A+ A A-

GUATEMALA.- La iniciativa de ley de familia, una pieza colonial

Valoración del Usuario: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 


Por Úrsula Coj y Ramona Itzep

En un contexto de crisis de la institucionalidad burguesa, por el enfrentamiento entre el gobierno de Morales, el comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, y la fiscal general Thelma Aldana, en los últimos días habido un reagrupamiento de fuerzas conservadoras; evidenciándose con propuestas como el endurecimiento de las penas contra los crímenes de las maras, la pena de muerte, bajar la edad imputabilidad a menores y la polémica iniciativa 5272, Ley de Protección de la Familia y la Vida.

Esta iniciativa presentada por los diputados Christian Boussinot de Todos con un proceso de antejuicio por plazas fantasmas y Raúl Romero de Fuerza entre otros, constituye una ofensa a los derechos de las comunidad sexodiversa pero también al derecho a elegir en materia de aborto para las mujeres. Es decir derechos democráticos que fuerzas conservadoras apadrinadas por la Coordinadora Evangélica Nacional,  sostén del actual gobierno, pretenden conculcar.

El documento construido bajo la lógica del enemigo interno-externo aduce que “grupos minoritarios de la sociedad que siguiendo una agenda de orden internacional (...) contrarios a la moral cristiana y que atentan contra el derecho a la vida, el orden natural de la familia y el matrimonio”. Ademas en la exposición de motivos se señala, que el Estado protege la vida de la población lo cual, a todas luces desde la fundación de este, ha sido lo contrario.

Se pide al Estado que promueva y realice acciones contra estas “minorías sociales”, poniendo énfasis en la defensa del matrimonio entre hombres y mujeres, limitando de tajo un derecho -el matrimonio de personas del mismo sexo- que ni siquiera es legal en Guatemala. Esta iniciativa realiza reformas al Código Penal y al Código Civil,  atentando contra  derechos democráticos, evidenciado en el objeto de la ley capítulo I,  sobre que:  la finalidad es proteger el matrimonio tradicional y el combate a la diversidad sexual y a lo que denominan ideología de género usando la figura de la libertad de los padres,  para  educarlos según su ideología religiosa y valores morales. 

Con respecto al aborto, el capítulo II plantea reformas al Código Penal, como aumentar las penas a las mujeres que lo practicasen con prisión de cinco a diez años. Mientras que al médico que lo realice, se le aplicara penas de 6 a 10 años si la mujer lo consistiera y de 10 a 15 si no lo consintiera. De igual forma con respecto al aborto terapéutico impone una serie de requisitos médicos y de opinión de especialistas -a sabiendas que en muchos casos los médicos se niegan por temor o por la mentalidad conservadora de estos- que los hace casi imposible, hipócritamente bajo el argumento de defensa de la vida.

Una novedad peligrosa es en lo que se refiere a la promoción al aborto, reformando también el Código Penal, planteando que “quien en forma pública o privada directa o indirectamente, por si mismo o por conducto de terceras personas (...) será sancionado con prisión de seis a diez años y una multa de cincuenta mil a cien mil quetzales” en una clara intención de criminalizar a organizaciones que promueven el derecho a decidir de las mujeres sobre el aborto. En línea con una serie de movimientos evangélicos gringos, pero también de la postura oficial de la iglesia católica y el Papa Francisco, que se asume con autoridad para decirle a las mujeres como actuar cuando afecta su cuerpo.

Buscando poner una contra tendencia al potente movimiento de mujeres y feminista que en varios países del mundo y Guatemala no es la excepción cuestiona estas prácticas patriarcales. Lo cual pone en la discusión con las organizaciones mencionadas que solo bajo una orientación marxista que concibe al patriarcado como parte de las relaciones sociales capitalistas y la lucha contra este sistema, que se puede eliminar de raíz el patriarcado, obviamente sin descuidar reformas parciales.

Con respecto a la educación sexual y reproductiva esta iniciativa pretenden limitar la enseñanza de esta, obligando a las instituciones educativas públicas y privadas a prohibirla, bajo la falsa idea que se combate una “ideología de género”  y claramente, contra la diversidad sexual. Reafirmando la heternormalidad, al señalar que será prohibido “la enseñanza de conductas sexuales contrarias a la heterosexualidad”.

Es importante también discutir con algunas organizaciones de jóvenes y humanistas como la Asociación Guatemalteca de Humanistas Seculares, sobre la naturaleza del Estado Laico, cual ha sido una consigna levantada por estos. En Guatemala la Constitución Política no aclara la naturaleza del Estado, esto como una forma de mantener en pie el confesionalismo cristiano pero sin declararlo públicamente. Es importante levantar la consigna de que solo con una Asamblea Constituyente de los Pueblos Indígenas y Trabajadores, se pueden poner en pie esta serie de derechos democráticos que en Guatemala no están reconocidos, pese a existir alguna que otra política en ese sentido. Quedando explicito además que el Estado debe ser laico.

Share