Por Alberto Castro
Ante la mayor exigencia de seguridad por parte la población, en el clima de indefensión que vive El Salvador, desde el ejecutivo se ha creado Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC), liderado por el presidente de la república, en el cual participan empresarios, iglesias, gobiernos locales, Fiscalía General de la República, partidos políticos, expertos en el tema, medios de comunicación y diferentes carteras de Estado. Además participan organismos internacionales tales como Programa de Nacional Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización de Estados Americanos (OEA), y la Unión Europea. Todo pareciera que ya existe una línea a desarrollar, aunque para el presidente Sánchez Cerén este es “un espacio de diálogo democrático para construir consenso y articular acciones entre el Estado y los sectores sociales, que permitan ejecutar intervenciones integrales que fortalezcan la seguridad ciudadana, reduzcan los niveles de violencia y frenen el crecimiento de la delincuencia en los territorios”.
CNSCC: ¿espacio de diálogo democrático entre quiénes?
Como el mismo presidente lo señaló, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC) un espacio de diálogo democrático, en el cual participarán variadas organizaciones. Surge la interrogante ¿deben ser incorporados los líderes de las maras y las pandillas y sus familiares a este Consejo? Los integrantes de dicho consejo al momento rechazan la participación de dichos líderes.
Luis Martínez, Fiscal General de la República señaló que incluir en el diálogo a los pandilleros y sus familias sería "inoportuna, inconveniente y menos importante. Hay cosas más importantes que hacer en el consejo, más que hablar con pandilleros". De igual manera, el secretario para la Gobernabilidad, Hato Hasbún manifestó "Nosotros como gobierno damos nuestra posición de cuál es nuestro trabajo. Nosotros estamos ejecutando un plan de seguridad que no admite concesión alguna, porque nosotros estamos aplicando la ley, tal como lo establece el plan de seguridad. No vamos a dar concesiones a quienes delinquen. Eso está absolutamente claro… Hay presencia de todos y no es para discutir. No estamos en una discusión eterna, como dice la gente, no es un foro de discusión. Es para tomar medidas a partir de un plan, que es el plan de justicia y seguridad ciudadana". Estas declaraciones contradicen lo dicho por el presidente, quien manifestó que era un espacio de diálogo democrático.
Roberto Valent, representante del PNUD, señaló “que el Consejo no se está enfocando en los cabecillas, sino en las causas de la violencia y ‘aspectos integrales’ en la reducción de la misma.” La causa de la violencia es el mismo excluyente y explotador sistema capitalista, pero los mismos informes señalan como unos de los principales autores de la violencia a las maras y las pandillas, por lo tanto sería ilógico pensar en solucionar el problema sin que los dirigentes de estas organizaciones sean tomados en cuenta. Para el gobierno las políticas de seguridad significa ante todo el resguardo de los bienes de las clases dominantes, mientras que para el proletariado se impulsan este tipo de proyectos de acompañamiento a las políticas de seguridad que no buscan en sí darle soluciones a la problemática de violencia e inseguridad que vive el país, sino que son formas y normas para el manejo de la violencia estructural, de vital importancia para ciertos sectores de la burguesía. A la vez sirven para generar opinión pública para hacer ver que se está haciendo algo desde el gobierno.
Por soluciones reales al problema de la violencia y delincuencia
Mientras se mantuvo la tregua entre maras y pandillas en el año 2013, hubo una disminución en el índice de homicidios muy notable; sin embrago la poca seriedad del primer gobierno del FMLN terminó apresurando el término de esto, que podría haber servido para crear planes o estrategias para la colaboración de estas organizaciones y la inclusión de estos en la vida civil. Lejos de ello la tregua fue interrumpida y sepultada. En la actualidad siguen los homicidios, extorciones y pugnas constantes entre estos grupos, pero la respuesta sigue siendo la misma: capturas arbitrarias, torturas, y ejecuciones extrajudiciales. Poniendo el dedo en la llaga, pues hablamos de violencia estructural, este tipo de cosas siempre empeoran en vez de disminuir.
La solución no está en dicho consejo, tampoco en la disposición de la colaboración de las maras y pandillas, si no en la darle un viraje a las injustas estructuras económicas y sociales.
Como clase trabajadora debemos exigir verdaderas soluciones al problema de violencia y la delincuencia, lo que pasa por la apertura de verdaderos trabajos y salarios dignos. Así mismo, exigir que el gobierno informe a la población sobre los temas que se discuten en dicho consejo.
