Por Armando Tezucun
El pasado 23 de octubre, 19 días después de la masacre de comunitarios indígenas en la Cumbre de Alaska, se dieron marchas multitudinarias simultáneas en varias localidades del país. El evento se denominó Marcha por la Dignidad del Pueblo de Totonicapán y se desarrolló en Totonicapán, Sololá, Huehuetenango, Quiché, Cobán, Alta Verapaz, Chimaltenango, Retalhuleu, Quetzaltenango y en la capital. Según datos de la prensa burguesa, un poco más de treinta y tres mil personas participaron en las protestas.
Lo que las marchas reclamaron
Las demandas planteadas fueron las mismas que las del 4 de octubre: rechazo al incremento al precio de la energía eléctrica, la derogación del acuerdo del Ministerio de Educación que reforma la carrera de magisterio y el rechazo a las propuesta de reformas a la Constitución presentada por el gobierno. A estas exigencias básicas, en cada localidad se unieron otras: en primer lugar el reclamo de justicia por la muerte de al menos 6 compañeros a manos del ejército el 4 de octubre, hasta dar con los autores intelectuales; la destitución de los ministros de defensa, gobernación y educación; que el gobierno deje sin efecto las licencias mineras e hidroeléctricas otorgadas en el país; el cese a la persecución contra líderes populares y liberación de los que fueron capturados durante el estado de sitio en Santa Cruz Barillas; el cese de los megaproyectos en Quiché de la politización de los programas sociales y de la asignación de plazas magisteriales, etc.
Las marchas fueron pacíficas al finalizar la de Totonicapán se instaló la Asamblea del Gran Consejo de Pueblos, en la cual se emitió una resolución que quedó en el Libro de Actas de la Asociación de los 48 Cantones.
Inicia el diálogo con el gobierno
El día siguiente una delegación de los 48 Cantones se reunió con el presidente Pérez Molina para ventilar una solución a las demandas planteadas. Los compañeros también demandaron un resarcimiento a las familias de las víctimas mortales de la masacre del 4 de octubre. En la reunión estuvieron presentes también representantes de ministerios e instituciones estatales a quienes compete la resolución de las peticiones.
En el encuentro se estableció un cronograma que incluye: el 25 el presidente se reuniría con el alcalde de Totonicapán; el 29 se entregaría a la Asamblea de los 48 Cantones el proyecto de reforma magisterial para que lo conozca y miembros de la Comisión de Reformas Constitucionales viajarían para explicar a la Asamblea el contenido de la propuesta del gobierno; el 21 de noviembre el Pérez Molina viajaría a Totonicapán.
Ya sabemos que los procesos de diálogo que establece el gobierno en gran medida son procesos dilatorios para dar largas a problemas que no tienen la voluntad de resolver. La presidenta de los 48 Cantones, Juana Tacam afirmó después de la reunión: “Creo que va a haber plazos cortos y medianos. Se han establecido fechas para evaluar compromisos que se hicieron hoy…Creemos todavía en las autoridades, y esperamos que el compromiso que se asumió haya sido con toda la responsabilidad del caso” (Prensa Libre 25/10/12).
La carta de los líderes de Totonicapán al presidente
El 29 de octubre, como estaba programado, viajó a Totonicapán la delegación del gobierno que daría a conocer la propuesta de reformas a la constitución. El resultado fue que los compañeros líderes de los 48 Cantones reiteraron su rechazo al proyecto. Juana Tacam aseguró que esa cita “no es el inicio de un proceso de diálogo” (Prensa Libre 30/10/12).
Los compañeros enviaron una carta pública al presidente, en la que reiteran sus demandas. Sobre las reformas a la constitución sostienen: “…en ningún momento hemos aceptado dichas reformas, tampoco estamos emitiendo opinión sobre dichas reformas, así mismo, tampoco la información que se nos comunicó constituye ningún proceso de consulta de buena fe con la asamblea de los alcaldes comunales y la Junta Directiva de Alcaldes Comunales de los 48 Cantones de Totonicapán…esas reformas no son las que el Estado necesita, además usted con ellas pretende consolidar el poder hegemónico de un pequeño grupo de personas sobre el resto de la población, razón por la cual, reiteramos el rechazo de las mismas…”.
Ante la aparición el 27 de octubre, del cuerpo de Domingo Puac, desaparecido desde los sucesos del 4 de octubre, la carta dice: “…en tanto no se aclare las causas y autores de su muerte no es posible que nos encontremos en una negociación si el Estado que usted representa no es leal…”. (Carta de la Junta Directiva de Alcaldes Comunales y Consejo de Alcaldes de los 48 Cantones de Totonicapán al presidente de la República de Guatemala. 29/1012).
Hasta la fecha los avances en los acuerdos han sido pocos. El Fondo Nacional Para la Paz inició la construcción de 40 casas prefabricadas para los familiares de los compañeros muertos o heridos en los sucesos del 4 de octubre. El cobro del servicio de alumbrado público es competencia de las alcaldías, por lo que la Comisión Nacional de Energía Eléctrica inició una negociación con la Asociación Nacional de Municipalidades para encontrar una modalidad de cobro con la que los pobladores no se vean tan afectados; la solución de este problema tomará un buen tiempo. El gobierno sigue empecinado en no dar marcha atrás en la reforma a la carrera magisterial, y además aún no ha enviado el proyecto a los dirigentes de Totonicapán para que lo conozcan.
Como ya es costumbre del gobierno, su intención en este proceso de diálogo es, primero, parar las movilizaciones con falsas promesas, para en segundo lugar desgastar y cansar a los compañeros para que desistan de sus demandas. Seguramente Pérez Molina tomará la tragedia que sufre el pueblo guatemalteco con el terremoto del 7 de noviembre como pretexto para retrasar más una solución al diálogo.
¿Hacia una nueva etapa en las luchas?
La pobreza generalizada y las enormes carencias existentes en el campo guatemalteco son el motor que impulsa a los campesinos indígenas a protestar y manifestarse año tras año, sin que los sucesivos gobiernos de la burguesía tengan la menor intención de solucionar esta compleja problemática.
La represión del 4 de octubre, según indica el curso de los acontecimientos, perece marcar el inicio de una nueva fase en la lucha de las masas campesinas, indígenas y populares. Esta nueva fase tendría las siguientes características:
1. Las movilizaciones se realizan por demandas de amplio contenido democrático. Disminución del precio de la energía eléctrica, rechazo al cambio que pretende hacer el gobierno en la carrera de magisterio, rechazo a la propuesta gubernamental de cambios a ciertos artículos de la Constitución de la República, aprobación de la Ley de Desarrollo Rural, el rechazo de las comunidades a las actividades de empresas mineras e hidroeléctricas, el cese de la criminalización de las luchas populares y la persecución contra los líderes, el reconocimiento de derechos de las poblaciones indígenas y el rechazo a la creciente militarización de las tareas de seguridad por parte del gobierno, entre otras.
2. Las movilizaciones tienen un marcado carácter indígena y rural. En efecto, los principales protagonistas de estas luchas son sectores de la pequeña burguesía empobrecida, que habita los poblados del interior del país y zonas semirurales o rurales, pertenecientes en su mayor parte a organizaciones indígenas: pequeños campesinos, pequeños comerciantes, estudiantes de nivel medio, trabajadores por cuenta propia, etc. Los acuerdos logrados por el gobierno con sectores importantes de los trabajadores estatales urbanos (maestros y trabajadores de la salud), trasladaría el escenario de las luchas de la capital y las principales zonas urbanas, al interior y a las zonas rurales. En este panorama, continúan ausentes los sectores más importantes de los asalariados: obreros fabriles, de la construcción, de maquilas, asalariados rurales de las plantaciones de azúcar, café, etc. El enorme desempleo existente en el país ejerce una fuerte influencia para que los trabajadores asalariados tengan muy poca capacidad de presión y negociación ante sus patronos. Es notoria la incorporación a las luchas de los estudiantes de magisterio, tanto en la capital como en el interior, al punto que su demanda ha sido adoptada por otros grupos sociales en lucha.
3. Las diferentes organizaciones y sectores se solidarizan y hacen suyas las diversas demandas. Este hecho se nota en especial en la demanda de que el gobierno dé marcha atrás en su empecinamiento de transformar la carrera de magisterio, pues organizaciones diversas de campesinos, indígenas, maestros, trabajadores de salud y estudiantes universitarios la han hecho suya. Luego del 4 de octubre, todos los grupos y sectores han levantado de demanda de justicia, exigiendo la renuncia de los ministros de defensa y de gobernación y que las investigaciones del MP alcancen a los últimos culpables en la cadena de mando. También el rechazo a las actividades mineras e hidroeléctricas y al reforzamiento del papel del ejército es generalizado.
Debemos seguir con detenimiento el desarrollo de las luchas que se están dando, para verificar si esta apreciación es correcta. Por el momento, los compañeros y compañeras de los 48 Cantones y el resto de organizaciones campesinas e indígenas que les apoyan no deben confiar en el gobierno, su intención es parar las movilizaciones y prolongar hasta el cansancio las negociaciones. Llamamos a los compañeros a prepararse para nuevas acciones, para obligar al gobierno a ceder a las demandas.
