Por Armando Tezucún
El decepcionante gobierno de Jimmy Morales finalizó el año pasado decretando un aumento a los salarios mínimos que ni siquiera alcanzará para cubrir la inflación en los precios de los alimentos. Al igual que en años pasados, los representantes sindicales y patronales no llegaron a acuerdos en el seno de la Comisión Nacional del Salario; la burguesía propuso no aumentar el salario mínimo, aduciendo la situación de desaceleración de la economía, mientras que los delegados de los trabajadores exigieron aumento hasta del 58%. Por ello nuevamente el gobierno tomó en sus manos la decisión, publicada el 30 de diciembre mediante el acuerdo gubernativo 288-2016.
Los incrementos decretados fueron del 6.14% para actividades agrícolas y no agrícolas, y del 6.12% para actividades de maquila y exportación. Esto significa que los trabajadores recibirán Q 2,893.21 y Q 2,667.52 al mes respectivamente. En ambos casos el aumento no llega ni a los Q 200.00.
Si la idea que está detrás de la fijación de un sueldo mínimo es garantizar que los trabajadores reciban un ingreso que permita cubrir sus necesidades básicas, entonces es un enorme fraude, como todas las buenas intenciones de mejorar la situación del pueblo dentro del marco del sistema de explotación capitalista. En primer lugar porque año tras año la burguesía se empeña en que el salario mínimo aumente lo menos posible, dando como resultado salarios que están muy lejos de cubrir los incrementos anuales en los artículos básicos que necesitan los trabajadores. En segundo lugar, media vez los gobiernos burgueses han fijado salarios mínimos bajísimos, éstos se convierten en los salarios máximos que pagan los capitalistas, alegando que están dentro del marco permitido por la ley. En tercer lugar, a una gran parte de los voraces empresarios los salarios mínimos de ley les valen madre y pagan a sus trabajadores lo que les da la gana; esto sucede sobre todo en las empresas agrícolas, en las maquilas, comercio y en el trabajo doméstico, mientras el Ministerio de Trabajo se hace de la vista gorda.
Basta que comparemos cifras. En diciembre del año pasado, el costo de la Canasta Básica de Alimentos para una familia promedio de cinco miembros cerró en Q 3, 958.80 mensuales, con un incremento de Q 369.00 con respecto a la de 2015. La Canasta Básica Vital (que es el gasto real de las familias, pues incluye vivienda, educación, salud, servicios básicos, transporte, vestuario, etc.), alcanzó los Q 7,224.09, Q 673.36 más que en diciembre de 2015 (El Periódico 10/01/2017). Evidentemente es imposible que con los sueldos mínimos decretados los trabajadores puedan cubrir siquiera los gastos de alimentación de sus familias; evidentemente esto significa pobreza, miseria, deterioro del nivel de vida; evidentemente esta es una patada en el rostro macroeconómico del gobierno, que se llena la boca diciendo que la inflación cerró en 4.23%, manteniéndose en el rango esperado de entre el 3 y 5 % (Idem).
El Congreso ratificó el Convenio 175 de la OIT
El martes 17 de enero, 102 diputados del Congreso de la República aprobaron un decreto que ratifica el Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual permite contratar trabajadores a tiempo parcial. Al parecer la presentación de esta iniciativa ante el pleno fue una maniobra producto de los acuerdos entre las bancadas que componen la nueva Junta Directiva, cuando negociaron el reparto de las comisiones de trabajo del legislativo.
La ratificación del Convenio 175 ha sido impulsada durante largo tiempo por los empresarios, pues en teoría permite la contratación a tiempo parcial de personal como amas de casa, estudiantes y adultos mayores, manteniendo los derechos laborales y prestaciones. Pero en la práctica a lo que conduce es a la precarización del trabajo y a la pérdida de derechos como el pago de aguinaldo, Bono 14, seguridad social, vacaciones, indemnización por tiempo de servicio; en el caso de las compañeras trabajadoras, perderán el derecho al descanso pre y post natal. Más grave aún, conduce a la pérdida de los derechos a sindicalización, negociación colectiva y huelga, las armas con las que los trabajadores se defienden de la explotación de los empresarios. Este convenio contradice una serie de artículos del Código del Trabajo, la Constitución de la República y de la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU.
Iniciando el año, las y los trabajadores tenemos dos importantes tareas: exigir aumentos de salarios verdaderamente dignos y defender nuestros derechos laborales a punto de ser barridos por el Convenio 175. Llamamos a las organizaciones sindicales, a los partidos y grupos de izquierda y al resto de organizaciones populares a formar un frente unido por la defensa de los derechos laborales.
