GUATEMALA.- La derecha en el Congreso frenó el antejuicio al presidente Jimmy Morales


Por Armando Tezucún

La crisis política que se abrió con la acción del presidente Jimmy Morales de declarar non grato y tratar de expulsar del país al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, y la solicitud antejuicio presentada por esta comisión y el Ministerio Público (MP) ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra el mandatario por delitos electorales, se ha prolongado. La CSJ decidió el lunes 4 de septiembre dar trámite al antejuicio contra el presidente Morales, trasladando el expediente al Congreso de la República; el día cinco los diputados del legislativo eligieron una Comisión Pesquisidora, que analizará el caso para decidir si recomienda o no al Congreso que el presidente pierda su inmunidad. Si al menos 105 diputados dan su voto a favor, el presidente Morales podrá ser investigado a profundidad por el MP y la CICIG, sometido a proceso y hasta podría ser retirado de su cargo.

La propuesta de diálogo pretende salvar la institucionalidad del Estado Burgués

Cuando se da una crisis en el sistema político por conflictos entre distintos sectores de la burguesía y sus representantes en los partidos políticos, las primeras propuestas que surgen son de acuerdos entre las cúpulas, con el propósito de conjurar cualquier peligro de que la crisis provoque fuertes movilizaciones de las masas, por donde se cuelen reivindicaciones que cuestionen el sistema y que se vuelvan difíciles de controlar. Este no es el caso actualmente en Guatemala, pero desde ya distintos sectores hicieron un llamado al diálogo para resolver la situación actual.

El 30 de agosto la dirigencia del empresariado organizado en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), fue convocada por la presidencia de la república a una reunión para analizar la situación del país. Además del presidente Morales estuvieron presentes los ministros de Finanzas, Trabajo y Relaciones Exteriores. Los líderes del CACIF propusieron al gobierno conformar un diálogo nacional para resolver la polarización; esto por medio de dos vías, seguir los mecanismos establecidos por las Naciones Unidas en casos de desavenencias entre la CICIG y el gobierno, y segundo abrir un espacio de diálogo con sectores de la sociedad civil, donde podrían participar también los empresarios. El presidente del CACIF, Antonio Malouf dijo: “Hay mucha polarización y la única manera de combatir esa polarización que no es de personas, no es de sectores, es de país, es sentarnos a dialogar…Es importante el diálogo siempre que sea abierto, transparente, que no tenga polarización y que no agarre ningún partido” (La Hora 30/08/17).

Por otro lado, la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASÍES), un centro de pensamiento de la burguesía, propuso la conformación de una instancia de concertación ciudadana, ante la “crisis política e institucional desatada a partir de la decisión del Presidente de la República y la subsecuente decisión de la Corte de Constitucionalidad”, deplorando el “incremento de la confrontación ciudadana”, esta instancia encontraría “soluciones políticas de unidad nacional” y la gobernabilidad “así como una agenda mínima de reforma institucional” (declaración del ASÍES del 28 de agosto).  ASÍES propuso que esta instancia sea liderada por el Procurador de los Derechos Humanos y la Procuradora General de la Nación, Jordán Rodas Andrade y Anabella Morfín respectivamente, quienes aceptaron la sugerencia. El 7 de septiembre Rodas anunció que está preparando una convocatoria para la realización de este diálogo con diferentes sectores, con la intención de buscar una agenda mínima que permita “tener un horizonte claro” para el país. Participarían representantes indígenas, campesinos, sociales, políticos, empresarios, progresistas y la academia. “Estoy por hacer convocatoria a un diálogo. Estoy terminando de ultimar detalles, estoy en ronda de conversaciones con distintos sectores para tomar el pulso de cómo está el país...Hay cosas importantes que ver, hay problemas estructurales que tenemos que resolver con madurez los distintos sectores", declaró Rodas (Publinews 08/09/17).

El presidente se niega al diálogo con el MP, la CICIG y la PDH

Los intentos de tener un encuentro y diálogo directo entre los jefes de la CICIG, el MP y la Procuraduría de Derechos Humanos, por un lado, y el presidente Morales por otro, han sido infructuosos. La Fiscal General Thelma Aldana había sugerido desde días atrás la posibilidad de una reunión para ventilar las diferencias con el mandatario, pero según la presidencia de la república, no ha habido una solicitud formal para este encuentro. "Creería prudente que tuviéramos una reunión con el Presidente para que nos exprese cuál es el malestar, para que si hay aspectos que debemos corregir se hará y aclararle al presidente nuestras funciones y en que nos hemos basado en nuestras investigaciones", dijo Aldana a los medios de comunicación (Prensa Libre 31/08/17). Igual suerte corrió el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, quien trató de comunicarse telefónicamente y por carta con el presidente Morales, sin ningún resultado.

Las organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, estudiantiles y populares no debemos caer en el juego de estos diálogos en busca de la “unidad nacional”, que solo persiguen salvaguardar la institucionalidad del Estado burgués y los intereses de la burguesía. No en vano los empresarios se han quejado de un clima general de incertidumbre. Lo único que le interesa al empresariado es salvar sus negocios y el sistema político que da la seguridad para que prosperen. Durante la crisis planteada por el autogolpe del expresidente Jorge Serrano Elías en 1993, las organizaciones sindicales y campesinas tuvieron el lamentable papel de ir a la cola de la oligarquía en la resolución del conflicto. Esta vez debemos defender de manera independiente nuestra propia agenda de reformas democráticas profundas en favor de los más oprimidos y explotados.

¿Hacia un enjuiciamiento del presidente Morales?

El lunes 4 de septiembre, en una sesión extraordinaria, la Corte Suprema de Justicia dio trámite al antejuicio promovido por el MP y la CICIG contra el presidente Jimmy Morales; en la votación solo hubo dos votos disidentes, de 13 magistrados. De acuerdo a la ley, al enviar el expediente al Congreso de la República, éste debe conformar una comisión pesquisidora para que investigue el caso y elaborare un informe; con eso, los diputados en sesión plenaria deberán decidir con al menos 105 votos a favor, si declaran con lugar el antejuicio.

La comisión pesquisidora fue electa, por sorteo, entre los diputados del Congreso, el 5 de septiembre. Como presidente quedó Julio Ixcamey de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE); como secretario Juan José Porras de Visión con Valores (VIVA); como vocales Gabriel Heredia de la UNE, Alicia Dolores Beltrán del Movimiento Reformador (MR) y Eva Nicolle Monte Bac, de Alianza Ciudadana (AC). Tres de ellos ocupan una curul por parte de partidos aliados del oficialista Frente de Convergencia Nacional-Nación (FCN-Nación): Viva, AC y MR.

La primera divergencia fue entre la premura del pleno, a instancias del FCN-Nación, para que el informe de la comisión fuera presentado en cinco días, el domingo 10. A esto Ixcamey argumentó que la ley otorga 60 días como máximo como plazo. El expediente enviado por la CSJ consta de tres tomos y 963 folios, y luego de examinarlo, los miembros de la comisión debían elaborar un cronograma para entrevistar e interrogar y escuchar a las partes involucradas, luego de que el MP ratifique la denuncia.

El plazo exigido a la comisión para presentar su informe reviste especial importancia en vista de la fragilidad de la alianza del FCN-Nación con otros bloques parlamentarios. El presidente Morales sabe con certeza que en este momento, una votación en el Congreso podría serle favorable; si la comisión se atuviera a los 60 días de ley, muchas cosas podrían pasar que hicieran decidirse a sus aliados a negarle el apoyo, desde presiones de protestas ciudadanas, presiones del Congreso y embajada de Estados Unidos, otras investigaciones de corrupción podrían involucrar a funcionarios del gobierno, o el empresariado en su conjunto podría dar la espalda al presidente.

Recordemos que el FCN-Nación solamente obtuvo 11 diputados en las elecciones de 2015, nutriéndose después de disidentes del Partido Patriota y LIDER hasta sumar 37. Sus bancadas aliadas son el MR con 18 votos, AC  con 11, y la bancada Todos con 16 diputados. El gobierno puede reforzar esa alianza con la presentación, a inicios de septiembre, de presupuesto de gastos de la nación para 2018, con un monto abultado para el Ministerio de Comunicaciones, una fuente de negocios para diputados y alcaldes, además de la presentación de algunas reformas para proteger la impunidad de diputados y funcionarios (con información de Nomada 06/09/17).  Para evitar una votación en un futuro momento de ruptura de esta alianza, el informe de la comisión pesquisidora debía ser en 5 días.

El domingo 10, hacia las 22:40 horas, la comisión entregó su informe a la oficina correspondiente de Congreso, recomendando que se le levante el antejuicio al presidente Morales. En la tarde del lunes 11 el pleno de diputados votó sobre el retiro de la inmunidad al mandatario, obteniendo mayoría (104 votos) las bancadas que respaldan el presidente. Las negociaciones bajo la mesa y el otorgamiento de prebendas ganó. Exigimos la renuncia inmediata del presidente Morales y su gobierno. Para ello llamamos a las organizaciones sindicales, campesinas, indígenas y populares a organizar una huelga general de 24 horas, que demande la renuncia de estos funcionarios y reclame la instalación de una Asamblea Constituyente de los Trabajadores y los Pueblos Indígenas, Plurinacional e Inclusiva.

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