EL SALVADOR.- El juicio del caso Tregua tiene mucha tela que cortar


Por Alberto Castro

Finalizada la audiencia preliminar contra los ex funcionarios del caso tregua, ocho días después la resolución judicial del 30 de mayo fue que 18 de los 21 implicados deberán ir a juicio, de entre los que resaltan el mediador Raúl Mijango y el ex director de Centros Penales, Nelson Rauda.

Es necesario observar este acontecimiento de gran cobertura mediática el cual le atañe señalamientos al Gobierno del ex presidente Mauricio Funes, durante el cual se desarrolló la tregua entre pandillas, porque sobre la figura del juicio se tienen por objetivos: revertir el efecto tregua y regresar al estado en el que se encontraban las maras y pandillas antes de su implementación, que el ex director de centros penales y otros funcionarios sean el puente hacia Munguía Payes quien fuera ministro de justicia en 2013 y del ex presidente Mauricio Funes al respecto se observa que la defensa legal de los imputados parece colaborar con tal pretensión, puesto que objeta que los defendidos solo acataban órdenes superiores, de los imputados saldrán testigos claves contra Munguia Payés y Mauricio Funes, ¿pero qué pasa con Raul Mijango?

Este señor es un personaje clave en esta novela, el que haya sido el mediador entre las pandillas rivales 18 sureños, 18 revolucionarios y MS-13 significa que tenía influencia y comunicación directa con los dirigentes de dichas organizaciones, a través de orientaciones del tipo política, el año pasado Mijango intento relanzar el proceso pacificador en una coyuntura que ya no correspondía mediante el Movimiento Revolucionario del Pueblo con potencial electoral, a los pocos días después fue capturado acusado de agrupaciones ilícitas esto a manera de evitar que el Movimiento Revolucionario del Pueblo se consolidara como plataforma política electoral de las maras y pandillas y de su núcleo de influencia; las maras y pandillas aspiraron a incursionar en la política, el intento tregua fue el preámbulo de un futuro proceso de pacificación abortado por el segundo Gobierno del FMLN, debido principalmente a la presiones de EEUU.

El FMLN se desliga públicamente

En este preámbulo del torrencial de la antesala de juicio y críticas sobre la tregua, el secretario general del FMLN este lunes 5 de junio realizo las declaraciones respectivas para desligar a su instituto político del juicio y de las repercusiones políticas que le persiguen, y más aún se pasa del lado de la fiscalía: “Yo quiero decir algo honestamente, yo estoy de acuerdo con el concepto básico que el Fiscal utiliza, el FMLN en los tiempos de gobierno del ex presidente Funes nos mantuvimos un paso atrás en este tema de la tregua. Yo sí comparto el concepto del fiscal general”. Recordando el Fiscal General expreso que “La tregua entre pandillas fue una cochinada institucional”.

El FMLN acostumbrado a renegar de su pasado y ha movido las piezas en materia de seguridad pública a su conveniencia en sus dos periodos presidenciales, durante Mauricio Funes el FMLN fue partido el partido de Gobierno, y no hizo nada por evitar la tregua, y como partido se sumó al menos en apoyo crítico a tal iniciativa, el segundo Gobierno del FMLN es el más represivo de la posguerra, y hace críticas del proceso pacificador sucedido durante su misma administración anterior.

Un juicio parcial con miras a volar cabezas

El proceso de pacificación tuvo más personas involucradas que no aparecen implicadas en el juicio, ya que por tratarse de un lanzamiento apoyado por la sociedad civil la iglesia católica fungió como facilitadora del dialogo, ni tampoco al alcalde arenero que apoyo dicho proceso aparece en el banquillo de los acusados. El juicio por la tregua en lo jurídico tiene por objeto lo que afirmo la juez encargada del caso que afirma que no juzgaba sobre el objetivo de la tregua, sino los delitos que los imputados cometieron durante ese proceso. O sea castigar a los imputados por las garantías ofrecidas por el Gobierno a las maras y pandillas, entre los delitos que les imputan están: agrupaciones ilícitas, introducción de objetos prohibidos a los penales, incumplimiento de deberes, falsedad ideológica y actos arbitrarios. No obstante, el objetivo político es para revertir sus efectos y dejar un precedente para impedir que vuelva a ser retomado un proceso similar más adelante.

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