BOLIVIA: ¿Diálogo o movilización revolucionaria para derrotar a la oligarquía?

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Por ALex Burguess

 

Desde el 25 de agosto hasta el 14 de septiembre, el gobierno de Evo Morales sufrió la envestida más enérgica de la oligarquía boliviana por intermedio de los prefectos (gobernadores) de cinco de los nueve departamentos que componen el País: Santa Cruz, Tarija, Pando, Beni y Chucarisca. Morales acusó de estarse gestando un “golpe de estado cívico-prefectural” al que también llamó “golpe fascista”. El 15 de septiembre se anunció el fin de las protestas opositoras a cambio de convocar a un “Diálogo Nacional” para resolver las demandas de los gobernadores opositores.

 

El preámbulo de la tensa situación estuvo marcado por el resultado del “Referendo Revocatorio” del 10 de Agosto. Morales fue ratificado con más de dos millones de votos (67,77%) a favor y 976.000 en contra (32,23%); superando el 53,7% (1.544.374 votos) con que ganó la presidencia de Bolivia en 2005. Además, Morales fue ratificado por mayoría en 6 de las 9 regiones de Bolivia: La Paz (83,2%), Cochabamba (70,9%), Oruro (83%), Potosí (84,6%), Pando (52,5%) y Chuquisaca (53,8%).

 

Sin embargo, el triunfo de Morales fue pírrico, ya que cuatro de los seis gobernadores opositores fueron ratificados en sus puestos, con porcentajes nada despreciables: Rubén Costas de Santa Cruz con un 66%; Ernesto Suárez de Beni con un 61.2%; Leopoldo Fernández de Pando con un 56.3%; y Mario Cossío de Tarija con 64.5%.

 

En los hechos se produjo un “empate catastrófico”, pues a pesar del apoyo de las masas a Morales a nivel nacional, la oposición salió sólidamente ratificada en sus bastiones regionales.

 

Presionando para negociar.

Esta situación provocó que Morales tuviese una táctica mixta para con los gobernadores opositores. Inmediatamente después de saber los resultados Morales mostró “(…) respeto a los gobernadores ratificados. Respetaremos la credibilidad que tienen y quiero convocarlos a trabajar por al unidad del país” (El País 12/08/2008), para lo cual procedió a delegar a cinco ministros a fin de tener acercamiento con cada uno de los gobernadores opositores, haciendo desde ese momento un llamado a un “dialogo nacional” para resolver las demandas opositoras: 1) El “status” que tendrán los Estatutos Autonómicos aprobados en tales regiones en el proyecto Constitucional de Morales; 2) La devolución de los fondos recortados por el Gobierno Central a las prefecturas y que corresponde al Impuesto Directo sobre los Hidrocarburos; y 3) El marco regulatorio de la distribución de los ingresos provenientes de los Hidrocarburos. Morales justificó el acercamiento a la oposición señalando que “El gran pedido del pueblo boliviano es el diálogo y eso significa agotar todas las instancias correspondientes” (El País 13/08/2008).

 

Los gobernadores opositores de Tarija, Pando y Beni mostraron interés en el diálogo propuesto por Morales, mientras que Rubén Costas (Santa Cruz) negó toda posibilidad de negociar la autonomía. Sin embargo, y desde el 19 de Agosto, los gobernadores opositores llamaron a un “paro cívico”, exigiendo al Gobierno restituyera una renta petrolera que el Gobierno destina desde principios de año a pagar una ayuda a los mayores de 60 años. Tan sólo dos semanas después del llamado al diálogo, Morales metió presión convocando por medio de un Decreto Presidencial a un “Referendo Aprobatorio” a fin de aprobar su proyecto constitucional.

 

Efectivamente, queda claro que el Gobierno de Morales, luego de una victoria significativa en el “Referendo Revocatorio”, apostó a negociar con la oposición inyectando una fuerte presión por medio de la convocatoria al “Referendo Aprobatorio”, en busca de obtener una posición de fuerza con respecto a la oligarquía opositora.

 

Pero Morales, aún y con su triunfo, no tiene el control institucional suficiente para imponer su texto Constitucional, pues el 1 de Septiembre la Corte Nacional Electoral de Bolivia (CNE) frenó la convocatoria al “Referendo Aprobatorio” aduciendo que tal convocatoria debe hacerse por medio de una Ley del Congreso de la República, lo que es imposible dado que la oposición mantiene la mayoría en el Senado. “En tanto no se subsanen esos impedimentos de orden legal no vamos a poder administrar esos procesos” señaló José Luis Exeni, presidente de la CNE (BBC.- 2/09/2008).

 

Estalla el polvorín.

 

El 25 de Agosto, los cinco gobernadores opositores de la Media Luna de Oriente (Santa Cruz, Tarija, Pando, Beni y Chucarisca) generaron piquetes y protestas contra la convocatoria a Referendo Aprobatorio hecha por Morales, bloqueando las principales vías de comunicación (incluidas las carreteras hacia Paraguay y Argentina).

 

La escalada tomó mayor fuerza a partir del 10 de septiembre, cuando grupos de opositores procedieron a tomarse las oficinas públicas, produciéndose choques con la policía en los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca, Beni, Pando y Tarija. El mismo día grupos opositores estallaron un gaseoducto en Tarija en la región del Chaco boliviano, además de tomarse otros campos gasíferos como medida de presión económica al Gobierno de Morales. Así mismo, se dieron fuertes enfrentamientos entre grupos de autonomistas y oficialistas en las ciudades de Santa Cruz, Tarija y Pando. En esta última región los enfrentamientos del Miércoles 12 de septiembre dejaron como saldo cerca de 18 muertos (casi todos campesinos afines a Morales). Esto provocó que Morales decretara “Estado de Sitio” en Pando el 12 de Septiembre. Sin embargo, tal disposición no fue acatada por el Gobernador Leopoldo Fernández, y no fue sino hasta la madrugada del 15 de septiembre que los militares tomaron el control de Cobija (capital de Pando), con un saldo aproximado de 30 muertos en las jornadas de protesta. Aunque Evo se negó a extender el “Estado de Sitio” a otras regiones opositoras, sí militarizó los campos de hidrocarburos del país, especialmente en la región de Tarija (rica en gas).

 

Otra vez al dialogo…

 

Desde el viernes 12, y ante la profundidad de la crisis, los opositores y el Gobierno a través del Vice-Presidente Álvaro García Linera decidieron retomar el diálogo. Mario Cossío, gobernador de Tarija, fue designado para representar a los gobernantes opositores, y declaró: “Hemos coincidido en la necesidad de la pacificación del país y en poder fin a la violencia. Sobre estas ideas hemos determinado un cuarto intermedio para consultar a las regiones. El Gobierno hará similar consulta interna” (BBC 13/09/2008).

 

El 17 se firmó el preacuerdo de negociación, estableciendo como puntos a discutir: “Las autonomías, los ingresos procedentes de los impuestos petroleros y la entrega de las instituciones estatales ocupadas por los opositores en varias regiones (…)” (El País 17/08/2008). El Gobierno manifestó que "respeta el derecho a la autonomía departamental de Pando, Beni, Tarija y Santa Cruz." (Ídem.). Con respecto a la renta de los hidrocarburos, el Gobierno se comprometió a restituir los porcentajes que había recortado a las Regiones opositoras, a suspender durante un mes el debate sobre la convocatoria al “Referendo Aprobatorio” del proyecto Constitucional, y se acordó contar con una “batería” de mediadores de la Unión Europea, la ONU, la Iglesia Católica, UNASUR y la Organización de Estados Americanos.

 

El 18 de septiembre, Morales presentó dos documentos para increpar a los Gobernadores opositores a llevar a cabo las negociaciones a “puerta cerrada” y de manera ininterrumpida. Además Morales, propuso “negociar” en un período inferior a 30 días (establecido en el preacuerdo), y convocar al “Referendo Aprobatorio” a más tardar el 1 de octubre: “Quiero verlos [a los gobernadores] esta tarde [por ayer] para iniciar el diálogo. No hablemos de 30 días, sino del tiempo que haga falta y a puerta cerrada” (El País 18/08/2008). Morales ofreció como garantía a los opositores, que el capitulo del proyecto constitucional sería sometido a revisión y “mejorado” para acoplarla a los Estatutos autonomistas de las Regiones opositoras.

 

Morales no encuentra la salida a su propio laberinto. Como medida de presión, el Gobierno y el MAS propició la movilización de campesinos e indígenas hacia Cochabamba (lugar donde se realiza el diálogo) y en Santa Cruz; Región que vio rodeada por más de 5,000 campesinos (muchos armados) quienes inicialmente demandaban la devolución de los edificios públicos, y luego la desocupación de éstos, se mantuvieron exigiendo la renuncia del Gobernador Rubén Costas. Sin embargo, y ante la posible radicalización de los campesinos movilizados en Santa Cruz, una Asamblea de sindicatos agrarios lo suspendió: “Decidimos declarar un cuarto intermedio hasta el próximo 15 de octubre para no dar motivos a la derecha para que abandonen el diálogo. Hemos concertado en levantar desde esta tarde las medidas de presión” declaró el dirigente campesino Asterio Romero. (AFP 23/08/2008)

 

Al cierre de edición, el “diálogo nacional” seguía empantanado ante la negativa de los Gobernadores opositores de aprobar la Ley de convocatoria a “Referendo Aprobatorio”: “Hay un plazo de 30 días para discutir los temas del diálogo (...) y no creemos que estemos en condiciones para hoy (domingo) firmar algo que signifique la aprobación a ciegas de un texto constitucional.” Señaló Mario Cossío (BBC 22/08/2008)

 

Por otro lado, la “luna de miel” que reinaba entre Morales y la Oposición luego de suscribir el preacuerdo de diálogo parece estar llegando a su fin. Los Gobernadores mantienen la exigencia de la reforma al proyecto constitucional con respecto a las autonomías, mientras el Gobierno se muestra ahora menos renuente en este punto: “No es posible que fuerzas políticas regionales ahora quieran aparecer como una fuerza para poder movilizar la Constitución. No corresponde a realidad política" (El País 26/08/2008) señaló el vicepresidente, Álvaro García Linera.

 

¿Qué representa el Gobierno de Morales?

 

Evo Morales fue electo presidente en Diciembre del 2005, y luego de una revuelta social que echó del poder al Presidente Carlos Meza, quien se negó a aprobar la “Ley de Hidrocarburos” que exigiría a las transnacionales el pago de 50% en concepto de regalías.

 

Sin embargo, y a pesar de que Evo es el primer presidente de ascendencia indígena, y quien fuese el principal opositor y dirigente de la poderosa “Central Obrera de Bolivia” (COB), una vez en el gobierno, éste no rompió de ninguna forma con el modelo capitalista imperante, y se apresuró a “maquillarlo”. Muy a pesar de que posee un apoyo del 67.7% de la población, Evo ha apostado a imponer sus reformas en el marco de la democracia burguesa, y se ha visto limitado por el poder que posee la oligarquía en sus bastiones regionales y en las instituciones del Estado burgués. Prueba de ello es que, la propia CNE declaró ilegal la convocatoria a “Referendo Aprobatorio” que hizo por medio de un Decreto; así mismo, los votos de PODEMOS (oposición) en el Congreso lo maniatan a no poder convocarlo por Ley de la República.

 

El Gobierno de Morales representa sin lugar a duda a un sector de la pequeña burguesía-nacionalista, que desde el Gobierno se encuentra en disputa con la vieja oligarquía que se niega perder el dinero proveniente de los Recursos Naturales y a la Reforma Agraria, puntos que Morales ha buscado reformar por medio de Decretos y el propio Proyecto Constitucional.

 

Las organizaciones obreras y campesinas (la COB incluida) aún creen en el Gobierno de Morales, que se encuentra enfrascado en un pelito con la oligarquía, y ha arrastrado a estas organizaciones a un sometimiento político peligroso para los trabajadores y campesinos. Muestra de ello ha sido la “alianza” entre el Gobierno y la COB.

 

La riqueza: la otra cara de la “Autonomía”

 

La bandera de la “autonomía” de los Gobernadores de las Regiones de la Media Luna de Oriente, esconde tras de sí una realidad menos evidente: la lucha económica entre la oligarquía y el gobierno nacionalista pequeño burgués que dirige Morales, el cual posee un profundo apoyo de masas.

 

La autonomía no es más que una excusa de la oligarquía para presionar a Morales para “repartirse” los ingresos provenientes de los Hidrocarburos. En mayo de 2006, Morales decretó una seudo-nacionalización de la industria de los hidrocarburos, la cual fue una mera consigna propagandística, ya que las transnacionales no fueron expulsadas, sino que fueron forzadas a suscribir nuevos contratos con el Gobierno, el que adquirió participación accionaria del 51%, convirtiéndose Repsol YPF y PETROBRAS (principales transnacionales) en “socios minoritarios” del Estado Boliviano. Ya en esas fechas Morales defendió el derecho de éstas: “Significa que todas las empresas tendrán derecho a recuperar su inversión y a tener ganancias por ella, pero que Bolivia se tiene que beneficiar” (El Mundo 02/05/2006)

 

Morales en vez de nacionalizar la industria, sólo decretó una reforma fiscal que le permite mayores ingresos, dejando intacto el sistema de rapiña y explotación de los Recursos Naturales. La Ley 3058 estipula que las empresas petroleras deberán pagar 18 por ciento de regalías y 32% por Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Los ingresos en este concepto: “(…) se distribuirán entre los departamentos del país y el tesoro general de la nación” así lo establece el decreto supremo 28421. “Cochabamba, Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca (Departamentos productores) recibirán 12,5 por ciento cada uno, del valor total recaudado en efectivo, estos recursos irán a favor de las prefecturas, departamentales. (Total 50%) Los departamentos no productores como Beni, Pando, La Paz, Oruro y Potosí recibirán un 6.25 por ciento del valor total recaudado en efectivo, haciendo un total de 31.25% (…)” (Ojo energético.-Junio 2006).

 

Estos ingresos son la “manzana de la discordia” pues “El gobierno boliviano se queda ahora con alrededor de 85% de esas ganancias, y las exportaciones, combinadas con los crecientes precios globales de los energéticos y los minerales, se han duplicado casi desde el 2005, a 4.700 millones de dólares el año pasado. Esos ingresos hicieron que la economía boliviana creciera 4,7% el año pasado, aumentando las reservas extranjeras a 7.500 millones de dólares, en medio de una deuda externa modesta, de 3.800 millones de dólares.” (AP 8/08/2008)

 

Morales dentro del juego burgués, intentó ahogar económicamente a los gobernadores opositores recortando el porcentaje que les correspondía en concepto de IDH, cifra que llega a los 160 millones de dólares (BBC 09/08/2008). Este “ahogo” se le revirtió políticamente a Morales, pues les dio la justificación perfecta a los Gobernadores para aglutinar a las masas de sus regiones en contra del Gobierno, encontrando en la “autonomía” la consigna democrático-burguesa para presionar a Morales para “negociar” el dinero de los recursos naturales.

 

Los métodos de Evo

 

Ante la embestida opositora, Morales cohesionó a sus bases y simpatizantes señalando que se trataba de un “Golpe de Estado Cívico”, lo que de por sí es un concepto limitado y cuestionable, y que apuntó a dar un “golpe de efecto” sobre las masas indígenas y populares que lo apoyan. Morales trató de disfrazar el pleito material entre la oligarquía y el Gobierno nacionalista pequeño burgués para movilizar a sus simpatizantes no como una medida clasista, sino como presión para que la oposición negocie con él.

 

Los acontecimientos posteriores y su propio actuar así lo delatan, pues los mismos que según sus palabras eran “golpistas” y “fascistas” hoy están a la mesa con él, negociando como repartirse las riquezas que pertenecen a los trabajadores bolivianos.

 

El carácter nacionalista-pequeño burgués del Gobierno de Evo quedó trágicamente demostrado en el presente conflicto. Ante el ataque de la oligarquía reaccionaria y su llamado a la división geográfica de Bolivia, Morales en vez de llamar a la unidad de clase de los trabajadores bolivianos (tanto del altiplano como de la Media Luna), se apoyó en las instituciones del Estado burgués: decretando “Ley Marcial” y “Estado de Sitio”, utilizando al ejército para controlar la “oleada”, y más vergonzoso aún abrigándose en un órgano regional de carácter burgués como lo es UNASUR.

 

El Gobierno del MAS se aprovechó de que las masas aún poseen aspiraciones y confianza en el Gobierno, para contener a la población, propiciando en los hechos la división de la clase obrera boliviana entre trabajadores del altiplano y de la Media Luna.

 

La lucha material entre Evo y la oligarquía se realiza bajo las reglas de ésta, en el marco de la democracia burguesa, mientras el Gobierno contiene a los organismos de masas y no combate el racismo y discriminación entre sectores de la población étnicamente diferentes.

 

Evo en su laberinto

 

El diálogo entre el Gobierno y la oligarquía es una trampa para las masas bolivianas. Evo Morales se apresta a “negociar” la Constitución Política y los ingresos petroleros. Los trabajadores bolivianos y las organizaciones clasistas, sobre todo la COB, debe independizarse del Gobierno de Morales y denunciar cualquier intento de que éste le otorgue concesiones a la oligarquía reaccionaria.

 

Desde El Socialista Centroamericano repudiamos el ataque de la oligarquía y del imperialismo norteamericano al Gobierno de Evo Morales que es ampliamente apoyado por la población indígena, pero no damos apoyo político a éste. Emplazamos a Morales a resolver el conflicto con métodos revolucionarios y con la movilización de los trabajadores: Nacionalización TOTAL de los Recursos Naturales bajo administración de los sindicatos y organizaciones populares; Que los ingresos sean repartidos equitativamente entre la población Boliviana sin distinción de Región geográfica o étnica; Que los recursos otorgados a las Regiones no sean administradas por los Gobernadores, sino por los sindicatos y organizaciones populares; Ante la consigna autonomista de la oposición: Unidad de los trabajadores bolivianos sin distingo de raza o región geográfica; Movilización permanente para derrotar a los Gobernadores de la oposición.

 

Así mismo, el Gobierno debe garantizar los servicios básicos para las masas trabajadoras de las Regiones opositoras. Debe diferenciarse las Gobernaturas Oligárquicas de los trabajadores y campesinos de estas regiones. Morales debe impulsar medidas que tiendan a restar base social a la oposición.

 

Así mismo, exigir una reforma Agraria que garantice tierras a los pequeños y medianos propietarios: Expropiación inmediata de los latifundios.

 

Sólo así, con medidas clasistas y revolucionarias podrán los trabajadores bolivianos vencer a la oligarquía, y no con “diálogos” y componendas. La COB debe permanecer independiente; y convocar de urgencia y de forma inmediata una Asamblea Nacional de obreros, campesinos y sectores populares para discutir la situación actual, y que garantice que Morales no le claudiqué a la oligarquía reaccionaria en el “Diálogo Nacional”.

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