GUATEMALA.- Confusión y racismo sobre las reformas constitucionales


Por Leonardo Ixim

En un ambiente de zozobra tras las torpes declaraciones del presidente Morales sobre los “rumores de golpe de Estado” y las acciones violentas contra taxistas y choferes del transporte urbano del área metropolitana de la Ciudad de Guatemala, bajo una campaña de racismo contra las reformas constitucionales discutidas en el Congreso, la discusión sobre el tema sigue en ese órgano del Estado.

Como hemos escrito en otros artículos, estas reformas responden al interés del imperialismo estadunidense, junto a las preocupaciones de elementos de la sociedad civil, la institucionalidad del Ministerio Público, la Procuraduría de los Derechos Humanos y la CICIG, por combatir la tradicional impunidad herencia de los gobiernos militares y la falta de independencia judicial.

Estas lacras por demás se han mantenido tras la apertura política de mediados de los 80s del siglo pasado y el diálogo-negociación con la insurgencia, por medio de las Comisiones de Postulación. En un primer momento estas se consideraban mecanismos donde la académica por medio de la Universidad de San Carlos y las universidades públicas, junto a los colegios de profesionales de abogados y de contadores y economistas respectivamente, proponen nóminas para la selección, de parte del Congreso de la República, para jefe del MP, jefe de la Contraloría General de Cuentas, magistrados del Tribunal Supremo Electoral, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, jueces de Cortes de Apelaciones y magistrados de la Corte de Constitucionalidad.

Este mecanismo que suponía imparcialidad y ética por la presencia de universidades y profesionales, no fue más que la coronación de un sistema corporativista que fue ocupado por los denominados poderes paralelos bajo la jerga liberal, pero que no son más que elites emergentes que se incorporan al bloque burgués, algunos bajo los negocios en el Estado, de procedencia burocrática y militar, junto al crimen organizado. Ellos disputan recursos de toda índole, en el ejercicio del poder con la oligarquía o la fracción burguesa históricamente dominante.

Es así que, la CICIG junto a algunos organismos de la sociedad civil, rastrean que para disminuir la impunidad y acotar el poder de estas elites emergentes y los núcleos de la oligarquía, es necesario reformar la manera en que se eligen a todos estos funcionarios.

El debate sobre la CICIG está muy alejado de lo que los partidos de izquierda de la región quisieron reflejar en el último evento del Foro de Sao Paulo, que si es o no un instrumento del imperialismo. Lo cierto es que es sus orígenes no fue así, pero al ser adscrito a la ONU la influencia de los gringos en este organismo y la coincidencia de las agendas, se volvió importante.

Los ajustes de cuentas

En esta ocasión le tocó al López Villatoro “el rey del tenis” un influyente abogado que logró controlar el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) desde el gobierno de Portillo, disminuyendo el tradicional control de las corporaciones oligárquicas, cuya influencia ha disminuido en los últimos años. Esto después de la luna de miel que alguna vez tuvo con la embajada gringa; ahora la CICIG ajusta las cuentas.

De igual forma se ha dado la persecución penal contra la ex magistrada de la CSJ Blanca Stalling, nombrada con la venia de otros operadores como el narcotraficante Gustavo Herrera y el ex director del IGSS en tiempo de Pérez el ex militar Juan de Dios Rodríguez, cercanos primero al PP y ahora al FCN-Nación. Los antejuicios contra otros jueces y magistrados como Douglas Charchal por el caso de TCQ, o los procesos que le siguen al hermano e hijo del presidente, temporalmente en libertad; todos estos son avisos de CICIG y Washington, para que estos grupos no se pasen de la raya.

Pese a esto, con el allanamiento de las oficinas de López Villatoro por parte del MP y CICIG, su planilla en las recientes elecciones del Colegio de Abogados, la uno, pasó a segunda vuelta en las elecciones para junta directiva, tribunal electoral y tribunal de honor junto al mafioso ex rector de la USAC, Estuardo Gálvez; junto a la planilla tres quien ganó la contienda, conformada por elementos cercanos a la juntita y al gobierno, en alianza con la mafia de abogados que controla la Facultad de Derecho de la USAC, del ex decano Avidán Ortiz.

La propuesta cocinada

El objetivo de las reformas constitucionales en materia de justicia es garantizar la independencia del Poder Judicial, algo relativo en el sistema capitalista y más aún en un modelo dependiente como el nuestro. Al inicio se pretendía modificar la forma de selección de jueces de apelaciones, jefe del MP, magistrados para la CSJ y la CC, por medio de un sistema cruzado de participación de los poderes del Estado y el fortalecimiento de la carrera judicial.

Se creaba un Consejo Nacional de Justicia cuya función era administrar los recursos del Organismo Judicial en función de separar lo administrativo con lo jurisdiccional, proponer nóminas para que las y los diputados nombraran estos puestos, así como que la designación de magistrados fuera por especialización.

Los magistrados de la CC serían electos por tres jueces de cada poder del Estado, de entre nóminas de los otros poderes. Se aumentaba a 9 años la duración de los magistrados tanto de la CC como de la CSJ, mientras que en la primera la elección de estos no se realizaría al mismo tiempo. Varias fuerzas conservadoras y sus partidos alegaron que se creaba un súper poder, el CANG, la USAC y las universidades privadas se mostraron en contra porque perdían influencia en la selección de candidatos para estos puestos.

El dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales que se presentó al pleno la semana pasada, modificó varios elementos, creando otra instancia , el Consejo de Administración Judicial, que en materia de manejo del presupuesto y funciones administrativas, asesorará a la CSJ, no tendrá independencia y siempre presentara una nómina al Congreso para que este elija jueces de apelaciones de entre miembros de la carrera judicial y magistrados para la CSJ, de forma mixta entre carrera judicial y abogados con experiencia penal.

Para la selección de fiscal general se mantiene una Comisión de Postulación siempre con la presencia del legislativo, la USAC y una universidad privada. Para la conformación de la CC, siempre estará conformada por un magistrado electo por el Ejecutivo, Judicial, Legislativo, CANG, la USAC, agregándose un representante de una universidad privada con facultad de derecho de más de 25 años de existencia.

Más allá de los malabares que hacen las reformas constitucionales para evitar la corrupción y cooptación de cargos, el planteamiento que hacemos es que estos funcionarios sean electos democráticamente por votación directa de los ciudadanos. No hay sistema que evite más las lacras actuales ni que amplíe más la democracia de base.

El derecho indígena

Sin duda una novedad que despierta pasiones ideológicas a partir de las posiciones tradicionales ha sido la reforma del artículo 203 de la Constitución sobre el reconocimiento de la jurisdiccionalidad indígena. Ante eso el empresariado aglutinado en el CACIF, partidos de derecha, organismos como el fascistoide Movimiento Cívico Nacional, iniciaron una fuerte campaña argumentado que en caso realizarse la reforma, se rompería la unidad dentro del Poder Judicial, creando inseguridad. El MCN por su parte arremetió contra los diputados de izquierda de WINAQ, Convergencia, URNG y en menor medida la UNE, de querer dividir al país. Todo esto bajo la cantaleta del derecho liberal de que todos somos iguales y que reconocer diferencias genera desigualdad.

Como advertimos, la aprobación de este derecho es algo de carácter progresivo, aunque con limitantes en cuanto la incorporación a la legalidad burguesa. Derecho que es previo a la existencia del Estado, pero que en el fondo el temor de los sectores empresariales es que se cuestione la propiedad de la oligarquía sobre la tierra. Ésta, en una campaña claramente racista -al no reconocer la existencia de tales prácticas- se aprovecha de temores reales como a qué delitos se aplicará, cuál es su alcance, a quiénes se aplicaría, la existencia de prácticas clientelistas en las comunidades, el linchamiento que es una acción generalizada aduciendo que eso es la justicia maya en claro desconocimiento malintencionado, etc.

Pese a esa tenaz oposición este artículo se descoloró, agregando que solo será aplicado dentro de la comunidad, en temas relativos a la misma y aplicado a sus habitantes originales de forma voluntaria. Eliminando la coordinación entre el sistema ordinario y el indígena y el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, limitando con esto sus alcances.

Ahora está a la espera nuevamente de que el pleno del legislativo conozca nuevamente las reformas, las autoridades indígenas como los 48 Cantones de Totonicapán y otras, están llamando a movilizaciones agregando demandas sentidas por la población como el alto costo de la vida. En realidad, el planteamiento de incorporar el sistema de justicia indígena al sistema legal burgués es un paliativo que la CICIG y el imperialismo quieren dar a los pueblos originarios. Dado que la justicia indígena ya funciona en los hechos, la verdadera demanda, que la institucionalidad burguesa nunca va a resolver, es el respeto a los territorios, la consulta a las poblaciones para establecer empresas mineras o hidroeléctricas, una reforma agraria radical, y hacer llegar a la población originaria empobrecida salud, educación, vivienda y demás servicios básicos y de calidad.

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