EL SALVADOR.- Exijamos al gobierno que aumente el gasto en educación


Por Marcial Rivera

Algunas semanas atrás fue presentado el estudio titulado “El financiamiento de la educación en El Salvador”, por parte del Ministerio de Educación (MINED), la Fundación de Innovaciones Educativas Centroamericanas (FIECA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), tal como informaba la Prensa Gráfica (17/07/13): “El estudio sustentará la campaña que emprenderán dichas instituciones para abogar porque el presupuesto para educación alcance el 6 % del Producto Interno Bruto (PIB)”

¿Por qué es necesario elevar el nivel de inversión?

Debe destacarse que el nivel de inversión en educación en El Salvador ha sido de forma sistemática excesivamente bajo. Guatemala, Haití y El Salvador, se destacan por tener niveles de inversión bajos en materia educativa, lo que se refleja en los porcentajes de analfabetismo, índices de desarrollo humano bastante bajos, deserción escolar y mano de obra poco calificada. Esta realidad complica el cumplimiento de los Objetivos del Milenio y del Plan 2021, entre otros.

En promedio puede afirmarse, con base en los datos de UNESCO, que el promedio de inversión en materia educativa no ha sobrepasado del 4% en los últimos años, sobre todo en los gobiernos de derecha, en los que incluso hubo periodos de reducción en este ramo, lo que tuvo y tiene sus consecuencias para el país. Tanto UNESCO, como FIECA propusieron una Ley para el Financiamiento de la Educación, como una alternativa para la inversión en el ramo educativo, que a su vez se complementaría con inversión municipal como indica El Diario de Hoy (17/07/13): “La propuesta anterior, que por lógica conlleva la necesidad de que en el país se haga un esfuerzo por mejorar los niveles de crecimiento económico, también va acompañada de otra: la creación de un fondo de inversión municipal en educación”. Por otro lado, también se contempla la posibilidad de blindar un mínimo de inversión en educación, desde la Constitución misma; de esta forma un presupuesto justo y equitativo estaría garantizado para la educación. De cualquier forma, un eventual aumento de inversión educativa implica no solo la correcta y transparente fiscalización de este aumento, sino además implicaría que el gasto se condujera de forma correcta, para priorizar la contratación de educadoras y educadores, la incorporación de material bibliográfico a las bibliotecas escolares, equipamiento computacional, frente a los gastos operativos.

¿Propuesta?

Sin embargo, la prioridad principal se configura frente a elevar el nivel de inversión del PIB en educación. En la misma nota se hace la siguiente propuesta: “Un modelo propone invertir el 6% del PIB ($150 millones) de cara al 2015 si se quiere lograr 100% de cobertura preescolar, 75% en Secundaria y 100% en alfabetización. Otro modelo implica invertir 7.5% ($764 millones) de cara al 2021, pero si se prolonga el cumplimento al 2025 requerirá 10%.”

Lo que debe tenerse claro, es que el tema de la inversión en educación, debe convertirse en una política de Estado, y no en una política de gobierno, para darle continuidad a este tema y en tal sentido la propuesta y eventual aprobación de la Ley para el Financiamiento de la Educación, podrá convertirse en la expresión concreta de esta política de Estado. Un pueblo sin educación vive a expensas de la voluntad de la clase dominante; sin embargo, esta clase dominante necesita de mano de obra calificada para emplearla.

Los padres de familia, estudiantes, educadoras y educadores con sus gremiales deben estar alertas para exigir que, en caso de que esta ley sea aprobada, el incremento de la inversión estatal en educación garantice una enseñanza gratuita y de calidad; no permitiremos que, como se pretende hacer en otros países centroamericanos, la inversión estatal incluya subvenciones a establecimientos educativos privados, que no son más que un lucrativo negocio.

Esto va de la mano con una reforma al sistema educativo, que contemple inversión en equiparación de tecnologías de información y comunicación; pero más que esto, debe apuntar a la edificación de un sistema educativo liberador y emancipador, más que tecnificador y orientado a proporcionar mano de obra calificada al capital explotador. Cualquier incremento en la inversión estatal en educación debe ir acompañado, para su financiamiento, de aumento en impuestos a las ganancias de los empresarios. Los sectores populares debemos exigir al gobierno este urgente aumento en los gastos de la educación. También debemos exigir que representantes de los estudiantes, maestros y padres de familia fiscalicen el gasto del gobierno en este importante rubro.

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