Por: Alberto Castro

Un mes después de que El Salvador compareciera ante la Comisión de Aplicación de Normas, en el marco de la 106 Conferencia anual de la OIT, celebrada en Ginebra, Suiza en junio pasado, arribó una misión de este organismo al, encargada de establecer contactos directos, lo que vislumbra un enfoque realista sobre los sindicatos de trabajadores del sector público.

La visita de la misión de la OIT

La misión de contactos directos inicio desde el 3 de julio una jornada de consultas con algunas organizaciones sindicales del sector públicos, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), el Ministerio de Trabajo, la Asamblea Legislativa y la Fiscalía General de la Republica (FGR) para verificar el cumplimiento del Convenio 144, sobre la consulta tripartita, el que está en vigor desde 1978. Este convenio suscrito por el Estado Salvadoreño establece que los asuntos laborales deberán ser abordados a partir de consultas tripartitas entre la representación de trabajadores, empresarios y Gobierno.

La misión de la OIT ha podido evidenciar las violaciones a los derechos sindicales por parte del gobierno, quien por si por fuera poco no parece dar iniciativas a la reactivación del Consejo Superior del Trabajo (CST), que está inactivo desde el 2013. Hasta aquí pareciera que se ha abordado la problemática que afrontan las organizaciones sindicales del país.

Para la OIT hay seis puntos importantes a resolver: primero, la urgencia por restablecer el Consejo Superior del Trabajo; segundo, resolver el caso del asesinato del sindicalista Abel Vega, cuyo caso que está en manos de la FGR; tercero, que el gobierno de El Salvador asegure la autonomía de las organizaciones, tanto de empleadores como de los trabajadores; cuarto, el resguardo de los locales de la ANEP; quinto, la vigencia del convenio 144 y por último el fiel cumplimiento del convenio 87, que se refiere a la libertad sindical. En relación a estos temas, tanto el Gobierno como la empresa privada han sido violadores de estos tratados.

A propósito de ello, en un comunicado de prensa el Movimiento de Unidad Sindical y Gremial de El Salvador (MUSYGES), la Central Autónoma de Trabajadores Salvadoreños (CATS) y la Coordinadora Nacional de Amplia Participación (CONAPAR), denunciaron parte de las violaciones recibidas desde el poder ejecutivo con el fin de arrastrarles hacia su proyecto político, así como la inobservancia del GOES hacia los contratos colectivos.

Este comunicado en su parte final textualmente decía que ’’el gobierno miente al decir que está en consenso con los trabajadores, cuando realmente utiliza gremios afine para promover proyectos que solo benefician a sus activistas dejando excluidas a las grandes mayorías. Finalmente solicitamos a la Misión de Contacto Directos que producto de su visita y posterior al informe que realizaran para los órganos de control de la OIT, se elabore una hoja de ruta a través de la cual se le dé solución con la participación de las organizaciones sindicales a toda la problemática planteada y así como la delegación de un observador permanente de OIT en el país’’.

Queda mucho por hacer

El FMLN, partido de Gobierno transgrede constantemente los derechos sindicales de los trabajadores del sector público, y combate la resistencia de los sindicatos combativos promoviendo la creación de sindicatos afines, dando lugar a una lucha intestina entre sindicatos públicos. Para combatir tal maniobra divisionista es necesario consolidar la unidad de lucha sindical mediante un programa de lucha sindical salvadoreño. El pedir que la OIT delegue un observador permanente no resolverá los problemas, aunque sirva para denunciar los atropellos.

Los sindicatos no pueden depositar las aspiraciones en una delegación de la OIT, debemos estar vigilantes al cumplimiento de los tratados internacionales en materia laboral, ya que tanto el Gobierno como de la Empresa Privada conspiran para no cumplirlos.

Nos quedan muchas cosas por resolver, por ejemplo, el hecho de que los sindicatos del sector de la empresa privada, pese a la visita de la OIT, continúan silenciados, amenazados. De realizarse una indagación más rigurosa, podríamos destapar más casos alarmantes sobre violaciones e incumplimientos desde la patronal hacia los derechos sindicales, máxime con la facultad que otorga la tercerización del empleo que da lugar a la discriminación y al empleo precario.