GUATEMALA.- No a la privatización de puerto quetzal


Por Leonardo Ixim

La captura en Miami del ex interventor de la Empresa Puerto Quetzal, Allan Marroquín reabre con fuerza el debate sobre el futuro de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) y la entrega de ese bien a la empresa catalana APM Terminales, por parte del pasado gobierno de Otto Pérez.

Marroquín tiene una orden de captura por el caso TCQ y otra por el caso cooptación del Estado, al ser parte de la red que junto al ex secretario de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, Juan Carlos Monzón, se encargó de sobornar a algunos directivos de sindicatos de Puerto Quetzal para poder realizar la entrega de una buena parte del puerto de propiedad estatal, a tal empresa.

Sobre el caso TCQ, se acusa a Marroquín además de ser intermediario en el soborno que la empresa europea entregó al binomio presidencial US$ 30 millones, para que éstos, en complicidad del ex procurador general de la nación Vladimir Aguilar, aprobaran el acuerdo. Este negocio cedió a TCQ, un terreno de 34 hectáreas con tres fases de desarrollo por el valor de 225 mdd (La Hora 21-10-16).

En 2013, desde El Socialista Centroamericano, escribimos sobre la concesión de parte del Estado a la empresa TCQ filial de APM Terminales prorrogables tras 25 años; durante el mes de abril de ese año los trabajadores de los tres sindicatos y pobladores del sureño departamento de Escuintla, se movilizaron para detener esta acción. Sin embargo, lo que no se supo fue que se había comprado a líderes sindicalistas para coronar este robo, a excepción del Sindicato de Trabajadores Organizados de Puerto Quetzal (STOPQ), quienes posteriormente han seguido denunciando esta infamia.

La Empresa Puerto Quetzal, fundada en 1982, ha sido un bien público que ha reportado importantes ganancias para el Estado; ha resistido la embestida neoliberal de privatización de los bienes públicos junto a los otros puertos del país. Sin embargo, se ha vuelto en un nido para facilitar el tráfico de drogas y otras actividades ilegales, en compadrazgos entre autoridades portuarias y algunos sindicalistas. Claro ejemplo de esto son los sobornos a los directivos del Sindicato Trabajadores de la Empresa Quetzal (STEQ), así como el hecho de que, en las negociaciones con TCQ no se estableciera un scanner para visualizar con rayos x el interior de los contenedores.

ABM Terminales seria comprada por el grupo holandés Maersk; algunos de sus directivos vinieron al país, que bajo el argumento de estar anuentes a cumplir con la legalidad se reunieron con la titular de la Procuraduría General de la Nación Anabella Morfín, el interventor Alexander Aiztenstatd de Puerto Quetzal y el presidente Morales. Posteriormente Morfín anunció un acuerdo con Maersk, que pagará una multa de $46 millones al Estado.

TCQ trató de traspasar a un fideicomiso maquinaria, equipo y otros activos por Q213.9 millones, aduciendo la deuda de esta empresa con bancos internacionales por US$160 millones, acción denegada por el Registro General de la Propiedad. Este fideicomiso estaría conformado por una institución holandesa y el banco local GyT Continental; se presume que esta acción era para evitar que estos bienes fueran extintos, lo cual obligó al interventor a señalar que solo él puede dar visto bueno a una acción así (Diario Digital 20-09-16).

Días antes de la captura de Marroquín, el presidente Morales ha exigido a los congresistas que elaboren un acuerdo para la mantener la concesión a TCQ. El interventor Aizenstatd (un hombre conocido por sus filiaciones neoliberales) y Morfín, cercana al Grupo Multinversiones del consorcio Bosch-Gutiérrez, anuncia que no existe un plan B, amenazando con que el Estado tendría que pagar las deudas de la empresa, como si éstas no fueran parte del contrato ilegal con TCQ.

El STOPQ, conocido por posiciones clasistas y consecuentes, inició una campaña denunciando que lo que pretenden es que TCQ se quede con el formidable negocio que significa manejar una terminal de contenedores en un puerto estatal, aduciendo que en Centroamérica no existe un proyecto como el que se presume instalar, con la capacidad de recibir carga de esa naturaleza.

Nosotros consideramos, que no solo es declarar nulo ese contrato por parte del Congreso y por ende una nueva licitación; sino que es el Estado el que tendría que asumir los activos de TCQ, generar la inversión para modernizar el puerto sin concesionarlo a ninguna empresa, administrarlo bajo control de los trabajadores y buscar alguna empresa para que pueda traspasar servicios y tecnología apropiada. Así como negarse a reconocer cualquier tipo de deuda contraída con el Banco Mundial -quien también es responsable penalmente al entregar un préstamo a TCQ y otros bancos privados- al igual que desconocer cualquier demanda por el control de los activos.

Share