El Quezal para que se dedicasen a organizar el “importante ramo de nuestra existencia y crédito". Esta resistencia derivaría, como se verá, en el enfrentamiento directo entre las comunidades indígenas y el gobierno áltense, agravado por el trabajo forzado a que se les obligaba para la construcción de obras públicas con el propósito de romper el control de los comerciantes guatemaltecos en el Atlántico y en el Pacífico.

(…) Paralelamente, el nuevo Ejecutivo incitó a las municipalidades de los diferentes poblados a establecer una policía con el objeto de mejorar el ornato y la salud. También se ordenó el inicio de la recopilación de datos para la estadística del nuevo Estado. El propósito era que sirviese a la futura Asamblea para la redacción de una Constitución. Además, consciente de la necesidad de una labor propagandística, se empeñó en la adquisición de una buena imprenta, la del doctor Pedro Molina, la cual instaló en una casa comprada para tal efecto. Asimismo, el nuevo Ejecutivo indicó que, una vez fuese sancionada la creación del Estado de Los Altos por el Congreso Federal, se pasaría a realizar la división territorial con la intención de convocar a elecciones para diputados.

Finalmente, por medio de un decreto, en el mes de agosto se arregló la base electoral para la Asamblea Constituyente. De los tres departamentos (Quetzaltenango, Totonicapán y Sololá) en que se dividía la región de Los Altos durante su permanencia dentro de la administración guatemalteca, el Gobierno provisorio los oficializó en cuatro, con la designación como departamento de Suchitepéquez. Sin embargo, “conformándose a la topografía y a los acuerdos del Congreso", tomó a su vez la decisión de dividir el nuevo Estado en siete distritos electorales, de acuerdo a la densidad poblacional y con el objeto de facilitar el proceso electoral. Las siete tablas distritales se calcularon con base en los censos del año 1825, sin por ello dejar de tomar en cuenta la inexactitud manifiesta de los mismos y el aumento de la población a pesar de los estragos del cólera morbus, fundamentalmente en los distritos de San Marcos y Cuilco.

(…) Se completaba así la primera etapa de la puesta en pie del aparato administrativo del Estado, a la vez que se reequilibraba la división territorial al darle cabida política a las élites locales de San Marcos y de Huehuetenango. Cuilco no pudo mantener el rango distrital por la ausencia de aquéllas. (…)

El reconocimiento del Gobierno federal

En el número 1 de El Quezal, de fecha 23 de junio de 1838, bajo el título "Gran Noticia”, los dirigentes altenses dieron a conocer la nueva que el Congreso Federal había reconocido la segregación de Los Altos, de Guatemala, con la consecuente creación del sexto Estado de la Federación. En cartas dirigidas desde San Salvador por José Antonio Aguilar y Manuel José Arango, dos de los representantes electos por Los Altos, se supo en la capital áltense que el 5 de junio, diecinueve diputados habían votado favorablemente por la independencia de Los Altos.

La votación de ésta se acordó después que el Congreso Federal había hecho una serie de reformas a la Constitución para tratar de frenar el descontento generalizado de los Estados. Ya antes Costa Rica había llamado a una Convención General para intentar revitalizar el maltrecho sistema federal, mientras Nicaragua había declarado su separación del mismo, el 30 de abril. La trascendental de esas reformas fue la del 30 de mayo, que declaraba “Son libres los Estados para constituir del modo que tengan por conveniente, conservando la forma republicana popular y representativa y división de poderes”.

En tal coyuntura, parece lógico que la mayoría de los diputados hayan considerado que Los Altos poseían un número de hombres en aptitud competente para constituirse y gobernarse como Estado independiente y que, por tanto, tenían constitucionalmente derecho para efectuarlo, al llenar los requisitos exigidos por el artículo 198 de la ley fundamental. Por ello, habiendo tenido a la vista la solicitud hecha por la mayoría de sus representantes y porque Guatemala quedaba con “lo suficiente para subsistir”, decretó que los departamentos de Sololá, Totonicapán y Quetzaltenango formarían un nuevo Estado de la República Federal de Centro-América.

(…) Por su parte, los liberales guatemaltecos, al igual que en 1824 y 1836, se opusieron firmemente y en bloque, convencidos de que una legalización del separatismo de Los Altos hacía aún más insostenible su control del poder, sobre todo por la creciente amenaza de los montañeses. El ex jefe Juan Barrundia Zepeda y Manuel Irungaray encabezaron el voto en contra, apoyados por Manuel  Fagoaga y Pedro Gálvez. A ellos se sumaron los votos de tres de los seis representantes de El Salvador, entre los cuales sobresale el de Gerardo Barrios.

José Francisco Barrundia Zepeda explicaba posteriormente que dos habían sido los puntos legales de su rechazo al resultado de la sesión del Congreso Federal: la “improvisación" de los quetzaltecos en la idea de formar un Estado, sin haber consultado la voluntad de los departamentos de Los Altos y que tal decreto había sido dado “en contravención de la ley fundamental, y por tanto no tenía ningún valor ni fuerza de ley”. Con el análisis histórico, en la larga duración difícilmente se sostienen las afirmaciones de improvisación y contravención que hizo el célebre jurista guatemalteco. Lo que sí es innegable fue el coup de force de los quetzaltecos frente a los otros departamentos, ese 2 de febrero de 1838.

Tercero, los diputados por Honduras y Nicaragua claramente optaron por concederle la tan deseada independencia a los políticos altenses, como lo habían hecho en 1836. Su interés era el de debilitar al todopoderoso Estado de Guatemala. Sin embargo, pasaron largos dos meses y una semana antes de que Morazán lo ratificara el 16 de agosto de 1838. Tiempo que se necesitó para obtener la sanción del Senado, que se encontraba disuelto.

(…) Pasaría toda la segunda mitad del año 1838 antes de que los altenses y los guatemaltecos hubiesen dado un paso en la dirección de separar legalmente el territorio y los poderes administrativos. La victoria de la División de Los Altos en auxilio del gobierno de Guatemala sobre el insurgente Carrera sería el acontecimiento que inició una nueva coyuntura política en la que se contempló la separación formal entre los dos Estados.

Tropas norteamericanas entrando en Tegucigalpa en 1924

Por Orson Mojica

La historia de Honduras, como la de la mayoría de países de Centroamérica, esta marcada por las revoluciones, contrarrevoluciones, golpes de Estado y revueltas populares. A inicios del siglo XX, Honduras fue sacudida por tres guerras civiles.

La primera guerra civil ocurrió en 1903-1907, saliendo ganador la fracción de Manuel Bonilla. En 1904 Manuel Bonilla propinó un golpe de Estado, disolviendo el Congreso, apresando a Policarpo Bonilla y sus diputados. En 1907 Bonilla fue derrocado y exiliado, pero en 1911 recuperó el poder, muriendo en 1913.

La segunda guerra civil ocurrió en 1917-1919 llevó al poder a Rafael López Gutierrez. En 1923 se realizaron elecciones, pero el Partido Liberal se dividió en dos candidaturas diferentes: Juan Ángel Arias y Policarpo Bonilla. De esta manera, Tiburcio Carias Andino salió ganador con 49,953 votos, Policarpo Bonilla con 35,474 votos y Juan Ángel Arias con 20,839.

El fracaso del Plan Paz Barahona

A pesar de haber terminado su periodo presidencial, Rafael López Gutierrez desconoció las elecciones e instauró su propia dictadura. Hubo intentos de negociar una salida, teniendo al embajador norteamericano como garante: ambos candidatos, Arias y Carías debían renunciar a sus candidaturas y elegir a Miguel Paz Barahona como presidente, y Francisco Bueso como vicepresidente, repartiendo cada fracción el 50% de los cargos gubernamentales, pero el plan fracasó.

El Congreso estaba dividido en representaciones casi iguales: 15 diputados del partido de Tiburcio Carías y 18 diputados del partido de Arias. El 31 de enero, el General don Rafael López Gutiérrez, todavía presidente, organizó un autogolpe de Estado, asumiendo todos los poderes. Emitió un decreto convocando a una “Asamblea Constituyente que se reunirá en esta capital en la fecha y con el número de Diputados que se expresará en un decreto especial. En dicho decreto se reglamentará la elección de los Diputados”.

La dictadura del General López Gutiérrez, sustituyó a los ministros Policarpistas por ministros Aristas.

Autogolpe de López Gutierrez: inicio de la tercera guerra civil

Quienes se opusieron al golpe de Estado, conformaron el Ejercito Constitucional que recibió el apoyo material y militar de la segunda república conservadora de Nicaragua, impuesta por la intervención norteamericana de 1911. Al momento del golpe de Estado, el presidente de Nicaragua era  Bartolomé Martínez Hernandez

El 5 de febrero de 1924, el gobierno de Estados Unidos no reconoció al gobierno surgido del golpe de Estado, pero no rompió las relaciones diplomáticas. Al día siguiente, el embajador de Estados Unidos en Tegucigalpa, Mr. Franklin E. Morales, encabezó una misión negociadora para buscar un acuerdo con el general Carías, quien se había levantado en armas, siendo apoyado militarmente por el gobierno conservador de Nicaragua.

Los combates se generalizaron en toda Honduras. El 10 de Febrero cayó Santa Rosa de Copán en poder de las fuerzas rebeldes encabezadas por los Generales Vicente Tosta carrasco y Gregorio Ferrera, quienes emitieron un manifiesto en que expresaban: “(…) surgió el Gobierno del Gral. Rafael López Gutiérrez, prestando la promesa constitucional el 1° de febrero de 1920, promesa que no fue cumplida, pues en la elección de consejeros Federales, restringió la libertad del sufragio, uno de los principales ideales que acariciara aquella gloriosa revolución. (…) preparando así el terreno para que fuera el Congreso y no el pueblo el que hiciese la elección; y coaccionando aquél por una de las agrupaciones patrocinadas por el Ejecutivo, quien en su odio manifiesto a un candidato independiente, obstaculizó todo arreglo entre los candidatos, y por consiguiente, la elección en el Congreso, para asumir la dictadura acariciada de tiempo atrás, dictadura que será efímera (…)”.,

El 13 de febrero cayó Santa Bárbara en poder de los insurgentes. Desde el sur, el general Carias reunía tropas y avanzaba hacia Tegucigalpa, donde residía el centro del poder.

Para el 21 de febrero, las tropas del General Ferrera atacaron militarmente y tomaron el control de la plaza de Comayagua. Ferrara envió al general Enriques al frente de una Comisión solicitando la rendición de la plaza de Tegucigalpa

Los embajadores del Cuerpo Diplomático se reunieron en la Legación norteamericana, con la comisión enviada por Ferrera, con el objetivo de evitar los combates en Tegucigalpa. El Cuerpo Diplomático presentó a la dictadura la siguiente petición: “(…) el Cuerpo Diplomático se ve obligado a rogar al Gobierno busque un camino para evitar un ataque a la capital, ya sea entrando en pláticas con las fuerzas revolucionarias que la amenazan, ya sea saliendo a luchar fuera del radio de la capital, ya sea depositando el poder en un Consejo de Ministros que inspire confianza al país y que sea garantía de paz inmediata, evitando así derramamiento de sangre y destrucción de propiedad”.

La insinuación de depositar el poder en manos de un “consejo de ministros” era una abierta invitación a apartar del poder al General López Gutiérrez, para facilitar las negociaciones entre los bandos en lucha.

El 1 de marzo se libró la batalla por el control de San Pedro Sula (SPS), la ciudad más importante de la costa norte. Ante el empuje de las tropas de la dictadura, el general Tosta se replegó, dejo un pequeño numero de tropas en los Calpules, atrayendo al enemigo, y después en una maniobra envolvente se impuso sobre las tropas gubernamentales del general Lagos. El 3 de marzo el general Tosta entró triunfante en SPS, días después cayeron Puerto Cortes y Tela. El 13 de marzo cayó La Ceiba en manos de los rebeldes. El 15 de marzo Puerto de Trujillo e Islas de la Bahía fue tomada por los rebeldes. El 18 de marzo cayó Yoro. Las tropas rebeldes afianzaron su control en casi toda la costa norte.

Alentado por los avances militares, el general Ferrera dirigió una comunicación al Cuerpo Diplomático, por medio del embajador de Estados Unidos, manifestando que si el Gobierno no le entregaba la capital, la tomaría por asalto.

La propuesta de una “zona neutral” garantizada por los marines

Poco a poco, tomó fuerza la propuesta del embajador norteamericano de declarar a Tegucigalpa como una “zona neutral”. Esta fue la misma táctica que Estados Unidos utilizó en la guerra civil de 1909-1912 en Nicaragua, interviniendo militarmente con marines con el objetivo de proteger al ejército conservador contra los ataques de las tropas liberales del general Zelaya. En el caso de Honduras, se trataba de una movida para evitar el colapso total del gobierno liberal y facilitar el ascenso de un gobierno conservador.

En esas negociaciones, el embajador de Estados Unidos propuso desembarcar un contingente de 125 marines de Estados Unidos en Honduras, para que sirvieran como mediadoras y garantes de esa “zona neutral”. En la primera quincena de febrero de 1924, el crucero norteamericano Milwaukee, ancló en el puerto de Amapala, y el Rochester hizo lo mismo en Puerto Cortes. Estados Unidos hizo movimientos militares preventivos para mantener su dominio sobre Honduras.

Los combates se generalizan en casi todo Honduras, con un marcado avance de las tropas rebeldes.

La muerte de López Gutierrez y el gobierno del “consejo de ministros”

La presión militar de los rebeldes por el norte y por el sur, obligó a la dictadura a retroceder. El día 10 de marzo, en un hecho sin precedentes, el consejo de ministros de la dictadura, emitió un decreto en el que anuncio que el general Rafael López Gutierrez abandonaba el cargo “por estar gravemente enfermo”, proclamando el restablecimiento de la Constitución de 1894 y conforme a ella convocó a elecciones para Asamblea Nacional Constituyente

Ese mismo día, el dictador Rafael López Gutiérrez fue declarado muerto. En las negociaciones entre el cuerpo diplomático y el general Ferrara, este fijo el día 13 de marzo para la entrega de la capital, de lo contrario continuarían los combates.  Sin nombrar un sucesor para el poder ejecutivo, el consejo de ministros, funcionó como una continuidad de la dictadura, tal como lo habían sugerido los embajadores. Durante el siglo XIX, despuées de un golpe de Estado o cuando la jefatura del gobierno quedaba acéfala, los ministros asumian el poder bajo la figura de "consejo de ministros". Era parte de la tradición política.

Primer fracaso de la Conferencia de Paz en Amapala

Alfonso Quiñónez Molina, presidente de El Salvador, en acuerdo con los gobiernos de Guatemala y Nicaragua, con el beneplácito de Estados Unidos, convocaron a una Conferencia de Paz en el puerto de Amapala. Ferrara aceptó la propuesta de la Conferencia de Paz. El Gobierno de Nicaragua gestionó para que el General Carías fuese invitado a participar en la Conferencia de Amapala, con una clara intención de proyectarlo políticamente por encima o al mismo nivel que Ferrara.

Esta propuesta de Conferencia de Paz no progresó, sino hasta casi el final de la guerra civil.

El sitio de Tegucigalpa y desembarco de marines

A las 2 y 35 de la tarde del 14 de marzo se iniciaron los combates por el control de Tegucigalpa. Las tropas de Carias avanzaron y entraron por el poblado de Suyapa. La entrada de las tropas rebeldes causó un gran caos en Tegucigalpa. Temeroso de los saqueos, el embajador de Estados Unidos, ordenó el desembarco de 200 marines del crucero Milwaukee, anclado en Amapala.

Como casi todos los camiones estaban en poder de los rebeldes, el General Ferrera prestó 3 camiones que tenía en Toncontín para trasladar los marines hasta su campamento, de ahí caminaron hasta Tegucigalpa. Ferrara aunque quería tomar por asalto Tegucigalpa, tampoco quería enemistarse con Estados Unidos.

El 19 de marzo entró en Tegucigalpa el contingente de 200 marines, armados hasta los dientes, con su bandera desplegada. El objetivo central de los marines era evitar que los rebeldes dominaran completamente la capital, funcionar como una potente fuerza mediadora, con capacidad militar para imponer acuerdos.

La nota de protesta de la dictadura

Irónicamente, la dictadura que peleaba por mantenerse en el poder, emitió una nota diplomática de protesta al embajador norteamericano por haber ordenado el desembarco de tropas norteamericanas en suelo de Honduras:

“El día de hoy, a las 11 a.m., ha entrado a la plaza de Tegucigalpa un cuerpo de soldados americanos en número como de doscientos, armados y equipados, que desembarcaron el día de ayer en el puerto de San Lorenzo, procedentes de uno de los barcos de guerra americanos, que está surto en aguas del Golfo de Fonseca.

Por mensaje telefónico de Vuestra Excelencia, dirigido ayer a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la de Guerra, se tuvo noticia por el Gobierno del desembarque de un pequeño cuerpo de soldados y de que vendría a esta capital con el objeto de custodiar la Legación de los Estados Unidos de América al digno cargo de Vuestra Excelencia y de proteger los intereses de sus connacionales. El número arriba expresado no corresponde a la noticia recibida, respecto a la cual no se tomó determinación ninguna.

(…) El Consejo de Ministros no puede menos que manifestar a Vuestra Excelencia su sorpresa por el hecho del desembarco y la venida de ese cuerpo de soldados a esta capital, sin solicitud ni autorización del Gobierno de la República, y en consecuencia, lo considera como un agravio a la soberanía e independencia del país”.

La presencia de marines en Tegucigalpa era un claro indicador que Estados Unidos quería reimponer su orden, por encima de la lucha entre bandos, ejerciendo presión sobre ambos, amenazando con una intervención militar directa y masiva como la que ocurría en la vecina Nicaragua.

Pena de muerte y amnistía

Debido al incontenible avance de las tropas rebeldes, la dictadura, a pesar de las concesiones hechas en las negociaciones, decidió restablecer la pena de muerte. El 20 de marzo, Ángel Zúñiga Huete, Jefe Militar de la Zona Central de la República, emitió el siguiente bando: “(…) 1°.- Que serán inmediatamente pasados por las armas los individuos que fueren sorprendidos por la autoridad cometiendo los delitos de asesinato, homicidio, robo, incendio y otros estragos; 2°.- Que los delitos militares serán juzgados de conformidad con el Código Militar de 8 de febrero de 1906, debiendo estimarse para este efecto restablecida la pena de muerte; (…) 5°.- Se da toda clase de garantías a los rebeldes que dentro de diez días, a partir de la fecha, depusieren voluntariamente las armas; (…)”

A pesar de las amenazas de pena de muerte, que ya se aplicaba en los hechos, para mantener la disciplina en el ejercito liberal, en el fondo había un mensaje conciliador para que los rebeldes depusieran las armas.

La oposición a la intervención norteamericana

Como era de esperarse, en el transcurso de la guerra civil, ambos bandos manifestaron inconformidad por la intervención militar de los marines. Pero fueron los intelectuales, como Froylan Turcios, quienes encabezaron la oposición real, publicando “El Boletín de la Defensa Nacional” y distribuyendo papeletas contra la ocupación, intentando movilizar a la población.

Los marines estaban acuartelados en el anexo del Hotel Agurcia, con un piquete que resguardaba la Legación de Estados Unidos, y otro en la vital estación de radio inalámbrica.

El convenio de Tiloarque y la creación de un gobierno rebelde provisional

Los dos principales jefes de la rebelión, Carías y Ferrara, se reunieron en Tiloarque, en las afueras de Tegucigalpa, y firmaron un acuerdo o pacto político. Cada uno de ellos se había hecho fuerte en una determinada zona geográfica.: “En el campo de Tiloarque, frente a Tegucigalpa, a las 8 de la noche del día 24 de marzo de 1924, reunidos los Generales don Tiburcio Carías A., don Gregorio Ferrera, don Francisco Martínez Funez y el Coronel don Camilo Girón, con el patriótico objeto de uniformar todos los elementos que están contribuyendo a la Revolución libertadora para derrocar la dictadura que hoy predomina en Tegucigalpa, de común acuerdo han convenido en las bases siguientes:

Primera: Designan como Presidente Provisional para que ejerza el mando supremo de la Nación, al señor doctor don Fausto Dávila;

Segunda: El Dr. Dávila convocará a elecciones de Autoridades Supremas tan pronto como las circunstancias lo permitan, por estar el país en completa calma, debiendo convocarse también una Asamblea Nacional Constituyente, la cual se encargará de reformar nuestra Carta Fundamental en el sentido que sea conveniente;

Tercera: Mientras el Dr. Dávila toma posesión de la Presidencia Provisional de la República, el mando supremo de la misma se ejercerá así: (a) Se reconoce como Primer Jefe de la Revolución Libertadora y Jefe de Zona del Centro, al señor General don Tiburcio Carías A.; b) Se reconoce como Segundo Jefe de la Revolución y Jefe de las Zonas de Occidente y Sur de la República, al señor General don Gregorio Ferrera; (c) Se reconoce como Tercer Jefe de la Revolución y Jefe de la Zona del Norte, al señor General don Vicente Tosta C.; (d) Se reconoce como Cuarto Jefe de la Revolución y Jefe de la Zona de Oriente, al señor General don Francisco Martínez Funes.

(…) Séptima: Este convenio se pondrá en conocimiento del señor Dr. don Fausto Dávila y del Cuerpo Diplomático residente en la capital de la República.

Octava: El señor General don Vicente Tosta C., Tercer Jefe de la Revolución y Jefe de la Zona del Norte, firmará el presente Convenio”.

La creación de un gobierno paralelo creo mayor presión sobre el decadente gobierno del ‘consejo de ministros”.

Estados Unidos al frente de los embajadores

Dos caudillos habían firmado el acuerdo político de Tiloarque, menos uno, el general Tosta, quien dominaba la costa norte y supuestamente firmaría después. Los rebeldes se habían constituido como gobierno paralelo, y buscaron el reconocimiento internacional. La reunión de embajadores, el llamado cuerpo diplomático, jefeado por el embajador norteamericano, se convirtió en el arbitro supremo, incluso por encima del decadente gobierno del consejo de ministros.

Los embajadores de México, Guatemala y El Salvador eran de la opinión de mantener el statu quo, mientras que el embajador de Nicaragua no participó en las reuniones, porque este gobierno apoyaba un triunfo militar de la revolución “conservadora”.

En el ínterin, mientras se renovaba el armisticio, y había una frágil paz, el general Tosta  arribó al campamento general de los rebeldes.

El Dr. don Fausto Dávila, nombrado presidente provisional por los rebeldes, salió de New Orleans, Estados Unidos, rumbo a Honduras, para asumir la presidencia, pero nunca llegó a ostentar el cargo.

Surge la contrarrevolución

El 30 de marzo, el General Dionisio Gutiérrez, que el 21 del corriente se había pronunciado en Amapala, en favor del General Ferrera, se separó de la causa de la Revolución Constitucionalista y levantó el estandarte de la Contrarrevolución en el Sur, pero tomó rumbo a Tegucigalpa para unirse a las tropas del “consejo de ministros” y evitar un triunfo militar del general Ferrara.

Los combates para tomar Tegucigalpa continuaron, haciendo retroceder a las tropas del “consejo de ministros”.

Nueva propuesta de paz

Los avances militares de los rebeldes, obligaron al “consejo de ministros” a enviar una propuesta de paz al general Ferrara. Este respondió nombrando a don Salvador Aguirre y Dr. don Francisco López Padilla para que negocien con la comisión del “consejo de ministros”. El Embajador Mr. Morales de Estados Unidos, y Mr. Lyall, Encargado de Negocios de Inglaterra, estuvieron al frente del proceso de negociaciones. Los reveses militares afectaron al “consejo de ministros”, y dos de ellos renunciaron, entre ellos Rómulo E. Durón, Ministro de Relaciones Exteriores.

Debido a un sorpresivo reagrupamiento de tropas gubernamentales en el sur, el  General Ferrera, salió con su ejército a enfrentarlos, dejando el cerco de Tegucigalpa en manos de los ejércitos de los Generales Carías, Tosta y Martínez Funes.

Pero las negociaciones continuaron, esta vez con la presencia del Comandante Causey, segundo jefe del Milwaukee. Los rebeldes desecharon la propuesta negociadora y como contrapropuesta presentaron un plan de 9 puntos, y nuevamente se produjo una estira y afloja.

El arribo de Mr. Summer Welles

El 14 de abril arribó a Tegucigalpa, el Sr. Summer Welles, alto funcionario del Departamento de Estado, con el objetivo de mediar e incidir en las negociaciones. Resucitó la propuesta de una Conferencia de Paz Centroamericana en Amapala. Las negociaciones se centraron en el nombramiento del futuro presidente provisional. El “consejo de ministros” presentó cinco nombres y otros cinco fueron propuestos por los rebeldes, pero tampoco hubo acuerdo. Surgió entonces la propuesta de un armisticio, que tampoco se concretizó.

Los combates continuaron, pero la intervención de Welles dio sus primeros frutos. El General Ferrera aceptó la realización de la Conferencia de Paz Centroamericana en Amapala. El gobierno liberó a los presos políticos, y se nombraron delegados de ambos bandos para asistir a dicho evento.

La Conferencia de Amapala

Como era la costumbre de Estados Unidos en Centroamérica, la conferencia centroamericana de Amapala se realizó a bordo del crucero Milwaukee. La  Comitiva estaba formada por Mr. Sumner Welles, Representante Personal del Presidente de Estados Unidos; don Francisco López Padilla y don Salvador Aguirre, Delegados de los rebeldes; Don Alfonso Gallardo M., Secretario de la Delegación; el General don Roque J. López y Dr. don Alberto A. Rodríguez, Delegados del “consejo de ministros”; Dr. don Federico C. Canales, Secretario de la Delegación. También estaba el Comandante Alexander, jefe del crucero Milwaukee.

Mientras en Amapala se reunía la Conferencia, los combates continuaban alrededor de Tegucigalpa. La Conferencia celebró sesiones discutiendo la elaboración de un Pacto Preliminar de Paz y el nombramiento del Presidente Provisional de la República. Al final, se habían decidido por el nombramiento del general Vicente Tosta Carrasco, como presidente provisional.

Mientras se discutía la paz en la conferencia centroamericana, el 28 de abril los rebeldes terminaron tomando por asalto la ciudad de Tegucigalpa, después de 45 días de asedio constante. La situación cambio radicalmente, la delegación del “consejo de ministros” ya no tenía peso alguno. Los rebeldes habían tomado el poder, pero el Pacto Preliminar de Paz fue firmado a bordo del Denver, buque de guerra norteamericano.

Se retiran las tropas norteamericanas

El 30 de abril, habiendo terminado los combates, las tropas norteamericanas que no intervinieron militarmente a favor del “consejo de ministros”, aunque si ayudaron a que este gobierno no colapsara, tampoco libraron combates a favor de los rebeldes, abandonaron definitivamente Honduras a bordo del crucero Milwaukee. Ese mismo día, el general Tosta tomó posesión como presidente provisional de Honduras.

El orden había sido restablecido, los intereses de Estados Unidos en Honduras fueron garantizados. La presidencia provisional del general Tosta, solo fue un pequeño periodo en la corta transición hacia la dictadura del general Tiburcio Carías.

Por Melchor Benavente

Después del derrumbe de la República Federal de Centroamérica (1824-1838) se han producido muchos infructuosos intentos por reconstruir la unidad centroamericana. El primero fue la Confederación Centroamericana, creada el 17 de julio de 1842.

El derrumbe del Estado Federal

Nicaragua fue el primer país en romper el pacto federal de 1824. El derrumbe de la República Federal de Centroamérica se formalizó mediante el decreto del 30 de mayo de 1838. No obstante, el general Morazán, atrincherado en El Salvador, permaneció peleando por reconstituirla hasta 1840, cuando una alianza militar entre Guatemala, Honduras y Nicaragua, le obligó a irse al exilio a Sudamérica, embarcándose con sus escasos seguidores en el vapor “Coquimbo”.

El derrumbe de la Federación de 1824 implicó el ascenso de gobiernos conformados por fuerzas conservadoras en alianza con liberales moderados o viceversa. Una característica de todo el siglo XIX fue la existencia de diversas fracciones de clase que a veces luchaban entre sí, y en otras ocasiones realizaban extrañas alianzas con sus antiguos enemigos.

En 1838, los partidos antagónicos en Nicaragua, liberales y conservadores, convencidos que la construcción del canal interoceánico por el rio San Juan,  la convertiría en la nación más rica y poderosa del área, se pusieron de acuerdo en promulgar noviembre de 1838 la primera Constitución de Nicaragua como Estado unitario, libre, soberano e independiente.

Persiste la idea de la unión centroamericana

La Constitución de Nicaragua del año 1838, es considerada la primera “libérrima”, es decir, un texto con fuerte influencia del liberalismo, aunque no rompió con la tutela de la Iglesia Católica. A pesar de la reciente ruptura del pacto federal, el articulo 1 estableció que “El Estado conservará su denominación: Estado de Nicaragua: se compone de todos sus habitantes, y pertenecerá por medio de un pacto, a la Federación de Centro América”.

Mas adelante el articulo 16 ordenaba que “El Estado observará religiosamente el pacto que celebre con los demás de la unión”. Y en todo el texto se refiere a la relación del nuevo Estado con la futura federación.

Se había producido la ruptura del pacto federal de 1824, pero prevalecieron sentimientos unionistas, sobre todo por el temor a que potencias imperialistas, como Inglaterra, se aprovechasen de la situación de debilidad de los pequeños países independientes y desligados entre sí.

La resistencia a una federación controlada por Guatemala

En ese momento, Inglaterra controlaba el territorio de la Mosquita, en la costa Caribe de Honduras y Nicaragua, además de mantener el control sobre Belice y varias islas del Caribe. Nicaragua se inclinaba a formalizar un acuerdo con Estados Unidos para la construcción del canal interoceánico, idea que aterrorizó a Frederick Chatfield, cónsul de Inglaterra en Centroamérica (1824-1852) porque de consumarse le daría a Estados Unidos el control sobre los mares. En el siglo XIX, la competencia entre Estados Unidos, potencia imperialista emergente, y la vieja Inglaterra, era intensa.

En ese contexto, Chatfield era partidario de crear una federación centroamericana bajo la hegemonía de Guatemala, con la cual mantenía excelentes relaciones. El 27 de Julio de 1839, bajo la presidencia del conservador Mariano Rivera Paz, la Asamblea Legislativa de Guatemala renunció oficialmente a los reclamos de soberanía sobre el territorio de Belice, que fueron planteados por los gobiernos de Mariano Gálvez y Pedro Jose Valenzuela.

Esta primera propuesta de federación centroamericana, bajo la hegemonía de Guatemala, fue impulsada por Chatfield, quien presionaba cobrando una antigua deuda del años 1825, contraída por el  extinto gobierno federal con banqueros ingleses. El Salvador, Honduras y Nicaragua se opusieron al chantaje de que Guatemala liderara la nueva unión, sobre todo por el resentimiento heredado de la época colonial, cuando dominó y oprimió al resto de provincias. Inglaterra respondió tomando la isla de Roatán en 1841, y enviando sus buques de guerra frente al puerto de la Unión, en el Golfo de Fonseca, y a inicios de 1842 al puerto de San Juan del Norte, en la costa caribe de Nicaragua. Pero los resultados no fueron los esperados: la presión imperialista de Inglaterra más bien unió a los pequeños países de Centroamérica.

La sombra del general Morazán

Morazán, desde su exilio, vio la oportunidad de reconstruir la federación, y emitió una circular dirigida a las autoridades de El Salvador, Honduras y Nicaragua, ofreciéndose para defender la soberanía, pero la propuesta fue rechazada. Solo en Costa Rica, los opositores a la dictadura de Braulio Carillo, vieron con simpatías el regreso de Morazán.

En 1835, Braulio Carrillo fue elegido jefe de Estado en Costa Rica. El 27 de mayo de 1838 organizó el primer golpe de Estado, derrocando a Manuel Aguilar quien había salido electo las elecciones de marzo de 1837. Así, Braulio Carillo, se convirtió en el primer dictador de Costa Rica. Detrás del golpe de Estado estaba el candente problema de la permanencia de Costa Rica en la agónica República Federal de Centroamérica. Mientras Aguilar era partidario de permanecer en la federación, Carrillo en el poder rompió con la federación en 1838.

Morazán se había establecido en 1840 en la región de David (perteneciente a Colombia en ese momento). Las ciudades de Heredia, Alajuela y Cartago, enemigas de Carrillo, llamaron al general Morazán para que les ayudase. En abril de 1842, Morazán desembarcó en el puerto de Caldera con 700 hombres. Carrillo envió al general Vicente Villaseñor con 400 hombres para enfrentar la rebelión fortalecida con la conducción de Morazán.

Pero ocurrió un imprevisto: Villaseñor se unió a las fuerzas opositoras en el llamado “pacto del jocote”, proclamando a Morazán como nuevo Jefe de Estado, lo que provocó una airada reacción de las fuerzas conservadoras en la región. Guatemala declaró a Costa Rica país enemigo, El Salvador rompió relaciones diplomáticas, y Honduras y Nicaragua desconocieron el gobierno de Morazán

El gobierno de Morazán duró apenas cuatro meses, del 12 de abril al 15 de septiembre de 1842, fecha en que una conspiración militar lo capturó y fusiló sumariamente en San José. Con su muerte terminaba el proyecto de reconstrucción de la República Federal de Centroamérica, rediseñada bajo la propuesta de reforma constitucional de 1835, que el mismo había impulsado pero que finalmente no se aprobó.

La Dieta de Chinandega

Mientras en Costa Rica se producía la resurrección política y la muerte física del general Morazán, en otros países del área persistió la propuesta de revivir la unión centroamericana, no por medio de una federación, sino a través de una confederación, como un mecanismo de autodefensa de los nuevos Estados nacionales ante la agresión inglesa.

Apartando las revalidades siempre existentes, los tres países que sufrían la agresión de Inglaterra, El Salvador, Honduras y Nicaragua, tenían gobiernos conservadores que coincidieron en convocar a una convención centroamericana, en la ciudad de Chinandega, republicad de Nicaragua. Guatemala y Costa Rica, a pesar de haber sido invitadas, no enviaron delegados. La convención inició el 17 de marzo de 1842 y concluyó el 17 de julio de ese mismo año, firmando el tratado de la primera confederación centroamericana, conocida también como Constitución Centroamericana de 1842.

La primera confederación centroamericana

Procurando superar el centralismo de la Constitución de 1824, que creo un Estado federal deforme, con Estados inexistentes, en 1842 los Estados del Salvador, Honduras y Nicaragua, dieron un enorme paso hacia adelante al crear la “Confederación Centroamericana”.

Existe una diferencia importante entre federación y confederación. En una Federación los Estados miembros ceden una parte de su autonomía y soberanía a favor del gobierno federal, mientras que en una Confederación existe mayor autonomía de los Estados y menor poder centralizado.

El modelo de Confederación y Federación exitosos son los Estados Unidos. Después de la Declaración de Independencia de las 13 colonias en 1776, un año después, en 1777, fue firmado el pacto de Confederación, que duró 10 años, y en 1787 fue promulgada la Constitución de Estados Unidos que creo el estado federal moderno. No obstante, el gobierno federal de Estados Unidos fue extremadamente débil hasta 1865, cuando terminó la guerra civil y finalmente se impuso un gobierno más fuerte y centralizado.

Al parecer, los gobiernos de El Salvador, Honduras y Nicaragua procuraron enmendar el error de 1824, que mezcló y distorsionó las instituciones de la Constitución monárquica de Cádiz de 1812 con la Constitución de Estados Unidos. En 1842 crearon un  nuevo modelo de Estado, pero cometiendo el mismo error de copiar muy mal el modelo de la confederación norteamericana de 1777.

Nuevamente sobresalió el centralismo en la Constitución de 1842

A pesar de las buenas intenciones de comenzar a construir la confederación desde abajo, sin habérselo propuesto, crearon un gobierno bastante centralizado.

Según la Constitución de 1842, el Poder Ejecutivo de la Confederación sería ejercido por un “Supremo Delegado”, electo por un año, de manera rotativa, por sorteo, entre los miembros del Consejo Consultivo, compuesto por un individuo por cada Estado.

Las facultades del “Supremo Delegado” eran más fuertes que las del poder ejecutivo de la República Federal, y similares a las que posteriormente obtuvieron los presidentes en Centroamérica, en la segunda mitad del siglo XIX.

Conforme el artículo 30 de la Constitución de 1842, el “Supremo Delegado” “entablará y mantendrá las relaciones exteriores: cuidará de la integridad, dignidad y seguridad del territorio, exigiendo por cupos de los Estados las fuerzas y recursos necesarios en caso de invasión”.

“Cuando ocurra de hecho algún choque armado entre los Estados, procurará evitarlo, y excitará el Consejo para que al mismo tiempo haga los oficios de mediador; y cuando esto no baste, usará de la fuerza de los demás Estados en el número que sea necesario, siendo a cargo del que resultase culpable los gastos y perjuicios que por su causa hayan sufrido los demás Estados de la Confederación”.

Las fuerzas armadas de la Confederación serian utilizadas por el Supremo Delegado en caso de conflicto entre los Estados, independientemente del origen o naturaleza del conflicto. Probablemente esta disposición fue aprobada por el peligro inminente de intervención militar de la flota inglesa, pero con ello la confederación dejaba de serlo y se transformaba en una nueva federación, con un poder ejecutivo muy centralizado, porque los Estados cedían su soberanía, o una parte importante de ella, al “Supremo Delegado”, quien “en todo caso tendrá el mando Supremo de la Marina y el del Ejército (…) Nombrará cuando sea necesario comandante general del ejército a cualquiera persona de los Estados que merezca su confianza, y almirante de la marina y demás subalternos que juzgue necesarios” (artículos 33 y 34).

El control sobre el ejército y la marina eran absolutos, los altos cargos no estaban sujetos a ratificación del Consejo Consultivo, ni menciona el rol de las asambleas legislativas de los Estados.

En materia de relaciones exteriores, según el artículo 37 de la Constitución de 1842, el Supremo Delegado “(…) Nombrará Plenipotenciarios, agentes y Cónsules, para conservar las relaciones exteriores, confiriéndoles las instrucciones del caso, después de haber oído al Consejo, quien al efecto emitirá su voto consultivo”.

El  ”Supremo Delegado” tenía el monopolio absoluto en materia de relaciones exteriores, los votos del Consejo Consultivo no podían revertir decisión alguna..

En materia fiscal, el artículo 42 de la Constitución de 1842 daba un cheque en blanco al Supremo Delegado, al permitirle que “entre tanto las Legislaturas acuerdan el arancel de aduanas y tarifas generales, y las leyes que deben arreglar el comercio de cabotaje e interior entre los Estados, el Supremo Delegado, consultando personas inteligentes, con aprobación del Consejo establecerá lo que debe observarse uniformemente”. En este caso, al menos el Supremo Delegado estaba sujeto al control posterior del Consejo Consultivo

Hubo un vacío notable al no establecer la relación entre el pacto confederal y las Constituciones que continuaron vigentes en los Estados. El artículo 77 de la Constitución de 1842, ordenó que quedaban “vigentes los reglamentos y leyes federales y coloniales que lo eran al disolverse la Federación, en los casos que comprende este Pacto, y cuanto no se oponga a él”.

El primer gobierno confederado

El Salvador y Nicaragua ratificaron el pacto confederal, el 16 de agosto de 1843. Guatemala se abstuvo de ratificar el pacto confederal, y Costa Rica se adhirió bajo ciertas condiciones el 6 de diciembre de 1843, presentando una serie de propuestas de reformas al convenio, que no fueron tomadas en consideración y, por lo tanto, la adhesión de Costa Rica no se produjo. Honduras ratificó el tratado el 29 de marzo de 1844.

Finalmente, con la participación de los Estados de El Salvador, Honduras y Nicaragua, en marzo de 1844, se instaló el primer gobierno confederado en la ciudad de San Vicente, Republica de El Salvador, el que estaba conformado por José María Cornejo, delegado de El Salvador, Juan Lindo, delegado de Honduras, y Fruto Chamorro delegado de Nicaragua, quien asumió el cargo de Supremo Delegado.

Guerras civiles y disolución de la Confederación

De esta manera fue derrotada la pretensión hegemónica del gobierno de Guatemala, alentada por la conspiración del cónsul Chatfield. Como era de esperarse, Inglaterra no reconoció a la Confederación Centroamericana.

La unidad centroamericana que hasta ese momento se había logrado, era un dispositivo de autodefensa ante la agresión inglesa. Nuevas conspiraciones minaron el frágil equilibrio que existía al interior de cada Estado participante, y la alianza que estos habían logrado con muchas concesiones mutuas.

El poder que había logrado Fruto Chamorro asustó a sus oponentes en Nicaragua, y nuevamente hubo conato de guerra civil. Rafael Carrera, jefe del ejército de Guatemala, armó una conspiración para derrocar a Francisco Malespín, presidente de El Salvador, en venganza por haber brindado asilo a las fuerzas del general Morazán, quienes viajaron a ese país después de su fusilamiento el 15 de septiembre de 1842, y también por formar parte de la Confederación. Carrera apoyó con armas y hombres al general salvadoreño, Manuel Jose Arce, quien inicio la invasión el 27 de abril de 1844.

Malespín incorporó a los experimentados oficiales del general Morazán al ejército salvadoreño, entre ellos al general Trinidad Cabañas, y el 20 de mayo de 1844 contraatacó invadiendo Guatemala. Por medio de la mediación del obispo Jorge Viteri y Ungo se logró un convenio de paz entre Guatemala y El Salvador, suscrito el 5 de agosto de 1844.

Fruto Chamorro, en su calidad de Supremo Delegado, se negó a ratificar el acuerdo por considerarlo lesivo, y apoyándose en los ricos comerciantes y diputados de la Asamblea Legislativa, y amparándose en el artículo 30 de la Constitución de 1842, emitió un decreto en el que se auto nombró jefe del Ejército de El Salvador, destituyendo al presidente Malespín.

Se inicio una nueva guerra civil que se extendió a El Salvador, Malespín recuperó el poder y posteriormente invadió la ciudad de León, Nicaragua. El general Jose Santos Guardiola, de Honduras, intervino en auxilio de las tropas nicaragüenses y tomó por asalto la plaza de León el día 1 de julio de 1844. Malespín se replegó a su país pero la Confederación se resquebrajó de manera irreparable, disolviéndose en los hechos, sin mayores formalismos.