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GUATEMALA.- La “Jurisdicción Indígena” será realidad únicamente con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente!!

LA “JURISDICCIÓN INDÍGENA” SERÁ REALIDAD ÚNICAMENTE CON LA CONVOCATORIA A UNA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE

1.- Guatemala, país clave de Centroamérica.

Los cambios que se producen en Guatemala son, en términos generales, una especie de ensayo general que incide en el desarrollo político de los otros países de la región.

En 1984, solo para citar un ejemplo, en medio de la contra ofensiva de la administración Reagan contra lucha revolucionaria que sacudía a Guatemala y El Salvador, y la guerra civil en Nicaragua, se inició en Guatemala, bajo el gobierno militar de Oscar Mejía Víctores, un proceso de tímidas reformas políticas que condujo a una apertura política controlada, a la posterior convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que elaboró una nueva Constitución en 1985, que sustituyó a la de 1945. Fue así que, en 1986, reflejando una ansiedad por superar los sangrientos regímenes militares, llegó al poder el Partido Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG), con Vinicio Cerezo a la cabeza, quien fue el gran impulsor, antes de Oscar Arias, de los Acuerdos de Esquipulas I y II, que permitieron una salida negociada a la guerra civil en Centroamérica,

A partir de los Acuerdos de Esquipulas se inició en toda Centroamérica un proceso de “reacción democrática”, caracterizado por la instauración de nuevos gobiernos que otorgaban libertades democráticas, al mismo tiempo que se iniciaba una feroz ofensiva neoliberal que desmanteló las económicas, subordinándolas completamente al imperialismo norteamericano. De esta manera, se produjo una salida negociada a la guerra civil en Nicaragua y el sandinismo perdió las elecciones en 1990. En El Salvador, en 1992, se firmaron finalmente los Acuerdos de Paz, y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) entregó las armas y se convirtió en un partido de oposición parlamentaria.

A pesar que Guatemala marcó el inició el proceso de “reacción democrática”, fue el último país en finiquitar el proceso de negociación política y lograr la rendición de la guerrilla de la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca (URNG), mediante los Acuerdos de Paz de 1991-1996. Este retardo no fue una casualidad. En Guatemala persisten, enquistadas en el Estado, las fuerzas políticas y sociales que han sido el baluarte de la contrarrevolución en la región, las cuales han mantenido el control del poder en los últimos 40 años. Los ansiados cambios democráticos han sido postergados en todo este periodo.

2.- El régimen político reaccionario en Guatemala

En Guatemala se acabaron los combates de la guerrilla, pero la brutal represión contra las masas se mantuvo bajo formas sofisticadas. El asesinato de dirigentes obreros, campesinos, populares e indígenas, continuó de manera muy selectiva. Los Acuerdos de Paz terminaron con la guerrilla, pero no trajeron la ansiada democracia.

La Constitución de 1985 sentó las bases del nuevo régimen político, que sustituyó a los gobiernos militares, pero estos, y sus diferentes fracciones, continuaron siendo el verdadero poder junto a la omnipresente oligarquía.

Debido a la inexistencia de partidos políticos tradicionales, debido a que la oligarquía ha gobernado a través de sus dictadores, una de las características del actual régimen político en Guatemala es que, por efecto de la apertura política controlada de 1985, se originó la proliferación y fragmentación de nuevas fuerzas políticas, pero ninguna de estas se ha convertidos en un partido de arrastre popular, y una vez que llegan al poder terminan desvaneciéndose con el periodo presidencial correspondiente.

3.- Auto Golpe de Estado y reforma constitucional de 1993

A escasos 7 años del retorno de la democracia, se produjo una crisis política y social. Por un lado, el movimiento de masas estaba en ascenso reclamando sus derechos, y manifestando su inconformidad por los cambios cosméticos en el régimen político. Los militares seguían controlando todo. Por otro lado, los militares que se habían enriquecido en la lucha contra insurgente, no querían abandonar sus privilegios. Para las masas inconformes no se habían producido cambios reales, para los militares se habían hecho demasiadas concesiones.

Temeroso de perder el control de la situación, el 25 de mayo de 1993, el Presidente Jorge Serrano Elías, decretó las “Normas Temporales de Gobierno”, suspendió derechos y libertades, disolvió el Congreso de la Republica, removió y nombró nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Constitucionalidad (CC), removió al Procurador General de la Nación (PGN) y al Procurador de los Derechos Humanos, quebrantando el contradictorio régimen político adoptado por la Constitución de 1985, el cual estaba agotado.

En esa ocasión, la CC declaró nulo el decreto sobre las Normas Temporales de Gobierno, y se inició una lucha contra el golpe de Estado y por la sucesión presidencial. En menos de cinco días, el auto golpe de Estado fue derrotado

No obstante, el 2 de junio de 1993, el Vicepresidente Espina Salguero se autoproclamó nuevo Presidente de la República, argumentando que era a él a quien correspondía asumir el cargo. El Ministro de la Defensa públicamente le dio su respaldo y lo apoyó, pero no así el conjunto del Ejército. El 4 de junio, la CC emitió una nueva resolución en la que, declaró a Espina Salguero corresponsable en las acciones constitutivas del golpe de Estado, quedando inhabilitado para ejercer el cargo.

La CC se convirtió en el gran árbitro, ordenando al Congreso de la República nombrara a un nuevo titular del poder ejecutivo en un plazo de 24 horas, siendo escogido Ramiro De León Carpio como presidente y Arturo Herbuger Asturias como Vicepresidente. Este gobierno provisional estaba vinculado vinculado directamente a los principales grupos empresariales aglutinados en el G8, donde sobre salen corporaciones como los Castillo, los Gutiérrez, Novela, etc, que ajustaron cuentas pendientes con Serrano.

Una vez superada la crisis política, el Congreso de la República aprobó el 17 de noviembre un paquete de reformas constitucionales, destinadas a reorganizar las instituciones del Estado, especialmente la CSJ y la CC.

Se aumentó de 9 a 13 el número de magistrados de la CSJ, ampliando las cuotas de poder de las nuevas fuerzas políticas y grupos empresariales. Antes el Presidente del Organismo Judicial también era de la Corte Suprema de Justicia, la reforma modificó este funcionamiento: cada Cámara de la CSJ tendría su presidente. Se estableció un sistema de presidencia rotativa en la CSJ. Se redujo el periodo de los magistrados de 6 años a 5 años.

Antes de 1993, cuatro magistrados eran electos directamente por el Congreso de la República, y cinco magistrados electos seleccionados de una nómina de treinta candidatos propuestos por una Comisión de Postulación. Con la reforma, todos serían propuestos por una Comisión de Postulación. Se amplió la participación de los rectores de las universidades del país en la comisión postuladora, instaurando una especie de corporativismo. Desde estas corporaciones, los grupos de poder de la oligarquía y las elites de los grupos emergentes de la burguesía, han logrado mantener el control del aparato judicial, a través del mecanismo de los dos tercios.

Pero, una vez más, estos cambios de 1993, al igual que en 1985, no se han traducido en una mayor democracia, sino en mayor corrupción y saqueo del Estado. El poder sigue estando de manera rotativa en manos de diferentes fracciones del ejército, de la burguesía emergente y de la oligarquía, quienes logran controlar el poder a través de dos instituciones centrales: el órgano judicial y la Corte de Constitucionalidad. Por eso no les importa, qué nueva fuerza política toma el gobierno, porque el poder real sigue estando en manos de los grupos que lograron quedarse con el poder en 1993.

4.- Caída de Pérez Molina, CICIG y nuevas reformas constitucionales

Muchos de los postulados del reaccionario Acuerdo de Paz de 1996 jamás fueron cumplidos. Todos los anhelos democráticos del pueblo de Guatemala han sido frustrados, burlados, desviados, por los grupos de poder que manejan y controlan las instituciones del Estado. La situación de miseria en el campo, la campante corrupción de los grupos de poder, ligados el narcotráfico y al crimen organizado, obligaron al imperialismo norteamericano a iniciar un proceso de intervención, por medio de la Organización de Naciones Unidas (ONU), con la creación de la COMISIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA (CICIG), en diciembre del 2006, la que ratificada por el Congreso de Guatemala en agosto del 2007.

Mientras los grupos de poder saqueaban las finanzas del Estado, por debajo, en medio de una miseria creciente, decenas de miles de campesinos e indígenas, han luchado contra las políticas discriminatorias y genocidas del Estado de Guatemala. Ante esta creciente polarización social, temeroso de un estallido social revolucionario, el imperialismo norteamericano ha acelerado el paso, y a través de la CICIG ha impulsado un proceso de depuración de las instituciones del Estado, iniciando con la recuperación bajo su control del Ministerio Público.

Esta confrontación, camuflada bajo la lucha contra la corrupción impulsada por la CICIG, llevó a la enorme agitación social que terminó derrocando al gobierno de Otto Pérez Molina en septiembre del 2015, y al encarcelamiento de casi todo su gabinete.

5.- El gobierno de Jimmy Morales y el Plan de Alianza para la Prosperidad (PAP)

En 2015, muchas fuerzas políticas y grupos empresariales del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), le dieron la espalda a Pérez Molina, pero se garantizaron la continuidad y el control del Estado, resucitando al minúsculo Frente de Convergencia Nacional (FCN), que fuera creado en 2011 por un grupo de militares, apoyando financieramente la candidatura de Jimmy Morales para que fuese el nuevo presidente, quien enarboló la bandera de lucha contra la corrupción.

La maniobra funcionó a la perfección. Promoviendo la credibilidad en los procesos electorales controlados, engañando a los electores, no cabe la menor duda que estamos ante un nuevo proceso de reacción democrática que, de manera preventiva, pretende revitalizar las decaídas y corruptas instituciones del Estado en Guatemala.

Pero Guatemala no es una isla, es el corazón del Triángulo Norte en Centroamérica. Por ello, este plan de reformas controladas desde arriba, que inició en Guatemala con las denuncias de la CICIG contra la corrupción, se ha extendido con algunas variantes a El Salvador y Honduras. El imperialismo norteamericano impulsa ahora el Plan de Alianza para la Prosperidad (PAP), como una segunda fase de la Iniciativa Regional de Seguridad para Centroamérica (CARSI).

6.- El forcejeo por las nuevas reformas constitucionales

Pero las reformas no marchan tan aceleradamente en Guatemala como quisiera del gobierno de Estados Unidos. Los grupos de poder, que utilizan la cobertura política del partido FCN-Nación, ofrecen algún grado de resistencia, manifiestan muchas dudas por el grado de intensidad de la lucha contra la corrupción, debido a que en Guatemala todos los grupos empresariales se niegan a pagar impuestos, además que los militares saquean las finanzas del Estado. Por ello cierran filas, oponen resistencia, abierta o veladamente, al grado que a veces logran paralizar todo el plan.

Las últimas denuncias de corrupción de magistrados de la Corte Suprema de Justicia son un reflejo de la intensa lucha por el control de las instituciones claves creadas por la Constitución de 1985, y reformada en 1993.

Los múltiples intentos de reformar el régimen político, han terminado en un estrepitoso fracaso. En el periodo 1996-2011 se han producido 8 intentos de reformar la Constitución, pero ninguna ha sido finalmente aprobada, siendo las más notorias el intento de reforma de 1999, que fue rechazada en la consulta popular, y la 2009 con la propuesta de Pro-Reforma que fue finalmente rechazada por el propio Congreso.

7.- Manipulación con la bandera de la “jurisdicción indígena”

Si algo demuestra la naturaleza antidemocrática del Estado de Guatemala es que los derechos de los indígenas, la mayoría de la población, que conserva intactas sus tradiciones indígenas, no existen en la Constitución de 1985, salvo las someras menciones de los artículos 66, 67, 68 y 69, los cuales están reglamentados y limitados por leyes ordinarias.

En 2013, el corrupto gobierno de Otto Pérez Molina, en su pleito con la oligarquía, intentó ganarse a las masas indígenas, con una propuesta de reforma constitucional, planteando que Guatemala fuese un Estado “pluricultural, multiétnica y multilingüe” pero, incluso, esta tímida reforma no pasó en el Congreso controlado por los militares, grupos emergentes de la burguesía y la oligarquía.

El corazón de todas las reformas constitucionales, tanto de 1993 como las posteriores fallidas, ha sido el control y composición del aparato judicial. El plan de reformas impulsando por el imperialismo norteamericano a través de la CICIG, se topa con el gran obstáculo que significa el control del aparato judicial por parte de las fuerzas atrincheradas desde 1985 en las instituciones del Estado.

La propuesta de reforma del artículo 203 de la Constitución, ha destapado el problema de la “jurisdicción indígena”. Es una realidad que las comunidades indígenas conservan todavía intactas sus tradiciones, costumbres, idiomas e instituciones, que la colonia y los gobiernos posteriores no han podido destruir. Y una de estas son los tribunales indígenas. Las masas desconfían de los tribunales de justicia del Estado que terminan liberando a los ex funcionarios acusados de corrupción. En muchas ocasiones, las masas aplican la justicia por su cuenta, lo que evidencia la crisis y debilidad de las instituciones del Estado.

En un afán de dotar al proyecto de reformas constitucionales de un sólido sustento social, los diputados proponentes de la nueva reforma constitucional incorporaron el tema de la “justicia indígena” a la reforma del artículo 203 de la Constitución, activando la memoria colectiva indígena e iniciando estos una justa movilización para que le sean reconocidos sus derechos. Una cosa es lo que proponen los diputados y otra cosa es como ven las masas indígenas el asunto de la “jurisdicción indígena”.

La pelea dentro del Congreso de la República, por la redacción de la reforma del artículo 203, se ha transformado en una guerra de propuestas y contrapropuestas. En su parte medular, lo relacionado a la jurisdicción indígena ha sido planteado de la siguiente manera:

Las autoridades indígenas ancestrales ejercen funciones jurisdiccionales, de conformidad con sus propias instituciones, normas, procedimientos y costumbres, siempre que no sean contrarios a los derechos consagrados dentro de la Constitución y a los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Las decisiones de las autoridades indígenas ancestrales están sujetas a control de constitucionalidad.

La jurisdicción de las autoridades indígenas ancestrales se ejercerá dentro de la comunidad, en temas relativos a la misma y aplicada a sus habitantes originarios únicamente y de manera voluntaria. Deben desarrollarse las coordinaciones y cooperaciones necesarias entre el sistema jurídico ordinario y el sistema jurídico de los pueblos indígenas, o, en caso de existir conflictos de competencia, el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción resolverá lo pertinente conforme a la ley”.

Esta propuesta, a como está redactada, resulta insuficiente ante las aspiraciones de las masas indígenas, y en el fondo termina siendo una burla porque, en caso de aprobarse así, los tribunales indígenas quedarían anulados o empequeñecidos ante el laberinto de instituciones creadas por la Constitución vigente.

La creación de una jurisdicción indígena, autónoma, con participación popular, sería una verdadera alternativa ante la corrupción generalizada del sistema de justicia. En ese sentido, la movilización indígena es sumamente progresiva y dista mucho de la maniobra que han montado las diferentes bancadas dentro del Congreso de la República.

La aspiración de una “jurisdicción indígena” es una repuesta parcial pero progresiva ante la crisis de los tribunales de la burguesía. El imperialismo norteamericano y la CICIG, así como los diputados proponentes, no quieren una justicia popular.

8.- La reforma constitucional de 2017.

Salvo la discusión del artículo 203, el conjunto de la reforma constitucional que actualmente se encuentra paralizada en el Congreso de la República, tiene el objetivo central de reorganizar el aparato de justicia (órgano judicial, CSJ y CC) y el Ministerio Público, para desalojar de esas instituciones a los grupos de poder que permanecen en ellas desde el año 1993, cuando se derrotó el golpe de Estado del presidente Serrano.

9.- Depuración de las instituciones a través de una Asamblea Nacional Constituyente

La crisis crónica de las instituciones del Estado en Guatemala se debe a que no se han materializado las aspiraciones democráticas del pueblo y de su mayoría indígena. Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) apoyamos incondicionalmente la movilización de las comunidades indígenas por instaurar sus propios tribunales de justicia.

Alertamos que la propuesta de reforma del artículo 203 de la Constitución, así como los restantes, no pretenden instaurar ni reconocer una “jurisdicción indígena”, sino todo lo contrario, pretende subordinar a las comunidades a los corruptos tribunales de la oligarquía.

Pero la valiente movilización indígena nos está enseñando cuál es el camino para acabar con la corrupción en la justicia. Debemos luchar por tribunales de justicia indígena y popular, donde los jueces y magistrados sean electos directamente por las comunidades indígenas y en los barrios, procediendo a destituirlos cuando se compruebe corrupción o falta de obediencia a la decisión de los tribunales indígenas y populares.

Ha llegado la hora de luchar por la inmediata Convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente Plurinacional, de los Trabajadores y los Pueblos, que reorganice el Estado, la sociedad y la economía de Guatemala, en beneficio de la mayoría de la población indígena y demás sectores populares.

Centroamérica, 5 de Marzo del 2017

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)

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