GUATEMALA.- Se necesita una discusión amplia y democrática sobre reformas electorales

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Por Leonardo Ixim

Es recurrente la discusión de reformas electorales desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, pero no es hasta 2015 que esta discusión se amplía, traspasando el marco entre partidos políticos, Tribunal Supremo Electoral (TSE) y ongs especializadas en el tema. Además, en la misma coyuntura afloraron propuestas de Asamblea Constituyente Plurinacional de carácter originaria desde organizaciones sociales, sobre todo campesinas e indígenas, coincidiendo ambos elementos en un momento de crisis del régimen político.

El actual régimen se constituye a partir de la crisis general del sistema de dominación producto la agudización del conflicto entre clases a nivel centroamericano a finales de los setenta del siglo pasado. La salida de la burguesía, el imperialismo y los ejércitos, fue el actual régimen con fachada democrática instituido por asambleas constituyentes; en Guatemala esto se dio en 1984.

Todo con el fin de legitimar el Estado, siendo una de las primeras medidas la creación de órganos electorales “independientes”  ante los escandaloso fraudes durante las dictaduras militares; en el caso de Guatemala los partidos políticos no tienen injerencia, a diferencia de El Salvador y Honduras, aunque es bien sabido cómo elementos de la burguesía tienen control de los sistemas de cómputo para el conteo y trasmisión de resultados electorales. Este proceso fue acompañado de la derrota militar de la insurgencia, su incorporación a los nuevos marcos constitucionales y la represión y el genocidio contra los pueblos insurrectos.

En el marco de las discusiones para implementar los Acuerdos de Paz firmados en 1996, el TSE del ese momento creó una mesa de discusión que en 1999 emitió un documento denominado “Guatemala, Paz y Democracia”. En él se plateaba una serie de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) que buscaban democratizar a los partidos, el acercamiento del voto a la población y mayor fiscalización de los recursos para éstos.

La derrota de la consulta popular para reformar la Constitución Política en el espíritu de los Acuerdos de Paz en 1999 y el cálculo de los políticos a partir de los intereses propios obligó a que estas reformas se fueran implementando a cuenta gotas. Es importante destacar que no se puede hablar de un sistema de partidos formal, pues éstos nacen y perecen a un ritmo elevado, uno de los más altos del mundo, por tanto, priman los intereses de personajes que se dedican a eso, en función de su beneficio pecuniario y los intereses de la clase dominante.

En 2004 y 2006 se dieron otras reformas a la LEPP, entre cuyas novedades estuvo acercar al votante a las urnas con un nuevo sistema cartográfico y la instalación del voto residencial, la ampliación del número de firmas para constituir un partido de 15 mil a 23 mil, así como una serie de requisitos que entorpecen la constitución de partidos políticos. Es importante recordar que durante las dictaduras militares existieron partidos anti-comunistas, necesitando 50 mil firmas para constituirse como tales y con la actual ley electoral se redujo considerablemente, para lograr supuestamente una mayor democratización.

En ese momento nuevamente se subió el requisito, con el objeto de limitar la cantidad de partidos que históricamente, un mal que ha padecido Guatemala, pero sin lograrlo, siendo la causa de esto más su poca representatividad que las formalidades para constituirse, formalidades que son un impedimento y afectan sobre toda a expresiones de izquierda.

El agotamiento del régimen político

Las campañas electorales se fueron  encareciendo, llegando a cifras millonarios, convirtiéndose en una carrera donde solo las facciones tradicionales y emergentes de la burguesía o personajes afines a éstas pueden competir, siendo la televisión y la radio los medios más usados y donde más se gasta en publicidad electoral. Acompañado del clientelismo, la búsqueda de líderes locales ávidos de ascenso social y los ofrecimientos que se aprovechan de las carencias de la población. Otra característica de los denominados partidos, es que a nivel local se amarran con liderazgos locales, algunos con cierta legitimidad, la mayor parte de forma caudillesca para tener presencia en los territorios y municipios del país.

Es en 2015, con la defenestración del gobierno del Partido Patriota, donde se evidencia la crisis del régimen político y más actores entran en la discusión por reformas a la LEPP. En ese momento algunos integrantes de la denominada “plaza” exigieron que se suspendieran las elecciones si no se hacían esos cambios. De igual forma, organizaciones como el Consejo de Pueblos de Occidente, junto a CODECA y el CUC bajo la Asamblea Social y Popular (ASP), formalizan propuestas de Asambleas Constituyentes, identificando la necesaria modificación ya no solo del sistema político sino del modelo social y económico neo-colonial.

Tales propuestas tienen en común su carácter plurinacional (la existencia de diversas nacionalidades mayas, xinca, garífuna y mestiza) y su naturaleza originaria convocada por el pueblo, a diferencia de la actual que fue tutelada desde el ejército y en cuya composición participaron en su mayoría fuerzas conservadoras.

Los cambios a la LEPP en 2016

En 2016 el Congreso aprueba una serie de reformas que recogían algunas de las propuestas presentada por el TSE, a quien acompañó la efímera Plataforma para la Reforma del Estado conformado por la rectoría de la USAC y la ASP. El Congreso no aprobó algunas de las medidas más progresivas como la postulación alterna entre hombres y mujeres, una de las luchas más importantes que las organizaciones de mujeres han emprendido, en función del derecho a la representación de las mujeres.

Aprobó por el contrario otro paquete, por ejemplo dividiendo el proceso electoral en tres, con el fin de controlar la campaña electoral y la postulación de candidaturas; además de mayor fiscalización de los recursos privados para campañas y de la llamada campaña anticipada, pero también la distribución de los ingresos en los departamentos y en diversos tipos de candidaturas, aunque el peso del presidencialismo siempre prima. De igual forma la contratación de pauta radioeléctrica y su distribución equitativa, ya que ha sido una forma de generar ventajas de unos partidos sobre otros; la duración de tres años de los cargos de dirección de los partidos sin derecho a reelegirse, y la prohibición para que los secretarios generales se postulen a cargos de elección si no renuncian seis meses antes de las elecciones.

Las nuevas propuestas de reforma a la LEPP

En la actualidad la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso no termina de aprobar un nuevo paquete, que tiene muchas aristas, pero que entre los temas de mayor relevancia están los subdistritos y el voto preferente abriendo las listas de postulación; así como una mayor capacidad de los afiliados para intervenir en decisiones tomadas por las asambleas partidarias. El TSE por su parte presentará otra propuesta, que tiene entre lo más relevante, la revocabilidad de los cargos a mediados del mandato y nuevamente las listas alternas, los partidos distritales siendo cada distrito un departamento, junto a otras.

El tema de los subdistritos, pese a toda la palabrería de la sociedad civil, tiende a favorecer a los partidos más grandes, en este caso la UNE, con la capacidad de lograr votos al fragmentarse los distritos, afectando a los partidos pequeños y a la izquierda. Los listados abiertos es una medida progresiva, pero con trampa, donde los diputados de este partido buscan por medio de una fórmula, amarrar el voto preferente a los candidatos primerizos en las listas. Mientras que el TSE propone que la elección de los listados sea por el sistema de representación de minorías que se aplica a varios cargos de elección, lo cual reproduce ese privilegio, pero da más chance a los postulados en lugares inferiores. Además de que este mecanismo debería ser aplicado tanto para diputados distritales como los postulantes para el listado nacional.

Por una reforma realmente democrática

Afueran quedaron propuestas como reducir la cantidad de firmas para constituir un partido, lo cual consideramos debería ser mínimo para que exprese la pluralidad y que el proletariado tenga opciones de participar. También la simplificación de pasos para conformar partidos, además de partidos distritales, candidaturas independientes de cinco mil firmas para una candidatura distrital y si se postula por listado nacional que reflejen presencia en distintos departamentos. La entrega de fondos públicos a toda candidatura y partido de cualquier conglomerado social, una cantidad mínima de votos ya sea para diputado distrital o nacional para acceder a la representación y la revocabilidad en cualquier momento del mandato de los electos.

Instamos por último, a las organizaciones campesinas, indígenas, comunitarias, sindicales y estudiantiles, a debatir si conviene, más que una estrategia gradualistas de reformas electorales,  una maximalista de Asamblea Constituyente o una  permanente de ambas;  reafirmando nuestra propuesta de que tal Asamblea, además de plurinacional y popular, debe ser para y de los trabajadores que abarcan los cuatro pueblos de este país. Así como discutir  qué tan plausible es disputarle el poder a la burguesía interviniendo solamente en elecciones o por medio de la movilización que sin negar la participación electoral,  sea bajo una óptica de denuncia a las medidas anti-populares que  los factores de poder dominantes impulsan desde la institucionalidad estatal, priorizando la organización y movilización.

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