NICARAGUA.- Aspectos centrales de la reforma constitucional

 

La oposición burguesa intenta movilizar a sus seguidores
Por Sebastián Chavarría Domínguez
La maquinaria parlamentaria del sandinismo comenzó a girar las ruedas dentadas, amenazando con triturar a quienes se oponen a las reformas constitucionales. La Comisión Especial de la Asamblea Nacional ya comenzó a consultar a los diferentes sectores, pero la gran sorpresa ha sido la división de las cámaras empresariales en torno al tema de las reformas constitucionales.
COSEP y AMCHAM
En Nicaragua existen dos grandes cámaras patronales. El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), fundado en 1972, en el marco del conflicto inter burgués con la dictadura de Somoza, refleja los intereses de la burguesía tradicional. Hasta el año 2006 era el centro de oposición al sandinismo.
La otra cámara, de reciente creación, es la Cámara de Comercio Americana- Nicaragüense (AMCHAM). Sus miembros son empresarios ligados a la ofensiva neoliberal iniciada en 1990, muy vinculados a los intereses de Estados Unidos.
A nivel político, el COSEP fue el primero en abandonar el discurso antisandinista en el año 2007, con la presidencia de José Adán Aguerri, quien personifica la política conciliadora con el gobierno sandinista, y por eso lleva más de 7 años siendo presidente del COSEP.
AMCHAM hasta hace poco mantuvo un discurso beligerante contra el gobierno sandinista, pero en la medida en este cumplió fielmente las directrices del Fondo Monetario Internacional (FMI), los recelos terminaron disolviéndose.
Unidad empresarial aparente
La burguesía es una clase ultra minoritaria, a veces miramos a los mismos empresarios en reuniones tanto en COSEP como en AMCHAM. Ambas cámaras se han unido en torno a mantener una política conciliadora con el gobierno sandinista, distanciándose de la maltrecha oposición política, tanto del PLI como del agonizante PLC. Los empresarios son pragmáticos inescrupulosos, solo les interesan sus negocios, sin importarles en lo más mínimo si hay democracia para las masas o no. El tema de las reformas constitucionales, ha separado al COSEP de su hermano gemelo AMCHAM.
Daniel Ortega, con la habilidad política que lo caracteriza, antes de enviar el proyecto de reformas constitucionales, en una famosa reunión de empresarios, propuso elevar el diálogo y el consenso a norma constitucional, intentando comprar la amistad o neutralidad de las cúpulas empresariales a su proyecto de reformas constitucionales.
AMCHAN se opone a las reformas constitucionales
A diferencia del COSEP, AMCHAM manifestó su abierta oposición al proyecto de reformas constitucionales, por considerar que “significarían una transformación total de los principios fundamentales del Estado nicaragüense (…) podría causar una grave e innecesaria incertidumbre” podría “contribuir a crear una percepción de un posible aumento en los riesgos político económicos en el futuro cercano, lo que podría influir negativamente en el desarrollo de nuestra Nicaragua (…) no conviene al país cambios de la dimensión que se piensan hacer a la Carta Magna, especialmente con la premura con que se han promovido (…) la estabilidad política se consigue cuando las leyes permanecen inalterables por tiempos razonables” (La Prensa, 21/11/2013).
¿COSEP lucha por una Constituyente?
Contrario a la sumisión mostrada en años anteriores, el COSEP manifestó algunas críticas dispersas en torno al control de las comunicaciones por parte del Estado, como está contemplado en la reforma del artículo 92 de la Constitución
Posteriormente, en un artículo publicado en el diario La Prensa, José Adán Aguerri, planteó que  “lo deseable y políticamente correcto es tomarse el tiempo necesario para lograr el consenso y adoptar el procedimiento no de Reforma Parcial sino de una Reforma Total; lo que implica necesariamente convocar a una Asamblea Nacional Constituyente” La Prensa 19/11/2013).
¿Qué está pasando? ¿Por qué la burguesía tradicional plantea la necesidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente? Al parecer, este solitario planteamiento de José Adán Aguerri, es una maniobra política para posicionarse en la mesa de negociaciones con el gobierno, mostrando un rostro radical democrático contra la consolidación del bonapartismo de Daniel Ortega.
En la comparecencia ante la Comisión Especial de la Asamblea Nacional, el pasado 21 de Noviembre, el COSEP volvió a mostrar docilidad.
El mismo José Adán Aguerri declaró ante los diputados cuál es la verdadera posición del COSEP: “para el sector privado el escenario ideal hubiese sido donde tuviéramos más tiempo, más inclusión, donde se hubiera utilizado los mecanismos establecidos; el escenario real es el que nos va a enfrentar a la aprobación de una reforma (…) este tipo de reformas no puede crear la incertidumbre que nos lleve en la dirección contraria de los objetivos que hemos alcanzado. (…) el Estado debe ser eficiente, moderno y subsidiario del sector privado; hemos dicho que las funciones civiles no deben ser militarizadas debiendo fortalecerse el servicio civil y la carrera administrativa del Estado (…) Igualmente hemos planteado la necesaria credibilidad y transparencia que debe haber en los procesos electorales y por eso hemos planteado la necesidad de una nueva Ley Electoral, del nombramiento de autoridades bajo el criterio de idoneidad, ética y transparencia, y la conformación de un Instituto de Cedulación Ciudadana separado de la autoridad electoral (…)”
Como se puede apreciar, la posición de los empresarios es la misma: que el Estado garantice el desarrollo de sus empresas, aunque manifestó una importante diferencia en torno al actual sistema electoral, pero no dijeron una sola palabra en torno a la necesidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, lo que confirma que la solitaria posición de Aguerri fue una maniobra política para presionar al gobierno sandinista, y no una genuina posición democrática.
La repuesta de La Prensa
El desliz de José Adán Aguerri no pasó desapercibido. La Prensa, principal aparato ideológico de la burguesía tradicional, dedicó el editorial del 23 de noviembre a la controversia: “(…) ha surgido una muy bien intencionada propuesta del Cosep de someter las reformas (o mejor dicho contrarreformas a los cambios democráticos que se hicieron en la Constitución Política en 1995) a una consulta electoral mediante la elección de una Asamblea Constituyente (….)  La propuesta es a primera vista muy buena porque —contrario a un plebiscito que sometería a consulta popular la contrarreforma propuesta— una Constituyente haría una especie de borrón y cuenta nueva (…) resulta inútil convocar a la elección de una Asamblea Constituyente que será administrada por una institución que es encabezada por individuos desprestigiados por su actuar profesional. (…) Es por eso que los nicaragüenses y las organizaciones políticas, gremiales y civiles que creen en la democracia republicana y representativa no tienen otro camino que rechazar en su totalidad la contrarreforma fascista del orteguismo”.
En pocas palabras, La Prensa se opone a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, por considerar que el sistema electoral no garantiza los resultados democráticos. En realidad, La Prensa teme profundamente que el sandinismo imponga su decisión en una posible convocatoria, y por ello prefiere mantenerse agitando la bandera de lucha contra las reformas constitucionales.
Conclusión: los partidos de la oposición burguesa, AMCHAM, la Prensa, incluida la Iglesia Católica, se oponen a las reformas  constitucionales, y bajo ninguna circunstancia se arriesgan a abrir la caja de pandora de una posible Asamblea Nacional Constituyente.
¿Fascismo y dictadura?
La Prensa en su editorial llama “fascista” al régimen bonapartista que instauró Daniel Ortega a partir de Enero del 2007. La oposición burguesa dentro de la Asamblea Nacional también ha denunciado al régimen de Ortega, como una “nueva dictadura”.
Es indudable que el régimen de Ortega tiene características “corporativistas”, en la medida en que incorpora a los sindicatos y organizaciones de masas al aparato del Estado burgués. Pero no se deben confundir los conceptos. El fascismo es un régimen brutal que no permite la más mínima libertad para los trabajadores y las masas populares. Cierra locales, encarcela dirigentes, asesina y desaparece a los opositores, no permite el juego de los partidos políticos, combate a la clase trabajadora con métodos de guerra civil. Obviamente, esta no es la situación de Nicaragua.
El régimen de Ortega tampoco es una dictadura, que reprime violentamente la movilización de las masas. Ocurre precisamente todo lo contrario. Desde su posición de control férreo de los sindicatos y organizaciones de masas, evita el desencadenamiento de luchas, y cuando estas estallan, como ocurrió con la lucha de los ancianos por la pensión reducida, se introduce y desde adentro termina controlando el movimiento.
Las perezosas mentes de los ideólogos de la burguesía opositora no tienen tiempo para estudiar los fenómenos de la realidad. El régimen en Nicaragua ha evolucionado a lo que los marxistas denominamos en régimen bonapartista, que tiene características totalitarias pero que mantiene un juego democrático en las formas: pluripartidismo, elecciones, libertad de prensa, etc.
Quizá en lo único que podemos coincidir con nuestros enemigos es en que el régimen de Ortega tiene características extremadamente fuertes de concentración del poder político, pero nada más. La derecha se olvida de mencionar este control sandinista sobre el movimiento de masas, lo que convierte a Nicaragua en el paraíso de las maquilas y las transnacionales.
Dos aspectos centrales de la reforma constitucional
Hay dos aspectos centrales de la reforma constitucional que confirman nuestro análisis sobre el régimen bonapartista. En primer lugar, la propuesta de derogar las prohibiciones de reelección más allá de dos periodos presidenciales, la que fue aprobada en 1995 y que en la coyuntura actual impediría a Daniel Ortega presentarse como candidato presidencial en las elecciones del 2016.
El régimen bonapartista necesita un Bonaparte, es decir, un gran árbitro que imponga en el orden entre las diferentes fracciones de la burguesía, y entre las clases sociales en pugna. Precisamente una de las características de este nuevo régimen político es que el poder se concentra en Daniel Ortega y colateralmente en la primera dama Rosario Murillo. Sin la mano de hierro del Bonaparte Daniel Ortega las contradicciones harían estallar al FSLN. Por ello, la burguesía sandinista necesita la figura de Daniel, por eso necesita su reelección indefinida.
En segundo lugar, y esto es un aspecto secundario pero muy importante, la propuesta de que el presidente de la república pueda emitir decretos con fuerza de ley en materia administrativa, persigue fortalecer el rol de Daniel Ortega en la articulación del régimen político.
A pesar de que la Asamblea Nacional concentra mucho poder, y que existe la propuesta de que en el futuro pueda destituir a los ministros, esta facultad de emitir decretos ejecutivos con fuerza de ley en materia administrativa, persigue fortalecer el monopolio del presidente dentro del gobierno, pudiendo reorganizar los ministerios y las principales instituciones del poder ejecutivo, sin el molesto control de la Asamblea Nacional.

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