Por Armando Tezucún
El 25 de febrero el Organismo Ejecutivo publicó en el diario oficial cuatro acuerdos por medio de los cuales declaró circunscripciones económicas en los municipios de San Agustín Acasaguastlán y Guastatoya en el departamento de El Progreso, Estanzuela en el departamento de Zacapa y Masagua en el departamento de Escuintla.
El objetivo de esta disposición es propiciar las condiciones para un desarrollo integral mediante la creación de empleo formal y atracción de inversión privada nacional y extranjera. Este ambicioso plan busca crear parques industriales donde se instalen fábricas que se dediquen al ensamblaje de equipos electrónicos como teléfonos celulares, tabletas electrónicas y computadoras; el montaje de motocicletas, bicicletas y piezas para vehículos; además de manufacturas más comunes como la elaboración de vestuario y telas. Como complemento a estas actividades se construirían obras de infraestructura como carreteras, sistemas ferroviarios (posiblemente por medio de alianzas público-privadas), y se ampliaría la cobertura de la seguridad social y la capacitación técnica; además, plantea la construcción de viviendas populares, impulsar políticas de acceso al crédito y el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas.
Inicialmente se realizó una convocatoria a todas las municipalidades del país, pero solo los cuatro municipios arriba mencionados mostraron interés. El proceso iniciará con la formación de Comisiones Paritarias con la participación de representantes locales de empresarios, autoridades y trabajadores, que discutirán y definirán las políticas salariales y las condiciones para atraer la inversión a la región. El 4 de marzo el ministro de Trabajo, Carlos Contreras, lanzó la convocatoria para la formación de estas comisiones.
De inmediato saltó a la discusión pública el tema de los salarios mínimos que se definirían para estas circunscripciones, pues como sabemos, una parte central de las políticas para atraer inversiones es el del sueldo que los empresarios pagarán a los trabajadores, además del resto de condiciones laborales. Mientras más bajos sean los salarios, mayores serán las ganancias de los capitalistas, y en la región del país donde más raquíticos sean los sueldos, allí es donde invertirán.
Es una realidad que los salarios mínimos vigentes (Q 2,530.34 para el campo y la ciudad; Q 2,346.01 para maquilas y exportadoras), a pesar de que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas de una familia promedio, no reflejan los sueldos reales que ganan los trabajadores. La voracidad de los empresarios hace que los salarios que pagan no lleguen ni siquiera al mínimo de ley. El mismo ministro Contreras reconoció que los departamentos que tienen en promedio los salarios más altos del país son Guatemala y Petén, con unos Q 1,700 mensuales; y en los departamentos del Noroccidente, Oriente y la Costa Sur (a los que pertenecen los municipios en cuestión), los sueldos promedios son de Q 818, Q 1,340 y Q 1,400, respectivamente (Siglo XXI, 26/02/14).
Es esta alarmante e ilegal situación en materia de salarios la que los capitalistas piensan legitimar por medio del establecimiento de estas circunscripciones económicas. A pesar de que algunos de los alcaldes de los municipios y dirigentes sindicales advirtieron que no es viable que las comisiones paritarias propongan salarios inferiores al mínimo de ley, el ministro declaró que “Las recomendaciones pueden ser para mejorar el que está vigente (salario mínimo) o propuestas de salarios específicos, tomando en cuenta el salario real que se devenga en los municipios” (Siglo XXI, 26/02714).
Fernando López, presidente de la patronal Cámara de Industria de Guatemala, declaró se debe recomendar salarios inferiores a los vigentes, sobre todo en el caso de las maquilas, donde el costo de la mano de obra es importante: “El planteamiento debe ser menor al actual (salario mínimo), porque para estar igual al vigente no se necesitan regulaciones” (Siglo XXI 27/02/14).
Según el presidente Pérez Molina, hasta ahora empresas textileras chinas y coreanas han mostrado interés en invertir en el proyecto, pudiendo generar hasta diez mil empleos. Pero seguramente serían empleos precarios, con bajos sueldos y malas condiciones de trabajo. Los cuatro municipios suman una población de 124,251 personas, con 10,614 afiliados al IGSS, de los cuales 1,322 en la industria manufacturera (según datos publicados en Prensa Libre el 13/03/14). La pobreza general de la región probablemente obligará a la población a aceptar gustosamente estos trabajos, creándose un nuevo proletariado en el interior cuya primera agenda de lucha será igualar sus salarios a los mínimos de ley a nivel nacional y mejores condiciones de trabajo.
