EL SALVADOR.- MINED debe cumplir acuerdos salariales

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Por Alberto Castro

El día viernes 5 de febrero trabajadores del Ministerio de Educación (MINED), en la ciudad de San Miguel, suspendieron parcialmente labores como medida de presión hacia las autoridades para exigir el 8% de aumento de salario que corresponde para este año, el cual aun no ha sido otorgado. Al mismo tiempo presionaron para pedir la incorporación de algunos trabajadores a lo establecido en la ley de salarios. Esta acción no fue una iniciativa aislada, sino que forma parte de plan de lucha dirigida por la Asociación de Trabajadores del Ministerio de Educación (ATRAMEC).

Existe una serie de acuerdos previos con el titular de la cartera, Carlos Canjura, entre los cuales está tener mejores condiciones laborales y un aumento de sueldo que se acordó de hacerlo en un 20% en tres años. De esta manera, en 2015 se aplicó el 5% para este año 2016 sería del 8% y en 2017 debería darse el 7% restante. Sin embargo, en el presupuesto de la rama de educación de este año no aparece dicho aumento, lo que ha despertado la inquietud en los trabajadores que están exigiendo algo que ya había sido negociado.

La situación que presentan de los trabajadores

Esta lucha por el aumento del 8% es acompañada con las denuncias que hacen los compañeros que laboran en las áreas administrativas de los centros de educación y algunos docentes interinos, cuyos salarios son cancelados por las modalidades de los Consejos Directivos Escolares (CDE). Existen muchas quejas, como acoso laboral, la inestabilidad laboral, entre otros. Es más, este grupo de trabajadores administrativos no están cubiertos por la ley de salarios. Esta es una lucha que los trabajadores del MINED que en su mayoría provienen de las áreas administrativas, ante las malas condiciones bajo las cuales trabajan. Otras de las demandas son la entrega de cinco uniformes y que la canasta básica no provenga de las economías salariales sino que se incluya en el presupuesto que corresponde a 2017.

Los CDE como entes controladores

En el país las reformas educativas iniciaron en 1991. En 1994 el entonces presidente Armando Calderón Sol, integraba la Comisión de Educación, Ciencia y Desarrollo que era una representación de la sociedad civil, cuya función era establecer las políticas de lineamiento del plan Decenal. Bajo la justificación de la ’’descentralización’’ y ’’desconcentración’’ de los recursos, se abrió un espacio en el que aparecen los CDE como entes ejecutores administrativos de las funciones a desempeñar por el personal de las áreas administrativas.

Desde entonces se constituyó, en los hechos, un atentado contra los trabajadores, pues a partir de ese momento se les cortó cualquier participación directa en la toma de decisiones, quedando bajo la tutela de maestros, padres de familias y estudiantes, impidiendo de esta manera la participación de la clase trabajadora en las tareas de la administración. Tal arremetimiento antidemocrático da lugar a que los empleados administrativos sean los menos desfavorecidos, quienes ganan menos y tienen también menos beneficios laborales, en concreto sin derechos.

Unidad y lucha de todos los trabajadores

Lo que están demandando los compañeros trabajadores de la administración es totalmente justo, por lo que llamamos a las autoridades del MINED para que atiendan con prontitud estas demandas. Es responsabilidad de los sindicatos que agrupan a los trabajadores de educación que, sin vacilación alguna, movilicen a sus bases para que acompañen esta lucha.

La unidad en acción hará posible que se establezca la mesa negociadora donde las direcciones sindicales deberán estar atentas para defender los puntos antes señalados: aumento del 8%, los cinco uniformes, canasta básica y que los trabajadores de las áreas administrativas pasen a la ley de salarios. Es importante tomar en cuenta que el proceso de los CDE debe pasar a ser un instrumento democrático y dejar de ser el ente controlador como fue concebido. Solo la participación directa de los trabajadores en los CDE podrá hacerle frente al maltrato, a la corrupción y anomalías que se presenten en los centros escolares. Esta reivindicación democrática debe ser abrazada tanto por ATRAMEC como por SIMEDUCO y por supuesto, por todos los trabajadores de educación.

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