VENEZUELA.- ¡No a la injerencia de la OEA en Venezuela!


Por Leonardo Ixim

La crisis política y social en Venezuela se agudiza cada día más en la medida que los distintos factores de poder, desde el gobierno de Nicolás Maduro, la oposición de derecha aglutinada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), con el respaldo de la derecha latinoamericana, su monigote de turno, Luis Almagro y el imperialismo con la administración Trump, agudizan sus enfrentamientos.

Parecía que con los mecanismos de diálogo auspiciados por el Vaticano y los ex presidentes José Luis Zapatero de España, Lionel Fernández de República Dominicana y Martin Torrijos de Panamá, se visualizaban acuerdos por lo menos con un sector de la MUD. Estos acuerdos giraban en torno a desmontar la conflictividad sobre el referéndum revocatorio exigido por la oposición de derecha y acciones de destitución a Maduro desde la Asamblea Nacional, a cambio de la libertad de presos políticos; pero el tema de las elecciones regionales y municipales volvió a enrarecer el ambiente.

Las negociaciones entre el sector de la MUD que dirige el tradicional Acción Democrática del ex presidente de la Asamblea Nacional (AN) Henry Ramos Allup, Un Nuevo Tiempo del ex gobernador de Zulia y ex candidato de la derecha en 2006 Manuel Rosales y Primero Justicia del actual presidente de la AN Julio Borges y del ex candidato presidencial en la últimas contiendas electorales Enrique Capriles, gobernador del populoso estado de Miranda con el gobierno de Maduro, fragmentaron a la coalición de derecha. Pues el partido Voluntad Popular de Leopoldo López –quien no fue liberado- y Vente Venezuela de María Corina Machado -más cercanos a posturas fascistas- se opusieron vehementemente a cualquier entendimiento con el gobierno.

Acuerdos por arriba

El diálogo entre el gobierno y la MUD fue acompañado de entendimientos con los cámaras empresariales, sobre todo FEDECAMARAS, pese a las diatribas entre funcionarios del Partido Socialista Unificado Venezolano (PUSV) y José Cisneros dueño del poderosísimo monopolio Grupo Cisneros; los acuerdos se refieren a otorgar beneficios a empresarios exportadores por medio del complejo sistema cambiario donde se controla a diferentes tasas, el cambio entre el dólar y moneda venezolana, el bolívar.

Por otro lado, se han firmado acuerdos para que los empresarios, sobre todo los comerciantes, tengan mayor margen de ganancias a partir de permitirles el aumento de los precios de varios productos, en una ya de por si incontrolable espiral inflacionario que afecta a la clase trabajadora.

Así como también programas de créditos y exenciones fiscales a “empresarios patrióticos” que deseen invertir para aumentar la planta industrial del país, sin que, hasta la fecha, y pese a los acuerdos con trasnacionales automotoras y de fabricación de productos de transporte de origen chino, se logre romper el rentismo petrolero, el cual ocupa el 97 por ciento de las exportaciones de ese país.

Esto mientras Maduro autorizó, con el respaldo del partido gubernamental y de la alianza oficialista, un ambicioso proyecto de exploración y explotación de yacimientos de minerales en la rica región de Arco de Guyana al sur-oeste del país. Este proyecto contempla a una empresa bajo control del ejército con exenciones fiscales y sin fiscalización de los órganos de estatales de control, mucho menos de parte de la población y la clase trabajadora, que otorgará licencias a empresas privadas trasnacionales. Este sin mencionar los efectos ambientales y sociales sobre poblaciones indígenas.

Por otro lado, la situación social se agudiza. A la ya constante escasez de alimentos –aunque muchas veces focalizada en urbanizaciones residenciales de clase obrera-, de repuestos para una variedad de necesidades vitales como la movilización de las personas y los productos, se agrega la escasez de medicamentos, encontrándose los pocos a precios exorbitantes.

Sobre los medicamentos, el conflicto entre el Estado y los importadores, al igual que otros empresarios, aduciendo que los controles cambiarios les afectan para poder suplir la demanda de medicinas, pese a que algunas farmacéuticas han sido beneficiadas por la liberalización controlada de la política cambiaria. A lo que se agrega la poca capacidad de la industria privada y estatal para la fabricación, afectada por la escasez de materia prima.

En esto, los mecanismos para evitar el acaparamiento, como los CLAP y la militarización de los canales de distribución, no han logrado detener este problema, provocando entre otras consecuencias el aumento de la pobreza y el deterioro de los servicios públicos –que fue uno de los programas estrellas del chavismo y en un primer momento, mejoró las condiciones sociales de las mayorías-, y un éxodo de venezolanos hacia el exterior, sobre todo a los países limítrofes como Colombia, Brasil y otros como Panamá.

El intervencionismo de Almagro

La Carta Democrática es un instrumento aprobado por la OEA, que bajo el argumento de la “defensa de la democracia representativa”, se aprobó en 2001 como forma de presionar a los gobiernos nacionalistas que emergieron de la crisis social provocada por el neoliberalismo. En este caso, varias ongs, entre ellas Provea con financiamiento de instancias como la NED, afin al Partido Demócrata gringo, la Open Society del multimillonario Georgo Soros y la Usaid, han invocado que este instrumento de intervención se le aplique a Venezuela.

El secretario general de la OEA, que actuando como vocero de la derecha internacional, después de las declaraciones del secretario de Estado gringo Rex Tillerson acerca de que el gobierno de Trump apoya los “esfuerzos para promover la normalización de la situación de Venezuela y restaurar las instituciones democráticas” (La Izquierda Diario 15 de marzo), se envalentonó amenazando con la aplicación de ese instrumento, al actualizar un informe de 75 páginas, donde se condena a Venezuela por violar las normas democráticas.

Esto se da, además, después de que la Casa Blanca impusiera sanciones al vice-presidente venezolano Tarek Aissami por presuntos nexos de tráfico de cocaína junto a redes de narcotraficantes de Honduras, algo que el gobierno de Maduro califica de mentiras.

En caso de ser aplicada la Carta Democrática, a Venezuela se le suspendería de todos los órganos de esa instancia, pero para eso necesita la mayoría en el Consejo Permanente de la OEA. Obvio tiene el respaldo de los más connotados gobiernos derechistas como Macri, Temer, y otros como Perú, Chile y varios de Centroamérica, pero la oposición de otros; sin embargo, necesita de los votos de dos tercios de los 31 países que conforman la OEA, para su aplicación. A esto Tillerson declaró su respaldo a las gestiones de Almagro para que este logre tal condena sobre Venezuela.

Por supuesto la reacción de la canciller venezolana Delcy Rodríguez y del propio Maduro fue de repudio, acusando a Almagro de tener un perfil “claramente anti-venezolano”, calificándolo como una “basura humana”. Pero el problema de fondo sería que las negociaciones con la MUD han fracasado –por el momento- y sobre todo, que el gobierno de Maduro y el PSUV temen perder las próximas elecciones para gobernadores y alcaldes, por lo cual el Consejo Nacional de Elecciones no ha querido poner una fecha, pese a que la legislación electoral manda que se debería haber realizado a finales del año pasado.

Hacia un mayor endurecimiento del régimen político

No solo son las denuncias de represión de parte del Estado contra la protesta social, bajo el encumbramiento de combate a la delincuencia, denunciado por organismos de derechos humanos, algunos financiados por el imperialismo. La persecución a líderes sociales, como sindicalistas que cuestionan elecciones amañadas en sindicatos controlados por la burocracia pro Psuv, el asesinato de líderes campesinos que denuncian la colusión de funcionarios del Estado con latifundistas. Muchas de estas denuncias, son maximizadas por los centros de pensamiento pro gringos, sin embargo, existe una real represión a la organización social, que critica la demagogia de la derecha y del gobierno.

Sino en la propia alianza oficialista, el Polo Patriótico, las desavenencias de los partidos pequeños como el Partido Comunista Venezolano, Patria Para Todos, Podemos, etc, que se unen a otras voces de partidos de izquierda algunos considerados del chavismo crítico como Marea Socialista y otros, como el Movimiento Al Socialismo (en un inicio cercano al chavismo, después miembro de la MUD y ahora separado de ésta) o los trotskistas del Partido Socialismo y Libertad, que cuestionan la inflexibilidad de la ley electoral.

Esta ley data de la década de los sesenta del siglo pasado, en un marco anti-comunista y que poco ha sido modificada. Pues ahora a raíz de una sentencia de la sala constitucional del Tribunal Superior de Justicia, se obliga a que los partidos publiquen la lista de militantes, pero además entorpece los mecanismos de los partidos para mantener su legalidad.

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