GUATEMALA.- La crisis política se agudiza

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Por Armando Tezucún

En las últimas dos semanas se han producido importantes acontecimientos que agudizaron la crisis política iniciada por los ataques del presidente Jimmy Morales contra el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velasquez, a finales de agosto.

Las burdas reformas al Código Penal

Después de que el 11 de septiembre la mayoría de diputados del Congreso protegieran la inmunidad del presidente Morales frente a la solicitud de antejuicio solicitada en su contra por la CICIG y el Ministerio Público (MP), el día 13 la bancada oficial y bancadas aliadas, aprobaron la reforma a ciertos artículos del Código Penal, referentes a delitos electorales y otros tipos de delitos. Esta vez el partido del mandatario, el Frente de Convergencia Nacional (FCN), incluyó en su alianza al opositor Unidad Nacional de la Esperanza (UNE); uno de los proponentes de las reformas fue el jefe de bancada de la UNE, Orlando Blanco, quien al igual que el presidente Morales, enfrenta una solicitud de antejuicio por delitos electorales junto a Roberto Villate del desaparecido partido Lider. Estos cambios librarían automáticamente al Presidente Morales de toda persecución penal por financiamiento ilícito durante la campaña electoral 2015, al igual que a Blanco y Villate.

No conformes con esto, los diputados aprobaron otra reforma por la cual las penas de cárcel que pueden ser conmutadas, pasaron de un máximo de 5 años a 10. Sin duda la intención era beneficiar a los exfuncionarios que tienen condenas por corrupción, pero permite que al menos 404 delitos, el  89 % de los delitos contemplados por la ley, puedan ser conmutados, beneficiando a criminales comunes.

Las acción de la bancada oficial y sus aliados es parte de un plan (denunciado por algunos medios de prensa) urdido por el presidente, algunos empresarios y alcaldes, el nuncio apostólico, y políticos, con el fin de desmantelar el andamiaje legal que facilita la lucha contra la corrupción.

La enardecida reacción de la población

Con lo que no contaron los diputados, fue con la airada respuesta de la población, que ya estaba molestísima con la revelación de que el presidente Morales había recibido un bono dudosamente legal de Q 50 mil mensuales de parte del ejército, durante ocho meses.

Desde el mismo día 13, varios cientos de personas enfurecidas se hicieron presentes frente al Congreso; el 14 el grupo fue aún más grande y en horas de la tarde se trasladó del Palacio Legislativo al Palacio Nacional de la Cultura, donde el gobierno había instalado una tarima para que el presidente, vicepresidente y funcionarios observaran las marchas y actos por la independencia. Los manifestantes rompieron las barreras instaladas en la Plaza Central por la policía y se tomaron la tarima, utilizándola como plataforma para expresar su justa indignación contra los diputados y funcionarios corruptos. La presidencia suspendió los actos y la policía prefirió retirarse.

Por unanimidad, la Corte de Constitucionalidad (CC), otorgó un amparo provisional suspendiendo las reformas aprobadas por los diputados de la alianza oficialista. Para entonces (14 de septiembre), las bancadas promotoras de la nefasta maniobra habían decidido dar marcha atrás, convocando sesión plenaria para el día 15, con el objeto de evitar que cobrara vigencia el decreto; no fue solamente la encolerizada reacción de la protesta popular, sino el rechazo generalizado, desde la embajada gringa, hasta empresarios, universidades e instituciones lo que es hizo recular. Ese día los diputados que iban ingresando al Congreso, cerca del mediodía, eran recibidos con insultos y reproches por los cientos de manifestantes. Al finalizar la sesión en que acordaron archivar los decretos, la multitud no los dejó salir exigiendo su renuncia; fue hasta altas horas de la noche que la policía rescató a los diputados disolviendo a los manifestantes con gases lacrimógenos y gas pimienta.

La Gran Marcha del 20 de septiembre

El gobierno desató una campaña para criminalizar y desprestigiar las protestas del 14 y 15, acusándolas de violentas; en ello tuvo el apoyo de los canales de televisión abierta, propiedad de José Ángel González, cuya esposa tiene orden de captura por financiamiento ilícito al Partido Patriota. A pesar de ello fue convocado un Paro General, convertido después en marcha, para el 20 de septiembre.

Las organizaciones que convocaron fuero la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) de la Universidad de San Carlos y el grupo Justicia ya. El Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) había organizado una marcha para ese mismo día. Otras organizaciones fueron anunciando su participación en la marcha; la Asamblea Social y Popular que incluye al Comité de Unidad Campesina; estudiantes de las universidades privadas Rafal Landívar, Mariano Gálvez y Universidad del Valle; la Batucada del Pueblo; Somos; ongs de derecho humanos; pequeñas empresas, sobre todo restaurantes, comercios y centros educativos privados anunciaron que cerrarían en apoyo a la marcha. Las grandes asociaciones empresariales rechazaron parar sus actividades y llamaron a fortalecer el Estado de Derecho y respaldaron el llamado al diálogo. La agrupación indígena de los 48 Cantones de Totonicapán inició las protestas el 19 con bloqueos de carreteras en al menos siete puntos. Según la Procuraduría de los Derechos Humanos, entre 50 mil y 125 mil personas participaron en las marchas y actividades en todo el país.

¿Hacia dónde va la crisis?

Es indudable que el gobierno y los partidos que defienden la corrupción cada vez la ven más difícil. El presidente Morales insiste en que no renunciará, y no se vislumbra la renuncia de los diputados de su partido y de sus bancadas aliadas. Las medidas que toman, como proteger por segunda vez la inmunidad del presidente el día 21, o que éste aproveche su discurso ante la ONU para atacar de nuevo a la CICIG, solo radicalizan más a la población y las organizaciones populares. Tres ministros claves renunciaron el día 19: finanzas, gobernación y trabajo, uno vinculado con los empresarios exportadores y los otros dos con la embajada gringa y el MP; a ellos se sumaron varios viceministros. Ellos se suman a los funcionarios que renunciaron a finales de agosto.

Naturalmente, las exigencias de la población indignada son de naturaleza democrática: la erradicación de la corrupción, la reforma profunda del sistema político, etc. En cierta forma, estamos en una re-edición de la situación de 2015, pero en un nivel superior; la población ya tiene la experiencia de ese año, por ello el llamado a un paro general, que en realidad fueron marchas multitudinarias, no esperó los meses que llevó organizar el del 27 de agosto de 2015, y la furia contra las descaradas acciones de los diputados y el presidente no se hizo esperar, y sobretodo este parece ser un movimiento más independiente y espontáneo que el de 2015.

Pero al igual que en 2015 este es un movimiento básicamente de las capas medias, que se están radicalizando en busca de cambios democráticos en el régimen político. El 20 de septiembre, a excepción de Codeca y algunos grupos de la Asamblea Social y Popular, el movimiento sindical, campesino e indígena, estuvo muy lejos de tener un papel protagónico (Codeca se fue de la plaza hacia mediodía, incluso). Algunos grupos sindicales, como el Sindicato de Trabajadores del Hospital San Juan de Dios, tuvieron presencia, pero las grandes centrales, que ponen miles de afiliados en las marchas del 1 de mayo, tuvieron una presencia menos que magra.

Recordemos que las grandes revoluciones (como la Revolución Rusa cuyo centenario celebramos este año), empiezan como revoluciones democráticas. El capitalismo es incapaz de satisfacer las demandas democráticas mínimas de la población. Y no se trata solamente del sistema político, sino de cosas básicas como asistencia de salud, educación, trabajo, vivienda, seguridad alimentaria, el derecho a la tierra, el respeto a los territorios de las comunidades indígenas, el respeto a los derechos de las mujeres y los grupos de la diversidad sexual, y un largo etcétera. 

La política de Dialogo Nacional es para contener a las masas

Se viene un proceso de diálogo. Los empresarios del Cacif ya están hablando del tema, al igual que las iglesias, algunas instituciones del Estado como la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la Nación, y el mismo gobierno, después de los últimos acontecimientos, ha empezado a hablar de diálogo. Por ahora algunos grupos dicen que no puede haber diálogo hasta que se den cambios en el Congreso o en la presidencia. Pero las capas medias amorfas, sin estructuras, caerán en esa trampa, que cambiará algunas cosas para no cambiar lo esencial, y es posible que hasta se salve el periodo presidencial de Jimmy Morales, con la venia de las organizaciones de la “sociedad civil”, que también hacen parte de las capas medias.

Por un Polo de Izquierda

Es urgente la formación de un polo que plantee una solución desde la perspectiva de los trabajadores, campesinos e indígenas, para que realmente se den los cambios que el pueblo necesita.

Llamamos a la formación de un frente unido con la participación de Codeca, la Asamblea Social y Popular, el Comité de Unidad Campesina, El Movimiento Sindical y Popular Autónomo, los sindicatos independientes de salud y educación, los 48 Cantones de Totonicapán, el movimiento estudiantil de la Universidad de San Carlos, el Partido Guatemalteco el Trabajo, el Frente Popular, el Proyecto Socialista Unido, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, Convergencia, y las organizaciones sindicales y populares que deseen unirse, con plan mínimo de acción:

  • La renuncia del presidente Jimmy Morales y el vicepresidente Jafeth Cabrera.
  • La renuncia de los diputados que votaron el 13 de septiembre por las reformas al código penal.
  • Una reforma profunda de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que permita:
  • La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente de los Trabajadores y los Pueblos, Plurinacional e Inclusiva, que transforme el país en favor de los oprimidos y explotados.

  

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