Juramentación apresurada del nuevo Fiscal General y Adjunto
Por Maximiliano Fuentes
El fin de semana pasado se eligió al Fiscal General de la República y el Fiscal Adjunto. A pesar de la aparente oposición de las distintas bancadas, los nacionalistas lograron su propósito con la complicidad de algunos diputados del partido liberal. Así, en horas de la madrugada del domingo 1 de septiembre se estaba juramentando a Oscar Chinchilla y a Rigoberto Cuéllar, a quienes se les tilda de ser amplios seguidores del presidenciable nacionalista Juan Orlando Hernández, y quienes fueron electos con 92 votos favorables, ocho de ellos provenientes del partido liberal.
Vicios en el proceso de elección
Durante el proceso de selección y elección de los candidatos por la Junta proponente, existieron un sinnúmero de denuncias de actos excluyentes y falta de transparencia del mismo. Sin embargo, la denuncia de mayor polémica fue la realizada por el exmagistrado Ivis Discua Barillas, quien cuestionó el proceso de elección tras retirarse y denunciar que la selección de ambos cargos ya había sido arreglada por la cúpula del Partido Nacional desde la noche anterior.
Las declaraciones de Discua dejaron en evidencia los arreglos por debajo de la mesa dentro de su propio partido y el matiz legal que se le pretendió dar al proceso en las audiencias públicas con preguntas superficiales y sin cuestionamientos. Sin embargo, no logra comprenderse el disgusto de Ivis Discua, ya que de la misma manera se ha venido nombrando funcionarios, directores y secretarios de Estado en la actual administración.
En los días anteriores a la elección de los fiscales por parte del Congreso Nacional se habían retirado del proceso algunos miembros de la Junta Proponente, entre ellos: el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, así mismo la señora Rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Julieta Castellanos. Resulta evidente inferir los motivos de estas contradicciones, dado que diversos miembros del partido pretendían ocupar este cargo. ¿Pero por qué existía un amplio interés de Juan Orlando Hernández y la cúpula del partido nacional de elegir a estos fiscales dentro de esta coyuntura? La respuesta podría ser obvia, sin embargo existe cierta complejidad que requiere de un análisis de la situación nacional y de la lucha de clases.
El propósito de la elección del Fiscal
En ediciones anteriores de El Socialista Centroamericano, explicamos la necesidad del régimen de elegir a un nuevo fiscal para asegurar el control de la mayoría de instituciones del Estado. Ante un eventual triunfo electoral del partido Libertad y Refundación LIBRE, se requiere aunar esfuerzos y asegurar el mayor control del Estado y de sus instituciones.
Eso por varias razones: la primera, para frenar todo intento de reformar la constitución o emprender acciones desde el Ejecutivo que comprometan los intereses de la oligarquía y de la burguesía hondureña; basta recordar el papel de Luis Rubí en la destitución de Manuel Zelaya Rosales del poder el 28 de junio de 2009. Por otro lado, no podría descartarse la unidad total de todas las instituciones del Estado ante un posible fraude electoral por parte del candidato del partido nacional Juan Orlando Hernández, quien ha logrado concentrar un enorme poder manipulando y comprando voluntades con grandes sumas de dinero provenientes de las arcas del Estado. Por tal razón, la elección del Fiscal General y Adjunto del Ministerio público persigue un interés estrictamente político, dado que solo desde esta instancia se logrará un control casi total de la institucionalidad y desde allí seguir favoreciendo a las grandes corporaciones y los negocios que se tejen de forma directa con el Estado.
Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) estamos absolutamente claros de que estos movimientos en la superestructura estatal persiguen el objetivo de consolidar los proyectos políticos y económicos de los grupos élites para continuar perpetuándose como clase dominante y gozar de amplios privilegios sobre la base de la miseria de los trabajadores y campesinos. Por eso hacemos un llamado a las organizaciones obreras, gremiales, sindicales, campesinas y populares a no confiarse de la institucionalidad burguesa.
Solo la movilización y la independencia de clase nos conducirán a la constitución de un Estado al servicio de los trabajadores y no de las clases dominantes. Hoy por hoy, el poder del Estado se concentra en el sector que encabeza Juan Orlando Hernández, franco enemigo de los intereses populares. Para combatir sus planes de miseria de explotación se requiere de la más amplia unidad de los trabajadores y la recuperación de los métodos obreros de lucha como la movilización y la huelga general.