GUATEMALA.- ¿Oligarquía reaccionaria o protesta criminalizada?

Por Marcial Rivera

La formación de la oligarquía Guatemalteca es un fenómeno interesante de analizar, en tanto que la conformación de la misma pasa por un proceso acentuado de robos y saqueos a los recursos naturales a lo largo de la historia. Interesante resulta entonces analizar también la conformación de las familias oligárquicas desde los tiempos coloniales hasta la actualidad, y que esta oligarquía tradicional se encuentra vinculada entonces con otros sectores oligárquicos a nivel Centroamericano. En la actualidad pueden distinguirse entonces distintos sectores oligárquicos en la escena política económica, sin que necesariamente estén desvinculados entre sí. Es decir que poseen nexos que les unen en gran manera, tanto al sector oligárquico tradicional, como el militar que gira en torno al gobierno de turno, como a la oligarquía emergente.

Lo importante de esto es destacar que pese a los distintos sectores oligárquicos existen, finalmente la oligarquía Guatemalteca es sencillamente rancia y atrasada. Una de las pruebas de esto, es la persecución llevada a cabo por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras CACIF -que se configura como la principal gremial empresarial Guatemalteca- en contra de representantes de organizaciones campesinas, específicamente el Comité de Desarrollo Campesino y la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas.

Esta persecución resulta en función precisamente, de las "enormes pérdidas millonarias" producto de los bloqueos de las diferentes vías de comunicación a lo largo y ancho del territorio nacional, específicamente de las principales carreteras. Las demandas de esta gremial empresarial se escudan también en la defensa -además de intereses económicos- de ciertos derechos y libertades básicos, que según ellos son violentados cuando se dan tomas de carreteras y manifestaciones, demandando también resultados concretos ya que al momento las autoridades no han puesto mayor atención. Sin embargo, Leocadio Jurarán, del Comité Campesino del Altiplano, "aseveró que no le parece válida la preocupación de los empresarios, ya que las manifestaciones son “legítimas” y son un derecho de los ciudadanos. Afirmó que mientras ellos se quejan de las pérdidas por las protestas, parece que no les preocupa la pobreza de la población rural" (Siglo XXI 19/9/12, Bloqueos dejan Q510 millones de pérdidas).

Una de las principales quejas del CACIF estriba en la ineficiencia y la pasividad del Ministerio Público, en el sentido que la fiscal general actúa con gran energía e ímpetu al momento de perseguir a miembros del ejército involucrados en masacres durante el conflicto armado, pero no hace nada en razón de este tipo de denuncias por los bloqueos; mientras que las autoridades lejos de buscar el diálogo y diseñar una solución que permita encontrar los puntos necesarios que resuelvan el problema, se dedican a romper cualquier vía de diálogo y perseguir a las y los dirigentes del movimiento campesino y obrero. Entre otras consignas, las principales demandas de la población giran en torno a la nacionalización de la energía eléctrica debido a los enormes cobros que se dan, así como la aprobación de la ley de desarrollo rural y otras demandas. En general el campesinado exige mayor atención por parte del gobierno central hacia sus demandas.

Parte de estas demandas que deberían atenderse de forma urgente, es la manifestación llevada a cabo el pasado cuatro de octubre en el área de cuatro caminos, en la cual distintas organizaciones campesinas y estudiantes de distintos niveles se manifestaban en contra de los altos cobros de la energía eléctrica, del alto costo de la vida, y rechazando las reformas constitucionales y a la carrera de magisterio. Sin embargo el salvajismo con el que fueron reprimidas y reprimidos las y los manifestantes, da cuenta del carácter abiertamente represivo que tiene el actual gobierno, y la poca voluntad de negociar, pero sobre todo el sector económico en función del cual gobierna.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) rechaza la persecución legal que el CACIF pretende hacer contra los dirigentes campesinos, y exhorta a las organizaciones indígenas y campesinas a no desmayar y a no doblegarse frente a las coacciones ejercidas por parte de los sectores oligárquicos, a partir de los actos abiertos de represión llevados a cabo el jueves cuatro de octubre. La población debe buscar la unidad en función de canalizar las demandas que con el pasar de los días cobran mayor vigencia.

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