GUATEMALA.- Proyectos de ley represivos y una economía en desaceleración

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Por Armando Tezucún

Envalentonados por el apoyo de las organizaciones empresariales al gobierno del presidente Jimmy Morales, y el rechazo de la Corte Suprema de Justicia a las solicitudes de quitarle la inmunidad, los diputados que representan a los sectores de extrema derecha se han dado a la tarea de presentar proyectos de ley represivos o favorables a sus intereses.

Amnistía para los acusados de genocidio y delitos de lesa humanidad

En la primera semana de noviembre, el diputado Fernando Linares Beltranena, acompañado por integrantes de la Fundación Contra el Terrorismo y legisladores que prestaron servicio militar, presentó una reforma a la Ley de Reconciliación Nacional, cuyo propósito es lograr la amnistía para los exmilitares acusados de genocidio y violación de derechos humanos durante el conflicto armado interno.

Con una enorme desfachatez, Linares afirmó que “Queremos lograr la paz porque desde 1996 que se celebró la firma de la paz no ha habido paz porque ha habido una guerra en los tribunales y en el Ministerio Público desproporcionada en donde hay 72 oficiales y especialistas presos y sólo un exguerrillero preso” (La Hora 6/11/17); argumentando que cuando la Ley de Reconciliación Nacional exceptuó los delitos de genocidio, lesa humanidad y tortura, éstos no estaban tipificados en ese momento. El mencionado diputado sostiene que la Ley ha violado al menos cuatro garantías individuales: el principio de irretroactividad de la ley, el de no haber delito ni pena sin ley anterior, que a los militares se les juzgue en tribunales militares y la amnistía general (Prensa Libre 9/11/17).

Ataque contra las ongs de derechos humanos

El diputado oficialista Christian Gabriel presentó el 21 marzo de 2017 la iniciativa de ley 5257, que pretende reformar la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo. Este anteproyecto ya cuenta con el aval de la Comisión de Gobernación del Congreso, controlada por el partido oficial, Frente de Convergencia Nacional, y pretende poner una serie de obstáculos burocráticos que entorpecerían la inscripción de estas organizaciones. Se les exigirá inscribirse en el Registro Nacional de las Personas, en lugar de las municipalidades, pero además en la Secretaría de Planificación de la Presidencia, en la Superintendencia de Administración Tributaria y la Contraloría General de Cuentas y en “cualquiera de las instituciones gubernamentales con las cuales podría tener relación por razón de su accionar, ante las que deberá de tramitar las licencias necesarias para el cumplimiento de sus fines”. Es obvio que la propuesta va dirigida contra las asociaciones que han apoyado al Ministerio Público y la CICIG en los casos de corrupción, y que han denunciado y apoyado con asesoría legal otros casos como abusos de empresas mineras o hidroeléctricas, o han sido partes pidientes en los procesos contra funcionarios corruptos.

La cantidad de requisitos que se pretende pedir otorga al gobierno un poder amplio y discrecional para negar los permisos de funcionamiento poniendo como pretexto cualquier pequeño error en los trámites burocráticos. No bastando con eso, la iniciativa 5257 pretende cambiar el propósito de las ong, pidiendo que cumplan un papel benéfico y altruista “dirigida por personas con intereses comunes y con objetivos claros de beneficio social” (con información de Nomada 06/11/17).

Una ley contra los bloqueos de carreteras

A inicios de noviembre la Comisión de Gobernación dictaminó a favor de la Ley Contra el Terrorismo, que busca ampliar las penas a las personas que usen el terror como una coacción para obtener un beneficio. Pero su redacción utiliza un criterio demasiado amplio para definir el terrorismo, incluyendo “toda conducta…que atente contra la salud, la libertad y la seguridad de las personas o del patrimonio, afectando edificios públicos, vías o medios de comunicación o de transporte de cualquier índole, torres de energía o de transmisión, instalación, motrices o cualquier otro bien o servicio” (Prensa Libre 8/11/17). Según esta extensa definición, se podrían considerar delitos las manifestaciones o los paros, y claramente la ley sigue la lógica de la criminalización de las protestas populares.

Las compañeras y compañeros del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) justo realizaron jornadas de manifestaciones y bloqueos de carreteras el 7 y 8 de noviembre. Esta propuesta de ley vendría como anillo al dedo a las organizaciones empresariales que presentaron una denuncia ante el Ministerio Público contra los compañeros, acusándolos de 7 delitos.

La situación de la economía

La crisis política iniciada a finales de agosto por la decisión del presidente Jimmy Morales de expulsar del país al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ha dado visos de tener consecuencias en la economía, en especial en los niveles de inversión, tanto nacional como extranjera, peligrando llevar a un estancamiento. Esta es la razón principal por la cual los sectores más importantes de la burguesía decidieron intervenir para frenar la crisis, dando su respaldo al presidente Morales y rechazando las movilizaciones populares contra la corrupción y la impunidad.

Desde los primeros días de la crisis, los empresarios empezaron a preocuparse. El 30 de agosto, en reunión de la Junta Monetaria, se discutió sobre la incertidumbre y nerviosismo que la situación política estaba causando en los inversionistas. “Hemos recibido llamadas de empresarios locales y extranjeros para conocer cuál es la situación política del país”, informó el presidente en funciones del Banco de Guatemala (BANGUAT), Sergio Recinos. También afirmó: “Es muy prematuro que existan movimientos bruscos, pero en general estamos observando una estabilidad en esos indicadores y vamos a darle el siguiente que en ley manda actuar” (Prensa Libre 31/08/17). Desde agosto, el Índice de Confianza de la Actividad Económica, que mide la percepción de los empresarios sobre el clima de negocios, empezó a bajar, de 46.67 puntos en julio a 44.45. Cayó a 25 puntos en septiembre y a 20.84 en octubre, luego de la agudización de la crisis política y las movilizaciones masivas de protestas.

Según los empresarios, en una posible desaceleración de la economía también influye la falta de inversión del Estado en la red de carreteras, que se encuentran en un estado desastroso. Este fue el tema principal del Encuentro Nacional de Empresarios (ENADE) del 12 de octubre que planteó como solución la inversión privada en el sistema vial a través de alianzas con el Estado.

Standard & Poors baja la calificación de Guatemala

Las preocupaciones se agudizaron cuando el 19 de octubre los medios divulgaron la decisión de la agencia Standard & Poors (S&P) de reducir la calificación de riesgo para Guatemala de BB a BB-, a causa de la inestabilidad política y la debilidad de las instituciones estatales. En la jerga de S&P, la calificación de BB que aplicaba a Guatemala, significa que “enfrenta constante incertidumbre y exposición ante situaciones económicas adversas, lo que puede llevar a que tenga una capacidad inadecuada para cumplir con sus compromisos financieros”; el agregado del signo menos indica su vulnerabilidad ante los cambios económicos. La delegación calificadora de S&P visitó el país en septiembre, cuando la crisis se agudizó, y advirtió que la crisis política podría bajar el nivel de inversión y crecimiento económico. Otra agencia similar, Fitch Raitings se pronunció también en el sentido de que Guatemala ocupa el lugar más bajo de la región con un Estado de Derecho débil y una alta incidencia de violencia y una legislatura fragmentada. (Con información de Prensa Libre 19/10/17).

Pero no solo la crisis política ha agravado las cosas en el terreno de la inversión. El Central American Businness Intelligence reportó que en los últimos cinco años las inversiones en zonas francas han retrocedido en US$ 1 millardo, y se han perdido unos 85 mil empleos, y las inversiones de las empresas existentes se han estancado. A esto ha contribuido la entrada en vigencia de la nueva Ley Emergente para la Conservación del Empleo, que dejó fuera de los beneficios y exenciones fiscales a empresas farmacéuticas, de cosméticos, maquinaria, vehículos, calzado, plásticos, etc., con el resultado de que han cerrado más de cien empresas y otras 50 están en proceso de cierre. Otro aspecto por el que protestan los empresarios organizados es el cierre judicial de empresas mineras o hidroeléctricas por resolución de la Corte de Constitucionalidad, debido que no han respetado los derechos de las comunidades.

En este panorama, a inicios de noviembre el Banco de Guatemala redujo a la baja las expectativas del crecimiento económico del país, de un rango de entre 3.2 y 3.9% a 3%, con una brecha fiscal estimada para final de año, de Q 1 mil millones.

El gobierno de Estados Unidos brinda apoyo financiero

Pero no todo pinta mal para la burguesía guatemalteca. El 11 de noviembre, la Corporación para la Inversión Privada en el Extranjero (OPIC en inglés) anunció la creación de un fondo de créditos por US$ 1 mil millones para el triángulo norte de Centroamérica, que serán canalizados a través de las entidades financieras de la región. La OPIC es una institución financiera de desarrollo del gobierno de los Estados Unidos. El fondo de inversión, que beneficiará en primer lugar a los bancos, implica que, a pesar del respaldo de congresistas estadunidenses de ambos partidos a la CICIG y a la lucha contra la corrupción, la administración Trump continúa dispuesta a apuntalar al gobierno del presidente Morales; el gobierno gringo no está dispuesto a desestabilizar el país pidiendo la renuncia de Morales, si no que presionará para que haga cambios paulatinos sin sobresaltos. Esto lo sabe la burguesía, de allí su entusiasmo en apoyar al gobierno guatemalteco.

Por una acción unitaria de la izquierda

El nivel de las movilizaciones anticorrupción ha bajado vertiginosamente. La Asamblea Ciudadana Contra la Corrupción y la Impunidad había anunciado protestas permanentes en todo en el país, pero salvo algunas movilizaciones en el interior, sin verdadera trascendencia nacional, nada ha sucedido. Ha sido más bien CODECA, con sus acciones del 7 y 8 de noviembre, quien ha continuado la demanda de renuncia del presidente y su gobierno.

Más que nunca se hace necesaria la coordinación de las organizaciones de la izquierda revolucionaria para definir una táctica común para la coyuntura actual

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