Por Leonardo Ixim
Después de que el presidente de la república decretó Estado de Calamidad en 16 de los 22 departamentos del país, que sufren los efectos de la sequía causada sobre todo por el cambio climático que está sufriendo nuestro planeta, consideramos importante plantear unas breves reflexiones sobre esta problemática.
Los departamentos afectados son: Jutiapa, Chiquimula, El Progreso, Zacapa, Santa Rosa, Quiche, Baja Verapaz, Sololá, Chimaltenango, Quiché, Guatemala, Suchitepéquez, Retalhuleu, Huehuetenango, Totonicapán y San Marcos. Como se ve, este Estado de Calamidad afecta a una gran parte del territorio guatemalteco y se vuelve una medida de último minuto para atender un problema que cada vez era más inminente.
Tales departamentos incluyen el conocido corredor seco, territorio que históricamente ha sido azotado por sequías, situado en el oriente y nororiente, región que sufre los efectos de fenómenos cíclicos como El Niño. Pero con el cambio climático provocado por la emisión de gases invernadero, especialmente por las potencias imperialistas, la extensión de la zona de sequías a departamentos del centro, occidente y sur occidente, se vuelve un problema para agricultores y consumidores, en cuanto a la seguridad y el derecho a la alimentación.
En términos regionales la sequía ha afectado a Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, y se puede hablar de un corredor seco mesoamericano. Las estrategias de atención de parte de los gobiernos son reactivas y nacionales, mientras que esta es una problemática que afecta a la región.
Junto a esto tenemos el problema de la escasez de agua, pues a la vez que se va extendiendo la zona de sequías, el vital líquido se vuelve cada vez más inaccesible para la población. Por ejemplo, ya desde hace unos años en la capital muchas colonias tienen deficiencias en el abastecimiento de agua potable para consumo en hogares; de igual forma en departamentos del sur y sur occidente, donde las plantaciones de caña y en menor medida palma colonizan los territorios, los pobladores se quejan de que estos mega cultivos desvían ríos para su uso.
Entre los departamentos más afectados se encuentra el sur oriental Jutiapa, donde 60 mil familias han sido afectadas (Prensa Libre 8-09-14). En El Progreso, en el nororiente, se reportan 18 mil 700 familias afectadas; y en los municipios de Jocotán y Camotán, en el nororiental Chiquimula, regiones que ya han sido afectada por hambrunas, la población pide ayuda a largo plazo y obras serias (Idem).
En total, en palabras del mismo presidente, serán 275 mil familias afectadas (Siglo XXI 11-09-14). La medida tomada por ejecutivo cuenta con un fondo de US$ 23 millones para reaccionar, es decir entregar alimentos a las familias que han sido afectadas por el desastre; desastre que sabemos no es natural, sino que responde a la vulnerabilidad socio ambiental de familias que sufren pobreza y dependen del cultivo precario de granos básicos, y que al ser afectadas por fenómenos como éste, son afectadas por hambrunas.
Organismos gubernamentales como la Secretaria de Seguridad Alimentaria (Sesan), que tendría entre sus finalidades generar una política de prevención garantizando el derecho a la alimentación, se ha limitado a entregar alimentos. Sin duda un Estado oligárquico como este, sin ningún tipo de planificación en sus acciones, será recurrente en sus formas de actuar, sin que los derechos humanos de la población sea su prioridad.
Por otra parte, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reporta para agosto un aumento en el precio del frijol y el maíz -productos básicos de la dieta del pueblo- siendo el segundo más alto del año, ubicando la inflación en un 3.70 %; el incremento del maíz correspondió al 0.13 % y el del frijol a 0.05 % (Prensa Libre 9-9-14). Pese a que el aumento es cíclico, dándose casi siempre en el segundo semestre año, el tema de la sequía ha encarecido estos productos.
El movimiento campesino, indígena y popular debe reclamar al gobierno la instalación de sistemas de regadíos y de absorción del agua de lluvia, que garanticen el acceso del vital líquido. Esto iría de la mano de una lucha por regular los usos que se le da al agua, sobre todo como dijimos arriba, con respecto a la apropiación ilegal de ese recurso de parte de las grandes empresas agroindustriales, que además contaminan ríos y lagos. Se debe también exigir al gobierno que implemente políticas para el control de precios de productos de consumo popular. A mediano plazo es indispensable la lucha por una reforma agraria que garantice el acceso a la tierra y a los recursos técnicos y financiamiento que reduzcan la vulnerabilidad socio ambiental del campesinado.
