Por Armando Tezucún
Diputados del oficialista Frente de Convergencia Nacional-Nación y diputados de bancadas aliadas, en apoyo al gobierno de Jimmy Morales, están impulsando leyes o reformas a leyes que constituyen ataques contra organizaciones o entidades involucradas en acciones anticorrupción, o contra organizaciones populares, y que atentan contra libertades básicas.
La primera de estas iniciativas es la reforma a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, iniciativa 5257, presentada en 21 de marzo de 2017 por el diputado oficialista Christian Gabriel. El proyecto incluye una serie de nuevos requisitos, trámites y controles legales y administrativos ante instituciones del Estado; restringe las actividades de las ONGs al ámbito de acciones altruistas o de beneficencia, excluyendo las actividades de incidencia social o política; reduce el personal extranjero permitido en una ONG, del 25 al 15%. En su momento expresamos que esta reforma es un claro ataque contra las asociaciones de análisis y acciones políticas, de defensa de derechos humanos, de apoyo a grupos campesinos e indígenas y otras decenas de organizaciones que están registradas como ONGs, y actúan en estos niveles.
El martes 13 de febrero el pleno del Congreso conoció en primer debate esta iniciativa, previamente aprobada por la Comisión de Gobernación del legislativo. El día 15 fue conocida en segunda lectura, pero fue enviada de regreso a la Comisión de Gobernación, por razones técnicas, para mayor análisis y revisión, lo que significa que aún puede ser regresada al pleno en un futuro, y aprobada.
Otros dos proyectos de ley buscan calificar como “terroristas” las manifestaciones y protestas populares, y la divulgación en las redes sociales de planteamientos críticos al gobierno y al status quo. El primero se llama Ley Contra Actos Terroristas, presentado en febrero del año pasado por el diputado de la Unión del Cambio Nacional Napoleón Rojas, que obtuvo en noviembre el dictamen favorable de la Comisión de Gobernación del Congreso. Esta ley define como acto terrorista: “Toda acción u omisión que cause zozobra, alarma o temor en la población o sector de la misma con fines económicos, políticos o religiosos y que alteren el orden constitucional o público, coaccionando a la sociedad, gobiernos o personas jurídicas de derecho público nacionales o internacionales, ejecutando actos de violencia que atente en contra de la vida o integridad física de las personas, propiedad o infraestructura, utilizando organizaciones para la promoción de sus objetivos, tales como corporaciones, grupos religiosos, racistas, independistas, revolucionarios, entre otros.” Y como Ciberterrorismo “Comete este delito quien, con fines económicos, políticos, religiosos, utilice los medios de comunicación, informática, tecnologías de información, electrónica o similar con el objeto de generar infundir temor, causar alarma, intimidar a la población, o compeler a un Estado o Gobierno u organismo nacional o internacional, causando con ello una violación a la libre voluntad de las personas...” (Iniciativa de ley 5239, www.congreso.gob.gt).
El otro proyecto es la iniciativa 5266, que pretende reformar el Código Penal calificando de terroristas las actividades de las pandillas conocidas como “maras”. La propuesta fue presentada en mayo de 2017 al pleno del Congreso por el diputado del partido Todos, Felipe Alejos; éste es ahora vicepresidente del legislativo y tiene solicitud de antejuicio en su contra por estar involucrado en tráfico de influencias y de evasión fiscal. En agosto la Comisión de Defensa Nacional del Congreso dio el visto bueno a la iniciativa y el 20 de febrero el pleno la aprobó en segunda lectura. La propuesta pretende reformar, entre otros, el artículo 391 del Código Penal, y definiría que comete terrorismo: “…quien, con la finalidad de alterar el orden público o el orden constitucional, coaccione a una persona que preste servicios públicos, de entidades nacionales o internacionales, o ejecutare acto de violencia, atentare contra la vida o integridad humana, propiedad o infraestructura…” (Iniciativa de ley 5266, www.congreso.gob.gt).
El truco de estos proyectos es que plantean de forma tan amplia los actos constitutivos de terrorismo que pueden ser utilizados en cualquier momento contra de protestas populares, coartando libertades como la de expresión y pensamiento.
No podemos permitir la aprobación de estos adefesios jurídicos. Es el momento de generar una amplia movilización de sindicatos, grupos indígenas y campesinos, estudiantes, agrupaciones de periodistas y de la sociedad civil para frenar el intento de los grupos más oscuros y retrógrados de frenar las libertades más básicas.
