Por Victoriano Sánchez
En los últimos 3 años, los trabajadores ancianos que no lograron obtener una pensión de jubilación, se han movilizado de manera persistente reclamando el otorgamiento de una pensión reducida, conforme el articulo 49 de la Ley de Seguridad Social (Decreto No 974-1982) promulgada en el periodo de la revolución (1979-1990) bajo el primer gobierno sandinista, y firmada por Daniel Ortega.
En un país como Nicaragua, con enorme desempleo y fluctuaciones laborales, se calcula en 25,000 trabajadores ancianos que no han obtenido una pensión de jubilación, precisamente por no haber cotizado las 750 semanas.
Pequeñas concesiones
Esta movilización de los trabajadores ancianos se ha transformado en un serio problema político para el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), al grado que el gobierno ha tenido que hacer concesiones materiales, como paquetes alimentarios (Arroz-Frijoles-Azúcar) y pequeños subsidios.
Sin embargo, las concesiones parciales del gobierno, no han desmovilizado a los trabajadores ancianos, sino que han fortalecido su moral, ya que han demostrado la justeza de sus peticiones, dándole al conjunto de la clase trabajadora una enorme lección sobre como deben defenderse los derechos y conquistas sociales.
La Ley contempla la pensión reducida
La actual Ley de Seguridad Social El artículo 49 de esta Ley contemplaba una pensión de jubilación reducida, no menor del 40% del salario prescrito, para aquellos asegurados que no hubiesen contemplado la cantidad de 750 semanas (15 años), pero que al menos hubiesen cotizado 250 semanas (5 años).
Después de la derrota de la revolución en 1990, la Sra. Violeta Chamorro derogó en 1994 el artículo 56 del Reglamento de la Ley de Seguridad Social, que establecía. “En el caso de que el asegurado no acredite el período de calificación prescrito, pero ha cotizado como mínimo un tercio de dicho período, tendrá derecho a una pensión equivalente a dos tercios del salario mínimo vigente en la actividad respectiva, más las asignaciones correspondientes”.
Con ello, las autoridades del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) creyeron zafarse de una gran responsabilidad, argumentando que el INSS estaba en quiebra. El problema es que derogaron el artículo 56 del Reglamento, una norma inferior a la Ley, pero dejaron vigente el artículo 49 de la Ley, que otorgaba un derecho adquirido.
La presión social ejercida por los trabajadores de la tercera edad, reclamando sus derechos, ha sido utilizada para las actuales autoridades del INSS para plantear el problema de la crisis del sistema de seguridad y la necesidad de reformarlo. Mientras tanto, los ancianos trabajadores que no lograron completar las 750 semanas de cotización, mueren antes de cumplir los 60 años, precisamente por falta de medicinas y alimentación adecuada.
Sobre recaudación y reticencia
Gustavo Porras, sempiterno secretario general de FETSALUD y diputado sandinista, se caracterizó por impulsar movilizaciones bajo el periodo de los 16 años de gobiernos neoliberales (1990-2006), pero ahora como diputado y presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, adopta una posición muy cautelosa, pidiendo tiempo para resolver el problema, argumentando que se requieren 12. 8 millones de dólares y que el INSS no tiene capacidad.
No obstante, el gobierno recientemente reconoció que producto de su política de austeridad y de ampliación de la base tributaria, en lo que va del año tiene una sobre recaudación de 3,000 millones de córdobas (130 millones de dólares). Esta tendencia al alza en la recaudación fiscal ha sido una constante en los últimos años, lo que implica que el gobierno cuenta con mayores recursos líquidos para atender los problemas sociales, aunque sigue mostrando la misma reticencia de los gobiernos anteriores.
La derecha se adelanta
La situación es tan calamitosa para la oposición burguesa que, en un afán desesperado por recuperar la iniciativa política, ha querido aparecer ante la nación como abanderada de las luchas sociales, en este caso de la lucha de los trabajadores ancianos. De manera oportunista, la Bancada Democrática, compuesta por los diputados de la alianza del Partido Liberal Independiente (PLI), introdujeron un proyecto de Ley que utilizaría la sobre recaudación fiscal para otorgar la pensión reducida a los trabajadores ancianos.
Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), denunciamos esta maniobra parlamentaria, pero al mismo tiempo exigimos al gobierno sandinista que cumpla con el artículo 49 de la Ley de Seguridad Social que fue aprobada en 1982, por el primer gobierno sandinista. Entre mas se tarde en cumplir, mas campo le abre al PLI para aprovecharse de la situación.
