HONDURAS.- El régimen pretende controlar altos índices de violencia con decretos coercitivos


Por Artemisa Soriantus

El contexto por el que pasa Honduras después de la toma de posesión de Juan Orlando Hernández, nos ayuda a describir un poco lo que sucede en el país. Por ejemplo la falta de libertad de expresión de parte del pueblo y el conformismo que esto causó nos llevó a un camino sin retorno en el cual nos guiamos a ciegas confiando en lo que dicen los que nos gobiernan. Con esto nos referimos a la promoción que le dan a una “campaña vinculada al combate de la delincuencia y el crimen organizado” ya que se da por hecho la efectividad de dicha campaña al ver a diario todos los titulares de los periódicos. Día tras día nos encontramos noticias de arrestos y límites que el gobierno le pone al crimen organizado. Pero la pregunta es ¿hasta qué punto el gobierno puede violentar los derechos de los ciudadanos en aras de combatir el crimen organizado?

Dentro de las políticas que ha utilizado el gobierno para combatir el crimen organizado está la famosa ley seca de los domingos. El argumento consiste en retirar las bebidas alcohólicas ya que éstas resultan ser dañinas a la sociedad, con esto se refieren a actos delictivos dando por hecho de que al prohibir los domingos las bebidas alcohólicas la delincuencia iba a disminuir. “La medida promovida por el presidente Juan Orlando Hernández tiene como finalidad reducir los niveles de violencia y de muertes y tiene su justificación en estudios según los cuales, el mayor nivel de incidencia de muertes por la ingesta de alcohol ocurre los domingos por la noche” (El Heraldo 22-02-2014).

Esta “brillante táctica del gobierno ha tenido grandes resultados”, Fredy Casasola, titular de la dependencia local de la policía, amenazaba: “Los operativos van a llegar hasta los mercaditos y pulperías de los barrios y colonias, y si hay denuncias por venta de bebidas alcohólicas hay riesgo de que los negocios sea cerrados definitivamente” (El Heraldo 24/02/2014).

Asimismo, hay organismos que no solo pretenden combatir el crimen organizado con esta medida sino que también buscan cómo legislar sobre la moral de las personas. El primer día de aplicación a la famosa ley seca, se registró como el día con mayor violencia en lo que va del año; hubo arrestos de los cuales ninguno está relacionado con problemas de bebida. Según la prensa, se registró una gran cantidad de homicidios en distintos departamentos del país; entre estos están San Pedro Sula, Yoro y Copán. 29 muertos se reportaron a causa de vendettas, asaltos y otro tipo de crímenes, mientras tanto la policía afirmó que no hubo muertes a causa de accidentes de tránsito provocados por el alcohol. Los movimientos realizados por el actual presidente para combatir del crimen organizado también han incidido en la regulación de los centros penitenciarios, ya que se impulsó el bloqueo de llamadas en dichos centros. El gobierno ha cortado o intervenido las comunicaciones cerca de las penitenciarías como medida para eliminar el crimen organizado. Aun cuando la medida ha perjudicado a los criminales, también ha afectado a los sectores aledaños a la penitenciaria.

A pesar de las publicaciones hechas por los diferentes diarios del país que afirman que Conatel y las redes de telefonía celular que circulan en el país han seguido al pie de la letra las leyes impuestas y que han bloqueado las señales en los múltiples centros penitenciarios del país, no se ha tomado en cuenta los lugares cerca de los centros penitenciarios donde también privan de señal a los ciudadanos. “El bloqueo telefónico que se hizo efectivo a partir de esta semana afectó a personas que viven en las zonas residenciales cercanas a los centros penales, razón por la cual han efectuado actos de protesta y tomas de carretera, como ocurrió ayer con los vecinos de Támara. Igualmente, este viernes se produjeron conatos de amotinamiento en las cárceles de San Pedro Sula y Támara, en protesta por el bloqueo" (Diario la Prensa 14-febrero-2014). El problema es que las libertades democráticas de la población han sido afectadas, y a pesar de que se tiene que combatir el crimen organizado (que de igual manera no es un hecho concreto ya que en una publicación hecha en Radio Cadena Voces, Ramón Sabillón comenta sus dudas acerca de las transacciones de teléfonos satelitales) estas medidas pueden ser utilizadas luego para atacar a los trabajadores y sus organizaciones.

Las comunidades deben exigir que sean derogadas estas leyes, pues lo único que contribuye a acrecentar la criminalidad y la delincuencia son los planes de miseria del régimen de turno.

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