Por Armando Tezucún
La brutal represión del 4 de octubre efectuada por miembros del ejército contra comunitarios indígenas que protestaban, no ha amedrentado a las organizaciones populares, que continúan levantando su voz de protesta. Y es que la percepción general es que el gobierno atraviesa una crisis, provocada por la ejecución extrajudicial de los 8 compañeros. En estos momentos en que Pérez Molina y su equipo se esfuerzan por salir bien parados en el tema del asesinato de los comunitarios, las autoridades no pueden permitirse una nueva represión violenta, pues agravaría su desprestigio a nivel nacional e internacional, y enfurecería más a los sectores populares.
Como expresó Lolita Chávez, dirigente del Consejo de los Pueblos K’iché’s “Más que meternos miedo con la muerte (de los seis pobladores de Totonicapán), nos fortalecen, porque si nos van a matar por defender la vida, tenemos que estar más organizados que nunca” (Siglo XXI 20/10/12). Aun así, las dirigencias tratan de ser prudentes, como los líderes de los 48 cantones de Totonicapán, que anunciaron una movilización masiva para el 23, especificando que no efectuarán bloqueos (Idem).
Comunidades continúan bloqueando carreteras
A partir del 8 de octubre, durante al menos cinco días, unos 500 habitantes de caseríos y aldeas de Malacatán San Marcos, bloquearon durante ocho horas diarias varios puntos de las carreteras vecinas. Organizados en la Asociación Civil Malacateca, los pobladores protestan contra el alto precio de la energía eléctrica impuesto por la empresa Energuate (que remplazó a Unión Fenosa) y por la liberación de su dirigente Froilán López, apresado injustificadamente en septiembre.
Además reclaman el cese de la persecución contra sus líderes, el esclarecimiento de la muerte de su dirigente Víctor Gálvez y justicia por la muerte de los comunitarios indígenas muertos el pasado 4. (Con información de Prensa Libre y Siglo XXI, ediciones electrónicas del 9,10 y 12 de octubre).
Solidaridad con el pueblo de Totonicapán
El tema de la masacre de los compañeros ejecutados por los soldados ha sido el centro de las movilizaciones, ya sea de forma exclusiva o acompañando otras demandas específicas. El 9 de octubre las organizaciones de la Marcha Indígena, Campesina y Popular realizaron una caravana de solidaridad y apoyo a las autoridades indígenas de los 48 cantones de Totonicapán y las familias de los compañeros muertos.
Desde la capital y otros departamentos, representantes de grupos campesinos y populares, estudiantes de la Universidad de San Carlos se enfilaron al lugar donde fallecieron los comunitarios a manos del ejército, depositando ofrendas florales, culminando la actividad con un acto en el parque central de Totonicapán junto a pobladores y dirigentes de los 48 cantones (Siglo XXI 9/10/12).
Los estudiantes normalistas siguen en pie de lucha
El tema del cambio en la carrera de magisterio ha vuelto a movilizar a estudiantes y otros sectores de la población, esta vez combinado con la demanda de justicia por la ejecución de los compañeros indígenas el 4 octubre. Recordemos que una de las demandas que planteaban los 48 cantones de Totonicapán ese día era precisamente que el Ministerio de Educación de marcha atrás en la imposición que pretende hacer en el plan de dicha carrera.
El 10 de octubre, en la ciudad de San Marcos, estudiantes normalistas marcharon vestidos de negro en protesta por la masacre del 4 de octubre, a la vez que de nuevo expresaron su rechazo al cambio en la carrera de magisterio (La Hora 10/10/12). Ese mismo día en la ciudad de Guatemala miles de trabajadores del sector de salud pública y miembros del Frente Nacional de Lucha procedentes del interior y de la capital marcharon exigiendo una investigación de los hechos que condujeron a la muerte de los 8 comunitarios, así como rechazando la ampliación de la carrera magisterial a cinco años y los cobros ilegales en la energía eléctrica por parte de la empresa Energuate. El dirigente del FNL Luis Alpírez declaró: “Estamos pidiendo una verdadera investigación por la muerte de campesinos de Totonicapán, también pedimos que el Ejército cumpla con su papel constitucional dentro de una sociedad civil. Además, queremos que se revise con una tregua de dos años la propuesta de la Ministra de Educación” (La Hora 10/10/12).
Los compañeros normalistas volvieron a las calles el 15, finalizado la actividad frente a Casa Presidencial. Los compañeros, junto a miembros del Frente Nacional de Trabajadores de la Educación, exigían que se retome el diálogo en torno a los cambios en la carrera magisterial, pero rechazando reunirse con la ministra Del Águila, pues ella no ha cedido en su postura. Los estudiantes demandaban reunirse directamente con el presidente Pérez Molina. En la marcha realizada también pedían la renuncia de los ministros de defensa Ulises Anzueto y de gobernación López Bonilla, por la muerte de los comunitarios indígenas de Totonicapán.
Los recibió el comisionado presidencial para el diálogo Miguel Ángel Balcárcel, con quien acordaron una nueva ruta de diálogo que iniciaría la siguiente semana. Sin embargo el funcionario no prometió que hubiera resultados positivos para los compañeros. (Siglo XXI 16/10/12).
En efecto, el mismo 16 el presidente Pérez Molina dijo que el nuevo diálogo sería solo para aclarar dudas, sin prometer cambios a la propuesta oficial. “El Gobierno fijó una posición, pero estamos abiertos al diálogo, para aclarar dudas”, dijo el presidente (Siglo XXI 17/10/12). Según la prensa escrita, la postura reiteradamente intransigente del gobierno trajo desánimo entre los estudiantes de la capital, quienes renunciarían a continuar las movilizaciones: “Con este Gobierno no se puede hacer nada, nosotros ya hicimos lo que pudimos, pero no vamos a meternos más a problemas, y continuaremos con nuestras clases”, dijo David Alemán, estudiante del Instituto Normal para Varones (ídem). Alemán dijo que continuarían con el diálogo por solidaridad con compañeros del interior, que continúan en oposición.
Los normalistas del interior continúan en pie de lucha. Estudiantes y padres de familia de las escuelas normales de los 19 municipios del departamento de Sololá realizaron una caminata de protesta en rechazo a los cambios en la carrera de magisterio, entregando memoriales en la Gobernación Departamental y en la Dirección Departamental de Educación (Prensa Libre 17/10/12).
El gobierno empieza a ceder
No cabe duda de que desde mayo el gobierno y en particular la ministra de educación han estado sometidos a una gran presión para que se reconsideren los cambios que quieren imponer en la formación de maestros de educación primaria. Al inicio los normalistas estaban casi solos, pero poco a poco otros sectores populares han hecho suyo el rechazo a la propuesta oficial, al punto de que la protesta en que fueron ejecutados los 8 comunitarios de Totonicapán incluía la demanda como uno de los tres motivos de la movilización. El reclamo de los estudiantes está incluido en las protestas de casi todos los demás grupos, y los normalistas han hecho suyas otras demandas populares.
A pesar del desencanto de algunos normalistas capitalinos, esta fuerte presión está dando resultados, pues la ministra del Águila declaró que es posible que las universidades que prepararían a los maestros reduzcan de 3 a 2 años el paso de los estudiantes por los establecimientos de educación superior. “Los decanos están discutiendo el tipo de carga académica que se le puede dar a la carrera docente, porque si el alumno tiene una carga académica completa puede terminar sus estudios en menos tiempo”, explicó Del Águila (Prensa Libre 18 10 12). Consideramos que este es un pequeño logro, resultado de la tenaz presión popular, que puede romper la testarudez del gobierno y dar paso a acuerdos que beneficien a los estudiantes. La próxima semana se tendrá una reunión con el presidente, y a pesar del rechazo de los normalistas, estará presente la ministra; las organizaciones populares deben continuar la presión para lograr resultados favorables.
Marchas el 12 y 20 de octubre
Las movilizaciones populares continuaron el Día de la Dignidad y Resistencia Indígena, Negra y Popular. Varios miles de compañeras y compañeros marcharon en la capital y cientos en Quiché y Sololá, sosteniendo un bloque de demandas y reclamos: La aprobación de la Ley de Desarrollo Rural, la suspensión de las licencias mineras de exploración y explotación, el cese de la injerencia del ejército en las acciones de seguridad ciudadana y la militarización, no a la criminalización de las luchas populares, la disminución del costo de la energía eléctrica, no a los cambios en la carrera magisterial, no a las reformas constitucionales propuestas por el gobierno y la renuncia de los ministros de defensa, gobernación y educación. La demanda central, sin embargo, fue el reclamo de justicia por la ejecución de los comunitarios el 4 de octubre. El 20, en celebración de la revolución democrática de 1944, nuevamente miles manifestaron por todo el país, enarbolando las mismas consignas y exigencias.
Los últimos acontecimientos trágicos que culminaron con la muerte de 8 compañeros han acelerado los procesos de acercamiento entre las diferentes organizaciones populares. Aunque no podemos hablar aún de un ente permanente que coordine a todos los sectores, la adopción de consignas comunes y la solidaridad entre los grupos en lucha es un paso de la mayor importancia hacia la unidad que permita enfrentar con fortaleza los ataques del gobierno.