Por Marcial Rivera

El problema del transporte público en Guatemala es ampliamente conocido. El manejo de la cosa pública de forma corrupta e inescrupulosa no ha escapado al tema del transporte; se conocen de los contubernios que en su momento llevaron a la compra de buses rojos con fondos públicos, y que implicó corrupción en la compra de los mismos, durante el gobierno de Oscar Berger. Una situación similar se dio mientras Álvaro Colom presidía el ejecutivo; en este mandato se dio una compra anómala de unidades de transporte sobrevaloradas y que se convertirían en el ‘transporte del futuro’, esto involucró al alcalde capitalino Álvaro Arzú.

El tema del transporte público y la crisis actual, ha sido poco tratado por los medios de comunicación masiva, y también ha sido ignorado por la Contraloría General de Cuentas, el Ministerio Público y otras entidades, cuando se sabe que el subsidio al transporte colectivo ha ido en aumento durante el transcurrir de los años, sin que exista rendición de cuentas hacia la población. No existen libros contables que estén a disposición de la población, y los montos de dicho subsidio son sencillamente escandalosos. Actualmente los empresarios de transporte público, demandan recibir más de novecientos millones de quetzales.

La idea del subsidio es que se mantenga una ‘tarifa social’, es decir, que el valor del pasaje sea de Q.1.00. No obstante si se toma en cuenta que el subsidio es financiado por los contribuyentes, el valor del pasaje es mayor a Q.1.00; no dejando de lado el hecho que en la mayoría de unidades de transporte, en horarios de mayor demanda, sobre todo al final de la tarde y el fin de semana, el cobro del pasaje es incrementado de manera ilegal por las unidades de transporte, sin que ninguna autoridad haga algo a este respecto.

En el transporte público también hay corrupción

Los buses rojos se encuentran en malas condiciones y prestan un mal servicio, con unidades de transporte sobrecargadas, obsoletas y en mal estado; además de los buses extraurbanos, que aparte de ser bastante viejos, expiden cantidades de dióxido de carbono, que contaminan en demasía el aire, y es un atentado contra la naturaleza, pues en algunas zonas y en algunos horarios, la calidad del aire se vuelve mala, por debajo de los niveles permitidos para el ser humano.

En el Sistema Integrado Guatemalteco de Autobuses (SIGA), ya se han dado más de treinta despidos, producto de la falta de subsidio, y todo apunta a que el número de despidos irá en aumento, sin dejar de mencionar que los trabajadores actuales han sido afectados por mayores cargas de trabajo y han pasado de tener prestaciones laborales, a facturar como pequeño contribuyente. El transmetro –en sus distintos ejes- ha dejado de tener el sistema de cobro electrónico, por lo poco transparente que este resulta en el manejo del mismo, afectando considerablemente a la población que usa este medio de transporte.

El transporte público debe ser público, debe nacionalizarse, ser eficiente y eficaz, los pilotos deben pasar por un proceso de entrenamiento para dar un mejor servicio a la ciudadanía, que merece ser tratada con dignidad, debe ser equipado de cámaras de seguridad y la tecnología necesaria para garantizar la seguridad de la población y la eficiencia del servicio. Además de esto los pilotos, ayudantes de pilotos, y otro personal logístico, no cuentan con prestaciones laborales, seguro médico, ni otro tipo de beneficios, que como trabajadores les corresponde.

Asimismo, la nacionalización del transporte público por un lado evitará la necesidad de un subsidio por parte del gobierno, tampoco tendrá que lidiar con las extorsiones a las unidades de transporte, y los asaltos a los pasajeros. Pero la nacionalización implica que el manejo del mismo esté controlado por la ciudadanía por medio de comités ciudadanos, presididos por la clase trabajadora, que es la población directamente usuaria y beneficiaria, del transporte colectivo y que velen por el manejo de los fondos y la calidad del servicio otorgado a la población. Por otro lado, dignificará a todos los trabajadores en sus distintos niveles, que se ganan la vida por medio del transporte público.

Desde el Partido Socialista Centroamericano, exigimos al gobierno de Alejandro Maldonado, la inmediata nacionalización del transporte colectivo, y que el nuevo gobierno de Jimmy Morales, siente las bases de un sistema digno, eficaz y eficiente, que beneficie directamente a la clase trabajadora, y que esta misma sea la que fiscalice sus operaciones.