Por Emilio Young
Después de más de una semana de movilizaciones, estallido y cólera popular en Colón, muertos y heridos del bando popular, acorralado por las movilizaciones y la protesta de las cámaras empresariales y de comercio, el gobierno de Martinelli finalmente cedió y el lunes 29 de Octubre publicó la Ley que derogó la Ley No 72-2012.
La derogación de esta Ley fue una contundente victoria popular, por ello se hace necesario hacer un balance de tan importante lucha.
Diferentes intereses
En la lucha por preservar la Zona Libre de Colon (ZLC) como una empresa del Estado, confluyeron diferentes intereses y sectores sociales. Muchos de los partidos de oposición, como el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y el Partido Panameñista, aprovecharon la oportunidad para arremeter contra el gobierno de Martinelli, procurando debilitarlo al máximo, de cara a las elecciones del año 2014.
También confluyeron los oscuros intereses de las cámaras de comercio, especialmente la de Colon. Panamá es un país que vive fundamentalmente del comercio y la prestación de servicios, por lo que el conjunto de la burguesía es comerciante.
Y en la llanura, como siempre, los sindicatos y sectores obreros y populares, los que salen a pelear a las calles, a defender los intereses nacionales, algo que la burguesía comerciante no pueden hacer.
Las movilizaciones en los barrios populares de Colon, adquirió características de explosión social, la que fue violentamente reprimida por la Policía. El gobierno de Martinelli vio que la alianza entre comerciantes, partidos políticos de oposición y sectores obreros y populares, podía conducir, de continuar los enfrentamientos, en su derrocamiento, por eso debió recular y derogar la Ley No 72 que había impuesto desde su cómoda mayoría parlamentaria.
Ilusiones en Dialogo
En su discurso de la noche del 28 de octubre, Martinelli llamó al dialogo, a lo que se había negado en las semanas anteriores. Las iglesias evangélicas y la Iglesia Católica fungirían como garantes de los acuerdos que se tomen.
En el fondo, todas las organizaciones que se opusieron a la venta de terreno de la ZLC, como las 34 organizaciones que forman el Frente Amplio de Colón, la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón y la Cámara de Comercio de Colón, tienen ilusiones de que podrán solucionar los problemas en la mesa de negociaciones.
El gobierno de Martinelli, de rodillas, se dio golpes en el pecho. Roberto Henríquez, ministro de la Presidencia, reconoció el error del gobierno y la mezcla de intereses en el conflicto: “el Gobierno había sido informado y estaba en el entendimiento que se habían realizado las consultas, lo que parece ser es que no se hicieron en todos los sectores (…) Muchas veces lo que prende el rancho son esos intereses políticos, pero después es el pueblo que se suma” (La Prensa, 06/11/2012)
El dialogo es utilizado por la administración de Martinelli como un mecanismo que impide la continuidad de las movilizaciones populares. Por su parte, los grandes comerciantes de la ZLC aspiran llegar a acuerdos satisfactorios con el gobierno. El Dialogo dio inicio el pasado 7 de Noviembre en la casa de Audilio Aguilar, en Margarita, en un ambiente de secretividad que no augura nada bueno.
Edgardo Voitier, coordinador del FAC, ha insistido en que “queremos que el Gobierno le de un trato justo a la provincia de Colón”, y que es necesario que sean incrementados el porcentaje de ingresos provenientes de los puertos, del ferrocarril y otras empresas, a favor de la provincia de Colon.
Y aquí es donde todos se preguntan: ¿quien le pondrá el cascabel al gato?
Liberar a los presos
El dialogo ha iniciado, pero todavía permanecen en prisión y bajo procesos judiciales las personas que fueron capturadas durante las movilizaciones. Producto del Dialogo, apenas se ha formado una Comisión para estudiar el caso de los detenidos, cuando lo correcto es exigir la liberación inmediata de todos los detenidos, como condición indispensable para cualquier dialogo con el gobierno.
El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) exige la liberación inmediata de todos los detenidos, la anulación de los procesos judiciales, y que cualquier dialogo con el gobierno de Martinelli sea publico, para que el pueblo de la provincia de Colon y de todo Panamá, sepa que se discute y que se negocia, y que cualquier acuerdo debe ser sometido al referendo popular.
