Logo

HONDURAS.- Aprobación de reformas penales: una farsa más que utiliza JOH para su proyecto reeleccionista


Por Max Luján

El miércoles 22 de febrero se aprobó el polémico proyecto denominado Ley para el Fortalecimiento y Efectividad de la Política de Seguridad o “paquete de reformas penales”. La aprobación se dio después de varias semanas de discusión entre los sectores de oposición y el gobierno, cabe señalar que el papel de la oposición política sigue siendo débil, muy dividida, sin capacidad de negociación y sin ofrecer una alternativa real que frene los atropellos de JOH; por otro lado, el Partido Liberal con su estira y encoge en la aprobación de estas reformas, dejó mucho que desear con su presencia, ausencia; y sobre todo los silencios y evasivas a la hora de votar, acción que refleja que a lo interno del Partido Liberal, la crisis sigue vigente. La iniciativa de este proyecto de ley fue aprovechada por JOH para desarrollar su propaganda electoral y consolidar su plan continuista.

¿Qué hay detrás de las reformas penales?

La aprobación de las reformas penales se da en el marco de la implementación del Plan de Alianza para la Prosperidad (PAP), proyecto orquestado por el imperialismo norteamericano y que está siendo recetado a los países del Triangulo Norte conformado por Honduras, Guatemala y El Salvador. En el caso de Honduras, se viene implementando desde hace dos años, planes de reacción democrática, de fortalecimiento de la institucionalidad burguesa, y sobre todo, el fortalecimiento y modernización del aparato policial. Por eso vemos la creación de una Comisión Depuradora que se ha encargado de expulsar a miles de policías corruptos, se equipa y moderniza todos los aparatos policiales, se crea la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), se construyen cárceles de máxima seguridad, se moderniza el aparato judicial depurando también jueces y magistrados y se aprueban leyes más severas. En el caso de Honduras, JOH utiliza el tema de la violencia y criminalidad como bandera de campaña electoral para atraer votos. El tema de la extorsión es el delito que más vive en carne propia la población hondureña, delito a cargo de las maras y pandillas que operan en todo el país y que mantiene en zozobra a toda la población.

Según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), en el 2014 perdieron la vida 99 personas que supuestamente no pagaron el “impuesto de guerra”, mientras que cifra igual se registró en el 2015. Los pequeños, medianos y grandes comerciantes son el principal blanco de las extorsiones. Se calcula que por las extorsiones unos 45 mil negocios fueron cerrados a nivel nacional, dejando a más de 150 mil personas sin empleos. El 12% de los transportistas sufre extorsiones. La Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA) calcula que “la extorsión le cuesta a Honduras 200 millones de dólares al año”. JOH a través de los medios de comunicación oficialista se promueve como el impulsor del orden y la estabilidad, y hace ver que las reformas penales es una necesidad que desean millones de hondureños que viven bajo la angustia de la inseguridad y la violencia cotidiana. El paquete de reformas penales consiste en la modificación de los artículos 222 y 335 del Código Penal. Se reformó el párrafo 222 del Código Penal para establecer que la extorsión se considera consumada si se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación, el que realice la amenaza, la exigencia o cualquier acto característico de cualquier modalidad extorsiva.

Para rematar, el diputado nacionalista y jefe de bancada, Oscar Álvarez, en la reconsideración del acta presentó una moción para que en la reforma al artículo 335 del Código Penal, que tipifica el delito de terrorismo, se contemple que quien públicamente o a través de medios de comunicación haga apología, enaltecimiento o justificación del delito de terrorismo sea sancionado con penas de reclusión entre cuatro y ocho años.

Consecuencias de las reformas penales

La aprobación de estas reformas es una maniobra política destinada a quitarle respaldo a la alianza opositora formada por LIBRE-PAC, se aplicará la criminalización de la protesta pública, la invasión a las comunicaciones privadas y la censura a los medios de comunicación. Con estas reformas se configura la instauración de un régimen bonapartista, autoritario, que pretende además el establecimiento de la hegemonía del Partido Nacional. Hay que señalar que estas reformas no solventarán la crisis que se vive en el país con la criminalidad y violencia, debido a que las instituciones encargadas de investigar y aplicar la ley, no cuentan con la preparación adecuada, además, todas estas instituciones siguen comandadas por estructuras criminales cuyos líderes son políticos y familiares de altos funcionarios gubernamentales.

El Partido Socialista Centroamericano plantea que el mal de las extorsiones debe ser combatido desde abajo, es decir, llamando a la población a organizarse en los barrios y mercados contra los extorsionadores. El combate contra las extorsiones implica la creación de una red de autodefensa territorial, una especie de policía comunitaria o milicia que defienda a la población, similar a lo que ocurre en algunos pueblos de México, en donde las autodefensas garantizan el orden y no hay delincuencia.

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.