Represión para el pueblo.

Al tener una gran oposición para imponer la construcción de la cementera, el gobierno “socialdemócrata” de Cólom, cierra filas a favor de la burguesía industrial dueña de Cementos Progresos, haciendo caso omiso al clamor del pueblo, que de distintas formas ha dicho que no quiere que se contaminen sus fuentes de agua, que se destruyan sus montañas, ni que se talen sus bosques. Parece que ha Cólom se le olvidaron sus promesas de campaña, donde se comprometió ha trabajar por los excluidos, claro esta, promesas que sencillamente fueron un engaño que la izquierda reformista y los movimientos sociales digirieron sin ninguna crítica.

El 21 de Junio, la cementera comienza a trabajar, al día siguiente, el gobierno militariza el municipio, tal y como lo hacían las sangrientas dictaduras de ultraderecha. Alrededor de 2000 militares y 2000 policías, se apertrecharon en dicha comunidad con las excusa de un estado de prevención (forma solapada de un estado de sitio) que solo serviría para reprimir y encarcelar a 43 ciudadanos que organizaron la resistencia en contra de la ocupación gubernamental de su municipio. A los 43 luchadores detenidos se les acusa de violar el estado de prevención.

Claramente vemos que el estado de prevención es la medida que el estado toma para prever (su nombre lo dice) cualquier reacción de parte de la comunidad contra la cementera que empieza a meter su maquinaria para construir su planta. Al igual que en la década de los 80s el gobierno, la empresa privada, con la complicidad de la municipalidad de San Juan, actúan a favor de los intereses de la clase dominante, creando grupos que supuestamente tienen legitimidad pero que actúan igual que las PAC (Patrullas Autodefensa Civil)

Las comunidades organizadas de San Juan Sacatepequez están exigiendo al gobierno central que libere a todos los detenidos de formas arbitrarias especialmente Aberalardo Curup, así también que se deje libre de cargos a los abogados que los han defendido de la organización “Abogados Mayas”, a los que el poder acusa entupida y maliciosamente, de ser los autores intelectuales de las movilizaciones. Asimismo buscan también un acercamiento con la empresa Cementos Progreso pero con la condición de la liberación de los detenidos, así como con el gobierno central para que informe de planes de otras empresas sobre la explotación de oro.

Como siempre el desprecio de los grupos dominantes en cuanto a la organización de las clases explotadas y oprimidas y mas cuando son campesinos e indígenas que queda claro que no logran aceptar que los indios y la clase campesina son un sujeto de lucha con la capacidad de cuestionar el estado y el estatus quo, así como de disputarle el poder mismo a la burguesía junto a la clase obrera. Y eso es evidente cuando en las consignas de los comunitarios de San Juan plantean que en sus comunidades no manda el estado sino manda las mismas comunidades y que los órganos del estado como las municipalidades o el gobierno central deben responder al pueblo trabajador y no a los ricos.

Hacemos un llamado a la solidaridad de de las fuerzas progresistas y revolucionarias de Centroamérica, para que apoyen la lucha legitima de los comuneros de San Juan, que defienden su territorio. De igual manera, el llamado de los socialistas revolucionarios apunta a la articulación de las luchas guatemaltecas en un programa mínimo de demandas básicas que vaya vislumbrando un horizonte anticapitalista.