EL SALVADOR.- Tenencia de la tierra y planes de la oligarquía

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Por Cuauhtémoc Tit 

La tierra es el principal medio de producción, las formas de propiedad sobre la misma han variado a partir del modo de producción dominante así antes de la invasión de España a los actuales territorios que conforman  El Salvador predomino la propiedad colectiva sobre  la tierra permitiendo a través del cultivo de la misma satisfacer sus necesidades alimentarias y a mantener su cosmovisión.   

Al darse la invasión la forma de propiedad sobre la tierra cambio dramáticamente, las comunidades indígenas fueron expropiadas violentamente por los invasores y la mayor parte de la tierra paso a ser propiedad privada siendo destinadas a satisfacer las necesidades de la clase dominante y puesta en función de la   actividad económica principal como lo fue  la agro-exportación del cacao y el bálsamo, posteriormente la agro-exportación del añil.

Durante la colonia predomino la propiedad privada pero a la vez  subsistió la propiedad colectiva en sus variantes como lo fueron la tierras ejidales y comunales siendo estas últimas propiedad colectiva de las comunidades indígenas.

Oligarquía cafetalera y su liberalismo de rapiña

Posterior a la independencia  las comunidades indígenas sufrirían los efectos  negativos de las reformas liberales del gobierno de Rafael Zaldívar ya que estas con la caída del comercio del añil continuarían siempre con la agro exportación como principal actividad comercial cambiando nada mas el producto como seria el café.  Así en  aras de  ofrecer las condiciones necesarias para dicho cultivo la clase gobernante   elimino  los ejidos y las tierras comunales de esta forma se da un nuevo despojo de la tierra por la vía legal  siendo principalmente afectados las comunidades indígenas quienes pasan a vivir en condiciones de miseria y en el mejor de los casos del proletariado agrícola ya que sin tierra y para sobrevivir al igual que la inmensa mayoría se ven obligados a vender lo único que se posee: nuestra fuerza de trabajo.

Oligarquía cafetalera y el despojo de las tierras ejidales y comunales

Posterior a la independencia  los núcleos económicos emergentes y los tradicionales o sea  liberales  y  conservadores se disputaban el poder y la dirección del Estado. Los liberales  pregonaban el desarrollo de la nación y el bienestar para todos, sus leyes promulgadas y práctica  demostró que  en realidad estaban engañando al pueblo ya que solo buscaban acrecentar sus riquezas y consolidarse en el poder, por lo cual tuvieron que negociar con la vieja clase dominante añilera.

Un tema importante fue la apropiación de la tierra al  respecto bajo el gobierno de Rafael Zaldívar se promulgo la Ley de Extinción de Comunidades bajo el Decreto Legislativo del 15 de febrero de 1881, publicado en el Diario Oficial No. 49, Tomo No. 10, del 26 de febrero de 1881,  estableciendo en sus considerando: “Que la indivisión de los terrenos poseídos por comunidades impide el desarrollo de la Agricultura, entorpece la circulación de la riqueza y debilita los lazos de la familia y la independencia del individuo…Que no obstante aún se conserva el pésimo sistema de bienes comunales administrados por corporaciones que tienen personalidad jurídica;…Que tal estado de cosas debe cesar cuanto antes como contrarios a los principios económicos, políticos y sociales que la República ha aceptado.”  Con la anterior el gobierno concentro  la propiedad privada de la tierra y  garantizo las tierras necesarias para el cultivo del café beneficiándose unos pocos  en detrimento de las personas que conformaban las comunidades indígenas.

Concentración   la propiedad privada de la tierra: causa del conflicto armado

Los  despojos y la concentración de la tierra han continuado por parte de las clases dominantes todo en función de la actividad agroexportadora que les permita acrecentar sus ganancias lo que ha limito mas la tenencia de la tierra, siendo esta una de las principales demandas del sector campesino.

 En momentos de ascenso de las luchas del  movimiento de masas a nivel nacional e internacional los gobiernos se han visto obligados a realizar ciertas reformas al sistema de tenencia de la tierra las cuales no han surtido los efectos necesarios para los campesinos y el proletariado agrícola.

Pero aun dichas falacias de reformas agrarias han sido vistas con recelos por parte de la oligarquía salvadoreña  quien ante el ascenso del movimiento de masas en El salvador y el surgimiento de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y su posible llegada al poder busco proteger sus intereses fue así como en la reaccionaria constitución de 1983 estableció en el artículo 105. “El Estado reconoce, fomenta y garantiza el derecho de propiedad privada sobre la tierra rústica, ya sea individual, cooperativa, comunal o en cualquier otra forma asociativa, y no podrá por ningún concepto reducir la extensión máxima de tierra que como derecho de propiedad establece esta Constitución. La extensión máxima de tierra rústica perteneciente a una misma persona natural o jurídica no podrá exceder de doscientas cuarenta y cinco hectáreas. Esta limitación no será aplicable a las asociaciones cooperativas o comunales campesinas.”. Más que ponerles un límite a los terratenientes la constitución de 1983 estaba protegiéndolos ya que establece que no podrá por ningún concepto reducir la extensión máxima de tierra.

Oligarquía busca reconcentrar la tierra

Respecto al artículo 105 de la Constitución Salvadoreña FUSADES en su boletín 222 de mayo del 2004 ha manifestado su inconformidad expresando: “En el artículo 105, la Constitución de la República  de 1983 incluye un límite de tenencia de 245 hectáreas (350.5 manzanas); la limitación no es aplicable a las asaciones cooperativas. Esta medida impuso una fuerte  restricción  a la producción agrícola  en escala  y trunco el interés de muchos inversionistas extranjeros que buscaban establecer plantaciones de gran escala  para frutales y forestales en El Salvador”

Para el 2018 nuevamente la oligarquía mediante sus partidos políticos en función de sus intereses busca eliminar las limitantes jurídicas que le permitían legalmente poseer 245 hectáreas (350.5 manzanas) es así como de “…Diputados de los partidos ARENA, GANA y PDC presentaron ante la Asamblea Legislativa un proyecto de acuerdo de reforma a la Constitución de la República que pretende eliminar el límite de posesión, de 245 hectáreas de tierra rústica, que puede tener una misma persona natural o jurídica…La reforma propuesta elimina ambas disposiciones y establece que “la ley en ningún caso determinará el destino o el uso de las tierras legalmente adquiridas por cualquier persona” y que “los propietarios de tierras podrán transferirla, enajenarla, partirla, dividirla o arrendarla libremente, sin limitación alguna” (DEM. 19/04/2018).

Al respecto Juan Valiente, de ARENA manifestó: “…Imagínese algún tipo de inversión productiva forestal, normalmente las plantaciones forestales requieren amplios terrenos porque el ciclo de recuperación de árboles ronda entre 12 y 25 años, si tiene propiedades pequeñas no son sostenibles” lo anterior es reafirmado por Guadalupe Vásquez de GANA quien expreso “…que algunos inversionistas necesitan amplias áreas de terreno…”(DEM. 19/04/2018).

Es evidente que dicha reforma al artículo 105  busca hacer prevalecer los intereses de la oligarquía en detrimento de las grandes mayorías y deja entrever la continuidad del modelo económico agroexportador que responde a las necesidades de mercado internacional y no se está tomando en cuenta la producción agrícola para  satisfacer las necesidades alimentarias del pueblo salvadoreño y centroamericano.

Por una reforma agraria integral y un plan de lucha

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) considera que el tema de tenencia de la tierra afecta a todo el pueblo por lo cual llama a todas las organizaciones campesinas, indígenas, sindicales, estudiantiles y populares a exigir la no  reconcentración de la tierra por parte de la oligarquía. Se debe exigir una verdadera reforma agraria que termine con el latifundio y que  parte de la tierra se destine a la producción estatal de alimentos para el consumo interno y de la región centroamericana. Ante los planes de inversión productiva forestal  estos deben ser públicos bajo el control de los trabajadores. También se debe exigir la devolución de las tierras comunales e ejidales a los pueblos indígenas, que las aéreas protegidas pasen a ser administradas por las comunidades indígenas. Se debe exigir financiamiento y estímulos para todos aquellos productores agrícolas que suplan el mercado interno. Seguridad social para el campesino y el proletariado agrícola.

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