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COLOMBIA.- ¿Qué significa el apretado triunfo del NO?

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Por Leonardo Ixim

El pasado dos de octubre se realizó el plebiscito que rechazó los Acuerdos de Paz alcanzados entre el Estado colombiano, el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla más antigua del continente, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). El sorpresivo triunfo del No, nos obliga a reflexionar.

Después de cuatro años de negociación entre los guerrilleros y el Estado, la ceremonia de firma de la paz, se realizó en La Habana Cuba, el 26 de septiembre pasado. Este proceso de paz tuvo el visto bueno de los principales centros imperialistas como Estados Unidos, la Unión Europea, el respaldo de Rusia, China y la participación como garantes de los acuerdos de la ONU y la OEA; era también la apuesta de los principales núcleos de la oligarquía colombiana con Santos a la cabeza, así como de la administración Obama; el resultado ha producido todo un terremoto político.

La mayoría de las encuestas mostraban que el Si iba a salir triunfante, sin embargo, lo que reflejó el resultado fue otra cosa. Con casi 35 millones de habitantes habilitados para votar, votaron un poco más 13 millones, de los cuales 12 millones 808 mil votaron efectivamente; mientras que los votos nulos se situaron en 170,946 y las boletas no marcadas en 86,243. El 50.21% votó por el No, mientras que el 49.78 % por el Si. El gran ganador fue el abstencionismo, la mayoría de los inscritos para votar -en un país donde el voto no es obligatorio- no acudió a votar, un 62 %; a lo cual se agregan los votos nulos, lo que muestra que la apatía producto del descontento generalizado contra el gobierno de Santos, fue lo que primó.

El Si resultó ganador en los departamentos donde se registran operaciones militares entre los actores armados, la Región Atlántica, Pacifica, los departamentos de la selva y los llanos a excepción del Meta y Caquetá donde se realizó la última negociación con las FARC-EP en el gobierno del conservador Andrés Pastrana, en la zona de distensión del San Vicente del Caguán. El Si ganó además en las principales ciudades del país, Bogotá, Barranquilla, Cali, Cartagena, a excepción de Medellín. El No por su parte, ganó en los departamentos situados en las dos cordilleras centrales y en algunos departamentos fronterizos con Venezuela, como Norte de Santander y Arauca.

En términos políticos, el Si fue apoyado por las dos fuerzas de izquierda, el Polo Democrático Independiente, la Unidad Patriota cercana al Partido Comunista Colombiano, la centro izquierda de Alianza Verde y la alianza oficialista conformada por el Partido de la Unidad de Santos y el Partido Liberal, además de organizaciones populares, de derechos humanos y de víctimas de la guerra interna. El ex presidente Uribe, quien realizó junto a su partido el Centro Democrático la campaña por el No, sin duda ha sido quien ha capitalizado por el momento, con el respaldo del Partido Conservador.

Detrás de las estadísticas

El análisis marxista nos muestra que la realización de consultas vinculantes tan cerradas como estas, además de ser anti-democráticas reducidas a un si o a un no, en un terreno donde las burguesías y las derechas, tienen acumulada experiencia política y les es fácil el uso de medios electrónicos y de comunicación para sus fines, es una apuesta peligrosa. Asimismo, que estratégicamente les resulta contraproducente a los convocantes, como el recién caso del Brexit en Reino Unido. Pero incluso, resulta desastroso para las fuerzas de izquierda que acompañan o se decantan por tal vía, como la consulta popular en Guatemala sobre los Acuerdos de Paz en 1999 o referéndum constitucional en Costa Rica en 2007, para refrendar o rechazar el Cafta entre Estados Unidos y Centroamérica.

Pese a que el No se impuso por un estrecho margen, ya ha provocado que se realineen los factores tradicionales de poder de cara a renegociar los acuerdos. Pues como bien ha mencionado la comandancia de las Farc, la potestad soberana del Estado de firmar la paz no está en entredicho, pero sí el contenido de los acuerdos. Lo cual perfila al senador y ex presidente Álvaro Uribe, quien hábilmente mostró que no era contrario a la paz, sino a los privilegios que este grupo guerrillero lograba, capitalizando a los que votaron por el No.

Recordemos que Santos fue ministro de defensa en los gobiernos de Uribe, impulsando el Plan Colombia creado por Clinton, que con el pretexto del combate al narcotráfico, implantó una completa estrategia contrainsurgente para neutralizar el accionar militar de esta guerrilla y del Ejército de Liberación Nacional. Aparte de la expulsión de grandes cantidades de población campesina, sobre todo en las regiones del llano y la selva, en territorios aptos para la instalación de emprendimientos mineros y mega cultivos.

Son territorios donde las guerrillas han ejercido el control político y territorial, pero afectadas por los golpes militares, dos de sus principales comandantes fueron asesinados (Mono Jojoy y Cano después de la muerte del fundador Marulanda) y por el fenómeno del desplazamiento de sus bases sociales, en regiones donde se cultiva la hoja de coca. Esto fue sobre todo uno de los elementos usados para desprestigiar a esta guerrilla, al catalogarla por el Departamento de Estado, como narco-terroristas. Las Farc por su parte, ha conseguido el financiamiento para su apertrechamiento logístico, no con el contrabando de cocaína, sino con el cobro de impuestos a los narcos, junto con la defensa de campesinos cultivadores de coca.

Al llegar Santos al gobierno, rompió con Uribe, reflejo de un quiebre en el bloque burgués y la forma de tratar el fenómeno de la insurgencia armada. Santos, pese a buscar la paz con las guerrillas, sigue aplicando las brutales políticas neoliberales, que le ha ganado la movilización de estudiantes, obreros, empleados públicos, campesinos y productores rurales durante su gobierno, expresión además de la crisis económica mundial

Las FARC-EP, con los duros golpes recibidos por ejército con el respaldo militar del Comando Sur gringo, desde inicios del siglo han realizado acciones militares que afectaron a la población civil, secuestros masivos en carreteras y edificios, secuestros y asesinatos a políticos, acciones tácticas en sitios poblados, atentados con bombas; al grado que en varias comunidades indígenas, tanto el Estado como las guerrillas, son rechazadas. Desde el inicio de las negociaciones, la guerrilla ha suavizado su accionar militar, como no realizar secuestros. Varias de las regiones afectadas han sido ciudades medias situadas fuera de sus áreas de mayor influencia, de ahí el voto por el No, a la par de la propaganda uribista que pega en la pequeña burguesía de estas ciudades.

Después del plebiscito

El descontento contra un gobierno neoliberal como Santos, se muestra en menor medida en el voto por el No, pero sobre todo en el alto abstencionismo, donde las masas colombianas saben que su situación no se mejora con acuerdos en las alturas. Por supuesto que nosotros consideramos que el guerrillerismo, tal como lo aplican las FARC y el ELN, conduce a un callejón sin salida, dejando abierta la posibilidad de mayor terrorismo de Estado como los falsos positivos y aun después de una posible desmovilización. O como sucedió en los 80s, durante las primeras pláticas de paz en el gobierno de Belisario Betancur, donde los paramilitares asesinaron a más de 7 mil militantes de la Unidad Patriótica

Todo esto obliga al ELN a la cautela según pueda evolucionar la situación, pese a iniciar pláticas formales en marzo de este año; situación que se demuestra asimismo en la orden dada por la comandancia de las FARC-EP de que sus efectivos retornen a lugares seguros, pese a que por el momento el Estado y esta guerrilla, mantienen la tregua bilateral, augurando duras negociaciones con el Estado, ya con la presión del uribismo.

Se apuesta a renegociar algunos aspectos y acorralar aún más a la guerrilla, explotando el sentimiento en su contra por algunas de sus acciones, buscando eliminar aspectos como la exoneración de penas de cárcel a miembros de las FARC si confiesan haber cometido crímenes, que deja abierto a que los crímenes del Estado queden impunes, aunque se llama a implementar una Comisión de la Verdad. O el permitir que las FARC accedan al parlamento, con siete cargos sin mediar ningún proceso de elección; pese a que se busque garantizar el ejercicio de las actividades políticas y sociales, para los sectores populares.

En el aspecto agrario, está el fortalecimiento de las Zonas de Reservas Campesinas que son formas de manejo comunitario, por medio de crédito y asistencia técnica, así como el otorgamiento de nuevas tierras a campesinos que carecen de ellas, bajo la vía del mercado. Esto bajo la ilusión de convivencia con la alta concentración de la tierra destinada en buena parte a emprendimientos mineros, donde el gobierno de Santos planea acrecentar la inversión de empresas trasnacionales, para seguir bajo el modelo extractivo.

Es vital la movilización de los trabajadores y el pueblo en general, ante el repunte parcial del uribismo y sus negociaciones con Santos, el deseo de una buena parte del pueblo colombiano por desmotar esa guerra fratricida, la aplicación de medidas neoliberales por el gobierno con el respaldo de los distintos partidos de derecha y la falta de una política independiente de las distintas corrientes de izquierda, manifestada en irse de furgón de cola de Santos. Esto con el fin de confluir para impulsar una asamblea constituyente, método que, a diferencia del accionar guerrillero, requiere que las masas urbanas y del campo, estructuren sus instrumentos revolucionarios para la toma del poder.

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COLOMBIA.- Elecciones, guerrilla de las FARC y luchas sociales

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El presidente Juan Manuel Santos y el expresidente Alvaro Uribe, dos zorros del mismo piñal

Por Leonardo Ixim.

Con el 29 % de los votos, el candidato de la extrema derecha Oscar Iván Zuluaga, patrocinado por el ex presidente Álvaro Uribe del partido Centro Democrático (CD), se impuso sobre el actual presidente Juan Manuel Santos del partido Unidad Nacional (UN) -apoyado por el tradicional Partido Liberal- quien tuvo el 25%. Atrás quedaron el Partido Conservador con Martha Lucía Ramírez con el 15 %; Clara López de la alianza de izquierda Polo Democrático Independiente (PDI) y la Unión Patriótica (UP); y el centroizquierdista de la Alianza Verde de Enrique Peñalosa con el 8 %.

Pero el gran ganador de estas elecciones fue el abstencionismo, que se situó en casi un 60 %; es decir, no votaron 20 millones de colombianos, de 33 millones llamados a votar. Este dato junto al voto blanco o nulo que se sitúo en un poco más del 8 %, evidencia el descontento de la población hacia un sistema electoral que no considera representativo. Por su parte, algunas organizaciones de izquierda, entre ellas la sección colombiana de la LIT y movimientos sociales, hicieron un llamado al voto en blanco, mientras otras al abstencionismo. De estos resultados se pueden sacar muchas conclusiones; una es que buena parte de la población colombiana, aunque no mayoritaria, tiene una clara preferencia por partidos de la derecha, hecho visto en la reciente elección legislativa, donde tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes tendrán mayoría estos partidos.

Un monstruo de dos cabezas

Es bueno no olvidar el origen común de Santos y Uribe; el actual presidente fue ministro de defensa en el segundo gobierno de Uribe. Ambos fundaron la Unidad Nacional (UN), una mezcolanza de políticos liberales y conservadores claramente cercanos a los intereses de latifundistas vinculados al narcotráfico y financistas de las bandas paramilitares. Éstos han asesinado y desaparecido en los últimos años a una gran cantidad de luchadores sociales como parte de la estrategia de desplazamiento forzado del campesinado colombiano para despojarlos de sus tierras y territorios e implantar mega proyectos mineros y grandes cultivos extensivos.

Santos y Uribe fueron cómplices de las más grandes atrocidades contra el pueblo colombiano que la “democracia más vieja del continente” realizó, usando sobre todo el paramilitarismo y en menor medida el ejército y la policía. Paradójicamente, una característica de esta democracia semi-autoritaria son los resquicios del Estado de derecho. Así, se intentó afectar las relaciones construidas desde el uribismo y el paramilitarismo en la política burguesa, y se vinculó y en algunos casos se detuvo a muchos políticos miembros de este entramado.   Esta situación golpeó a la UN y una facción de ésta con Santos a la cabeza, expulsó a Uribe y a sus seguidores, quienes formaron el partido CD.

Esto va de la mano de la elección de Santos como presidente en 2010, quien apoyado por los grandes monopolios oligárquicos busca restarle fuerza a los sectores burgueses emergentes del uribismo, a su salida guerrerista a la guerra interna y mejorar las deterioradas relaciones diplomáticas con sus vecinos Ecuador y Venezuela, donde Uribe apoyó a las fuerzas de la extrema derecha que buscan en todo momento sacar al chavismo del poder. Esto también va de la mano del giro al centro de Chávez, por ejemplo con el arresto a miembros de las Farc-Ep en Venezuela y su extradición a Colombia o el apoyo que Santos y Chávez le dieron a la salida traidora en Honduras con el Acuerdo de Cartagena y la consolidación del régimen post golpe.

 

El telón de fondo

 

Las elecciones y su alto abstencionismo, tienen como telón la crisis que el neoliberalismo ha provocado en la sociedad colombiana. En los últimos meses se han dado una serie de paros de sectores campesinos y de pequeños empresarios rurales fuertemente reprimidos por el gobierno de Santos, que buscan salvaguardas ante los efectos de los TLCs sobre todo con Estados Unidos, que han destruido la producción rural.

Pese a que en los últimos años el PIB ha crecido un 4 %, la Inversión Extranjera Directa en 2013 fue de US$17 mil millones, la distribución de la riqueza sigue siendo, en palabras de la Cepal, insuficiente (El Espectador 1/06/14).El desempleo se redujo 1,9 % situándose en 9%, mientras que para 2014 mejorara la IED, pese según la Cepal, a que los precios de las materias primas -principal bien de exportación- se encuentran en deterioro (El Tiempo 1/06/14). Estas cifras ponen en evidencia que el modelo económico implementado tras la introducción del neoliberalismo en Colombia y en toda América Latina, ha implicado la reprimarización de la actividad productiva, la quiebra de la industria, el crecimiento del desempleo y sobre todo el aparecimiento del sub empleo y/o empleo precario.

A la par de este crecimiento económico, que entre sus perlas se encuentra la expansión de trasnacionales colombianas a Centroamérica, las luchas del proletariado están a la orden del día. Primero, el estudiantado evitó la aplicación de una privatizante ley de educación superior; huelgas obreras en empresas mineras de carbón y de extracción de petróleo, entre cuyas demandas, además de mejores condiciones laborales, está la constante amenaza y muerte de sindicalistas, una de las practicas más comunes en este país; empleados públicos por mejoras salariales, hace unos meses los judiciales y recientemente los maestros, que se movilizaron para cuestionar los sistemas de evaluación -una tónica en toda la región- al centrar el sistema de escalafones solamente en las remuneraciones y no en la mejora de la calidad (El espectador 1/06/14).

Por tanto, se puede decir que desde la última presidencia de Uribe y con más fuerza con Santos, las luchas contra el modelo económico y el régimen político con matices fuertemente autoritarios, son una constante, donde las elecciones siempre son síntomas distorsionados de la lucha de clases, pero necesarios como claves configuradoras de la realidades políticas. Esto se traduce en los altos niveles de abstencionismo pero también en el voto en blanco, nulo, o por las candidaturas de Peñalosa y de izquierda reformista de López y en cierto sentido, bajo la peligrosa expresión del voto útil aunque anti Santos, por las otras opciones de derecha.

En ese marco, como parte de las campañas, las negociaciones entre las Farc y el gobierno de Colombia fueron parte fundamental. Por un lado el uribismo denunciando esto como una “impunidad para los delincuentes” expresando no solo los intereses del paramilitarismo latifundista sino la visión de algunos sectores conservadores de la sociedad que adversa n a las guerrillas. Santos por su parte, retomó las negociaciones como bandera, autoproclamándose como “el candidato de la paz y el futuro”.

Las dos opciones de izquierda y el conservadurismo más cercano al uribismo por su parte, cuestionaron el monopolio propagandista que Santos hizo de las negociaciones; la candidata de la alianza UP-PDI la más contundente, reclamando el cese de la guerra antes de la firma de algún acuerdo total de paz y la realización de reformas más profundas al modelo, pero sin presentar un horizonte anticapitalista.

 

Las negociaciones en La Habana

 

Previo a las elecciones, tanto las Farc como el ELN acordaron una tregua, situación que se mantiene, sin que el gobierno actúe recíprocamente. En ese sentido, Santos, que fue escogido por el uribismo para derrotar a las guerrillas, dio un giro, negociando un proceso de 5 puntos, a saber: desarrollo rural, garantías para el ejercicio político de la oposición, cultivos ilícitos, incorporación de la Farc y firma del acuerdo de paz. Hasta ahora hay acuerdos en los dos primeros puntos y se está negociando el tercero.

Este proceso, que sigue los esquemas aplicados en Centroamérica, plantea soluciones reformistas, pese a tocar problemáticas estructurales de la sociedad. En el primer acuerdo no se habla de reforma agraria, sino de recuperación de tierras mal habidas e improductivas, de registro catastral y a lo sumo de apoyo a la economía campesina. En el segundo punto no se menciona el desmontaje del paramilitarismo, medidas de reparación y justicia a las víctimas, el papel del ejército ni la desmilitarizaron de la policía, a lo sumo se habla de creación de un sistema de participación donde se dé garantías a la oposición política y del ejercicio del quehacer de los movimientos sociales. Sobre el tercer punto, a pesar de mencionar la destrucción consensuada de los cultivos ilícitos con los campesinos, en última instancia se deja a las fuerzas de seguridad la represión cuando no hay consenso; y no se tocan temas como la regularización de estos cultivos en un escenario post despenalización.

Como sea, esta agenda es producto del fracaso del guerrillerismo, de la falta de reforzamiento de las bases campesinas con reformas agrarias de hecho y de desconexión con las masas urbanas. Con esto y el uso indiscriminado del terrorismo por algún tiempo, las Farc generaron un rechazo de algunos sectores de las clases medias que son la base del uribismo y del santismo.

Después de la primera vuelta, los dos contendientes están a la caza de los abstencionistas que se concentraron sobre todo en Bogotá, donde la centro-izquierda ha tenido victorias. En el juego de las alianzas, las dos candidaturas van bajo la polarización de seguir o no la guerra; apoyan a Santos el progresismo del alcalde Petro de Bogotá que apoyó a Peñalosa, el Partido Comunista con la UP y la facción liberal de Piedad Córdoba, además la maquinaria del Partido Liberal. El PDI y otros sectores que apoyaron a los verdes dejaron a sus votantes en libertad de elegir. Mientras que los conservadores se dividen entre apoyar a Santos o a Zuluaga y éste por su parte, con los acuerdos alcanzados con Ramírez, suaviza su discurso contra la paz.

Consideramos que ni Santos como Zuluaga son una opción, representan la continuación de las políticas neoliberales, aunque el primero como expresión de intereses de los monopolios tradiciones. Si le apuestan a la paz, en el plano regional tendrían una política de acercamiento con los gobiernos burgueses antiimperialistas y sus giros neoliberales en el mantenimiento de Celac. Consideramos también que esta guerra es innecesaria y no es la vía para el pleno ejercicio de los derechos de los colombianos, siendo la movilización constante, disputando el poder a las distintas fracciones de la burguesía y la búsqueda de una paz real, la verdadera opción

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COLOMBIA.- 10 propuestas de las FARC para entregar las armas

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PARTICIPACIÓN POLÍTICA PARA LA DEMOCRATIZACIÓN REAL, LA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

DIEZ PROPUESTAS MÍNIMAS DE GARANTÍAS PLENAS PARA EL EJERCICIO DE LA OPOSICIÓN POLÍTICA Y SOCIAL Y DEL DERECHO A SER GOBIERNO

En desarrollo de las propuestas para la Participación política para la democratización real, la paz con justicia social y la reconciliación nacional, se presenta el siguiente conjunto de iniciativas correspondiente al segundo punto sobre Garantías plenas para el ejercicio de la oposición política y social y del derecho a ser gobierno:

Expedición del Estatuto de la oposición política y social.

2.1. EXPEDICIÓN DEL ESTATUTO DE LA OPOSICIÓN POLÍTICA Y SOCIAL

En atención, entre otros, al derecho político a participar en la conformación, el ejercicio y el control del poder político, al derecho a constituir partidos, movimientos políticos y agrupaciones políticas sin limitación alguna, a formar parte de ellos y a difundir sus ideas y programas, a la libertad de expresión y al disenso, al pluralismo político y la tolerancia, a la acción política social y popular a través de la protesta y la movilización, a la necesidad de una cultura política para la resolución pacífica de los conflictos y a la obligación del Estado de garantizar el diálogo político, deliberante y público con sus opositores, se expedirá el Estatuto de la oposición política y social. La organización institucional del derecho a la oposición política y social, así como su reconocimiento y garantías, constituyen un pilar de la organización democrática de la sociedad y del Estado, de su sistema político y de representación y del trámite pacífico de los conflictos políticos y sociales.

2.2. RECONOCIMIENTO ESPECIAL DE LA OPOSICIÓN POLÍTICA Y SOCIAL Y DEL DERECHO A SER GOBIERNO

En el entendido que el ejercicio de la política no se limita exclusivamente a la participación en el sistema político y electoral, además de las formas de oposición de los partidos políticos y de los movimientos políticos y sociales, se reconocerán todas aquellas propias de la acción de los movimientos sociales y populares, de acuerdo con sus repertorios de movilización y sus plataformas de lucha. Se entiende por oposición toda acción política de disenso, crítica y fiscalización de las políticas, los planes, programas y proyectos gubernamentales, y de la administración y la gestión del gobierno, ejercida a través del sistema político y de representación, o mediante la protesta, la movilización y la acción directa social y popular. El ejercicio de la oposición se entenderá como un derecho político fundamental, que se llevará a cabo libremente y con plenas garantías; implica la posibilidad de plantear alternativas políticas diferentes a las del gobierno de turno, así como demandar de éste la redefinición y reorientación de sus políticas. La organización institucional del derecho a la oposición política y social presume distinguir entre las formas de oposición política ejercidas en el sistema político y de representación y las formas de oposición ejercidas por fuera de éste. Los partidos políticos y movimientos políticos y sociales que quieran declararse formalmente en oposición se inscribirán como tales en el Consejo Nacional Electoral. La condición formal de opositor conlleva garantías efectivas para el ejercicio del derecho a la oposición. Se habilitarán otros mecanismos, con las mismas garantías, para dar respuesta institucional a las demás formas de oposición política y social. El derecho a la oposición política y social se ejercerá en todos los niveles de la organización territorial sin menoscabo del derecho a la participación política y social. El derecho a la oposición política y social conlleva el derecho a ser gobierno.

2.3. GARANTÍAS PLENAS PARA EL EJERCICIO DE LA OPOSICIÓN POLÍTICA Y SOCIAL

Además de las correspondientes garantías de seguridad, el derecho a la oposición política y social comprende, entre otros, el acceso libre y oportuno a la información oficial, el acceso a los medios de comunicación del Estado o a aquellos que hagan uso del espectro electromagnético, el derecho de réplica y la obligación de rectificación, así como la definición de mecanismos de seguimiento al disfrute efectivo de este derecho. Se tendrá derecho de réplica cuando el Presidente de la República o miembros del Gobierno Nacional hagan afirmaciones que atenten contra el buen nombre de los partidos o movimientos políticos y sociales de oposición, o contra la dignidad de sus dirigentes, y las mismas hayan sido divulgadas en medios de comunicación social, que utilicen el espectro electromagnético. A los partidos políticos y movimientos políticos y sociales con representación parlamentaria, declarados formalmente en oposición, se les reconocerá adicionalmente la participación efectiva en la conformación de mesas directivas y comisiones del Congreso, la última palabra antes de la conclusión en los debates del Congreso, la participación en la vigilancia y el control sobre procesos electorales, la consulta previa en el caso de asuntos políticos de interés nacional tales como las relaciones exteriores, la seguridad y defensa nacional o la administración de justicia.

2.4. FINANCIACIÓN ESTATAL ESPECIAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE MOVIMIENTOS POLÍTICOS Y SOCIALES

Sin perjuicio de los mecanismos de financiación estatal de los partidos políticos y de los movimientos políticos y sociales, con miras a garantizar el disfrute efectivo, real y material, del derecho a la oposición política y social, habrá una financiación estatal complementaria. Tal financiación tiene la función de proveer condiciones para cualificar el ejercicio de la actividad opositora a través del análisis y la investigación de la información oficial y de los planes y políticas gubernamentales. Los recursos adicionales a disponer equivaldrán a un diez por ciento del total de los recursos públicos asignados para la financiación de los partidos políticos y movimientos políticos y sociales.

2.5. UMBRAL ELECTORAL Y OTROS DERECHOS DE LA OPOSICIÓN

Con miras a garantizar de manera efectiva los derechos de la oposición y de las minorías políticas, el reconocimiento de la personería jurídica de los partidos políticos y de los movimientos políticos y sociales que opten por el ejercicio de la política en el marco del sistema político y de representación, no estará supeditado al logro de un umbral electoral determinado. Para efectos del reconocimiento de dicha personería será suficiente la inscripción del programa político y de los estatutos de la respectiva colectividad. Se reconocerán otros derechos de la oposición y de las minorías: La oposición tendrá asiento en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores; tendrá un representante en la Junta directiva del Banco de la República; los candidatos a los cargos de Presidente y Vicepresidente de la República, Gobernador, Alcalde Distrital y Alcalde Municipal del partido, movimiento político y social, declarados en oposición que sigan en votos a quienes la organización electoral declare elegidos en los mismos cargos, ocuparán una curul en el Senado, Cámara Territorial, Asamblea, Concejo Distrital y Concejo Municipal, respectivamente, durante el período para el cual se hizo la correspondiente elección.

2.6. PARTICIPACIÓN DE LA OPOSICIÓN POLÍTICA EN EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Sin perjuicio del procedimiento de elección popular de los integrantes del Consejo Nacional Electoral, en su composición se garantizará la participación de representantes de la oposición política y social. Para tal efecto, a ésta le será asignado un número fijo del total de los integrantes que conforman esa corporación.

2.7. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE PARTICIPACIÓN DE SECTORES SOCIALES EXCLUIDOS Y DE MINORÍAS

La cualificación del derecho a la oposición política y social debe acompañarse del reconocimiento y el respeto de los derechos políticos de sectores sociales excluidos y de las minorías. Se respetarán, reconocerán y proveerán garantías para actividades opositoras, de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, así como de las mujeres, los jóvenes y la comunidad LGBTI. Se creará un fondo especial para atender sus demandas de financiación. Se dará cumplimiento a los términos de la Convención de Copenhague del 18 de diciembre de 1979 y a la ley de cuotas, y se ampliará la participación femenina y de jóvenes en altos cargos políticos, instancias decisorias y de dirección estatal.

2.8. INSTITUCIONALIDAD ESTATAL GARANTE DEL DERECHO A LA OPOSICIÓN POLÍTICA Y SOCIAL. DOCTRINA MILITAR

Se organizará la correspondiente institucionalidad estatal para garantizar de manera efectiva, real y material, el derecho a la oposición política y social. Tal institucionalidad comprende la promulgación de legislación especial, incluida la política criminal, para la proscripción de prácticas clientelistas, corruptas, criminales y mafiosas, que permean el sistema político y de representación, el régimen electoral, y los diferentes poderes públicos, restándoles credibilidad y transparencia y generando poderes fácticos sustentados en la compra de votos y el ejercicio de la violencia. De manera especial se proveerán garantías de no estigmatización y criminalización de la oposición política y social, así como garantías de seguridad individual y colectiva para los partidos políticos y movimientos políticos y sociales declarados formalmente en oposición; también para la movilización y la acción directa social y popular y sus líderes y participantes.

La política de seguridad del Estado y la doctrina militar y policial serán reformuladas para desproveerlas de los contenidos propios de la “guerra fría”, expresados, entre otros, en el seguimiento y las escuchas ilegales y en la concepción de persecución y combate al “enemigo interno”. En lugar de ello, se fomentará una nueva cultura política en todos los funcionarios públicos de reconocimiento y respeto del opositor y sus derechos, orientada a la regulación pacífica de los conflictos políticos y sociales.

2.9. COMPROMISO EFECTIVO DEL ESTADO CON LA ERRADICACIÓN Y PROSCRIPCIÓN DEL PARAMILITARISMO Y DE TODA PRÁCTICA ILEGAL DE CONTRAINSURGENCIA

El gobierno nacional se comprometerá con el desmonte efectivo y la proscripción, real y material, de las estructuras paramilitares y de toda práctica ilegal de contrainsurgencia que impida el libre ejercicio del derecho y las garantías a la oposición política y social. Por estructura paramilitar se comprende una compleja organización criminal con funciones de contrainsurgencia, definida ésta en el sentido amplio del término, concebida dentro de las prácticas del terrorismo de Estado y de las fuerzas militares y policiales, auspiciada y/o financiada por funcionarios públicos, grupos económicos, empresas transnacionales, terratenientes y latifundistas, y por narcotraficantes y mafiosos, orientada a la obtención del poder político, económico y territorial mediante el uso de la violencia y el exterminio físico contra partidos políticos y movimientos políticos y sociales opositores, sus militantes y simpatizantes, o contra formas de oposición expresadas en la protesta, la movilización y la acción directa social y popular, sus líderes y participantes, incluyendo el uso indiscriminado de la violencia contra la población. Además de la promulgación de una política criminal orientada de manera específica a ese propósito y de la depuración de los poderes públicos permeados por estas estructuras, se conformará una Comisión de la verdad histórica para el esclarecimiento de sus crímenes, que contará con la participación de representantes de la oposición política y social y del movimiento de víctimas. La mencionada Comisión desempeñará adicionalmente funciones de seguimiento a la política gubernamental en esta materia y velará por garantías de no repetición.

2.10. MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL DEL GENOCIDIO CONTRA LA UNIÓN PATRIÓTICA Y DEL EXTERMINIO DE OTRAS FUERZAS OPOSITORAS

La Comisión de la verdad histórica del terrorismo de Estado tendrá como una de sus funciones específicas el esclarecimiento del genocidio contra la Unión Patriótica, de los crímenes contra sus militantes y simpatizantes, y del exterminio de otras fuerzas políticas opositoras, así como de la desaparición forzada o el asesinato de militantes, simpatizantes y líderes de la protesta y la movilización social y popular. Se procederá a su reparación integral y a proveer las garantías de no repetición. En el caso de la Unión Patriótica, el resarcimiento incluye además, mediante la promulgación de una ley especial, el reconocimiento expreso y taxativo de la responsabilidad estatal frente a la opinión pública y la comunidad internacional, la devolución de sus curules al momento de mayor representación en el poder legislativo en todos sus niveles. Todo ello se realizará en ceremonia pública de reconocimiento, con amplia difusión en los medios de comunicación. El Estado se comprometerá también con la reconstrucción de su memoria histórica.

DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP

La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, julio 29 de 2013

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COLOMBIA.- Después del “Paro Agrario” nada será igual

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Por Juan Castel

El “Paro Nacional Agrario y Popular” en Colombia, que iniciase el pasado 19 de agosto, tiene sus causantes históricas en la desigualdad del campo colombiano y en un régimen democrático burgués cimentado económicamente en un puñado de grandes terratenientes y del mismo imperialismo yanqui, los dos motores del estado oligárquico-imperial colombiano. Pero el Paro Agrario y Popular que ha puesto actualmente en jaque al gobierno de Juan Manuel Santos tiene sus precedentes organizativos y de su accionar de lucha de masas en la historia del pueblo colombiano.

Antecedentes de la lucha

El 14 de Septiembre de 1977 será una fecha que los bogotanos no podrán olvidar, fecha en que los de abajo hicieron templar a la cúspide del poder militarista colombiano. El gobierno central estaba hacía tres años bajo el mando del Partido Liberal Colombiano (PLC) presidido por Alfonso López Michelsen; el alcalde designado por el PLC para gobernar el distrito especial de Bogotá fue el también liberal Bernardo Gaitán Mahecha. Junto con esa renovación del poder central, los bogotanos vieron un cambio en la forma de hacer política, cambio que desterraba al hegemónico Partido Conservador; pero ese cambio nunca llegaría y sería remplazado rápidamente por una crisis económica, el descredito de los partidos políticos y la intensificación de las desigualdades sociales, este contexto llevará en última instancia a la fuerte protesta urbana y social.

En agosto se anuncia la realización de una “huelga general”, que fue pronto criminalizada y tachada por los órganos gubernamentales de tener un carácter “subversivo y político”. Para llevar a cabo el paro se conformó un comité de coordinación que integraron varios sectores convocados por el Consejo Nacional Sindical (CNS), conformado por: Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia (CSTC), Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), Unión de Trabajadores de Colombia (UTC) y la Confederación General del Trabajo (CGT). La protesta tuvo como plataforma los siguientes puntos: 1) Aumento de los salarios por encima del 50%. 2) Congelación de los precios de los artículos de primera necesidad y de las tarifas de servicios públicos. 3) Suspensión del Estado de Sitio y respeto de las libertades políticas y sindicales. 4) Derogación del Estatuto Docente, reapertura y desmilitarización de las universidades, adjudicación de un presupuesto más adecuado a sus necesidades. 5) Abolición de las normas de Reforma Administrativa para que los trabajadores de servicios del Estado puedan disfrutar del derecho de asociación, contratación colectiva y huelga. 6) Entrega inmediata de tierras a los campesinos de las haciendas afectadas por el INCORA. 7.) Jornada de 8 horas y salario básico para los trabajadores del transporte. 8) Suspensión de los decretos de reorganización del ICSS que lesiona los intereses de los usuarios y viola los derechos y conquistas de los trabajadores del mismo instituto.

La jornada del paro tuvo un preámbulo el día 13 a las 11:45 pm cuando “Los voladores, lanzados desde las azoteas de diez edificios y de otras casas particulares, los que notificaron con el grito de júbilo de la pólvora que se aceraba la hora cero señalada por las directivas de las cuatro centrales obreras” (Medófilo Medina: La protesta urbana en Colombia; 1984)

El 14 de septiembre de 1977 estalló el paro cívico más fuerte que quizás se ha realizado en Bogotá, por ende la protesta urbana más importante de la segunda mitad del siglo XX. En Bogotá la población interrumpe el transporte y se enfrenta a las fuerzas gubernamentales. Se produce desorden, interrupción del transporte y saqueos a grandes almacenes, a camiones de la Pepsi-cola, tomas de calzadas y avenidas principales, al tiempo que la población es fuertemente reprimida. Paro que en primera instancia aglutinará a los asalariados urbanos que serían secundados por obreros, empleados independientes, estudiantes, amas de casa y otros. En algunos lugares se produjeron asaltos a cinco empresas industriales medianas. Además se dio el intento de las multitudes de tomarse la Estación Central de Teléfonos de Bogotá y una estación de energía eléctrica en el sur. “Las tomas y los saqueos que se produjeron el 14 de septiembre no constituyen en modo alguno el aspecto más representativo o extendido del paro cívico, visto desde el ángulo de la protesta urbana” (Medina: 1984), ya que la clase dominante, los medios de comunicación y el gobierno se valieron de estos hechos para descalificar el paro, haciendo ver una protesta que fue justa, como un acto violento e ilegal, y por tanto lo reprimieron violentamente.

Los Campesinos del Catatumbo encendieron la chispa

A finales de junio del presente año, se desató una fuerte movilización de campesinos en la región del Catatumbo al noreste del departamento norte de Santander. La movilización fue mantenida férreamente a pesar de las embestidas represivas del ejército colombiano y de las persecuciones, asesinatos y desapariciones a manos de los grupos paramilitares –en clara alianza con el gobierno nacional- contra las poblaciones campesinas y los líderes de la movilización. Las causas primordiales del levantamiento de los campesinos del Catatumbo, tiene su base en la desigualdad en la que estos deben competir contra las grandes industrias agrícolas, agropecuarias, férreas, mineras y cafetaleras; estas últimas respaldas por las facilidades brindadas por “El Acuerdo de Promociones Comerciales entre Estados Unidos y Colombia”, también llamado TLC. Este entró en vigencia el 15 de mayo del 2012 y a sub-arrendado el campo colombiano y sus productos a las importaciones trasnacionales, haciendo de los grandes hacendados y terratenientes colombianos los administradores nacionales del patio trasero yanqui y a la clase política fiel representante de la oligarquía colombiana.

Esto no amilanó a los campesinos, quienes manteniendo una lucha indefinida de más de dos meses, trajeron de nuevo a la palestra colombiana –distraída por los diálogos de paz de la Habana- de manifiesto los problemas de la desigualdad del trabajador empobrecido del campo (en Colombia 14 millones de campesinos viven en la pobreza y cerca de un millón de familias no poseen tierras para subsistir) que muere a la sombre de una competencia protegida por el falso “desarrollo”, por el gasto militar norteamericano en armas para con sus aliado más importante y productor de bienes básicos en América latina (plan Colombia). Fue el Catatumbo el que empujó a las masas a luchar abiertamente contra un gobierno que acusa a cualquier “basta ya” de los pobres, de tener influencia directa de la guerrilla y de los terroristas.

El Paro Agrario de todos, por una Colombia de todos

El paro colombiano convocado por diversas organizaciones sociales, progresistas, democráticas, sindicatos y de un amplio movimiento de izquierdas, estallaría el pasado 19 de agosto. Pero este no era como lo dice el gobierno pro-fascista y militarizado colombiano, un ataque influenciado por la guerrilla o por su nuevo “enemigo público” –dada una posible paz firmada en la Habana- el terrorismo. Este paro fue desde las primeras horas, un paro popular con su gran base campesina movilizada a lo largo y ancho de Colombia. Millones de hombres y mujeres que reclaman una solución estructural a los problemas que aquejan a la mayoría de la población en el país, que se evidencian en la miseria del 73% de los campesinos y campesinas; en 6,6 millones de hectáreas despojadas por las fuerzas estatales, paramilitares y transnacionales; en 5,5 millones de personas desplazadas a sangre y fuego de sus tierras; en el 52% de la propiedad rural concentrada en 1,15% de la población, con un Coeficiente de Gini del 0,85 (donde 1 significa el nivel máximo de desigualdad).

Es por estos motivos que actualmente Colombia entera se ha declarado en “Paro Nacional Agrario y Popular”, exigiéndole al gobierno mediante la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo (MIA): 1) La implementación de medidas y acciones frente a la crisis de la producción agropecuaria. 2) El acceso a la propiedad de la tierra. 3) El reconocimiento a la territorialidad campesina. 4) La participación efectiva de las comunidades y los mineros pequeños y tradicionales en la formulación y desarrollo de la política minera. 5) Que se adopten medidas y se cumplan las garantías reales para el ejercicio de los derechos políticos de la población rural. 6) Inversión social en la población rural y urbana en educación, salud, vivienda, servicios públicos y vías.

El gobierno de Juan Manuel Santos ha intentado inútilmente invisibilizar el Paro y la multitudinaria movilización que lo sostiene, lo que no ha impedido que cada día sean más los sectores que se suman para manifestar su inconformidad con las políticas neoliberales, cuyos efectos se han profundizado con la firma de diferentes Tratados de Libre Comercio, especialmente el pactado con Estados Unidos en 2010. La represión ha estado a la orden del día, con ataques indiscriminados a las comunidades y manifestantes, ametrallamientos, daños a bienes civiles, confinamientos, retenciones arbitrarias en el campo y la ciudad.

La respuesta gubernamental

El gobierno se apresuró a desmentir el hecho de un paro general de los campesinos, cafeteros, cacaoteros, mineros, paperos, arroceros, algodoneros, trabajadores y usuarios de la salud, transportistas, mineros, estudiantes, junto a las principales expresiones organizadas de la izquierda y del sindicalismo. Declaración de Juan Manuel Santos: “El tal paro nacional agrario no existe, hay algunos sectores de algunos departamentos que tienen legítimas reclamaciones que están pidiendo ayuda del Estado de forma legítima…Decían que van a aislar a Bogotá, no hay tal, son 10 o 15 personas, la situación está bajo control y los problemas se están solucionando” (Caracol Radio, 25 de Agosto). Apelando a que las protestas eran reducidas y estaban infiltradas por los grupos de la izquierda radical y de la ultra derecha. “En su alocución durante la Caminata por la Solidaridad, el jefe de Estado manifestó que son muy pocos los campesinos que están protestando y que las manifestaciones están infiltradas por violentos de la extrema derecha y la extrema izquierda” (Caracol Radio, 25 de Agosto).

Mientras Santos hace estas declaraciones no se detiene la arremetida policiaco-militar en el campo convulsionado por las manifestaciones y barricadas campesinas, tampoco es diferente el tratamiento que reciben los estudiantes y obreros parados en 30 de las 32 principales ciudades del país. La violencia del estado ha sido maximizada por los grupos paraestatales y los de choques gubernamentales, encabezados estos últimos por las despreciables fuerzas del “Escuadrón Móvil Antidisturbios” (ESMAD), a la cual se le atribuyen las muertes de manifestantes durante choques contra la policía. Mientras Juan Manuel Santos, respetando la ruptura con la fracción burguesa representada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, sale a desmentir estos ataques y represión indiscriminada diciendo: "Nunca ha habido un Gobierno que le haya dado tanto a los campesinos y que esté tan comprometido con ellos" (http://www.noticiascaracol.com/nacion/articulo-302718-santos-se-disculpa-con-campesinos-y-acepta-abrir-mesa-de-dialogo) y culpando de todo este embrollo –claro no tácitamente- a los gobiernos anteriores presidido por Barco, Gaviria, Samper, Pastrana.

Esto le llega a la burguesía colombiana como “un golpe inesperado” durante las negociaciones de paz en La Habana, en la cual pone sus esperanzas de que la guerrilla de las FARC-EP claudique a la democracia burguesa, validando el sistema clientelar y corrupto que mantiene los privilegios de la minoría poseedora de la renta nacional y de los jugosos tratos con el capital trasnacional sobre la miseria de la amplia mayoría campesina y de los obreros y asalariados públicos y privados.

Por eso desde el Partido Socialista Centroamericano nos solidarizamos con el pueblo colombiano, y animamos a seguir la movilización y la lucha contra el estandarte de la pobreza, la expoliación y la muerte, como siempre lo ha sido el gobierno colombiano, rapaz administrador neoliberal de la oligarquía terrateniente nacional y del interés imperial yanqui. Aquella lucha cívica en Bogotá en septiembre 77 revive hoy, más fuerte, con una lógica de clase más amplia, de muchos colores y de más voz. Aquella huelga general de 1977 fue derrotada por las armas al no poderse propagar por todo el campo. Pero este paro popular ha hecho en más de un mes de lucha lo que la guerrilla de las FARC-EP con su foquismo, no pudo hacer en más de 60 años de lucha. Hacer temblar al otrora inexpugnable poder oligárquico-imperial. Desde la distancia, sin el conocimiento concreto de los hechos, nos atrevemos a aconsejar a los campesinos y trabajadores en paro que empiecen a formar Comités de Autodefensa para enfrentar la represión generalizada que el gobierno ha lanzado sobre ellos; también aconsejamos que los compañeros se organicen en Comités de Abastecimiento y Autoayuda para poder sustentar los gastos del paro y que las familias trabajadoras subsistan. Estos son embriones de poder popular indispensables para que el paro pueda prolongarse exitosamente sin problemas. “Las masas en la movilización nunca serán derrotadas”.

  • Escrito por Super Usuario
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COLOMBIA.- ¡¡No más Uribe!!

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no mas uribe

Uribe, el presidente de tendencia dictatorial bélica y omnipoderoso que dejará historia cruenta en Colombia, tuvo la posibilidad de vencer la ley colombiana para presentarse a las elecciones de 2006 y poder ser reelegido para el mandato 2006-2010, después de su llegada al poder en el 2002. En Colombia desde el gobierno militar de Gustavo Rojas Pinillas en 1953-1958, y el inicio del Frente Nacional, combinación del poder cada 4 años entre liberales y conservadores, ningún presidente  colombiano tenía derecho a la reelección hasta la reforma que hizo Uribe para poder presentarse por segunda vez. Finalmente su interés anticonstitucional para ser reelegido indefinidamente no ha sido posible, dado que no ha seguido ningún proceso democrático como si lo hizo Chávez en Venezuela con el referendum de la enmienda constitucional que el pueblo aprobó el mes de Febrero de año pasado  (Kaos. Colombia)

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