NICARAGUA.- Se mantiene el statu quo

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Con 62 diputados el FSLN logró imponer su hegemonía en todas las instituciones del Estado

Por Sebastián Chavarría Domínguez

A mediados del segundo gobierno de Daniel Ortega (2007-2012) se comenzaron a vencer los cargos de los magistrados y altos funcionarios de los poderes y órganos del Estado. La Constitución establecía el procedimiento para la elección de los altos cargos, con base al 60% de los votos válidos dentro de la Asamblea Nacional, pero el sandinismo no tenía en ese momento la mayoría dentro de la Asamblea Nacional.

La oposición burguesa, las dos corrientes liberales, en esa coyuntura tenían mayoría parlamentaria, pero no llegaban a tener la mayoría calificada del 60% de los votos de los diputados. Y cada corriente liberal exigía la correspondiente cuota de poder, proporcional al número de diputados.

Mientras los liberales se halaban los cabellos, el FSLN concentraba esfuerzos en neutralizar al Partido Liberal Independiente (PLI), dirigido por Eduardo Montealegre, apoyándose en la otra corriente liberal del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), liderada por el expresidente Arnoldo Alemán Lacayo. Navegando en un mar de contradicciones, el FSLN logró imponer en los hechos su hegemonía política, instaurando un régimen bonapartista.

Decreto No 3-2010 prorrogó los cargos vencidos

Desde finales del 2009, los cargos vencidos se fueron acumulando en el tiempo, hasta sumar un total de 59 magistrados y altos funcionarios. La oposición burguesa enarboló la bandera de la elección de funcionarios, porque siendo mayoría, aunque dividida, era el momento de imponer una negociación con el régimen bonapartista que estaba naciendo.

En cambio, para el FSLN, la perspectiva era diferente: contuvo la respiración, esperando un cambio en la correlación de fuerzas dentro de la Asamblea Nacional, lo que implicaba retrasar la elección de cargos vencidos hasta después de la elección general en el año 2011.

Para resistir las presiones de la corriente de Eduardo Montealegre, el presidente Daniel Ortega dictó el Decreto No 3-2010, por medio del cual se rasgó las vestiduras y declaró solemnemente que “es obligación de la Asamblea Nacional realizar en el debido tiempo las elecciones y nombramientos de los cargos establecidos en el Artículo 138 numerales 7, 8 y 9 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, bajo los apercibimientos de una Inconstitucionalidad por Omisión Legislativa y Delito contra la misma Constitución Política de la República de Nicaragua”.

Pero a reglón seguido, se lavó las manos y ordenó a los magistrados y altos funcionarios, mantenerse en sus cargos: “Ante la omisión de dichos nombramientos se crea un vacío de Poder en los Órganos e Instituciones de Estado que obstaculizan el libre funcionamiento y el correcto desempeño de éstos. En virtud de lo anterior y para evitar un vacío de poder, se ratifican y prorrogan en sus cargos a todas las Autoridades de los Poderes e Instituciones del Estado mencionados en el artículo anterior a quienes se les venza el período en el futuro inmediato, hasta tanto la Asamblea Nacional no nombre a nuevos funcionarios o ratifique a los actuales”.

La oposición, incapaz de imponer una negociación producto de la movilización, se limitó a recurrir de inconstitucionalidad. La Corte Suprema de Justicia denegó el recurso, y el asunto hasta ahí llegó.

Reclutamiento de funcionarios liberales

Entre 2010 y 2014 se produjo un fenómeno inimaginable: ante el debilitamiento del aparato del PLC, casi todos los altos funcionarios que obedecían los lineamientos del expresidente Arnoldo Alemán aceptaron el liderazgo de Daniel Ortega y se transformaron en obedientes funcionarios del gobierno sandinista.

El PLC bajo el periodo de Arnoldo Alemán se convirtió en un aparato electoral clientelista, que otorgaba el premio de los altos cargos a un grupo cerrado de amigos incondicionales de éste. La mentalidad de los funcionarios es obedecer al poder, independientemente de los factores ideológicos. En la medida en que Daniel Ortega garantizó los puestos y jugosos salarios, estos funcionarios arnoldistas se pasaron en cuerpo y alma al gobierno sandinista.

El efecto político de esta decisión de Ortega fue doble: se garantizó la estabilidad del gobierno, la desaparición de la crisis institucional, al mismo tiempo que debilitaba a su principal adversario, la corriente de Eduardo Montealegre, que aspiraba a tener una cuota de poder dentro de las instituciones del Estado, que reflejara la votación obtenida.

Nueva mayoría parlamentaria y reforma constitucional

La correlación de fuerzas cambió en el año 2011, cuando el FSLN no solo impuso la reelección de Daniel Ortega, sino que además obtuvo 62 diputados y con ello la mayoría calificada dentro de la Asamblea Nacional, lo que tanto necesitaba para elegir cómodamente a los altos funcionarios, sin necesidad de realizar concesiones que pusieran en peligro al régimen bonapartista.

Pero el sandinismo marchaba despacio, no tenía prisa por elegir los altos cargos, sin antes sacarle provecho a su mayoría parlamentaria. La reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida fue recientemente aprobada en segunda legislatura en enero del 2014. La reforma constitucional vino a legalizar o institucionalizar los cambios que el sandinismo había realizado por la vía de los hechos.

En el futuro ya no habrá denuncias de violaciones a la Constitución. El FSLN ha creado una nueva institucionalidad. Hasta entonces, habiendo realizado todos los cambios necesarios, procedió a elegir a los cargos vencidos.

Las esperanzas del PLI.

La elección de 59 altos cargos es un plato muy suculento para la fragmentada oposición burguesa. Este tema provocó una fisura en la alianza entre el Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y el PLI. El MRS es el ala más radical contra Daniel Ortega, dentro de ese bloque. En cambio, el banquero Montealegre, se preocupa más por los negocios y por las cuotas de poder.

Todos los partidos burgueses luchan por cuotas de poder. De nada le sirve al PLI quedar en segundo lugar en las elecciones, si no logra colocar a sus principales cuadros en la planilla estatal, que le permita a su vez darles empleo en el Estado, como subordinados, a sus activistas electorales. Todos los partidos burgueses son clientelistas, sin cuotas de poder no pueden prometer trabajo ni atraer. Ese es el dilema del PLI: es un fuerza política sin poder, condenada a bramar dentro de la Asamblea Nacional, sin capacidad de aprobar leyes o incidir en las mismas, muchos menos colocar magistrados.

Pero el PLI no solo ha roto lazos con el MRS, sino que sufre una hemorragia interna: los diputados Mauricio Montealegre (primo hermano de Eduardo Montealegre) y Santiago Aburto se han retirado de la bancada, aduciendo negociones secretas y posiciones muy conciliadoras con el FSLN.

La sola presentación de lista de candidatos por el PLI para ocupar los altos cargos, ocasionó una debacle interna: muchos diputados prefieren la comodidad de las magistraturas, antes de arriesgarse al incierto resultado de los “dedazos”, elecciones internas y generales.

Prevaleció el statu quo

Las elecciones para nombrar los altos cargos fueron convocadas para los días 9, 10 y 11 de abril, antes de las vacaciones de semana santa, y antes de la negociación con la Iglesia Católica.

De esta manera el presidente Ortega presenta hechos consumados, con muy poco espacio para hacer concesiones. La principal demanda de los obispos en el último periodo ha sido que se respete la institucionalidad.

El PLI y el PLC, deseosos de obtener cuotas de poder, presentaron su listado de candidatos. El ambiente era cordial y todo indicaba que habría una negociación aceptable para todas las partes, pero a la hora de la votación las cosas cambiaron abruptamente.

Con 62 votos el FSLN es el amo dentro de la Asamblea Nacional. El 9 de abril, los funcionarios fueron electos uno a uno, como exigía la debilitada oposición. A nivel del Consejo Supremo Electoral (CSE), el FSLN mantuvo el statu quo, reeligiendo a los magistrados actuales, tanto del FSLN como del PLC, incluido el odiado Roberto Rivas, irritando con ello al PLI. Los nuevos magistrados electos fueron Lumberto Campbell (FSLN) y Miguel Meléndez (PLC) y Johnny Tórrez (suplente por el FSLN). El mensaje es claro: a nivel electoral se mantiene la estructura creada por el pacto Ortega-Alemán, a pesar del derrumbe electoral del PLC, tomando en cuenta que los funcionarios provenientes del liberalismo están captados para el FSLN. Ni uno solo de los candidatos del PLI fue incorporado al CSE.

Los diputados del MRS se retiraron y los del PLI se abstuvieron, esperando recibir una recompensa en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Al día siguiente, de los 16 magistrados electos de la CSJ, 11 son sandinistas (8 reelectos y 3 nuevos: Gerardo Arce Castaño, Ellen Joy Lewin y el ex fiscal electoral Armando Juarez), 2 son del PLC (José Manuel Martínez y Antonio Alemán Lacayo, ambos reelectos), 2 provienen de la lista del PLI (Virgilio Gurdián y José Adán Guerra Pastora) y a última hora se eligió a Carlos Aguerri Hurtado, asesor legal del COSEP, y tío de José Adán Aguerrí, presidente de esa cámara empresarial.

La hegemonía del FSLN es más que evidente. El PLI y el PLC obtuvieron igual cuota a pesar de que este ultimo de desplomó en las últimas elecciones, pasando del 25% de los votos al 4,5%.

Una vez más: los altos funcionarios deben ser electos directamente por el pueblo

El régimen bonapartista de Daniel Ortega decidió mantener el statu quo establecido en el año 2007, teniendo al PLC como aliado simbólico. Indudablemente, la elección de los 59 altos cargos no solo no refleja el resultado de las últimas elecciones, sino que fundamentalmente no refleja la actual voluntad popular.

Para terminar con este círculo vicioso de pactos, componendas e imposiciones, se requiere que todos los altos cargos en el gobierno y en las instituciones del Estado sean electos democráticamente y directamente por el pueblo. Así como deben ser electos también deberían ser sustituidos. Es lo más democrático bajo una sociedad capitalista.

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