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Por Olmedo Beluche

El gobierno panameño inició 2007 anunciando con bombos y platillos la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Lo primero que llama la atención es que ese acuerdo se hizo sobre la base de un texto en inglés, sin la versión en el idioma oficial de Panamá, el español, cuya traducción ha tomado varias semanas. Esto sólo había ocurrido antes con el nefasto Tratado Hay-Bunau Varilla de 1903 para la construcción del Canal. Para colmo el documento se mantiene casi secreto en la página web del Ministerio de Comercio, donde sólo lo consultan especialistas y curiosos.

Lo segundo a destacar es que se ha cambiado la denominación de Tratado de Libre Comercio (TLC) por la de Tratado para la Promoción Comercial (TPC). Este nuevo eufemismo es el reconocimiento implícito de que este tipo de acuerdos ha caído en el desprestigio total ante los pueblos de América Latina. Porque existen varios precedentes, empezando con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (o NAFTA en inglés), el TLC EU-Chile, y el más reciente TLC de Centroamérica con EU (CAFTA).

La Biblia dice: “Por sus hechos los conoceréis”. Y esto es aplicable a los TLC. Véanse los efectos económicos y sociales del NAFTA, firmado en 1994, sobre México, y sabremos qué esperar del TPC. México ha visto la destrucción de millones de puestos de trabajo en el sector agrícola, además de perder la autosuficiencia alimentaria en productos como el maíz, del que ahora depende de las importaciones norteamericanas, y de las empresas yanquis que han tomado el control de su comercialización.

Ahí está la reciente “crisis de la tortilla” (aumento desproporcionado de su precio) como claro recordatorio de la falacia de que estos tratados implican una reducción del costo de vida. México, por ser fronterizo con Estados Unidos vio la creación de miles de puestos de trabajo en el sector industrial, ventaja que Panamá no tendrá. ¿Pero esto ha detenido el flujo migratorio en busca de empleos? La respuesta es NO.

Otro tanto puede decirse del TLC Chile-EU, y del TLC Centroamérica EU, que no ha implicado la mejora de los niveles de vida de sus poblaciones. El pueblo tico acaba de darnos un buen ejemplo cuando más de 200 mil personas se han manifestado en estos días en contra de la ratificación del tratado.

Es que los TLC son parte de esa política económica que se ha impuesto desde 1980, con el llamado Consenso de Washington, y que se ha llamado “globalización neoliberal”. Los TLC, las privatizaciones, la deuda externa, la desregulación laboral, el librecambismo, la desprotección de la industria y el agro, el achicamiento del estado y del mercado nacional, son parte de una integración económica y política del mundo controlada por siete potencias y 200 empresas transnacionales, que ha polarizado la riqueza en una minoría y sumido en la miseria a la mayor parte de la humanidad.

Las potencias del mundo hablan falsamente de “libre comercio” cuando en realidad lo que están imponiendo es el monopolio económico del mundo por parte ellas y sus empresas, en detrimento de las naciones pequeñas. Esto se llama imperialismo.

No nos oponemos a los acuerdos comerciales, ni mucho menos promovemos un modelo económico autárquico. Eso sería completamente absurdo en un mundo cada vez más interdependiente. Estamos de acuerdo en el comercio justo, equilibrado y equitativo en el que las partes ganen algo. Pero un matrimonio entre un señor gordo de dos metros de alto y una señora flaquita de un metro con cincuenta no hay equilibrio y una de las dos partes pierde.

Por ello, sostenemos que debieran priorizarse acuerdos regionales de integración equitativos, como la propuesta del ALBA formulada por el gobierno bolivariano de Venezuela. América Latina sólo puede lograr un equilibrio comercial con Estados Unidos, primero integrándose y luego negociando como bloque y no por separado. Ya lo decían los emperadores romanos: “divide y vencerás”.

Los TLC tienen el inconveniente de que no se reducen a meros acuerdos comerciales, sino que implican una multiplicidad de aspectos que afectan la economía nacional, que van de lo comercial, a leyes de patentes, licitaciones públicas, movilidad de fuerza laboral, trato de nación más favorecida, etc. El llamado TPC tiene 22 capítulos y cada uno de ellos es todo un tratado cuyas implicaciones es difícil de medir a primera vista. Sólo el Documento explicativo tiene 177 páginas.

Lo tercero que llama la atención es que este tratado se ha firmado por insistencia no de Estados Unidos, sino del gobierno panameño, cuando el presidente Bush, agobiado por la derrota electoral y los costos de la fracasada invasión a Irak, ya había desestimado un acuerdo cuya aprobación por el Congreso es dudosa. Esto muestra el grado de entreguismo del gobierno presidido por Martín Torrijos.

Pero si uno negocia un tratado comercial es porque espera lograr alguna ventaja, vender más y no que la contraparte te inunde con sus productos. ¿Qué ha logrado el gobierno panameño? Pues casi nada. Ninguna ventaja comercial que no tuviera ya Panamá como parte de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, que data de los años 80.

Por ello, Dan Christman, vicepresidente para asuntos internacionales de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, se regodeaba en decir que su país logró: que un 88% de los productos de consumo e industriales y más de un 50% de los agrícolas entrarán a Panamá sin pagar aranceles inmediatamente, tras la entrada en vigor del TLC; mientras que le resto de los gravámenes se eliminarán progresivamente. En cambio, Washington tendrá que variar mucho menos su política aduanera, pues los productos panameños ya disfrutan de un acceso privilegiado al mercado de EU (El Panamá América, 20 de diciembre de 2006).

Y pese a los “privilegios” de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe, Panamá mantiene un déficit comercial enorme con EU, que se verá incrementado por el tratado de marras.

Refiriéndonos al apartado agrícola, Panamá sólo logró un pequeño éxito en las exportaciones de azúcar de caña y sus derivados (ron y etanol), al aumentar en 6,500 toneladas nuestras exportaciones, lo cual según el MICI significará un incremento del área sembrada en 1,500 hectáreas y la creación de 1,200 nuevos empleos (hay que ver si es verdad, porque la industria está introduciendo maquinaria en reemplazo de la mano de obra tradicional). Bien por los Del Valle, Chiari, Virzi, Varela y Martinelli.

En todos los demás rubros agrícolas y agroindustriales (como avícola y porcinos) Panamá pierde con este tratado. Todos los rubros tienen un plazo fatal: 20 años, que se cumplirán en 2028, cuando los productos norteamericanos podrán inundar el mercado panameño sin ningún tipo de restricciones y libre de impuestos. Así que, si usted es un productor o trabajador del sector, y soñaba que sus hijos y nietos seguirían en el negocio, mejor que los prepare a mudarse a una de los suburbios pobres del área metropolitana en calidad de desempleados.

Salvo el azúcar, en el resto de los rubros lo que el gobierno panameño presenta como “logros” es atenuar el golpe en el tiempo, mediante lo que llaman: a. “desgravación lineal”, es decir bajar los aranceles un poco cada año, pero de manera progresiva; b. “período de gracia”, espacios de tiempo en que no se bajarán los aranceles; c. “sistemas de cuotas” en algunos rubros se fijó un límite (cuota) a las importaciones hasta el 2028 cuando se imponga la apertura total; d. “salvaguardia especial”, cuando un producto se vea muy afectado por la competencia se podrá revertir al nivel arancelario anterior, pero el límite acaba a los 20 años; e. “exclusión técnica”, en los que no habrá plazos para eliminar aranceles, salvo el plazo fatal del tratado, no lo olviden, 20 años.

Leamos (Documento Explicativo): “A la entrada en vigencia del TPC, en materia agrícola, Panamá desgravará de manera inmediata cerca del 67% del universo arancelarios; un 8.5% del universo arancelario se desgravará en cinco (5) años (vaya sumando, nota O. B.); un 9.8% del universo arancelario se desgravará en plazos de hasta 10 años; y un 14.6% en plazos superiores a 10 años y 0.1% (papa y cebolla) no se desgrava en absoluto. Por otro lado, Estados Unidos desgrava de manera inmediata cerca del 88% del universo arancelario y el 22% restante se desgrava en plazos entre 5 y 17 años”.

Seguimos leyendo: “Vale comentar que para los productos más sensibles del sector agropecuario se acordaron períodos de gracia y plazos de desgravación más largos, por los que Panamá a otorgar cierto acceso inmediato a la contraparte en la forma de cuotas o contingentes arancelarios, los cuales entrarán a nuestro mercado libre de arancel. Sin embargo, las cantidades importadas por encima de la cuota estarán sujetas a arancel (pro podrán entrar, nota de O.B.).

Y sigue: “Entre los productos que Estados Unidos se beneficia de una cuota de acceso a nuestro mercado tenemos: poroto, tomate procesado, maíz, papa fresca, papa troceada, cebolla, aceite de maíz, productos lácteos, cerdo, arroz, muslo y encuentro de pollo”.

Como dicen los abogados, “a confesión de parte, relevo de pruebas”. No vamos a detallar las cifras y los tiempos por falta de espacio. Pero reiteramos, los logros se reducen a atenuar el golpe y el K.O. final será en 2028. Este tratado nos recuerda, como ya hemos dicho, al nefato Hay-Bunau Varilla de 1903, no sólo porque se firmó en inglés, sino por el “Panamá cede”, Panamá cede”.

Por ahora vamos a dejar de lado aspectos negativos como el acuerdo de patentes, que puede tener fuertes implicaciones para la salud pública en cuanto restringir medicamentos genéricos, más baratos, para beneficio de las grandes farmacéuticas que ofrecen precios más altos. O para las licitaciones públicas, como en el caso de la ampliación del Canal, en las que podrán competir empresas norteamericanas con todos los derechos de las panameñas. O en cuanto a compras o licitaciones del sector público cuyo único límite es que de 523 mil dólares para abajo, que estarán restringidas a los nacionales, pero de ahí en más podrán competir los norteamericanos.

¿Por qué los empresarios del sector agropecuario no han protestado como sí lo hicieron un año antes? Porque la negociación ha estado controlada por los grandes agroproductores que, seguro ya están pensando en reconvertirse en socios o importadores de empresas norteamericanas. Mientras que los medianos y pequeños productores, que serán los realmente afectados, permanecen al margen.

Por todo ello, desde el Partido Alternativa Popular (PAP) estamos exigiendo: 1. Que se publique el texto íntegro del tratado para que la nación panameña lo conozca a cabalidad; 2. Que el mismo no sea ratificado por la Asamblea Nacional; lo cual no se producirá, si 3. Las organizaciones populares, trabajadores y productores no nos unimos y movilizamos juntos en las calles, como ha hecho el pueblo de Costa Rica.